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Radicado: 66682 60 00 065 2009 00600 01  
Delito: Concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, 
y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones 
Procesados: Unilber Alejandro Giraldo Marulanda, José Raúl Alzate Marín,
José Rubiel López Morales y Hernán Augusto Ríos Gómez 
Asunto: Sentencia de segunda instancia

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – RISARALDA

SALA DE DECISIÓN PENAL
M.P. LUZ STELLA RAMÍREZ GUTIÉRREZ 

Pereira, dieciséis (16) de octubre de dos mil trece (2013)
Proyecto aprobado por Acta No. 617
Hora: 9:06 a.m.

Radicación | 66 682 60 00 065 2009 00600 01

Acusados

Unilber Alejandro Giraldo Marulanda 
José Raúl Alzate Marín 
José Rubiel López Morales 
Hernán Augusto Ríos Gómez

Delito | Concierto para delinquir, Hurto calificado y agravado y Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.
Juzgado de conocimiento | Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal
Asunto a decidir | Recurso de apelación contra sentencia del diecinueve (19) de octubre de dos mil nueve (2009)

1. ASUNTO A DECIDIR

Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del señor Hernán Augusto Ríos Gómez y la representante de la Fiscalía General de la Nación, en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, el 19 de octubre de 2009, mediante la cual condenó a los señores Unilber Alejandro Giraldo Marulanda, José Raúl Alzate Marín, José Rubiel López Morales y Hernán Augusto Ríos Gómez.

2. IDENTIDAD DE LOS PENALMENTE RESPONSABLES

Unilber Alejandro Giraldo Marulanda, identificado con la cédula de ciudadanía  18.618.774 de Santa Rosa de Cabal, nació el 29 de marzo de 1983, en Santa Rosa de Cabal, es hijo de Óscar y María Antonia.
	
José Raúl Alzate Marín, quien se identifica con la cédula de ciudadanía 18.615.023 de Santa Rosa de Cabal, es natural de esa misma localidad, nació el 21 de mayo de 1978, empleado, sus padres son José Donelio y María Nubia. 

Hernán Augusto Ríos Gómez, su cédula de ciudadanía es 18.595.416 expedida en Santa Rosa de Cabal, nació el 23 de junio de 1969 en esa misma ciudad, es hijo de Ana Tulia y Gustavo y trabaja como taxista. 

José Rubiel López Morales, identificado con cédula de ciudadanía 18.617.461 preparada en Santa Rosa de Cabal, nacido en ese municipio el 9 de diciembre de 1980, sus padres son Francisco y Ana Libia y es empleado de Cartón de Colombia.  

3. SITUACIÓN FÁCTICA

En varios predios rurales de Santa Rosa de Cabal, en el primer semestre del año 2009, fueron realizados algunos hurtos, por un grupo de personas, quienes llegaban vestidos como campesinos, con los rostros cubiertos con pasamontañas o camisetas, intimidaban con armas de fuego a las personas que encontraban en las viviendas y se apoderaban de bienes, generalmente armas de fuego, herramientas, joyas y dinero.

Algunas de las personas noticiaron los latrocinios de los que habían sido víctimas, mas se desconocía los autores, hasta que se presentó ante la SIJIN de ese municipio el señor Raúl Eduardo Ladino Cupajita, miembro del grupo delincuencial, e informó quienes eran sus compañeros de ilícitos y cual sería el próximo hecho latrocina que realizarían, por lo que se organizó por parte de las autoridades policivas un operativo, que terminó con la captura de los señores Unilber Alejandro Giraldo Marulanda, José Rubiel López Morales y Hernán Augusto Ríos Gómez y la incautación de dos revólveres, uno de ellos producto de un hurto que la organización había realizado.

Unos pocos momentos después aprehendieron al señor José Raúl Alzate Marín, también integrante del grupo dedicado a la comisión de hurtos, a quien le encontraron un revolver, unos pasamontañas, unas botas de caucho, una camiseta y un pantalón.  

4. ANTECEDENTES

Fue presentado el escrito de acusación el 22 de mayo de 2009, en contra de los señores Unilber Alejandro Giraldo Marulanda, José Raúl Alzate Marín, José Rubiel López Morales y Hernán Augusto Ríos Gómez, por los delitos de Concierto para delinquir, Hurto calificado y agravado y Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

Folios 1-10.

El proceso correspondió al Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, juzgado ante el cual se celebró la audiencia de formulación de acusación el 30 de junio de 2009.

Folio 16-20

La audiencia preparatoria fue celebrada el 21 de julio de esa misma anualidad. 

Folios 23-30

El  juicio oral se realizó el 14 de septiembre de 2009, a su término el juez anunció el sentido de fallo de carácter condenatorio. 

Folio 61-67

La sentencia se notificó el 19 de octubre de 2009.

Folio 71-90

Los defensores de los penalmente responsables y la delegada de la Fiscalía General de la Nación interpusieron recurso de apelación en contra del fallo de primer grado.

Folio 90.

5. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juez Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal decidió declarar responsables a los señores  Unilber Alejandro Giraldo Marulanda, José Raúl Alzate Marín y Hernán Augusto Ríos Gómez de los delitos de Hurto calificado y agravado y Concierto para delinquir, por lo que los condenó a la pena principal de 120 meses de prisión y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal; a quienes absolvió por el delito de Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

Declaró al señor José Rubiel López Morales responsable del delito de Concierto para delinquir, por lo que le impuso como pena principal de 48 meses de prisión y como pena accesoria por el mismo lapso inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y lo absolvió por los delitos de Hurto calificado y agravado y Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

A ninguno de los penalmente responsables le concedió el sustituto de la condena de ejecución condicional.

Se abstuvo de condenar por concepto de perjuicios materiales o morales.  

La condena por el delito de Concierto para delinquir a todos los acusados fue basada por el a-quo, además del testimonio del señor Raúl Eduardo Ladino Cupajita, en la aprehensión en situación de flagrancia a los señores Unilber Alejandro Giraldo Marulanda y José Rubiel López Morales, en el momento que iban a abordar el taxi que conducía el señor Hernán Augusto Ríos Gómez, quienes llevaban armas de fuego y prendas para camuflar su identidad, lo que es indicativo de la forma como operaban, tal como lo dijo el testigo, vestidos de campesinos, con los rostros cubiertos y exhibiendo armas de fuego para amedrentar a las víctimas, siendo similar la situación del señor José Raúl Alzate Marín, quien por la captura de sus compinches había quedado esperando, mas en el sitio que indicó el testigo que éste iba a ser recogido por sus compañeros fue aprehendido y tenía en su poder un arma de fuego y prendas de vestir, con lo que se establece, según el funcionario fallador, el acuerdo para realizar hurtos en fincas de ese municipio y sus circunvecinos.

