TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES

Pereira, Octubre quince de dos mil nueve.
Acta Nº 0064 de octubre 15 de 2009.
Hora: nueve y quince de la mañana (9:15 a.m.)

En la fecha y hora señaladas, la Sala de Decisión Laboral de esta Corporación, salvo el Dr. Hernán Mejía Uribe quien manifestó su impedimento para conocer del presente asunto, se constituye en audiencia pública con el fin de resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida por la señora Jueza Tercera  Laboral de esta capital, el pasado 29 de mayo, dentro del proceso ordinario que adelanta el señor EDELBERTO ARENAS OCAMPO en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.

En deliberación consignada en el acta de la referencia se aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado Ponente, que corresponde a la siguiente:

SENTENCIA

Por intermedio de apoderada judicial, pretende el señor Arenas Ocampo que se declare que le asiste el derecho al incremento del 21% de la pensión mínima por tener a cargo a su cónyuge e hija menor y, consecuentemente, pretende que se condene al ente demandado al pago del mismo desde el 1 de junio de 2007, con la correspondiente indexación y las costas procesales.

El fundamento de dichos pedidos está constituido por los siguientes hechos:

Relata el promotor del litigio, que el Instituto de Seguros Sociales le reconoció pensión de invalidez desde el 12 de diciembre de 2005, por medio de Resolución No. 001506 de 2007; que convive con su esposa María Soledad Montoya Valencia, compartiendo techo, lecho y mesa, además de velar económicamente por su manutención. De dicho matrimonio se procreó una hija que nació el 26 de mayo de 1991, por quien también vela económicamente. Manifiesta que le asiste el derecho al incremento de su pensión, pues cumplía con las condiciones para acceder al régimen de transición y, además, los mismos no fueron derogados por la Ley 100 de 1993. Finalmente informa que agotó la reclamación administrativa.

Mediante auto del 27 de octubre del año anterior, se admitió la demanda y se ordenó correr traslado a la parte accionada, la que allegó respuesta manifestándose respecto a los hechos, oponiéndose a las pretensiones y proponiendo como excepciones de fondo las de: “ Prescripción”, “Inexistencia de las obligaciones demandadas”, “Cobro de lo no debido” y “Buena Fe”.

Agotada la etapa conciliatoria y evacuadas las demás etapas de la audiencia de que trata el artículo 77 del Estatuto Procesal Laboral y la Seguridad Social, se procedió al decreto de las pruebas, las que se evacuaron en las subsiguientes audiencias y una vez concluido el período probatorio, se dictó el fallo respectivo, en el cual se negó la prestación reclamada por el actor, al encontrarse que su pensión de invalidez tuvo como sustento jurídico la Ley 100 de 1993, que no consagra esta clase de incrementos, los cuales únicamente son aplicables para las personas cuya pensión se concede bajo lo normado en el Acuerdo 049 de 1990 u otra norma que los establezca.

La decisión no fue apelada, pero teniendo en cuenta que fue adversa a los intereses del demandante, se ordenó consultar la misma, remitiéndose las diligencias a esta Corporación, donde se surtió el trámite propio de la instancia.

Se decide lo pertinente con fundamento en las siguientes,  

CONSIDERACIONES

Competencia.

Este Juez Colegiado es competente para resolver la consulta dispuesta por la Jueza a-quo, en virtud de los factores territorial y funcional, de conformidad con los artículos 5, 15 lit b ord. 3 y 69, todos del Compendio Adjetivo Laboral y de la Seguridad Social.
Del fondo del asunto.

Antes que nada, observa esta Colegiatura que el proceso se adelantó con el lleno de las garantías constitucionales y legales partes en litigio, blindándose en todo momento el debido proceso y el derecho de defensa de los sujetos procesales. 

Ya en lo tocante al objeto del litigio, se tiene que los incrementos pensionales encuentran consagración en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, estableciéndose que los mismos son procedentes tanto en pensiones de vejez como de invalidez, siempre que se acrediten una serie de requisitos, consistentes en demostrar la convivencia –en el caso de que se pidan por la cónyuge o la compañera permanente- y la dependencia económica. Pero además de lo anterior y teniendo en cuenta que con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, dicho Acuerdo salió del ordenamiento, se torna indispensable que los presupuestos que el mismo establece se hayan iniciado a cumplir desde antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y que, en la actualidad, se sigan cumpliendo.

Con estas pautas entonces, esta Sala ha decantado como presupuestos para acceder a los incrementos pensionales: (i) Que la pensión de vejez o de invalidez de que se disfrute, tenga como fundamento jurídico el Acuerdo 049 de 1990 u otra norma que establezca tales incrementos (Acuerdo 224 de 1966) y (ii) que todos los presupuestos que establece la norma se cumplan desde antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y se cumplan en la actualidad.

Allegando lo dicho al caso concreto, se observa de entrada la improcedencia de reconocer los incrementos pensionales, toda vez que al señor Arenas Ocampo le concedieron la pensión invalidez mediante Resolución No. 1506 de 2007 –fl. 13-, en la cual se invocan como fundamentos, entre otros, los siguientes: 

“Que conforme a lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, el asegurado ha sido declarado por la autoridad médica competente con disminución de su capacidad laboral del 53% a partir del 12 de diciembre de 2005. 
Que el asegurado cumple con los requisitos exigidos por el artículo 39 de la misma Ley para tener derecho a la pensión por invalidez, razón por la cual es procedente su reconocimiento” –negrillas para destacar-.
  
Es evidente que el sustento legal de la pensión de invalidez reconocida al pretensor, lo es la Ley 100 de 1993, que en ninguno de sus cánones estableció el derecho a incrementos pensionales, lo que deviene en el incumplimiento del primero de los presupuestos señalados anteriormente para conceder los incrementos pensionales.

Se reitera que al no fundamentarse la pensión en el mencionado Acuerdo 049 de 1990, no es posible el reconocimiento de las adendas al monto de la pensión, como lo ha definido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que al abordar el tema concluyó que:

Pues bien, en primer lugar es menester aclarar que después de lo expuesto por la Sala en la sentencia de instancia que rememora la censura, se reexaminó el tema y en casación del 27 de julio de 2005 radicación 21517 que le sirvió al Tribunal de apoyó para soportar su decisión, por mayoría se definió que los incrementos por personas a cargo previstos en el artículo 21 del Acuerdo 049 aprobado por el Decreto 0758 de 1990, aún después de la promulgación de la Ley 100 de 1993 mantuvieron su vigencia, para quienes se les aplica el mencionado Acuerdo del ISS por derecho propio o transición, siendo este el criterio que actualmente impera”

Así las cosas, se torna suficiente lo dicho para confirmar la decisión de primer grado.

Costas en esta sede no se causaron, por conocerse en consulta.

En mérito de lo discurrido, la Sala de decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Confirmar la sentencia revisada.

Sin costas en el recurso.

Decisión notificada en estrados.

No siendo otro el objeto de esta audiencia se da por terminada y en constancia se suscribe el acta por quienes intervinieron.

Los Magistrados,

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES

								        IMPEDIDO
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON		     HERNÁN MEJÍA URIBE

LINA MARÍA ARBELÁEZ GIRALDO
Secretaria