TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE  
PEREIRA-RISARALDA
SALA TERCERA (3ª) DE DESCONGESTIÓN PENAL

Magistrado Ponente
ALIRIO JIMENEZ BOLAÑOS

Acta de Aprobación No. 175 	

Pereira, siete (7) de abril de dos mil catorce (2014). 

Resuelve la Sala la impugnación presentada por la Fiscalía en contra de la sentencia de primer grado proferida el 11 de julio de 2012 por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta ciudad, con funciones de conocimiento y mediante la cual condenó al procesado JORGE LUIS ARISTIZABAL LOPEZ como autor responsable del delito de Tráfico de estupefacientes. 

1.	ANTECEDENTES

1.1. Los supuestos fácticos jurídicamente relevantes y partes de la actuación procesal se reseñaron en la sentencia así:

“De la audiencia de formulación de imputación se extrae que el 22 de marzo de 2012 a las 6:40 de la tarde, en el sector de la carrera 10 con calle 15, vía pública de esta Capital, fue capturado por agentes de la Policía Nacional el señor JORGE ARISTIZABAL LOPEZ cuando llevaba consigo 40 papeletas de cocaína y sus derivados, con un peso neto de 5.0 gramos.
El artículo 293 del CPP indica que en los casos de aceptación de cargos en la imputación, se entenderá que lo actuado es suficiente como acusación.

Así las cosas, la actuación incluye una AUTORIA frente al delito de LLEVAR CONSIGO ESTUPEFACIENTES, consagrado en el Código Penal, artículo 376, inciso segundo (por la cantidad de droga incautada), modificado por el artículo 11 de la ley 1453 de 2011”.
1.2. La Fiscalía realizó las audiencias preliminares ante el Juzgado Sexto Penal Municipal de Pereira con función de control de garantías, le imputó al procesado la autoría de la conducta descrita en el inciso 2 del artículo 376, modalidad llevar consigo que consagra una pena de prisión de 64 a 108 meses y multa de 2 a 150 SMLMV, en atención a que la sustancia incautada arrojó positivo en un peso neto de 5.0 gramos de cocaína y sus derivados en la prueba preliminar de PIPH. Le puso de presente el artículo 351 del C.P.P. y le ofreció una rebaja hasta de un 37.5% de la pena a imponer, teniendo en cuenta el artículo 57 de la Ley 1453 de 2011 y el pronunciamiento del Tribunal Superior de Pereira, Sala Penal. JORGE LUIS ARISTIZABAL ante tal ofrecimiento aceptó los cargos formulados de manera libre, voluntaria y consciente. Ante estas circunstancias la Fiscalía retiró la petición de medida de aseguramiento. 

1.3. Recibido el asunto en el Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta ciudad con funciones de Conocimiento, se señaló fecha y hora para adelantar audiencia de individualización de pena y sentencia para el 22 de mayo de 2012, la que después de un aplazamiento se realizó el 11 de julio de 2012 y en ella se declaró que JORGE ARISTIZABAL LOPEZ, es autor del delito de Tráfico de estupefacientes y se lo condenó a 34 meses y 16 días de prisión y multa de 1.08 salarios mínimos legales mensuales vigentes y por el mismo término de la prisión a la inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas, además concedió al condenado la suspensión condicional de la ejecución de la pena por un período de prueba de tres años. 

1.4. En contra de esta decisión la Fiscalía interpuso el recurso de apelación, el que fue sustentado por escrito dentro del término legal para ello. Motivo por el cual la alzada fue concedida en el efecto suspensivo y se dispuso la remisión de la actuación ante esta Corporación para los fines legales pertinentes.