Fundamentó la decisión de condenar por el delito de Hurto calificado y agravado a los señores Unilber Alejandro Giraldo Marulanda, José Raúl Alzate Marín y Hernán Augusto Ríos Gómez en el testimonio del señor Raúl Eduardo Ladino Cupajita, quien en forma detallada narró cómo conoció a sus compañeros de ilicitud, sus oficios y su dedicación a saquear fincas, después de terminar sus labores normales, aceptando su participación en algunos de los actos delictivos, los que siempre realizaron vestidos de campesinos, con los rostros cubiertos e intimidando a las víctimas con armas de fuego para despojarlas de sus pertenecidas.

El fallo absolutorio por el delito de Hurto calificado y agravado en favor del señor José Rubiel López Morales lo cimentó en lo narrado por el señor Ladino, quien respecto de aquel dijo que no estuvo presente en ninguno de los hechos delictivos en los que él participó, por lo que no tenía conocimiento personal qué actuares latrocinas había realizado con el grupo, ya que el hecho en el que adujo hizo parte con los coautores el señor López, que fue el hurto por el sector del Lembo, fue porque Hernán le contó.

Absolvió a todos los acusados por el delito de Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones por no haber aducido como pruebas la delegada de la Fiscalía el dictamen del perito en balística respecto de la idoneidad de las armas y la certificación del Ejercito Nacional de carencia de permiso para porte de armas, por lo que consideró que no se había demostrado la materialidad de la conducta punible.

6. IMPUGNACIÓN

Inconformes con el fallo de primer grado los apoderados judiciales de los declarados penalmente responsables y la delegada de la Fiscalía General de la Nación acudieron a esta instancia con el fin de lograr su revocatoria. 

En la audiencia de sustentación de recurso los señores Unilber Alejandro Giraldo Marulanda, José Raúl Álzate Marín y José Rubiel López Morales y sus apoderados judiciales desistieron recurso de apelación interpuesto, lo que fue aceptado por esta Corporación. 

6.1. Recurrentes 

6.1.1. Defensor del señor Hernán Augusto Ríos Gómez 

En su extensa intervención atacó la sentencia condenatoria por considerar que no tiene sustento probatorio en contra de su representado, ya que a su defendido lo reconoció fotográficamente el señor Raúl Eduardo con posterioridad a su captura, incluso las narraciones que hizo respecto a que era el taxista que los transportaba a las fincas fue después de la audiencia en la que declararon ilegal la aprehensión del señor Ríos, además el señor Ladino es un testigo de referencia, porque relató hechos en los que no estuvo presente, ya que tuvo conocimiento de ellos porque se los contaron y porque a él lo llamaban para que consiguiera el transporte para trasladar los bienes objetos de los ilícitos y él llamaba a un taxista diferente a su prohijado, en su concepto no hay ni un mínimo de indicio que demuestre la responsabilidad del señor Ríos por lo que solicitó fuera absuelto.

6.1.2 Fiscal 

Adujo como primer motivo de inconformidad la decisión de absolución en favor de todos los acusados por el delito Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, ya que con la prueba testimonial allegada era suficiente para predicar que si se cometió ese punible, además lo ratifica el informe de la captura en situación de flagrancia de los señores Giraldo, López y Alzate con armas de fuego, y si bien el dictamen de balística no pudo introducirse por la oposición de los defensores, que el juez aceptó, el mismo lo descubrió desde la audiencia de formulación de acusación, no obstante hay libertad probatoria y se cuenta con el testimonio del señor Ladino, quien declaró que en todos los hurtos utilizaban armas de fuego aptas e idóneas para atentar contra la integridad de las víctimas.

El segundo motivo de desacuerdo con el fallo es la absolución de José Rubiel López Morales por los delitos de Hurto calificado y agravado y Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, porque éste en la banda era conocido como “chivo” y trabajaba en fincas, por lo que era el encargado de informar los sitios donde realizarían los latrocinios, además que participó en el hurto cometido en contra del señor Jhon Jairo Cardona López; resaltó que si el juez de primer grado le dio credibilidad al testimonio del señor Ladino, porque respecto del señor López no le dio la misma valoración.

La tercera razón por la que no compartió la sentencia es la dosificación de la pena, porque el juez partió de seis años, debiendo haberlo hecho de ocho años, porque la circunstancia de calificación del delito de Hurto es la violencia contra las persona, la que al ser aumentada por la concurrencia de las circunstancias de agravación debe quedar en doce años. 

6.2. No recurrentes

6.2.1. Procurador Judicial  

Sintetizó el testimonio del señor Raúl Eduardo Ladino Cupajita, para manifestar que en su criterio lo informado por éste era contundente para la vinculación de los procesados, toda vez que era un testigo directo por ser integrante de la banda, quien participó en la comisión de por lo menos dos de los casos investigados, quedando, además, con su testimonio establecido que el señor Hernán Augusto Ríos Gómez participó en los atracos realizados en El Manzanillo, El Castillo y San Miguel, ya que fue enfático al aludir que desplazó a sus compañeros a los sitios donde cometerían los hurtos en el taxi con número lateral 036, y que en una oportunidad fue en el mencionado vehículo a su casa, en compañía de Unilber y Hernán, por un revolver que él les tenía guardado, lo que tiene respaldo probatorio en los testimonios de algunas de las víctimas, quienes fueron coincidentes con algunas de las fechas de las ilicitudes, sitios de ocurrencia, modus operandi, elementos que eran utilizados por los delincuentes para cometer los hechos, por lo que solicitó se confirmara la sentencia condenatoria en contra del señor Ríos Gómez, además porque el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal no exige pluralidad de pruebas, sino el análisis integral de lo debatido en juicio. 

