TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA DE DECISIÓN PENAL
MAGISTRADO PONENTE 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE

Pereira, enero veinticuatro de dos mil cinco 

                                                                            Aprobado por Acta No.  011
                                                                            Hora: 5 pm 
1.- VISTOS 

Procede la Sala a resolver la impugnación incoada por el Instituto de los Seguros Sociales contra la sentencia de tutela proferida por el señor Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad el día veintiséis (26) de octubre de 2004, a propósito de la acción instaurada por el señor MIGUEL ANTONIO RIVERA, a través de agente oficioso (por imposibilidad física de actuar directamente).  

2.- SOLICITUD 

Se dice en el libelo, que aun cuando desde octubre primero (1) de 2004 el señor RIVERA se fracturó la pierna derecha, no ha sido posible que el Seguro Social programe la cirugía dispuesta por el médico tratante, lo cual censura ante la calidad de afiliado que ostenta y la urgencia del procedimiento. Por tanto, solicitó la protección de sus derechos constitucionales fundamentales a través de la acción de tutela.

3.- FALLO

En atención al principio de solidaridad y a las evidentes obligaciones que tienen las EPS, el a quo consideró procedente el amparo, dadas las especiales condiciones del afectado. 

En cuanto a lo alegado por el ISS en el sentido de que se vincule a la empresa social del Estado ‘Rita Arango Álvarez del Pino’ a la actuación, concluyó su inviabilidad con base en el argumento relativo a que la afiliación del solicitante en salud la tiene con el ISS. 

Tuteló los derechos a la vida, a la salud, a la integridad física y a la dignidad humana del señor MIGUEL ANTONIO RIVERA; en consecuencia, le ordenó a la demandada que dentro de los dos (2)  días hábiles siguientes a la notificación del fallo, se practique la cirugía requerida y se brinde la atención médica que demanda el paciente, en forma puntual y sin dilaciones de ninguna índole, por parte de especialista, si fuere el caso. 

4.- IMPUGNACIÓN

El Gerente de la EPS accionada acudió a esta instancia en procura de obtener la modificación de la sentencia respecto al plazo otorgado. Lo anterior, ante la necesidad de conseguir de manera previa un ‘injerto óseo’. Solicitó también la facultad de recobro ante el FOSYGA.

5.- SE CONSIDERA

Esta Colegiatura es competente para conocer del asunto en segunda instancia, según las voces del decreto 1382 de 2000. 

La finalidad propuesta por el recurrente con la alzada es i) la de obtener la ampliación del término de dos (2) días que le fuera concedido por el a quo para la práctica del procedimiento dispuesto por el médico tratante y, ii) autorización para el recobro ante FOSYGA, por los gastos que se generen en la atención del paciente ‘si a ello hubiere lugar’.

Prevé la norma  27 del Decreto 2591 de 1991, que proferido el fallo que concede la tutela, la autoridad responsable del agravio deberá cumplirlo sin demora.  Además, que si no lo hiciere dentro de las cuarenta ocho (48) horas siguientes, el juez se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél.

A juicio de la Sala, el  plazo de cuarenta ocho (48) horas señalado en el precepto en cuestión,  debe ser entendido como el tiempo máximo a emplearse para iniciar las gestiones necesarias tendientes al obedecimiento de la sentencia.  Situación distinta ocurre con el término máximo que en algunas ocasiones se tasa para el cumplimiento del fallo, el cual, necesariamente tiene que ajustarse a los parámetros de la razonabilidad; esto es, consultar no sólo la importancia que el asunto pueda revestir  para el solicitante, sino también los distintos trámites que se deben agotar para resolver adecuadamente la cuestión planteada.

En el caso bajo examen, el funcionario judicial de instancia determinó dos (2) días hábiles; plazo que se avizora razonable sólo para iniciar los trámites respectivos, pues es preciso agotar pasos previos e imposibles de obviar. Así las cosas, se modificará el fallo en el sentido de fijar diez (10) días como término perentorio para la materialización de la cirugía que se echa de menos. 

De otra parte, corresponde al Estado, como directamente responsable de las prestaciones excluidas del Plan Obligatorio de Salud, la obligación de asumir los procedimientos, intervenciones, medicamentos y demás gastos que demande el tratamiento del afiliado MIGUEL ANTONIO RIVERA, para la recuperación de su salud.  Por tanto, se dispondrá el reconocimiento al derecho que tiene el Seguro Social al reembolso de los costos que en exceso del Plan Obligatorio de Salud asuma por la atención del paciente. Ello, con la finalidad de mantener el principio del equilibrio financiero de las entidades prestadoras y del Sistema en su conjunto, así como de garantizar los principios constitucionales; en consecuencia, una vez se formalice las cuentas de cobro respectivas, deberá el Estado Colombiano (Ministerio de Salud), Subcuenta del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema de Seguridad Social en Salud, cancelar a la E.P.S., accionada lo adeudado. En tal sentido se modificará el fallo.
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por mandato de la Constitución y de la Ley,  

falla

PRIMERO: SE CONFIRMA PARCIALMENTE la sentencia que ha sido objeto de impugnación, por cuanto se MODIFICA en el siguiente sentido: 

SEGUNDO: Se fija como plazo perentorio para la materialización de la cirugía que se echa de menos, el de diez (10) días, contado a partir de la notificación de esta decisión.  

TERCERO: Se concede a la EPS Instituto de los Seguros Sociales la potestad de recobro ante el Fondo de Solidaridad y Garantías FOSYGA, por los gastos que en exceso del POS tenga que asumir a propósito de esta acción de tutela. 

CUARTO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE      VICENTE RODRÍGUEZ FEO

HÉCTOR TABARES VÁSQUEZ

CRUZ ELENA GONZÁLEZ LÓPEZ 
Secretaria de la Sala