SALA DE DECISIÓN LABORAL
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES.

Pereira, Febrero seis de dos mil nueve.

Acta número 001 de Febrero 6 de 2009.

En la fecha la Sala Laboral de este Tribunal procede a decidir de plano el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la demandada contra el auto proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira el 29 de enero pasado en el proceso especial de desafuero promovido por la Empresa Social del Estado Rita Arango Álvarez del Pino en Liquidación contra José Fabián Ardila.

El proyecto preparado por el ponente fue discutido y aprobado por los demás integrantes de la Colegiatura y corresponde al siguiente,

AUTO

En la demanda especial de fuero sindical, presentada por el mencionado ente de salud, se pretende el desafuero del demandado para proceder a su despido, exponiendo como justa causa la supresión y liquidación de la entidad dispuesta por el Gobierno mediante Decreto 452 de 2008. 

En la audiencia especial de que trata el artículo 114 del Código de Procedimiento Laboral y Seguridad Social,  celebrada el 29 de enero último (fls. 58 y ss) el apoderado de la parte accionada dio respuesta a la demanda y propuso como excepción previa la de Indebida representación del demandado y, además, solicitó la nulidad de la actuación por igual causa al estimar que la notificación efectuada a las directivas sindicales seccionales, no garantiza la participación del sindicato en el proceso de desafuero.

Descorrido el traslado al apoderado de la parte actora, el juzgado declaró no probada la exceptiva propuesta e infundado el incidente de nulidad, puesto que la notificación a las directivas seccionales del sindicato garantiza su participación en el proceso, en los términos del artículo 118 B del Estatuto Adjetivo del Trabajo, dado que las seccionales operan como una especie de entidades desconcentradas o descentralizadas de la sede central y, por tanto, cuentan con similares facultades a la directiva nacional.

El apoderado de la demandada, interpuso recurso de apelación deprecando se declare la nulidad, pues el derecho de asociación sindical es un derecho fundamental, pero además es una garantía sindical y, por tanto, al reunirse en cabeza del sujeto pasivo de la acción, tanto la calidad de demandado de la acción foral y representante seccional del sindicato, se está dejando desprovista a la organización sindical de una protección, máxime si se tiene en cuenta que quien soporta esta acción podría estar interesado en transar o negociar su derecho foral por prestaciones económicas.

El recurso se concedió, remitiéndose las diligencias correspondientes a esta Corporación. 

La Sala Laboral procede a resolver con apoyo en las siguientes,

CONSIDERACIONES

El centro de debate en este caso, se encuentra en la representación sindical en el proceso de desafuero y la forma como se llevó a cabo la notificación en el presente asunto, partiendo de la singularidad que se da en el mismo, pues las calidades de accionado y representante legal de la seccional del sindicato se reúnen en una misma persona.

Liminarmente debe decirse que, de conformidad con el artículo 118 B del Estatuto Instrumental Laboral, en los procesos especiales de fuero sindical es necesario que el sindicato al que pertenezca el aforado se vincule como parte activa del proceso, lo que tiene como finalidad garantizar efectivamente el derecho de asociación sindical, a través de una especie de coadyuvancia con el trabajador demandado.

Y esa participación del sindicato en el trámite procesal, no puede mirarse como una mera formalidad o un asunto de trámite, sino que se convierte en una real garantía de protección para el derecho de asociación sindical. Para tal fin, se le conceden iguales garantías procesales que al demandado, tales como la notificación personal del auto admisorio, correrle un término de contestación, poder proponer excepciones entre otros, salvo la disposición del objeto litigioso.  Este tema, ya ha sido objeto de análisis por la Corte Constitucional, en sede de constitucionalidad, refiriéndose en aquella ocasión de la siguiente forma:

“El sindicato al que pertenezca el trabajador aforado es sujeto de la relación jurídico procesal desde su inicio. Tiene la categoría de parte originaria. No es un extraño, un tercero ajeno al proceso sino que, por el contrario, ha de estar presente necesariamente en la controversia judicial sobre el fuero sindical, como garantía para la defensa oportuna de este instrumento creado por la ley para proteger el derecho de asociación y la libertad sindical.

