TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA DE DECISIÓN CIVIL - FAMILIA

Magistrado Ponente
Fernán Camilo Valencia López

Pereira, trece de octubre de dos mil nueve
Acta  Nº 352.  

A continuación se resuelve por la Sala el recurso de apelación que el ejecutante Alejandro Ramírez Osorio interpuso contra el auto de 23 de junio del presente año, mediante el cual el Juzgado Segundo Civil del Circuito negó una nulidad que solicitó en el proceso ejecutivo con título hipotecario que adelanta contra Irma Arbeláez de Vega. 

En la actuación mencionada, el 28 de abril pasado se practicó la diligencia de remate del 50% del que la demandada es propietaria en un apartamento que se encuentra situado en el tercer piso del edificio “Irma” situado en la calle 29 No 8-76 de esta ciudad, cuyos linderos se hallan consignados en el expediente. Antes de procederse a la aprobación de la almoneda, el demandante basado en el artículo 141-2 del Código de Procedimiento Civil, solicitó la invalidez del proceso “a partir de la fecha en que se le hizo entrega al secuestre del bien que no era objeto del secuestro”, con la argumentación de que al señor José Walter Piedrahíta, quien actuó en la correspondiente diligencia practicada el 15 de diciembre de 2008 como auxiliar de la justicia en sustitución de otro, no se le hizo entrega del tercer piso que se llevó a la licitación sino del cuarto como se desprende del acta correspondiente, de la cual transcribe apartes. Por tanto, dice, no se han cumplido a cabalidad las formalidades propias previas al remate. 

El Juzgado después de transcribir los linderos y características que se refirieron en la diligencia de secuestro original practicada el 28 de octubre de 1997; mencionar que fueron los mismos que se tuvieron en cuenta por los peritos avaluadores; y que en la diligencia de entrega criticada igualmente se identificó el inmueble como situado en el tercer piso de la dirección ya anotada, dedujo que el bien rematado es el que se secuestró, y no hay razón alguna para decretar la nulidad deprecada y “entorpecer la ejecución de una subasta efectuada con todos los requerimientos ordenados en la ley”. 
 
Contra la decisión apelada se pidió reposición en forma principal, con el argumento de que hay una máxima de derecho según la cual “nadie puede dar lo que no tiene” y el secuestre no podría entregar el bien rematado porque no lo tiene en su poder. Se arguye que si bien en la diligencia de secuestro se identificó correctamente el bien, lo mismo que en el avalúo, en la entrega no fue así ya que no se tuvo en cuenta que el edificio donde se halla tiene cuatro pisos y no tres. Culmina su alegato, afirmando que no pretende generar “un estropicio en el trámite de la demanda, ya que entre más rápido termine el mismo es mucho mejor para los intereses de mi cliente, sin embargo, sería perjudicial para las partes que opere un remate que no cumpla con los requisitos del debido proceso y donde luego al perjudicado con tal hecho no le puedan entregar lo que le corresponde o donde la parte ejecutada se pueda valer de esto para proponer diversas actuaciones por la vulneración de un derecho fundamental.”

Disquisiciones que no tuvieron eco en el a-quo que siguió sosteniendo su posición según la cual no existe la nulidad que se impetra ya que la entrega se practicó en debida forma y para asegurar la posterior que habrá de hacerse al rematante. Y enfila nuevos puntos de vista. El uno sobre la prolongación a que se ha visto sumido este proceso; y el otro respecto a la oportunidad de aducir la nulidad, puesto que observa que en la diligencia objeto de los reparos intervino la misma apoderada que ahora la solicitó sin que hubiera expresado objeción alguna respecto de la forma en que se practicó el acto, y que fue la misma que solicitó se llevara a cabo el remate afirmando que el predio estaba debidamente embargado y secuestrado.

SE CONSIDERA:

Por diversos aspectos,  varios de ellos tratados en la providencia apelada y en la que resolvió la reposición, la petición de nulidad estaba destinada al fracaso, tal como lo expuso la señora Juez a-quo. Lo primero. La nulidad a que se refiere el inciso 2º del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, se halla establecida para eventualidades concernientes a las solemnidades del remate. Esto quiere decir que la causal de nulidad que puede invocarse con fundamento en tal norma es aquella referida a cuestiones tales como las referentes a los avisos y sus publicaciones, al avalúo previo, al término de fijación de la fecha, a la duración de la subasta y demás ritualidades que están previstas en los artículos 523 a 528 ibídem., cuya inobservancia acarrea la repetición del acto público caso de demostrarse. Según puede verse, lo que se aduce por la parte demandante no se relaciona con estas materias, lo que de por sí indica la falta de adecuada base de la petición que se resuelve, concretada a ocurrencias muy anteriores a la aludida licitación. 