Respecto a la absolución por el delito de Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, pese a no haber sido aportada por el ente fiscal la experticia técnica en relación con la idoneidad de las armas incautadas, debe tenerse en cuenta que existe libertad probatoria, por lo que en este caso, la captura en situación de flagrancia de los acusados, lo testificado por el señor Raúl Eduardo Ladino y algunas de las víctimas, quienes enfatizaron que al momento de los atracos los asaltantes  portaban  armas de fuego, constituye prueba de la comisión de dicha ilicitud, tal como lo ha considerado la Corte Suprema de Justicia,  en reiterada jurisprudencia, en la que a pesar de no contarse con las armas de fuego, ni con los dictámenes periciales de idoneidad de las mismas, por ilegalidad de la prueba, han condenado por esa conducta punible.

Sentencia del 31 de julio de 2009, en el proceso con radicación 30838, con ponencia del magistrado Yesid Ramírez Bastidas y fallo del 4 de septiembre de 2004, en el proceso radicado al número 21637.

Solicitó se modifique la sentencia por considerar a los señores Unilber Alejandro Giraldo, Hernán Augusto Ríos Gómez y José Raúl Alzate Marín responsables, como coautores, de la conducta de Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones,  y se proceda a redosificar la pena impuesta de conformidad con lo dispuesto en los artículos  61 y 4 del Código Penal, haciendo claridad que el delito de porte ilegal de arma de fuego es simple, tal como lo imputó la Fiscalía.  
 
En cuanto a la responsabilidad del señor José Rubiel López Morales en los hechos, al haber sido capturado en flagrancia con los otros integrantes de la banda delincuencial, y no lograr la defensa desvirtuarlo, es predicable que efectivamente se concertó con las demás personas aquí investigadas para cometer no una sino varias conductas contrarias al ordenamiento jurídico, por lo que debe ser objeto de reproche penal, quien también debe ser condenado por la conducta de Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, pues es un hecho innegable que al momento en que operó su captura en el taxi fueron encontradas dos armas de fuego, por lo que solicitó se modifique la sentencia y se redosifique la pena.

6.2.2. Fiscal
 
Expresó que las pruebas aportadas lograron demostrar la participación de Ríos Gómez en la empresa criminal, no siendo de recibo los argumentos del señor defensor, quien cuestionó el reconocimiento fotográfico, toda vez que las manifestaciones del testigo directo Raúl Eduardo Ladino, quien participó en los hechos cometidos durante los meses de enero a abril de 2009, fue lo que permitió que se conociera quienes eran los autores de los atracos en predios rurales, por personas que se hacían pasar por campesinos, portando armas de fuego y con sus rostros cubiertos, lo que había impedido que las víctimas los reconocieran, pues de no haber sido por esa información aún se estarían cometiendo los ilícitos, y es tan cierto que fue eficaz que seis miembros de esa organización delincuencial ya fueron judicializados, quienes celebraron un preacuerdo, por lo que se está pendiente del pronunciamiento de la sentencia condenatoria. 

Además, el informante no fue presentado como testigo único, ya que en el juicio algunas víctimas testificaron, no para identificar a los agresores, sino para demostrarle al juez que todos los hechos relacionados por el señor Ladino si ocurrieron, porque coinciden las circunstancias de tiempo, modo y lugar. 

Es cierto que en algunos casos el señor Ladino Cupajita puede ser considerado como testigo de referencia, no obstante sus aseveraciones fueron ratificadas por los afectados con los hurtos. 

El señor Ríos Gómez no se encontraba en el sitio equivocado, ya que el informante había referido algunas personas, su descripción y ubicación, por ello la Fiscalía debió establecer la identificación de los integrantes del grupo delincuencial. 

Fue dentro del trabajo investigativo que el 26 de abril el señor Ladino Cupajita, quien simulaba aún pertenecer a la organización criminal, informó el lugar donde se iba a realizar el próximo hurto, quienes participarían y el lugar de encuentro,  lo que permitió la captura del procesado cuando se disponía a recoger a los demás miembros de la organización delictiva, aprehensión que fue en flagrancia por el delito de porte ilegal de armas de fuego, siendo esa la conducta imputada, y por no haber estado portando en ese momento ninguna arma el señor Ríos fue declarada ilegal su captura, sin embargo, al ser realizada la diligencia de reconocimiento, el testigo Ladino señaló al señor Hernán Augusto Ríos Gómez, a quien se refirió como “nacho” el taxista que participó de las actividades delictivas. 

No fue casualidad la captura del señor Ríos Gómez, ya que las personas que abordaron su taxi, portando las indumentarias que utilizaban para camuflar su identidad, son las mismas con quienes participó en diferentes conductas punibles; específicamente el señor Ladino refirió los tres casos en que participó y en los que también estuvo dentro del grupo el señor Hernán Augusto Ríos Gómez, que fueron los cometidos en los predios El Castillo, San Miguel y La Marquesina, habiendo referido que el señor Ríos Gómez los dejaba en sitios determinados, ya que en algunos casos no existían vías de acceso a los inmuebles donde realizarían los ilícitos y porque era imposible camuflar el vehículo de servicio público que manejaba, y los esperaba, también explicó el testigo que el vehículo del señor Ríos lo utilizaban porque tenía cajuela espaciosa, lo que facilitaba el transporte de los objetos hurtados; además, quedó demostrado con la planilla de la empresa a la que está afiliado el taxi que quien lo conducía, en la madrugada del 29 de marzo de 2009, cuando ocurrió el incidente en el peaje Tarapacá era el señor Ríos Gómez, hechos en los que incautaron un arma de fuego de propiedad de un expolicía, que momentos antes había sido hurtada, lo que igualmente quedó consignado en el libro “minuta” de la Policía. 

Analizados en conjunto todos los hechos, conforme al artículo 380 del Código de Procedimiento Penal, necesariamente se concluye que Hernán Augusto Ríos Gómez  era integrante de la organización delictiva, quien tenía como labor definida el transporte de los integrantes del grupo a los lugares donde ocurrían los hechos y de allí hasta Santa Rosa de Cabal, por lo que considera que logró demostrar su responsabilidad en los hechos. 

6.2.3. José Raúl Alzate Marín  

Aseguró que el señor Hernán Augusto Ríos nunca participó en los hechos, por lo que no está conforme con la condena que le han dado ya que es inocente,  pues prestó sus servicios como cualquier taxista. 

6.2.4. Defensor del señor José Rubiel López Morales  

Enfatizó que el testigo de cargo respecto de los atracos en los que refirió la participación de su representado no estuvo presente, los que conoció porque se los contó Hernán.

