Author: mcrinconj
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Condenado: HUVER ARREDONDO TORO
Delito: Lesiones personales culposas
Rad. # 66001-60-00058-2008-00745
Asunto: Resuelve sendas alzadas interpuestas por los apoderados de la víctima y del 3º civil responsable en contra de providencia que resolvió un incidente de reparación integral
Decisión: Confirma fallo confutado

TASACIÓN DE PERJUICIOS MORALES/ Perjuicios morales subjetivados deben ser cuantificados con base en el arbitrio judicial

“(…) para la cuantificación del daño moral subjetivado, siempre y cuando se haya demostrada la ocurrencia del mismo, solo bastaba con acudir a los criterios del arbitrio judicial, el cual a su vez debe ser respetuoso de los postulados del subprincipio de la estricta proporcionalidad, sin la necesidad de tener en cuenta los criterios de un precedente jurisprudencial que no tendría cabida en el caso en estudio, pues reiteramos dichos lineamientos solo procedería en los eventos relacionados con la cuantificación de los perjuicios morales objetivados.”  

“(…) los perjuicios morales subjetivados tasados por la A quo en nada se compadecen con el dolor infringido al agraviado, el cual por reflejo afectó a su madre, si tenemos en cuenta que el hecho dañoso le generó un periodo de incapacidad médico legal definitiva de 50 días con secuelas, de carácter transitorias, de perturbación funcional del miembro superior izquierdo.”  

Por lo tanto, la Colegiatura, aplicando los criterios del arbitrio judicial, es de la opinión que la cuantificación de una indemnización adecuada y proporcional al daño causado a los ofendidos debe ser la equivalente a 15 y 7 s.m.l.v. (…)”

PERJUICIOS FISIOLÓGICOS/ Impedimento para ejecutar actos en la vida de relación debe ser relevante y permanente de lo contrario se tratará de un daño moral   

“Lo antes expuesto nos estaría indicando que no le asiste la razón a los reproches que el apoderado de las victimas ha formulado en contra del fallo opugnado, puesto que la frustración que sufrió la víctima durante el periodo en el que estuvo convaleciente para no poder practicar su deporte favorito es algo más bien propio de un daño moral subjetivado que de uno fisiológico, si partimos de la base (…) que el daño moral se caracteriza por el sufrimiento o el dolor, sea este físico o psicológico que el delito le causa a la víctima. Lo que en efecto aconteció en el presente asunto con el ofendido como consecuencia de esa supuesta aflicción o frustración que lo embargó de no poder practicar su deporte preferido.” 

RESPONSABILIDAD DEL LLAMADO EN GARANTÍA/ Imposibilidad de condenar a la compañía de seguros cuando con la conducta desempeñada por el asegurado se incurrió en causal de exclusión del amparo

“(…) se tiene que el conductor del rodante en desatención de las prohibiciones consagradas en el inciso artículo 72 del Código Nacional de Tránsito y Transporte, decidió remolcar a otro vehículo automotor, modificando de esa forma el uso del vehículo asegurado el cual no era otro diferente que el de transportar encomiendas (…)

(…) se incurrió en una serie de comportamientos que estaban por fuera de la cobertura de los riesgos pactados con La Previsora S.A. Compañía de Seguros, por lo que la compañía aseguradora no estaba llamada a responder por el llamamiento en garantía (…)

MEDIDAS CAUTELARES/ Imposibilidad de anular negocio sobre bienes implicados en el delito cuando no han sido objeto de medidas previas  

“Lo antes expuesto nos indicaría que acorde con la realidad procesal, al no existir ningún tipo de medida cautelar sobre el rodante de placas TKC-928, su propietaria válidamente podía llevar a cabo, sin restricción alguna, cualquier tipo de negociación sobre ese rodante sin importar que el mismo se encontrara implicado en la comisión de un delito culposo.