2. DECISION DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia de 11 de julio de 2012, el Juez Quinto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento con sede en esta ciudad, concluida la audiencia de individualización de pena y sentencia y concurriendo los presupuestos establecidos en el artículo 381 de la Ley 906 de 2004 para fundamentar un fallo de condena, siguiendo lo que el artículo 61 del C.P ordena y como no fueron imputadas circunstancias de mayor punibilidad se ubicó dentro del cuarto mínimo, esto es, de 64 a 108 meses de prisión y de 2 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa y escogió el primer extremo, 64 meses de prisión y 2 meses de multa y dijo que la pena quedará en estos guarismos. Ahora bien, como el imputado en la primera audiencia de imputación aceptó los cargos, según el artículo 351 del C. de .PP., esto comporta una rebaja de “hasta la mitad” de la pena imponible. No obstante el artículo 301 de la misma obra, que fue modificado por la ley 1453 de 2011 en su artículo 57 en el sentido de que quien sea sorprendido y aprehendido durante la comisión del delito solo tendrá ¼ del beneficio de que trata el artículo 351 de la Ley 906 de 2004. Entonces se pregunta ¿Cuál es el porcentaje de descuento de pena  al que tiene derecho una persona que acepta los cargos antes de la acusación cuando es capturada en flagrancia?

Expone el funcionario a quo que la norma es confusa y en consecuencia su interpretación no  ha sido pacífica, hace alusión a los criterios de la Corte Suprema que entendió que el descuento debe ser de la cuarta parte de la pena, es decir un 25% sin importar el escenario procesal en el que se presente el allanamiento, de algunos Tribunales como el de Manizales un descuento final del 12.5% de la pena y el de Pereira que consideró que la cuarta parte debe restársele al beneficio de “hasta la mitad” (50%) y el resultado debe ser el monto a descontar. En otras palabras, si la cuarta parte del 50% es de 12.5%, la diferencia es de 37.5%, por lo tanto el descuento debe ser de hasta el 37.5% de la pena.

Fundamenta además que la ley 1453 de 2011 no fijó parámetros interpretativos serenos, desconoce el principio de legalidad, integrante del Derecho Fundamental del DEBIDO PROCESO, situación que ha generado un injustificado tratamiento discriminatorio, lo que lleva a predicar de la norma una restricción NO RAZONABLE y DESPROPORCIONADA que atenta contra el DERECHO FUNDAMENTAL A LA IGUALDAD y por lo tanto encuentra una clara vulneración a las normas fundamentales consagradas en los artículos 13 y 29 de la Constitución Política y en las reglas del bloque de constitucionalidad y decide INAPLICAR POR INCONSTITUCIONAL el parágrafo del artículo 57 de la Ley 1453 de 2011, en desarrollo de la regla 4 de la Carta Política. Decisión que no deambula insular o solitaria sino que ha sido adoptada por varios Tribunales y Juzgados del País, pero reconoce que la Sala Mayoritaria del Tribunal Superior de Pereira, rechaza esta solución en sentencia de 29 de febrero de 2012 con ponencia del Magistrado Castaño Duque, en el entendido que las divergencias entre diferentes autoridades judiciales no justifican la denegación de justicia. (Mayúsculas del texto)

En tal sentido, para dosificar la pena con el descuento punitivo por la aceptación de cargos del procesado JORGE LUIS ARISTIZABAL LOPEZ se mueve en el margen de HASTA LA MITAD de la pena permitido por el artículo 351 del CPP,  tal como lo solicitó la defensa y considerando que la captura se produjo en flagrancia no concedió el máximo descuento sino del 46%. A los 64 meses de prisión y 2 salarios mínimos legales mensuales de multa resultado de la individualización de pena  sin el descuento del allanamiento le restó ese porcentaje y dejó la pena principal definitiva en 34 meses y 16 días de prisión y 1.08 salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa y la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas  por un lapso igual. Consecuencialmente suspendió condicionalmente la ejecución de la pena por un período de prueba de tres años. 