Respecto al Porte ilegal de armas, pese a que a su defendido le fue incautada un arma de fuego al momento de la aprehensión, como la Fiscalía no pudo introducir el dictamen de balística no demostró idoneidad de ese artefacto, ni que tipo era, por lo que no se puede condenar, ya que para ese delito no se puede pregonar libertad probatoria. 

El delito de Concierto para delinquir es un delito autónomo, tal como lo ha establecido la Corte, y no necesariamente quien se concierta para cometer delitos tiene que ser condenado por otros punibles. 

Solicitó no se agrave la situación de José Rubiel López Morales. 

6.2.5. Defensora  de Unilber Alejandro Giraldo Marulanda y José Raúl Alzate Marín 

Adujo no estar de acuerdo con la solicitud de la Fiscalía para que se condene por el delito de Porte ilegal de armas, ya que fue un olvido del ente acusador no enunciar la prueba pericial que demostrara que las armas eran aptas para disparar. 

6.2.6. Defensor de Hernán Augusto Ríos Gómez 

Replicó dos situaciones concretas, i) que según el declarante Ladino el señor Ríos Gómez había estado en La Marquesina, El Castillo y San Miguel, no obstante sólo indicó que fue llamado por teléfono su representado cuando refirió los hechos en las fincas El Castillo y San Miguel, y ii) que cuando se habló del exagente se refieren al señor José William Grisales, a quien le quitaron el revólver, y no como lo argumentó el ente fiscal que había sido al agente Jesús Alberto Ríos Gómez. 

Ante la no presentación del testigo que realizó el dictamen pericial por parte de la fiscalía, no se demostró la idoneidad de las armas, que es un elemento esencial del delito de porte ilegal de armas, lo que no puede ser suplido, por lo que no quedó acreditado. 

La Fiscalía acusó por los delitos de Concierto para delinquir, artículo 340 inciso 1 del Código Penal, modificado por la Ley 733, y Hurto calificado y agravado, artículos 240 inciso 1 y 241 incisos 9 y 10, normas en las que fundamentó el Juez la tasación de la pena, lo que está perfecto.

7. CONSIDERACIONES LEGALES 

7.1. Competencia:

En virtud de los factores objetivo, territorial y funcional, la Sala es competente para conocer y decidir sobre la decisión impugnada.

7.2. Problema jurídico

Los asuntos sometidos a consideración de la Corporación, de acuerdo a las alzadas interpuestas, son: i) si se impone la absolución de Hernán Augusto Ríos Gómez, por no existir certeza sobre su responsabilidad penal, en los delitos por los que fue acusado por parte de la Fiscalía General de la Nación; ii) si debe permanecer incólume la decisión de absolver a los procesados por el delito de Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones; iii) si es viable revocar la decisión de primera instancia, y en su lugar condenar al señor José Rubiel López Morales por el delito de Hurto calificado y agravado, de acuerdo con los argumentos expuestos la representante de la Fiscalía General de la Nación; y iv) si la tasación de la pena realizada por el juez de primer grado fue acorde con lo estipulado en el Código Penal.
 	
7.3. Primer problema jurídico
Siguiendo lo establecido en el artículo 381 del estatuto procedimental penal, deben analizarse las pruebas debatidas en el juicio, para verificar si demuestran la responsabilidad de Hernán Augusto Ríos Gómez, en las conductas punibles por las cuales fue acusado, en atención a  los argumentos expuestos al sustentar la alzada.

Es imperioso empezar por precisar que el  señor Raúl Eduardo Ladino Cupajita es testigo presencial único, por lo que se considera pertinente hacer alusión a la reiterada jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido que en el evento del testigo único, la veracidad o confiabilidad del testimonio no depende de que se trate de una declaración insular sino de su examen bajo las reglas de la  sana crítica, como ejemplo de ello se hace referencia a dos sentencias con datas muy distantes, como son la proferida el 15 de diciembre de 2000, en el proceso radicado al número 13.119, con ponencia del Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego y la pronunciada el 1 de julio de 2009, en el proceso Nro. 26869, con ponencia del magistrado Julio Enrique Socha Salamanca.

En la última sentencia citada dijo: “Gracias a esa operación rigurosa de control interno prevista en la ley (Decreto 050 de 1987, artículo 295; Decreto 2700 de 1991, artículo 294; Ley 600 de 2000, artículo 277, y Ley 906 de 2004, artículo 404), en los supuestos de prueba única también es factible llegar a una conclusión de verosimilitud, racionalidad y consistencia a partir del respectivo medio de conocimiento, o todo lo contrario, ya que la valoración individual es un paso previo a la evaluación conjunta, cuando existe la posibilidad de ese ejercicio, pero esto que es una obligación frente a la realidad de la existencia de multiplicidad de medios de convicción, de todas formas no condiciona el camino a la adquisición de la certeza posible aún con base en una sola prueba, porque ese mismo control interno operado respecto, por ejemplo, de testigos que suministran aseveraciones o hechos de signo contrario a los aportados por ésta, puede permitir descubrir en esa pluralidad aparentemente homogénea y fiable la fuerza o coacción ejercida para impedir un relato veraz y desinteresado o el acuerdo dañado para declarar en un mismo sentido”.

El testimonio del Raúl Enrique Ladino Cupajita fue escuchado en el juicio oral, por lo que se cumplió con la publicidad, oralidad y concentración de la prueba, el que fue sometido a confrontación y contradicción, con base en las reglas del interrogatorio cruzado del testigo, del cual hizo uso el defensor del señor Ríos.

En la audiencia el testigo Ladino Cupajita hizo un relato de los hechos delictivos realizados por el grupo, asegurando que él hizo parte de la banda y participó en algunos hurtos, los que siempre realizaban vestidos como campesinos, con los rostros cubiertos y usando para intimidar a las víctimas armas de fuego, aptas para disparar y de las que no tenían permiso para su porte, enfatizando respecto del señor Ríos que lo conoció por medio de unos muchachos, quien alguna vez le hizo acarreos y los transportó, era el taxista a quien le decían “nacho”, conducía el taxi con Nro. 036, un automóvil amplío, le parece que era marca Kia, aseguró que los integrantes de la organización después de sus labores cotidianas se dedicaban a saquear fincas en los municipios de Santa Rosa, Dosquebradas y Chinchiná. 