Citas: Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, sentencia de 12 de diciembre de 2005 -rad. 24011-. Doctrina: ARENAS, ANTONIO, Vicente, “Comentarios al Nuevo Código Penal” Tomo I. Parte General. Edición. Editorial Temis .1981; HENAO, Juan Carlos, “El Daño” 2ª reimpresión de la 1ª edición, Ediciones Universidad Externado de Colombia. 2007; Tamayo Jaramillo, Javier “La indemnización de perjuicios en el proceso penal” 2ª edición Editorial Legis. 2003. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA

Aprobado mediante acta # 711ª del 11 agosto de 2016 

Pereira (Risaralda), viernes doce (12) de agosto  del Dos mil Dieciséis (2016).
Hora: 08:18

Condenado: HUVER ARREDONDO TORO
Delito: Lesiones personales culposas
Rad. # 66001-60-00058-2008-00745
Asunto: Resuelve sendas alzadas interpuestas por los apoderados de la víctima y del 3º civil responsable en contra de providencia que resolvió un incidente de reparación integral
Decisión: Confirma fallo confutado

ASUNTO A DECIDIR:

Procede la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a desatar las sendas alzadas interpuestas tanto por el apoderado de las víctimas como por el representante judicial de la sociedad Transportes Saferbo S.A. en contra del fallo adiado el 28 de junio de los corrientes, proferido por el Juzgado 3º Penal Municipal de esta localidad, con funciones de conocimiento, en el cual fue resuelto un incidente de reparación integral promovido por la representación de las víctimas en contra del otrora Procesado HUVER ARREDONDO TORO y de unas personas naturales y jurídicas que fueron vinculadas a la presente actuación en calidad de terceros civilmente responsables. 

ANTECEDENTES:

Según se desprende del contenido de la actuación procesal, mediante sentencia adiada el 23 de septiembre del 2.013, la cual fue proferida por parte del Juzgado 3º Penal Municipal de esta localidad, con funciones de conocimiento, se declaró la responsabilidad criminal del entonces Procesado HUVER ARREDONDO TORO por incurrir en la comisión del delito de lesiones personales culposas, reato del cual fungía como víctima el joven EDISON CORTES GIRALDO. 

Como consecuencia de la declaratoria del compromiso penal endilgado a HUVER ARREDONDO TORO, el susodicho fue condenando a purgar una pena de 3 meses y 15 días de prisión, y a pagar una multa de 2,20 smmlv.

En lo que atañe con la ocurrencia de los hechos, se tiene establecido que los mismos acaecieron a eso de las 22:30 horas del 1º de abril del 2.008 en la avenida de las Américas de esta localidad, más exactamente en la entrada del barrio El Dorado, lugar en el cual la motocicleta de placas Q.T.A-05A piloteada por EDISON CORTES GIRALDO colisionó con un cable con el cual el vehículo tipo camión de placas TKC-928, conducido por HUVER ARREDONDO TORO, remolcaba a otro rodante que al parecer se había varado por dicho sector. 

Como consecuencia de dicho insuceso, el joven EDISON CORTES GIRALDO sufrió una serie lesiones en su integridad corporal, razón por la que le fue dictaminado un periodo de incapacidad médico legal definitiva de 50 días con secuelas, de carácter transitorias, de perturbación funcional del miembro superior izquierdo.  

SINOPSIS DE LA ACTUACIÓN PROCESAL:

­	Una vez ejecutoriado el fallo condenatorio y dentro de los términos de ley, el apoderado judicial de la víctima EDISON CORTES GIRALDO, procedió a impetrar el correspondiente incidente de reparación integral en contra del declarado penalmente responsable HUVER ARREDONDO TORO, de la Sra. MARÍA PATRICIA MEZA SANÍN, como propietaria del camión de placas TKC-928, y de la sociedad Transportes Saferbo S.A. por fungir como patrono del declarado penalmente responsable. 

­	Mediante audiencia celebrada el 29 de mayo del 2.014 el Juzgado del Conocimiento procedió a dar inicio al trámite incidental. En dicha vista de manera infructuosa se intentó que las partes en disputa llegaran a un acuerdo conciliatorio, razón por la que fueron escuchadas las pretensiones del accionante, quien reclamaba el pago de la suma de $77.616.000 por concepto de indemnización de perjuicios, discriminados de la siguiente manera: a) $3.696.000 por lucro cesante futuro; b) El equivalente a 50 y 20 s.m.m.l.v. pagaderos a la víctima y a su señora madre, por perjuicios morales; c) El equivalente a 50  s.m.m.l.v. pagaderos a la víctima por perjuicios fisiológicos. 

­	El 28 de agosto del 2.014 se llevó a cabo una nueva audiencia con la presencia de los terceros civilmente responsables, en donde nuevamente se intentó la conciliación. Asimismo en esa audiencia se solicitó el llamamiento en garantía de la sociedad La Previsoras S.A. Compañía de Seguros. De igual forma la victima llevó a cabo la enunciación de las pruebas que pretendía hacer valer en el trámite incidental.