                              3.  LA APELACIÓN

La Fiscalía como órgano de la persecución penal y a través de su delegado Fiscal 12 Seccional no comparte el quantum punitivo impuesto en la sentencia al condenado JORGE LUIS ARISTIZABAL LOPEZ, ni la disminución de la pena por el allanamiento a cargos del mencionado y solicita se revoque o se modifique la sentencia de primer grado. En efecto sustenta su inconformidad como a continuación se expone:

No comparte el criterio del juzgador cuando inaplica por inconstitucional el parágrafo del artículo 57 de la ley 1453 de 2011, acepta que el control difuso de constitucionalidad por el operador jurídico de conformidad con el artículo 4 de la Constitución Política. Pero es limitado, y solo procede cuando la norma presenta abierta y evidente contradicción con los mandatos constitucionales como lo señalan precedentes jurisprudenciales de la CSJ en los que para ello se requiere de la abierta y constante contradicción de sus reglas con las superiores, de modo que la presunción de constitucionalidad que las ampara quede desvirtuada, facultando al funcionario judicial para inaplicarlas y preferir las normas constitucionales y destaca el pronunciamiento de la CSJ en el proceso 25113 de 7 de marzo 2006 en el que dijo que “resulta inconveniente adelantarse a la decisión de la autoridad con atribución constitucional para juzgar la inexequibilidad de la comentada disposición”.

Destaca que existen pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia y de Tribunales como el de Pereira y Cundinamarca y Juzgados como el Primero, Segundo y Tercero de este Circuito que niegan la declaratoria de inconstitucionalidad.

No obstante lo afirmado en la sentencia recurrida, la Constitución Política Colombiana confiere autonomía funcional a los jueces para interpretar las disposiciones legales al tenor de los artículos 228 y 230 de la Carta Política, el primero pregona  la independencia de la Rama Judicial y señala: “La administración de justicia es función pública. Sus decisiones son independientes…su funcionamiento será desconcentrado y autónomo. La segunda indica que: “Los jueces en sus providencias, solo estarán sometidos al imperio de la ley. La equidad y la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial”.

Finalmente destaca que el control de constitucionalidad en este caso está reservado para la Corte Constitucional, dado que no se observa una abierta e indiscutible contradicción del precepto legal con los mandatos constitucionales y el que existan varias interpretaciones del mismo no la hace por sí sola inconstitucional como lo afirmó la Corte Constitucional en sentencia C-569 de 2004 y reitera que no debió darse aplicación a la excepción de inconstitucionalidad del parágrafo del artículo 57 de la ley 1453 de 2011 y por lo tanto el descuento debió hacerse con base en lo allí regulado. Hace mención a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de 11 de julio 2012 proceso 38285 del Magistrado Castro Caballero en la cual no deja duda de no violación al derecho a la igualdad y en la aplicación a la rebaja de pena en casos de captura en flagrancia.

 4. LA REPLICA

Ante el recurso de alzada presentado por el Delegado de la Fiscalía  ninguno de los sujetos procesales hizo uso o ejercicio de su derecho a la réplica, todos guardaron absoluto silencio.

5. CONSIDERACIONES 

5.1.- Competencia.

La tiene esta colegiatura con respaldo en los factores territorial, funcional y objetivo con respaldo en los artículos 20, 34.1 y 179 del C. de P.P., pues estamos en presencia de un recurso de apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna por el recurrente contra la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira con Funciones de Conocimiento, por el Delegado Fiscal 12 Seccional sujeto procesal habilitado para ello. 

No se observa que en el trámite procesal o de la actuación irregularidad sustancial que afecte el debido proceso, amén de que no se controvierte el carácter condenatorio del fallo, existen sobradamente pruebas contundentes acerca del delito y de la responsabilidad del condenado JORGE LUIS ARISTIZABAL LOPEZ, amén de su admisión de la misma en la audiencia de formulación de imputación.

5.2.- Problema Jurídico. 

De lo expuesto por el único apelante, considera la Sala que se desprende un problema  jurídico. 

Básicamente el problema se contrae en determinar si la rebaja de la pena impuesta en la condena anticipada al procesado ARISTIZABAL LOPEZ  corresponde al 46% de la pena, tal y conforme la tasó y dosificó el a quo, quedando la pena de prisión definitiva en 34 meses y 16 días y la multa en 1.08 SMLMV, lo anterior por haber aplicado la excepción de inconstitucionalidad del parágrafo del artículo 57 de la Ley 1453 de 2011, habida cuenta que el mencionado aceptó o se allanó unilateralmente a los cargos formulados por la Fiscalía en la imputación y en atención a la captura en flagrancia, o en un porcentaje menor, de acuerdo con la fecha de los hechos, la jurisprudencia  del Tribunal de Pereira con respecto al caso planteado y la norma procesal vigente.
 