Específicamente dijo que él participó de los hurtos realizados en las fincas La Marquesina, El Castillo y San Miguel, en los que actuó, entre otros con Hernán, alias “nacho”, quien los recogió en el taxi 036, señaló en el acto público al señor Hernán Augusto Ríos Gómez como la persona a la que se refería como “nacho”, quien conducía un taxi que era amplío, en el que todos se acomodaron y los trajo hasta Santa Rosa; los elementos hurtados se los repartían atendiendo los gustos, o los vendían y dividían el dinero; aseguró haberse quedado con una pacha, que es un revólver de dos tiros, hechizo, la que fue sustraída del predio San Miguel.  

Hizo referencia a otros hurtos, de los que tuvo conocimiento porque se los contaron, entre ellos el caso del exagente por Campoalegre, el que le narró Jorge Adrian N., donde se apoderaron de un revólver amparado, entre otros objetos. 

Enfatizó que Hernán Augusto Ríos Gómez participó de los hechos de El Castillo y San Miguel, pues fue quien los transportó; también el señor Ríos recogió a Unilber Alejandro, Jorge Adrián y  José Raúl Alzate en Chinchiná, cumpliendo el llamado de Jorge Adrián, el día en el que se presentó el incidente en el peaje; Hernán Augusto se quedó ahí y los demás emprendieron la huída, después comentaron que Hernán Augusto no los había delatado y que había salido bien librado de ese asunto ya que le había dicho a la Policía que lo habían obligado. 

La información que aportó el señor Ladino la obtuvo por estar vinculado a los actos delictivos y de los que no participó, como Jorge Adrián siempre lo recogía y lo llevaba donde estaban los elementos hurtados, allí se enteraba de lo ocurrido porque narraban lo sucedido, pues le tenían mucha confianza y le contaban los hechos. 

Los sucesos que narró son los que más curiosidad le causaron y los que más recuerda, por eso fue consignando la información, porque pensó que esa podría ser su tabla de salvación ya que tenía muchos datos y por no participar activamente  podía resultar muerto. 

Aseguró el señor Ladino que contrató los servicios del taxista Hernán Augusto Ríos Gómez para que lo transportara en situaciones diferentes a las relacionadas con las actividades delictivas del grupo, a quien llamaba al celular 3147645492. 

Hizo también referencia que una oportunidad, en horas de la noche, Unilber Alejandro y  José Raúl fueron a su residencia para recoger un revolver que les tenía guardado,  porque iban a hacer una vuelta (sic), quienes iban con Hernán Augusto.

Decidió suministrar toda la información que tenía a la Fiscalía y a la Policía ya que después de ser tan amigo de Jorge Adrián, éste empezó a amenazarlo, por lo que temía por su vida.  

A cambio de la información solicitó protección, la que efectivamente le dio la Fiscalía. 

Reiteró, en el contrainterrogatorio que le formuló el defensor del señor Hernán Augusto Ríos Gómez, que el señor Ríos era el taxista que los transportaba, a quien le pagaba por sus servicio Hernán N., y que las veces que actúo y que coincidió con la participación del señor Ríos Gómez son los casos de El Castillo, San Miguel y El Manzanillo. 

De esa exposición que hizo en el desarrollo del juicio oral el señor Ladino Cupajita se puede concluir la responsabilidad del señor Hernán Augusto Ríos Gómez  respecto a las conductas de Concierto para delinquir y Hurto calificado y agravado, ya que hacía parte de la organización criminal, puesto que era la persona encargada de llevar y/o recoger a quienes iban o venían de realizar los hurtos, en algún lugar cercano al de la ejecución de los latrocinios. 
Atendiendo lo narrado por el señor Raúl Enrique Ladino Cupajita se pueden resumir las actividades desplegadas por el procesado Ríos Gómez al interior de la organización criminal así: i) los hechos acontecidos en las fincas La Marquesina, El Castillo y San Miguel; ii) el día que se hizo presente en la casa del referido testigo en compañía de los señores Unilber Alejandro y José Raúl para recoger un arma de fuego; y iii) cuando transportó a los señores José Adrián, Unilber Alejandro y Eduar desde el municipio de Chinchiná  hacia Santa Rosa y al ser requeridos por la autoridad de carreteras, estas últimas personas emprendieron la huida, no sin antes realizar disparos en contra del gendarme.  

El último hecho referido en el párrafo procedente está ratificado, por lo que no se puede predicar insularidad del testimonio del señor Ladino, con los documentos allegados por la Fiscalía, i) la copia del libro de minutas de la Policía de Carreteras de Caldas, folios 36 y 37, donde aparece la anotación realizada por el agente Alberto Ríos Gómez respecto a los sucesos acontecidos el 29 de marzo de 2009, en horas de la madrugada, en los que hubo intercambio de disparos entre los ocupantes del automóvil de placas WLB-454 y el policial, en los que únicamente fue identificado el señor Ríos, conductor, porque los otros huyeron; ii) la planilla de viaje ocasional Nro. AAE 036879 expedida por la empresa Mosarcoop, en la cual consta que el 29 de marzo de 2009 el señor Hernán Augusto Ríos Gómez, conductor del vehículo de placas WLB-454, fue autorizado para realizar un viaje en la ruta comprendida entre Santa Rosa y Chinchiná, con el fin de transportar a la señora María Ruth Sánchez. 

Respecto de ese mismo hecho testificó en el juicio Jesús Alberto Ríos Gómez, Policía de Carreteras del departamento de Caldas en el puesto de Tarapacá en la vía Pereira – Chinchiná, quedando demostrado que efectivamente en aquella madrugada, al hacerle una señal de pare al vehículo conducido por el señor Ríos, los ocupantes accionaron armas de fuego en contra del uniformado, quien también les disparó, mas por la huida de los pasajeros, solo logró identificar el conductor.

El testimonio del señor Ladino no fue desvirtuado por los testigos presentados por la defensa, quedando incólume que el señor Ríos si era uno de los integrantes de la organización delincuencial, quien participó en varios de los hurtos por ellos cometidos.