­	 En sesiones celebradas los días 5 de junio de 2.015, 8 de febrero de 2.016 y 4 de abril de 2.016, se practicaron las pruebas solicitadas por las partes y se escucharon sus alegatos conclusivos, y luego el 28 de junio de los corrientes se profirió el correspondiente fallo en contra del cual se alzaron tanto el apoderado de las víctimas como el representante judicial de la sociedad Transportes Saferbo S.A.

LA PROVIDENCIA IMPUGNADA:

Se trata de la providencia adiada el 28 de junio de los corrientes, proferida por el Juzgado 3º Penal Municipal de esta localidad, con funciones de conocimiento, en el cual fue resuelto un incidente de reparación integral promovido por la representación de las víctimas en contra del otrora Procesado HUVER ARREDONDO TORO, la Sra. MARÍA PATRICIA MEZA SANÍN, la sociedad Transportes Saferbo S.A. y la sociedad La Previsora S.A. Compañía de Seguros, la cual fue llamada en garantía.  

En dicho fallo se declaró la responsabilidad civil extracontractual de los accionados HUVER ARREDONDO TORO, MARÍA PATRICIA MEZA SANÍN y de la sociedad Transportes Saferbo S.A. como consecuencia de los perjuicios irrogados a las víctimas por la comisión del delito de lesiones personales culposas, quienes de manera solidaria fueron condenados a pagar: a) Las sumas equivalentes a 6 y 3 s.m.l.v. por concepto de los perjuicios morales respectivamente infringidos a EDISON CORTES GIRALDO y a la Sra. LUZ DELLY GIRALDO; b) La suma de $689.454,oo a favor de la Sra. LUZ DELLY GIRALDO, por concepto de daño emergente.

De igual forma en la aludida sentencia no se accedieron a las pretensiones del incidentalista respecto del pago por indemnización por lucro cesante futuro y perjuicios fisiológicos. Asimismo se absolvió de cualquier tipo de responsabilidad civil a La Previsora S.A. Compañía de Seguros, quien fungía como llamado en garantía.

Los argumentos expuestos por la A quo para llegar a las anteriores conclusiones, básicamente fueron los siguientes: 

•	No estaban demostradas la pretensiones proferidas por el recurrente quien reclamaba el pago de la suma de $3.696.000,oo por concepto de lucro cesante futuro, puesto que no se acreditó la ganancia que dejó de percibir la víctima como consecuencia del insuceso, la cual para la época de los hechos tenía la edad de 16 años, fungía como estudiante y no desempeñaba ningún tipo de actividad laboral lucrativa que al dejarla de ejercer le impidieron que obtuviera ingresos por la suma de $3.696.000,oo. 

•	Respecto de los reclamos para que se pagaran respectivamente a la víctima EDISON CORTES GIRALDO y a la Sra. LUZ DELLY GIRALDO las sumas de 50 y 20 s.m.l.v. por concepto de los perjuicios morales que le fueron infringidos, la A quo fue de la opinión que no se aportó suficiente material probatorio que justificará el pago de esas sumas, aunado a que no se acreditó nada relacionado con la perdida de la capacidad laboral del agraviado, para de esa forma poder establecer el monto de la indemnización a la que haya lugar, por lo que al desconocerse la gravedad de la lesión ocasionada a las víctimas, la Jueza de primer nivel llegó a la conclusión que dichos perjuicios morales deberían ser tasados en las respectivas sumas de 6 y 3 s.m.l.v.

•	Sobre las pretensiones relacionadas con el pago de la suma equivalente a 50 s.m.l.v. por concepto de perjuicios fisiológicos, la Jueza de primer nivel para no acceder a las mismas adujo que las pruebas habidas en la actuación no demostraban que como consecuencia de los dolores, de los que se dice que el ofendido padeció, su vida de relación se haya visto afectada, disminuida o complicada, ni que haya tenido problemas para establecer relaciones con otras personas. 

•	En lo que atañe con los perjuicios materiales irrogados a la Sra. LUZ DELLY GIRALDO, la A quo expuso que en la actuación estaba demostrado que la aludida ciudadana le había cancelado a la señora YOLANDA LÓPEZ la suma de $689.454,oo por los cuidados que le prodigó al agraviado durante un mes. 