5.3.- Solución a la controversia. 

5.3.1. Antes de abordar de manera específica el tema materia de la alzada conviene analizar algunos aspectos sobre el problema interpretativo de las rebajas en las terminaciones anticipadas del proceso, pues la jurisprudencia no ha sido pacífica en estos casos y a veces contrapuesta. La captura en flagrancia no era impedimento para reconocer una rebaja hasta del 50% de la pena a imponer antes de la modificación del artículo 301 del C. de P.P. por el artículo 57 de la Ley1457 de 2011 o Ley de Seguridad Ciudadana que en su único parágrafo dispone:

“La persona que incurra en las causales anteriores solo tendrá ¼ del beneficio de que trata el artículo 351 de la Ley 906 de 2004”.

5.3.2. Como el Código de Procedimiento Penal está cimentado sobre la base de los preacuerdos y negociaciones (justicia consensuada), aceptaciones de cargos y allanamientos (justicia premial) entre Fiscalía y Defensa, institutos todos regulados por los artículos 351, 352, 356-5 y 367 del C. de P.P. o Ley 906 de 2004. A raíz de la reforma o modificación del artículo 301 en su único parágrafo, hizo carrera en los funcionarios la aplicación de excepción de inconstitucionalidad fundamentada en el artículo 4 de la Norma Superior en virtud del control de constitucionalidad difuso en donde por vía de excepción cualquier juez o autoridad administrativa lo puede realizar al aplicar una norma jurídica  en un caso en concreto. Así echaron mano a dicha excepción al parágrafo único del artículo 57 de la Ley 1453 de 2011 y siguieron aplicando el artículo 351 del C. de P.P., por lo cual aceptaban los cargos determinados en la formulación de imputación y comportaban una rebaja hasta de la mitad de la pena imponible. Además de lo anterior se presentaron diversas interpretaciones sobre el monto de esas rebajas, una de ellas la que asumió por mayoría la Sala Penal de este Tribunal con ponencia del doctor Jorge Arturo Castaño Duque. 
 
5.3.3. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia sentó jurisprudencia en julio 11 de 2012 al respecto de las rebajas punitivas por aceptación de cargos y preacuerdos en flagrancia así:

“En lo atinente a los preacuerdos posteriores a la presentación de la acusación, dado que el artículo 352 de la Ley 906 de 2004, prevé una rebaja de la pena imponible en una tercera parte, ésta quedará únicamente en un 8.33%, conforme a la operación aritmética hecha en precedencia.

Y en lo que atañe a los preacuerdos celebrados antes de la presentación del escrito de acusación, la rebaja de pena no podrá exceder del 12.5% que es la cuarta parte de la mitad.

Huelga señalar que dichas rebajas se harán efectivas luego de individualizarse la respectiva sanción”.
5.3.4. Finalmente la Corte Constitucional como órgano de cierre de dicha jurisdicción declaró la constitucionalidad del parágrafo único del artículo 301 del CPP “en el entendido de que la disminución de una cuarta parte del beneficio punitivo allí consagrado, debe extenderse a todas las oportunidades procesales en las que es posible al sorprendido en flagrancia allanarse a cargos y suscribir acuerdos con la Fiscalía General de la Nación, respetando los parámetros inicialmente establecidos por el legislador en cada uno de estos eventos”.