Como en precedencia quedó establecido, la persona autorizada para viajar como la pasajera del señor Ríos Gómez entre Santa Rosa y Chinchiná el 29 de marzo de 2009 fue la señora María Ruth Sánchez, no obstante el señor defensor presentó en el juicio para referir que utilizaba con frecuencia los servicios de taxista del señor Ríos a la señora Daniela Niño Ramírez, quien dijo ser residente en Chinchiná y adujo recordar que a eso de la 1:30 de la madrugada del 29 de marzo de 2009 estaba en santa Rosa de Cabal, por lo que llamó  a “nacho”, por ser el único taxista que conocía en esa localidad, cree que se llama Hernán Augusto, y señaló en el juicio al procesado Hernán Augusto Ríos Gómez como la persona a la que se refería; agregó que el viaje hacia su residencia fue entre 1:30 ó 2:00 a.m.  aproximadamente, de regreso no viajó con Hernán Augusto, por lo que no sabe qué le pudo haber pasado.
 
Es claro que ese testimonio merece poca credibilidad, porque si supuestamente eran muy constantes los viajes que realizaba entre Santa Rosa y Chinchiná, llama mucho la atención que la señora Niño con tanta precisión recordara, sin haber ocurrido ningún acontecimiento particular, la fecha exacta, además, según la planilla de viaje, el señor Ríos Gómez en esa noche prestó el servicio de transporte a la señora María Ruth Sánchez, por lo que se itera con esa declaración no se desvirtúa que efectivamente el señor Ríos era una de las personas que estuvo involucrada en los hechos ocurridos en el peaje de Tarapacá. 

Por su parte, el señor Guillermo Ríos Gómez indicó que conocía de las actividades cotidianas de su hermano Hernán Augusto ya que dialogaban con mucha frecuencia, quien ha sido conductor de taxi y viaja constantemente entre Santa Rosa y diversos sitios del eje cafetero, con la respectiva planilla expedida por la empresa para la que trabaja; quien se refirió a los sucesos acontecidos en el peaje Tarapacá, de los cuales tuvo conocimiento porque su hermano y otros taxistas se los narraron, e indicó que no sabía a qué actividades diferentes al transporte se dedicaba su hermano. 

Es evidente que los testigos presentados por la defensa no hicieron ningún aporte para el esclarecimiento de los hechos, ni mucho menos lograron desvirtuar la responsabilidad del señor Ríos, porque nada, absolutamente nada les consta.

Contrario a lo precedente, lo testificado por el señor Raúl Eduardo Ladino Cupajita, de quien se itera, es un testigo directo, porque estuvo presente al menos en tres de los actos latrocidas realizados por integrantes de la organización criminal, de la que hacía parte entre otros el señor Ríos, en los que participaron activamente tanto el testigo, como el acusado Ríos, si demuestra la responsabilidad de Hernán Augusto Ríos Gómez.

Aun cuando el señor defensor al sustentar la alzada repetidamente refirió al señor Ladino como testigo de referencia, como ha quedado plenamente establecido, se insiste, por ser parte integrante del grupo de personas que concertaron la comisión de hurtos, con uso de armas de fuego, quien participó en varios de los hechos donde fueron a predios rurales para apoderarse de bienes, es un testigo presencial, para esta Colegiatura no hay duda de ello.

Otro punto de inconformidad planteado por el apelante fue que se realizara la diligencia de reconocimiento fotográfico al día siguiente de la aprehensión, entre otros, del señor Ríos Gómez, por lo que aduce que su representado fue señalado con posterioridad a su captura, lo que no corresponde a lo realmente acontecido en las actividades investigativas, porque el señor Ladino desde su primera versión refirió por sus seudónimos y características físicas a los integrantes del grupo, incluso, fue tan acertada su información, que indicó donde realizarían el siguiente hurto, en que vehículo se iban a transportar y en qué lugar se encontrarían, lo que permitió que se lograra la captura en aquella noche del 26 de abril de 2009, de los que iban a realizar el hurto, entre quienes estaba el señor Ríos Gómez.     

La Sala considera que las pruebas debatidas en el juicio si permitieron tener conocimiento más allá de toda duda razonable respecto de la comisión de las conductas de Concierto para delinquir y Hurto calificado y agravado y de la responsabilidad penal del señor Hernán Augusto Ríos Gómez en la realización de las mismas, como acertadamente lo decidió el juez de primer grado. 

7.4 Segundo Problema jurídico 

Desde el escrito de acusación la Fiscalía General de la Nación hizo expresa mención al informe de investigador de laboratorio FPJ-13 suscrito por la perito Sandra Milena Velásquez Tapasco, el que fue mencionado tanto en la audiencia de formulación de acusación, como en la preparatoria, quedando sin dubitación establecido quien era la experta que había realizado el examen respecto de la idoneidad de las armas de fuego incautadas, por lo que aun cuando se advierte que pudo ser viable que la perito hubiera sido escuchada en el juicio para rendir su experticia, como ese tema no fue objeto de alzada no se hará pronunciamiento.

Si bien es cierto una de las formas de probar la idoneidad de las armas de fuego es el peritaje de un experto en balística, también lo es que esa no es la única prueba posible para demostrarlo, como acertadamente lo argumentaron la señora fiscal y el representante del Ministerio Público, porque en materia penal, tal como lo establece el artículo 373 del Código de Procedimiento Penal, hay libertad probatoria, ya que la norma establece que los hechos y circunstancias de interés para la solución del caso, se podrán probar por cualquiera de los medios establecidos en la referida codificación o por cualquier medio técnico o científico, que no viole los derechos humanos.

El señor Raúl Eduardo Ladino Cupajita fue muy específico al manifestar que cada vez que realizaban hurtos utilizaban, para amedrentar a las víctimas, armas de fuego idóneas para hacer disparos, que incluso en algunos de los hechos las utilizaron, lo que quedó demostrado cuando ocurrió el incidente en el peaje Tarapacá, las que portaban sin tener permiso de autoridad competente, concretamente al procurador judicial le contestó, que cada vez que actuaban llevaban armas idóneas para disparar, esas armas las disparaban, las que no estaban amparadas, las portaban sin papeles.

Está diamantinamente establecido, no hay dubitación, quedó probado con el testimonio del señor Ladino que usaban en la realización de los hurtos armas de fuego aptas para disparar y que ninguno de los integrantes del grupo tenía permiso de autoridad competente para portarlas.

Para endilgar la responsabilidad por el delito de Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones debe existir prueba que permita obtener el convencimiento más allá de toda duda, de que el procesado carece del permiso correspondiente para portar las armas que fueron halladas en su poder y que las mismas son aptas para realizar disparos, lo que se itera, si se demostró en este caso concreto con el testimonio del señor Ladino, el que no está aislado, ya que se repite, en los hechos de los que dio cuenta el agente Jesús Alberto Ríos Gómez fueron accionadas armas de fuego en su contra por los ocupantes del vehículo de servicio público que conducía el señor Hernán Augusto. 