Pero más inoportuna es la pretensión de que se anule lo actuado en razón de un supuesto error en la diligencia de entrega al secuestre actuante, si se tiene en cuenta que como lo anotó acertadamente el juzgado, fue la misma apoderada que ahora pide la nulidad, quien acompañó a la inspección de policía comisionada para el efecto a la diligencia sin que hubiera planteado en su curso o posteriormente que el bien entregado no fuera el mismo que se encuentra embargado en este proceso. Quedó enteramente satisfecha con la actuación del comitente y tanto es así, que luego pidió el remate según se afirma en el auto recurrido lo que indica su conformidad con lo que ahora es objeto de su discrepancia. Es más, llegado el momento de la licitación compareció a pedir que se le adjudicara el bien a su cliente por cuenta del crédito, lo que no se le aceptó por falta de poder y condujo a que no pudiera intervenir en la subasta. De un lado, esto significa que ya no podía pedir nulidad alguna por el motivo que ahora aduce, según la previsión del numeral 1 del artículo 144  del Código de Procedimiento Civil, y sus quejas son eminentemente tardías, ya que debió exponerlas tan pronto tuvo ocasión de hacerlo so pena de convalidar lo irregular, si lo hubiera habido.   

Del otro, que en razón de que se le impidió válidamente intervenir en la venta forzada, se inventó el acudir a la nulidad con el fin de dar al traste con lo actuado, y para el efecto se encontró una aseveración de la diligencia de entrega en la que se menciona que el piso entregado tiene una zona de ropas semicubierta “con plancha de 4º piso o terraza”, para aducir que fue el otro el objeto de la entrega, cuando en la misma quedó plenamente claro que ella se contrajo al tercer piso del inmueble, que era el ya secuestrado y avaluado por los peritos. Mejor dicho, quiere conjurar el error de no haber llevado a la diligencia el poder de su mandante para echar por tierra el remate, con lo que ciertamente se avista el ánimo de entrabar la actuación en forma gratuita sin base jurídica alguna, y recurriendo a peticiones que afectan la administración de justicia. 

Además, se tiene previsto que las nulidades no tienen razón de ser sin que esté de por medio un agravio; debe haber un interés en proponerlas como exige el artículo 143, inciso 2º del Código de Procedimiento Civil. De tal modo que no es admisible que en cuanto a su alegación, vengan a aducirse motivos generales de defensa del orden jurídico general o de los derechos de las demás partes o intervinientes como es lo aquí pretendido. Únicamente la parte perjudicada con el vicio es la que tiene legitimación para interponer la nulidad en procura del restablecimiento de la legalidad procesal sin que proceda admitir que pueda tener la vocería de las demás. Y en verdad, al ejecutante le interesa la satisfacción de su crédito no a quien se le adjudicó el bien que él persiguió ni si éste podrá entregarse. Lo que ocurra después del remate y su aprobación no es cuestión de su incumbencia ni podrá afectar sus intereses, que cada quien velará por ellos. 

Se concluye que deberá respaldarse la decisión puesta en tela de juicio, y se ordenará que se compulsen copias de lo actuado en lo pertinente, para que el Consejo Seccional de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, determine si con la promoción de este incidente, la apoderada de la parte demandante incurrió en la falta disciplinaria que describe el numeral 8 del artículo 33 de la ley 1123 de 2007. 

A mérito de lo expuesto, este Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Civil - Familia, resuelve: 

1º Confirmar la providencia que en este proceso dictó el 23 de junio de este año, el Juzgado Segundo Civil del Circuito. 

2º Ordenar que por ese despacho, se expidan copias de lo que corresponda con destino al Consejo Seccional de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, para que si a bien lo tiene, inicie proceso disciplinario contra la apoderada de la parte demandante, doctora Paula Andrea Sánchez Castro. 

Sin costas.

			Notifíquese

Los Magistrados,

Fernán Camilo Valencia López

Claudia María Arcila Ríos				 Gonzalo Flórez Moreno