TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABRES

Pereira, septiembre diecisiete de dos mil nueve.
Acta Nº 0060 de septiembre 17 de 2009.
Hora: dos y treinta de la tarde (2:30 p.m.)

En la fecha y hora señalada, la Sala de Decisión Laboral de esta Corporación, salvo el Dr. Hernán Mejía Uribe, quien manifestó su impedimento para conocer del presente asunto, se constituye en audiencia pública con el fin de resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia dictada por la señora Jueza Tercera Laboral del Circuito de Pereira el 13 de marzo del año que transita, en el proceso Ordinario que la señora ANA ISABEL CADAVID PIEDRAHITA adelanta en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - Seccional Risaralda.

En deliberación consignada en el acta de la referencia se aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado Ponente, que corresponde a la siguiente:

SENTENCIA

Provista de mandataria judicial, pretende la actora que se declare que le asiste el derecho al reconocimiento y pago del incremento pensional del 14% referido por el Acuerdo 049 de 1990, por tener a cargo a su cónyuge y, consecuentemente, pretende que se le ordene al ISS el pago de dicho valor desde el momento en que se reconoció su pensión de vejez -1º de agosto de 2002-, con la indexación de las condenas y las costas procesales. 

El sustento fáctico se sintetiza en lo siguiente:

La promotora del litigio ostenta la calidad de pensionada del ISS, conforme al Acuerdo 049 de 1990, desde el 1 de agosto de 2002; se encuentra casada con el señor Rubennelson de Jesús Rodas Alzate desde el 9 de noviembre de 1971, data desde la cual conviven bajo el mismo techo; la actora vela por la manutención económica de su cónyuge, ya que no devenga ninguna remuneración o pensión. Se agotó la reclamación administrativa.

Mediante auto del 29 de enero de 2008, se admitió la demanda y se dio traslado a la parte que soporta la acción, la que allegó respuesta por medio de portavoz judicial que se pronunció respecto a los hechos, aceptando los hechos identificados con los números 3 y 4, se opuso a todas las pretensiones y presentó como medios exceptivos de mérito los de “Inexistencia de la obligación demandada”, “Inexistencia de norma que reconozca el derecho al pago del incremento pensional por personas a cargo”, “Prescripción” e “Improcedencia de indexación”.
 
Seguidamente se adelantó la audiencia referida por el canon 77 del Estatuto Procesal Laboral, sin que se lograra la composición del asunto, no se adoptaron medidas de saneamiento y se fijó el litigio en los hechos que no fueron aceptados por la entidad demandada. En primera audiencia de trámite, se decretaron las pruebas que interesaron a las partes, las cuales radicaron en documentales y testimoniales que se evacuaron en las posteriores etapas del proceso.

Finalizado el debate probatorio, se dictó la sentencia que puso fin a la instancia, en la cual se negaron las pretensiones al encontrar que no se acreditó en debida forma el vínculo marital alegado como generador de los incrementos pensionales, pues al proceso no se allegó copia del registro civil de matrimonio.

La decisión no fue apelada, pero al ser adversa a los intereses de la pensionada, se dispuso sus consulta ante esta Sala, por lo que se remitieron las diligencias y se surtió el trámite propio de la instancia.

Procede la Colegiatura a resolver lo que le corresponde, previas las siguientes  

CONSIDERACIONES

Competencia.

Esta Sala es la llamada a conocer del grado jurisdiccional de consulta, en virtud de la confluencia de los factores territorial y funcional.

Cuestión previa.

Analizadas las diferentes etapas del proceso, se observa que a lo largo del mismo se respetaron las garantías de los sujetos procesales, dándoseles igualdad de armas, con lo que se respetó el derecho de defensa y el debido proceso.

Fondo del asunto.

Respecto a los incrementos pensionales, in extenso se ha referido esta Sala, coligiendo de una interpretación armónica con el sistema pensional actual, una serie de presupuestos para su concesión, como lo son que la pensión tenga fundamento legal un conjunto normativo que establezca tales adendas a la mesada pensional y, además, que se cumplan los presupuestos que dicho compendio legal exige para la concesión de los incrementos, cumplimiento que debe datar desde antes de la derogatoria de aquel cuerpo de normas. Lo anterior, debido a que con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, los incrementos pensionales dejaron de aplicarse, como regla general, pues los mismos no tuvieron norma alguna que los replicara en la nueva legislación, por lo que su aplicación actualmente se debe a que con anterioridad a la entrada en vigencia del actual sistema de seguridad social, se había generado una suerte de derecho intangible que pervive al cambio legislativo, al permanecer el cumplimiento de los presupuestos.