Esta colegiatura conoce el pronunciamiento del máximo órgano de la justicia penal, del 25 de abril de 2012, en el proceso radicado al número 38542, con ponencia del magistrado Julio Enrique Socha Salamanca, en el que se consideró que sin permiso de autoridad competente es un ingrediente del tipo objetivo expresamente contemplado en el artículo 365 del Código Penal, que tiene que ser demostrado con prueba aducida en el juicio o con estipulación en ese sentido, no basta la sola argumentación, y es este caso concreto fue ingresado válidamente como prueba el testimonio del señor Ladino, reforzado con el testimonio del agente de la Policía Nacional Jesús Alberto y la copia de la anotación en el libro de minutas de la Policía de carreteras de Caldas, que dan cuenta del uso de armas de fuego que producían efectivamente disparos y las que eran portadas sin permiso de autoridad competente, lo que también tiene ratificación con la incautación del arma de fuego hurtada a un exmiembro de la Policía Nacional, puesto que es indubitable que quien porta un arma de fuego con permiso a nombre de otra persona la está llevando consigo sin estar autorizado.

“…La Sala, en reciente providencia del sistema acusatorio (que, dadas sus repercusiones sustanciales, también tiene aplicación para la Ley 600 de 2000), sostuvo que el ingrediente del tipo objetivo “sin permiso de autoridad competente”, contemplado en el artículo 365 del Código Penal, tiene que probarse con medios de conocimiento distintos a los relacionados con la simple posesión, tenencia o porte del arma de fuego o de la munición. Lo anterior, por lo siguiente:
Dicho elemento tiene un indiscutible componente descriptivo, en el sentido que alude a una situación fáctica según la cual el agente debe realizar la acción sin contar con autorización o salvoconducto legal.
La Fiscalía tiene la carga procesal de sustentar tal ingrediente típico con medios probatorios.
Por lo tanto, no es posible “presumir” la configuración de dicho enunciado sin que haya prueba de la cual pueda predicarse su existencia. Y
Tampoco podrá extraerse argumentativamente, ni siquiera con base en máximas de la experiencia.
Así lo analizó la Corte:
“El inciso 1º del artículo 365 del Código Penal (…) se compone de los siguientes elementos:
Una pluralidad de acciones: importar, traficar, fabricar, transportar, almacenar, distribuir, vender, suministrar, reparar o portar.
Un objeto material, consistente en por lo menos un arma de fuego de defensa personal o en municiones de la misma índole. Y
Un ingrediente, “sin permiso de autoridad competente”, que es normativo en la medida en que contempla una valoración de índole jurídica (autorización legal), pero que es más descriptivo en tanto alude a una situación o circunstancia predominantemente fáctca (no tener el salvoconducto).
En lo que a éste último elemento se refiere, salta a la vista que para su corroboración es menester partir de unos datos o hechos de naturaleza objetiva, derivados de los medios  probatorios recaudados durante la actuación. (Lo mismo puede predicarse con cualquier otro elemento del tipo, incluso de los subjetivos o eminentemente normativos.)
Lo anterior  significa que, para demostrar en un asunto concreto la falta de autorización legal para comerciar, distribuir, llevar consigo, etc. un arma de fuego, deberá introducirse al juicio oral prueba (o por lo menos, una  estipulación de las partes en ese sentido) de la cual pueda colegirse, de manera razonable, que el comportamiento descrito en la ley no estaba amparado por el orden jurídico. Ello, claro está, sin perjuicio de la aplicación del principio de libertad probatoria (artículo 373 de la Ley 906 de 2004) (artículo 237 de la Ley 600 de 2000) (…)
Sin embargo, si no se parte de una circunstancia o fundamento fáctico claro para decidir acerca de la configuración de tal ingrediente típico, es incuestionable que su existencia tampoco podrá presumirse, ni siquiera argumentativamente, pues de ser así se estaría ignorando la norma según la cual “corresponderá al órgano de persecución penal la carga de la prueba a cerca de la responsabilidad”, tal como lo prevé el inciso 2º del artículo 7 del código procesal penal (inciso 2º del artículo 234 de la Ley 600 de 2000).”
En este orden de ideas, (…) si un funcionario propone un máxima empírica sin contar con material probatorio del cual haya podido derivar el enunciado fáctico objeto de demostración, conculcará la presunción de inocencia si por esa vía declara demostrada una circunstancia relevante para la configuración del tipo objetivo

Así las cosas, sería del caso revocar la decisión de absolución los señores Unilber Alejandro Giraldo Marulanda, José Raúl Alzate Marín, Hernán Augusto Ríos Gómez y José Rubiel López Morales por el delito de Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, si no fuera porque se advierte que respecto de esa conducta punible opera la prescripción de la acción penal de conformidad con el artículo 292 del Código de Procedimiento Penal.

La norma citada dispone que la prescripción de la acción penal se interrumpe con la formulación de la imputación, la que empieza a contarse por un nuevo término igual a la mitad del señalado en el artículo 83 del Código Penal, que es por un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, sin que sea inferior a tres años, por mandato de la norma procedimental citada.

En este caso concreto, por haber ocurrido los hechos en el año 2009, debemos tener en cuenta que el artículo 365 del Código Penal establecía, con la modificación que le hizo el artículo 38 de la Ley 1142 de 2007, para la conducta punible que nos ocupa en este acápite, prisión de 4 a 8 años, cuya pena mínima se duplicaría de concurrir las circunstancias señaladas en los numerales que enuncia el inciso segundo, que establece en el numeral 4 . “Cuando se empleen máscaras o elementos similares que sirvan para ocultar la identidad o la dificulten.” la que fue referida por la delegada de la Fiscalía.

Por lo que, aun cuando tuviéramos en cuenta la circunstancia de agravación punitiva está prescrita la acción penal, porque la pena máxima es 8 años de prisión.

La formulación de la imputación fue el 27 de abril de 2009, estando sin dubitación establecido que el nuevo tiempo de prescripción para contabilizar la prescripción de la acción sería de cuatro años, los que ya han trascurrido.