5.3.5. Ahora bien, descendiendo al caso que ocupa nuestra atención se tiene que: (i) los hechos tuvieron ocurrencia el 22 de marzo de 2012, (ii) las audiencia preliminares de legalización de captura, formulación de imputación y medida de aseguramiento el 23 de marzo de 2012, en ese momento procesal y más precisamente en la imputación el Fiscal 14 URI le puso de presente al imputado el contenido del artículo 351 del CPP y le hizo un ofrecimiento de los beneficios por aceptación de cargos que comporta una rebaja de pena de hasta un 37.5%, “teniendo en cuenta el parágrafo del artículo 57 de la ley 1453 de 2011 y el pronunciamiento del Tribunal Superior de Pereira, Sala Penal, rebaja que se encuentra sujeta al criterio del Juzgado de Conocimiento del caso”, ante lo cual la defensa se mostró conforme y el imputado ante la formulación de imputación y el ofrecimiento hecho por la Fiscalía ACEPTO LOS CARGOS. (iii) En la audiencia de individualización de pena y sentencia el Juez de Conocimiento fue más allá de lo que la Fiscalía le ofreció al imputado y le concedió una disminución de la pena del 46%, aplicando la excepción de inconstitucionalidad al parágrafo del artículo 57 de la Ley 1453 que modificó el artículo 301 de la Ley 904 de 2004 en los casos de captura en flagrancia como el del presente. iv) En la misma fecha de la sentencia había salido la Sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en el proceso 38.285 en el que se establece para la flagrancia y aceptación de cargos en la formulación de imputación la rebaja de 12.5%, esto es, ¼ de la 1/2 del beneficio. 

5.3.6. De acuerdo con la relación cronológica del trámite procesal, le asiste la razón al censor, pues, si bien los hechos sucedieron en vigencia de la reforma del artículo 301 del C. de P.P., cuando todavía no se había declarado la constitucionalidad de dicha norma por la Corte Constitucional y más aún cuando la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de 11 de julio de 2012 con ponencia del doctor Fernando Alberto Castro Caballero apenas salía a la vida jurídica el mismo día de la sentencia cuestionada, nótese que en la audiencia de imputación el Fiscal 14 URI le hizo el ofrecimiento del 37.5% de la pena a imponer de conformidad con la Jurisprudencia de la Sala Penal de este Tribunal y es en virtud de esa imputación y de ese ofrecimiento que se produce el allanamiento o aceptación de cargos por parte del imputado, entonces la disminución o rebaja de pena no debió ser del 46% como la concedió el a quo sino del 37.5%, según el precedente jurisprudencial de este Tribunal que imperaba en ese entonces.
5.3.7. En este orden de ideas, el descuento al que tiene derecho el condenado JORGE LUIS ARISTIZABAL LOPEZ, capturado en situación de flagrancia, según la época de ocurrencia de los hechos, el ofrecimiento realizado por la Fiscalía al imputado en la respectiva audiencia y acorde con lo expuesto debe ser de 37.5% de la pena y en la interpretación aplicada por la mayoría de esta Sala sobre los porcentajes de disminución de pena para las personas capturadas en flagrancia, frente a la reforma del artículo 301 del C.P.P., concretamente en el parágrafo único de esta norma, que redujo los descuentos de pena en esos eventos. Sin embargo las múltiples interpretaciones existentes en el País sobre el tema (incluida la de esta Corporación) quedaron zanjadas con el precedente jurisprudencial contenido en el radicado 38.285 de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y mencionada líneas arriba, haciendo la aclaración que ese precedente es de la misma fecha de la sentencia apelada y por lo tanto no pudo haber sido conocido al proferirse la misma.

5.3.8. Lo anterior teniendo en cuenta que el procesado aceptó cargos en la formulación de imputación, los referentes jurisprudenciales de la CS de J y de la Corte Constitucional, según los cuales los allanamientos que ocurran en el primer momento procesal no pueden ser inferiores al tope del subsiguiente segmento procesal, esto es 1/3 parte que se establece para la audiencia preparatoria, esa aceptación se realiza con relación a los “hechos jurídicamente relevantes”, que se incluyen como requisitos en la formulación de imputación y de acusación, no se ha practicado ninguna prueba posterior a las audiencias preliminares, la imputación se ha hecho de manera fáctica, tampoco ha sido mayor la intervención del Juez, amén de resaltar la lealtad procesal que debe brillar en toda actuación y la buena fe, de esta forma se respeta también el ofrecimiento hecho en la imputación por la Fiscalía.