Ello implica, entonces, que en los procesos sobre fuero sindical donde el sindicato respectivo no sea el demandante, su participación en el proceso deba estar plenamente garantizada en todas las etapas del mismo.  Es decir, el auto admisorio de la demanda habrá de notificársele al representante legal de la organización sindical a la cual pertenezca el trabajador aforado.  Esa citación al proceso con notificación del auto admisorio de la demanda no puede realizarse a destiempo sino oportunamente.  Es decir que el sindicato ha de tener la posibilidad jurídica de actuar luego de la notificación de ese auto en igualdad de condiciones al demandado, esto es, con término igual para que su participación no resulte inocua, aparente, vacía de contenido.”.
   
Nótese como en el fallo de constitucionalidad se destaca la importancia de la participación del sindicato en el proceso, ubicándolo en iguales condiciones que a las partes, lo que conlleva que debe estar debidamente representado y reunir los demás aspectos de su capacidad para ser parte dentro del proceso.

Al hablarse del tópico de que su representación debe ser debida, es menester precisar que se está haciendo alusión a que deben comparecer las personas que representan el sindicato, es decir, quienes de conformidad con las normas sobre la materia, ocupan los cargos de dirección en la organización, como lo sería el Presidente. 

Esa representación, debe también entenderse ejercida por las directivas seccionales, en el ámbito territorial donde se ejecute la labor sindical, pues desde la Ley 50 de 1990 –art. 55-, se permitió la creación de subdirectivas seccionales, con el fin de facilitar el ejercicio del derecho sindical y ejercer las facultades propias de éste, como lo sería en materia procesal, coadyuvar a sus afiliados en los procesos de desafuero. Ningún objeto tendría la creación de esas subdirectivas –descentralizadas o desconcentradas-, sin en casos como el presente, para una notificación de un proceso y el debido ejercicio del derecho de defensa, deba acudirse a la organización nacional.

Se itera que esas regionales de los sindicatos, son las llamadas al ejercicio de la representación legal del gremio en la respectiva entidad territorial, pues sin duda que son ante los patronos y las autoridades administrativas y judiciales laborales los directivos del sindicato, actuando eso si, en todo caso, en coordinación con la directiva nacional que señala unas directrices en pro de lograr la concreción de los objetivos de la organización.

Incluso, en el sentir de esta Sala, resulta más garantista para el aforado, que dicha notificación se efectúe a la seccional, amén que las directivas nacionales no cuentan con mediación directa con sus afiliados en las distintas partes del país.

Y esa situación no varía en nada, si quien soporta la acción judicial es el representante legal del sindicato a nivel seccional, como ocurre en el sub-lite, toda vez que los intereses no son distintos al sostenimiento de la protección foral y conservación del derecho de asociación y la notificación al demandado, en ambas calidades, respeta el debido proceso del sujeto pasivo y de quien lo coadyuva.

Es que bien puede el demandado actuar como persona natural y sujeto pasivo de la acción procesal y, a la vez, actuar como representante del sindicato, pues se itera que no habría ninguna mella de las garantías constitucionales, menos aún del derecho de asociación, el cual parece entenderlo el apelante en una doble acepción, como derecho subjetivo del cual es titular toda persona, conforme al artículo 39 de la Constitución Política y una garantía de la cual es titular el sindicato, concepción que resulta errada, a la luz del texto constitucional que, a tenor literal, expresa:

“Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución.

La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos.

La cancelación o la suspensión de la personería jurídica sólo procede por vía judicial.

Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión.

No gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la Fuerza Pública”. (negrillas para destacar).  

