TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA DE DECISIÓN PENAL
MAGISTRADO PONENTE 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE

Pereira, enero veinticuatro de dos mil cinco 

                                                               Aprobado por Acta No.  011
                                                               Hora: 5 pm 
1.- VISTOS 

Procede la Sala a resolver la impugnación incoada por el Instituto de los Seguros Sociales contra la sentencia de tutela proferida por el señor Juez Único Penal del Circuito Especializado el día cinco (5) de octubre de 2004, a propósito de la acción instaurada por la señora MARIA CANDELARIA DIAZ. 

2.- DEMANDA 

Narró la accionante que aún cuando desde septiembre trece (13) de 2004 se fracturó el brazo derecho, no ha sido posible que el Seguro Social programe la cirugía consistente en el suministro de un ‘CLAVO UHN’ dispuesta por el médico tratante, lo cual censura, ante la necesidad del procedimiento y carencia de recursos para asumir su costo. Por tanto, solicitó la protección de sus derechos constitucionales fundamentales a través de la acción de tutela.

3.- FALLO

El señor Juez a quien le correspondió conocer del asunto, luego de un minucioso recuento acerca de las características de la acción de tutela, justificó su procedencia en el caso a estudio, según se pasa a explicar: 

Precisó el operador jurídico de instancia que aun cuanto el período de protección laboral de la solicitante finalizó en septiembre doce (12) pasado, esto es, un día antes del accidente, el tiempo durante el cual realizó aportes (más de 5 años), su avanzada edad (85 años), la desprotección en que se encuentra (por haber fallecido la hija de quien dependía económicamente), ser una persona de escasos recursos económicos y no hallarse afiliada a ninguna otra EPS, justifican de manera excepcional la prestación del servicio pedido, aún cuando la cirugía requerida no está catalogada como vital.

Por lo anterior, tuteló los derechos a la salud y a la vida en condiciones dignas de la señora MARÍA CANDELARIA DÍAZ; en consecuencia, le ordenó a la demandada que dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación del fallo adopte las medidas correspondientes para que se le realice a la peticionaria el procedimiento quirúrgico  ‘CLAVO UHN’ en el brazo derecho, y brinde la atención médica integral que requiera. 

4.- IMPUGNACIÓN

El Gerente de la EPS accionada acudió a esta instancia en procura de obtener la modificación de la sentencia respecto al plazo otorgado. Lo anterior, por ser el término concedido muy corto, y la necesidad de respetar la programación de cirugías que con antelación ha previsto la Clínica PIO XII de la E.S.E. Rita Arango Alvarez del Pino. 

5.- SE CONSIDERA

Se tiene competencia para decidir la impugnación interpuesta por la entidad promotora de salud del Seguro Social contra el fallo impugnado, de conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000.

La finalidad propuesta por el recurrente con la alzada es la de obtener la ampliación del término de veinte (20) días que le fuera concedido por el a quo para la práctica del procedimiento quirúrgico dispuesto por el médico tratante.

Prevé la norma  27 del Decreto 2591 de 1991, que proferido el fallo que concede la tutela, la autoridad responsable del agravio deberá cumplirlo sin demora.  Además, que si no lo hiciere dentro de las cuarenta ocho (48) horas siguientes, el juez se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abrirá el correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél.

A juicio de la Sala, el  plazo de cuarenta ocho (48) horas señalado en el precepto en cuestión,  debe ser entendido como el tiempo máximo a emplearse para iniciar las gestiones necesarias tendientes al obedecimiento de la sentencia.  Situación distinta ocurre con el término máximo que en algunas ocasiones se fija para el cumplimiento del fallo, el cual, necesariamente tiene que ajustarse a los parámetros de la razonabilidad; esto es, consultar no sólo la importancia que el asunto pueda revestir  para el solicitante, sino también los distintos trámites que deben agotarse para resolver adecuadamente la cuestión planteada.

En el caso bajo estudio, el funcionario judicial de instancia lo determinó en veinte (20) días; plazo que para la Colegiatura resulta muy amplio y razonable, en consideración al lapso transcurrido desde la ocurrencia del hecho (septiembre 13 pasado) y la necesidad del procedimiento. 

Por tanto, resulta improcedente lo pretendido. 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por mandato de la Constitución y de la Ley,  

falla

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia que ha sido objeto de impugnación. 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Los Magistrados,

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE      VICENTE RODRÍGUEZ FEO

HÉCTOR TABARES VÁSQUEZ

CRUZ ELENA GONZÁLEZ LÓPEZ 
Secretaria de la Sala