En conclusión, se confirmará la decisión de absolución a favor de los señores Unilber Alejandro Giraldo Marulanda, José Raúl Alzate Marín, Hernán Augusto Ríos Gómez y José Rubiel López Morales, por estar prescrita la acción penal, no porque no se hubiera demostrado la materialidad de la conducta punible de Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, ni su responsabilidad penal.

7.5. Tercer problema jurídico 

En cuanto si resulta viable revocar la decisión de primera instancia, y en su lugar condenar al señor José Rubiel López Morales por el delito de Hurto calificado y agravado, de acuerdo con los argumentos expuestos por la representante de la Fiscalía General de la Nación, se debe recurrir nuevamente a lo aludido por el señor Ladino Cupajita en su declaración, quien respecto al procesado de la referencia indicó que nunca actuaron juntos en la comisión de los hurtos, y fue enfático y reiterativo al anunciar que desconocía y que no podía dar fe de la participación del señor López Morales en los hechos por él narrados. 

Tal y como lo expuso el a quo en la decisión de primera instancia, en el único hecho en el que se dijo que el señor José Rubiel había participado con otros miembros de la organización criminal fue en el hurto realizado en el sector del Lembo, del cual fue víctima el señor Gildardo Giraldo Gómez conocido con el apodo de “cucho”, sin embargo, esta persona en su declaración argumentó no haber conocido a ninguno de las personas que irrumpieron en su propiedad. 

La única persona que pudo aludir a la característica física a la cual hizo referencia el ente fiscal respecto a la forma como el señor José Rubiel López Morales llevaba su cabello recogido, fue el señor José William Grisales Gutiérrez, quien adujo que a uno de los asaltantes le sobresalía algo en la cabeza, pero no sabe qué podía ser ya que llevaba puesto un pasamontañas, pero que su esposa le había insinuado que posiblemente era un “peludo”, no obstante, el señor Ladino Cupajita expuso que en el caso de este exagente acudieron Unilber Alejandro, Jorge Adrián y Hernán, donde se apoderaron de un revólver amparado, una cámara de video, plata, joyas y herramientas, y que había sido él quien los recogió en un taxi luego de recibir un llamado en tal sentido. 

Por ello, y ante la carencia de pruebas fehacientes respecto a la participación activa por parte del señor José Rubiel Morales López en los hurtos materia de investigación era inminente su absolución, por lo que la Sala considera pertinente confirmar dicha determinación. 

7.6. Cuarto problema jurídico

Es un hecho cierto que en el escrito de acusación presentado el 22 de mayo de 2009, la Fiscalía 34 Seccional de Santa Rosa de Cabal acusó a los señores Unilber Alejandro Giraldo Marulanda, José Raúl Alzate Marín, José Rubiel López Morales y Hernán Augusto Ríos Gómez,  por los delitos de Concierto para delinquir (artículo 340 inciso 1 del Código Penal, modificado por las leyes 733 de 2002 y 890 de 2004), Hurto calificado y agravado (artículo 240 inciso 1 y 241 numerales 9 y 10 Ibíd.) y Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones (artículo 365 del código represor), también lo es que en los alegatos de conclusión en el juicio oral, respecto de la conducta punible de Hurto calificado la fiscal nuevamente hizo referencia al artículo 240 inciso 1 del Código Penal, aduciendo claramente que esa causal se configuraba por la violencia contra las personas, la que efectivamente está probada, porque el común denominante de la forma como fueron realizados los latrocinios fue ejerciendo violencia moral en contra de las víctimas, puesto que eran amedrentadas con armas de fuego.

Se considera que la Sala está habilitada para verificar la tasación de la pena, porque al sustentar el recurso la señora fiscal nuevamente refirió que el a quo al hacer la dosimetría partió de la pena señalada en el inciso 1 del artículo 240 del código de penas cuando lo correcto era que hubiera teniendo en cuenta que la causal que se configuraba era la de ejercicio de la violencia contra las personas, cuyo mínimo legal es superior.

Previa explicación, se procede a revisar la tasación de la pena que hizo el a quo para establecer si fue correctamente dosificada o si requiere alguna corrección.

Como efectivamente el juez de primer grado partió de seis años para dosificar la pena, se debe corregir el yerro, respecto de la pena por el delito de Hurto calificado, porque lo legalmente procedente es partir de ochos años, tal como lo dispone el inciso 2 del artículo 240 citado.

Consecuentemente se procederá a establecer la pena en la forma legalmente correcta.

Acatando lo normado por los artículos 240 inciso 2 y 241 del Código Penal, los cuartos quedan del siguiente tenor, al incrementar al mínimo de 96 meses y al máximo de 192 meses, la mitad y tres cuartas partes respectivamente, por concurrir las circunstancias de agravación punitiva de haber sido cometido los latrocinios en lugares solitarios y despoblados y por más de dos personas previo acuerdo, son 144 meses el mínimo y 336 meses el máximo,  así entonces el ámbito punitivo de movilidad es de 192 meses, lo que obtuvimos restándole al máximo el mínimo, el cual al dividirlo en cuartos nos indica que el cuarto mínimo oscila entre 144 y 192 meses, el primer cuarto medio entre 192 y 240 meses, el segundo cuarto medio entre 240 y 288 meses y el cuarto máximo entre 288 y 336 meses.
Así las cosas, respetando el criterio del juez primario se partirá del límite inferior del cuarto mínimo y se harán los incrementos tal como lo hizo el a-quo, 12 meses por el concurso con la conducta punible de Concierto para delinquir, por lo tanto la pena quedará en 156 meses de prisión para los señores Unilber Alejandro Giraldo Marulanda, José Raúl Alzate Marín y Hernán Augusto Ríos Gómez. 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

	F A L L A 	

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE el fallo proferido por el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, el 19 de octubre de 2009, contra Unilber Alejandro Giraldo Marulanda, José Raúl Alzate Marín, José Rubiel López Morales y Hernán Augusto Ríos Gómez, en lo que fue objeto de apelación.

SEGUNDO: MODIFICAR tal providencia en el sentido de aclarar que la pena impuesta a los señores Unilber Alejandro Giraldo Marulanda, José Raúl Alzate Marín y Hernán Augusto Ríos Gómez es de 156 meses de prisión.  

TERCERO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso extraordinario de casación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUZ STELLA RAMÍREZ GUTIÉRREZ
Magistrada

MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ
Secretario