Nótese como el canon constitucional otorga el derecho de asociarse a los trabajadores y empleadores, sometiéndolo a la voluntad de éstos y sin que el haberse asociado implique una “garantía para el sindicato”, pues en todo caso, quien desea pertenecer o dejar de hacerlo a la asociación sindical puede hacerlo en cualquier momento. Por esto, es que la Ley Procesal Laboral no le otorga mas facultades que las de coadyuvar al trabajador aforado y las limita, impidiéndole la disposición del derecho en litigio –art. 118 B ord. 2 y 3-, posibilidad que sólo está permitida al aforado.

Por ello, si en el presente caso, el trabajador pretende disponer de su garantía constitucional de fuero -argumento expresado en la apelación-, nada puede hacer el sindicato al respecto, pues se trata de una facultad que únicamente le compete al aforado y, ni siquiera notificándose a la directiva nacional del sindicato, esta situación variaría.    

Así las cosas, se puede concluir que:

-	La notificación y el traslado al ente sindical dispuesto en el artículo 118 B del CPLSS, puede surtirse ante las subdirectivas seccionales.

-	En caso de que el proceso de desafuero se dirija contra el representante legal del sindicato a nivel seccional, es posible notificarle a éste en su doble condición de aforado y director.

-	Lo anterior, no mella ninguna de las garantías constitucionales del trabajador y menos aún del sindicato, a quien se le continua respetando el debido proceso y su participación dentro del trámite especial de levantamiento del fuero sindical.

-	No puede haber oposición del sindicato en la decisión del trabajador de disponer de su derecho de fuero, conforme los lineamientos del artículo 118 B del CPLSS, en consonancia con el artículo 39 constitucional.

Aterrizando lo antedicho al caso concreto, encuentra la Sala que en el reo del proceso confluyen las calidades de trabajador aforado y de representante del sindicato en esta fracción territorial y en las mismas se le notificó, como consta en las actas visibles a folios 56 y 57 de la actuación. En el primero de los actos de notificación, se le enteró al señor Ardila como representante del sindicato de la existencia del proceso, entregándosele copias de la demanda, del auto de admisión y de los anexos y se le informó que la audiencia que establece el artículo 114 del Estatuto Procedimental Laboral, se celebraría el 29 de enero de este año, es decir, se le comunicó de todos y cada uno de los pormenores del proceso, con el fin de  que participara en el proceso, sin embargo, la organización sindical guardó silencio.

Ante esta situación, es pertinente anotar que, como se dijo anteriormente, la dirección seccional de la referida organización sindical sí está facultada para ejercer la representación de la organización en el presente proceso. En efecto, al observarse la copia de la Resolución No. 458 de 2006 –fls. 14 y 15-, se observa que a nivel regional la organización cuenta con una estructura suficiente para el pleno ejercicio de sus facultades litigiosas como parte, pues tiene constituida una junta directiva, de la cual forma parte el demandado como presidente, por lo que su notificación aseguró la debida representación del sindicato y la salvaguarda de sus derechos al debido proceso.

En cuanto al supuesto derecho de asociación sindical del cual, en concepto del apelante, goza la asociación gremial, debe reiterarse que dicha concepción resulta errada, pues el mismo es de titularidad de los trabajadores y empleadores, y los sindicatos sólo sirven como centro para el ejercicio de dicha garantía, pero en momento alguno pueden impedir la separación de alguno de sus miembros, pues tal garantía fundamental depende enteramente de la voluntad de los asociados
 
Así las cosas y sin necesidad de mayores elucubraciones, debe decirse que carece de razón el apelante en su argumento y, por tanto, la decisión se primer grado será confirmada. 
      
En consideración a lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

RESUELVE

CONFIRMAR en todas sus partes el auto apelado.

Sin costas por la actuación ante el Tribunal.

Notifíquese y cúmplase.

No siendo otro el objeto de esta diligencia, se levanta y firma la presente acta.

Los Magistrados,

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES

	CON PERMISO
ILDEFONSO MUÑOZ CARDONA       			HERNÁN MEJÍA URIBE

LINA MARÍA ARBELÁEZ GIRALDO
Secretaria