Pero además del cumplimiento de los presupuestos mencionados, cuando se pretende, por ejemplo, el reconocimiento de los incrementos por tener a cargo el cónyuge, es obligación del pensionado demostrar tal calidad, es decir, debe probatoriamente acreditar la calidad de cónyuge que ostenta su beneficiario. 

Y si bien en material procesal laboral tiene plena aplicabilidad el principio de libertad probatoria (art. 61 CPLSS), tanto para el aporte de los medios probatorios como para su valoración, existen ciertas excepciones a dicha libertad, en la cual la ley se encarga de establecer ciertas solemnidades probatorias.

En materia de estado civil, por ejemplo, las reglas probatorias son especiales, pues su acreditación implica que el estado alegado aparezca demostrado en el registro civil respectivo, con las formalidades que establece el Decreto 1260 de 1970. Dicha obra legal en el título X –arts. 101 y ss-, establece lo relativo a la prueba de tal situación jurídica. El canon 101, a tenor literal expresa: “El estado civil debe constar en el registro del estado civil. El registro es público, y sus libros y tarjetas, así como las copias y certificaciones que con base en ello se expidan, son instrumentos públicos”. (negrillas de la Sala). 

Y en materia de seguridad social, dichas formalidades tienen plena aplicabilidad, como lo establece el canon 48 del Acuerdo 049 de 1990, que en su primer inciso reza: “ARTÍCULO 48. PRUEBAS. El estado civil y parentesco del beneficiario se establecerá con los registros notariales o en su defecto con las partidas eclesiásticas” -negrillas para destacar-.

Como se puede ver, no existe otra forma de acreditación o demostración del estado civil, que no sea la aportación del respectivo registro civil o partida eclesiástica, carga que le compete enteramente al interesado, de conformidad con el canon 177 del Estatuto Procesal Civil, so pena de que sus pretensiones sean imprósperas.

En el presente caso, se observa palmariamente que dicha carga fue incumplida por la parte actora, pues alegó que se encontraba atada por vínculo matrimonial con el señor Rubennelson Rodas Alzate –hecho 1 de la demanda-, más sin embargo no se preocupó de acreditar tal calidad de cónyuges, limitándose a aportar testimonios que dan cuenta de la convivencia y la dependencia, mas no se aunó dicho esfuerzo, se reitera, a demostrar el nexo que los unía. Valga decir que los testigos en sus deposiciones –fls. 29 y 40- trataron de incorporar al expediente el registro civil respectivo, a lo que la Jueza acertadamente se negó, pues no es lógico que un asunto que es ajeno a dichas personas sea acreditado por ellas y aunque los declarantes están facultados para aportar documentación relacionada con sus dichos –ord. 7º art. 228 del C.P.C.-, tal posibilidad debe entenderse limitada a soportar la versión, mas no puede constituirse ello en una nueva oportunidad para que la parte interesada aporte documentos que olvidó presentar en el momento procesal para ello.

Por más que los declarantes hayan querido llevar a la juzgadora a la certeza de que el vínculo marital entre las partes existió, dicho medio de prueba no es el adecuado para tal fin, pues como viene de verse, el estado civil es un asunto que requiere prueba solemne, la que en el sub-lite, se reitera, no se aportó.

Así las cosas, sin necesidad de mayores elucubraciones y ante la falta de acreditación del vínculo marital alegado, la única opción es la confirmación de la decisión consultada.

No se causaron costas en esta instancia, por conocerse en consulta.
 
En mérito de lo discurrido, la Sala de decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Confirmar la sentencia apelada.

Costas en esta sede no se causaron.

Decisión notificada en estrados.

No siendo otro el objeto de esta audiencia se da por terminada y en constancia se suscribe el acta por quienes intervinieron.

Los Magistrados,

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES

									      
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON			     HERNÁN MEJÍA URIBE
						                           IMPEDIDO

LINA MARÍA ARBELAEZ GIRALDO
Secretaria