5.3.9. Con lo expuesto en precedencia se concluye que la decisión protestada se debe modificar en relación con el quantum punitivo impuesto al condenado de conformidad con la rebaja del 37.5% de la pena, quedando ésta así: penas principales de prisión 40 meses y de multa 1.25 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la accesoria de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el lapso igual al de la pena privativa de la libertad; lo que incide en el no cumplimiento en el requisito objetivo para conceder la suspensión condicional de la pena y en consecuencia se modificaran por lo tanto los cardinales segundo y cuarto de la parte resolutiva de la sentencia y se confirmará en todo lo demás.

5.3.10. En apretada síntesis se revocará el mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad consistente en la suspensión condicional de la ejecución de la pena y se ordenará la captura del condenado JORGE LUÍS ARISTIZABAL LÓPEZ ante las autoridades respectivas. Pues a pesar de que el artículo 29 de la Ley 1709 de enero 20 de 2014 modificó el artículo 63 de la Ley 599 de 2000 variando el requisito objetivo para conceder este beneficio de 3 a 4 años de prisión el cual quedó así:

“La ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta en sentencia de primera, segunda o única instancia se suspenderá por un período de dos (2) a cinco (5) años, de oficio o a petición del interesado, siempre que concurran los siguientes requisitos:

“1.Que la pena impuesta sea de prisión que no exceda de cuatro (4) años.

2.Si la persona carece de antecedentes penales y no se trata de uno de los delitos contenidos en el inciso 2° del artículo 68 A de la Ley 599 de 2000, el juez de conocimiento concederá la medida con base solamente en el requisito objetivo señalado en el numeral 1 de este artículo.

3. Si la persona condenada tiene antecedentes penales por delito doloso dentro de los cinco (5) años anteriores, el juez podrá conceder la medida cuanto los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado sean indicativos de que no existe necesidad de ejecución de la pena”.

(…)

5.3.11. La suspensión condicional de la ejecución de la pena no se puede conceder en este caso a pesar de que el sentenciado no tiene antecedentes pues no es posible aplicar la Ley 1709 de 2014 (enero 20) en su artículo 29 por la potísima razón de que el artículo 32 de la misma Ley al modificar el artículo 68 A de la Ley 599 de 2000 hace una expresa prohibición, en efecto este dice:
Artículo 68A. Exclusión de los beneficios y subrogados penales. No se concederán; la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar a ningún otro beneficio judicial o administrativo (…) 
Tampoco quienes hayan sido condenados por delitos dolosos contra la administración pública; (…) delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y otras infracciones; (…)
5.3.12. No sobra agregar que en el sub júdice no era posible aplicar la figura de la “excepción de inconstitucionalidad” frente a la aplicación del parágrafo del artículo 57 de la Ley 1453 de 2011, ya que la Corte Constitucional ha sentado precedente en el cual expone que el control de constitucionalidad recae por regla general, sobre las leyes y no sobre las interpretaciones que los jueces hagan en estas:
(…)

14- Conforme a lo anterior, es cierto que el control constitucional recae esencialmente sobre las leyes y no sobre su interpretación o aplicación, y que la Carta no sólo ampara la autonomía judicial (CP art 228) si0.no que además establece una separación entre la jurisdicción constitucional y las otras jurisdicciones (CP arts 234, 236 y 241)…” 

Con fundamento y mérito de lo expuesto la Sala Tercera de Descongestión Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley 

RESUELVE

1.	MODIFICAR el fallo objeto de la censura en el cardinal segundo en el sentido de condenar JORGE LUIS ARISTIZABAL LOPEZ de condiciones civiles y personales conocidas a las penas principales de 40 meses de prisión y multa de 1.25 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos, conforme a los motivos que antes se expusieron.
2.	MODIFICAR el fallo objeto de la censura en el cardinal cuarto y revocar la suspensión condicional de la ejecución de la pena otorgada a JORGE LUIS ARISTIZABAL LOPEZ y consecuencialmente ordenar su captura ante las autoridades respectivas.
3.	Se confirma en todo lo demás. Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso extraordinario de casación el que deberá interponerse y sustentarse dentro de los términos legales.

Los Magistrados; 

ALIRIO JIMÉNEZ BOLAÑOS

MANUEL YARZAGARAY BANDERA                      JAIRO .ERNESTO ESCOBAR SANZ

MARÍA ELENA RÍOS VASQUEZ
Secretaria