•	Sobre los motivos por los cuales se absolvió de cualquier tipo de responsabilidad civil a La Previsora S.A. Compañía de Seguros, la Jueza de primer nivel expuso que los hechos que concitaron el accidente: el remolcamiento de un automotor, se encontraban por fuera de las coberturas de las cláusulas del contrato de seguros suscrito por el llamado en garantía con la sociedad Transportes Saferbo S.A. por lo que a la compañía aseguradora no le cabria ningún tipo de responsabilidad por lo acontecido.

Finalmente, la A quo no accedió a la petición deprecada por el apoderado de las víctimas para que se declarará la nulidad de los negocios jurídicos que la Sra. MARTHA PATRICIA MEZA SANÍN había realizado sobre el vehículo de placas TKC-928 el cual le fue vendido a Transportes Saferbo S.A. el 1º de diciembre del 2.012, al argumentar que si bien era cierto que sobre ese rodante gravitaba las prohibiciones consagradas en los artículos 97 y 100 C.P.P  se desconocía si la propietaria de ese automotor había gestionado ante los Jueces de Control de Garantías su entrega definitiva, aunado a que en la actuación no existían elementos de juicio que demostraran que la Sra. MEZA SANÍN hubiese actuado dolosamente con la intención de insolventarse.  

LAS ALZADAS:

- El apoderado de las víctimas:

El apoderado de las victimas expresó su inconformidad con el fallo confutado en todo aquello que tiene que ver con la tasación de los perjuicios morales y la exoneración al resarcimiento de los perjuicios fisiológicos irrogados al ofendido. 

Sobre el primer tema de su discrepancia, argumentó el apelante que ellos cumplieron con la carga probatoria de demostrar la ocurrencia de los perjuicios morales, la Jueza de primer nivel se equivocó en la tasación de los mismos al tener en cuenta como referente un precedente jurisprudencial emanado del Consejo de Estado, el cual por proceder de otra jurisdicción no podía ser aplicado al presente asunto, máxime cuando existen suficientes precedentes de la Corte Suprema de Justicia que regulan el presente asunto.

De igual forma expuso el apelante que el Juzgado A quo al aplicar dicho precedente del Consejo de Estado como criterio para la tasación de los perjuicios morales, desconoció la normatividad consagrada en el Código Penal, la cual regula los criterios que deben ser tenidos en cuenta por el Juez, acorde con su libre albedrío, para tasar los perjuicios inmateriales y sus respectivos topes.

Asimismo, el recurrente alegó que con lo resuelto y decidido por la A quo se le impusieron unas cargas probatorias mucho más gravosas para la situación de su representado, quien no se encontraba en las condiciones económicas necesarias para poder sufragar los gastos que implicaban la obtención de una calificación laboral de riesgos de perdida de la capacidad laboral, la cual se tornaba en una prueba que se le exigió por parte de la A quo como necesaria para poder acreditar la existencia de los perjuicios morales, cuyo pago ellos reclamaron en el incidente. Lo que para el apelante iba en contra de los postulados de la gratuidad que son propios del proceso penal.

En lo que tiene que ver con la negativa de la A quo de no ordenar la indemnización de perjuicios por concepto de daños a la vida de relación, argumenta el recurrente que ese daño si tuvo ocurrencia, tanto es así que acorde con lo demostrado en el tramite incidental, como consecuencia del sufrimiento que al ofendido le generó ese daño fisiológico, el agraviado no le fue posible socializar con otras personas y por ende ejercer actividades sociales tales como hacer deportes o salir a reunirse con los amigos.  

Finalmente el apelante argumentó que de igual forma no compartía la decisión de la A quo de no ordenar la nulidad de los actos jurídicos relacionados con la venta del vehículo automotor implicado en el accidente, puesto que a pesar de existir una orden que prohibía su venta, la propietaria del mismo actuó de mala fe, ya que a pesar de saber de la existencia de tal prohibición procedió a vender el susodicho rodante.

- La representante del tercero civil responsable: 

La portavoz judicial de la empresa Transportes Saferbo S.A. hace saber su inconformidad con el fallo confutado respecto del reconocimiento de los perjuicios morales efectuados en favor de las víctimas, al manifestar que la Jueza de primer nivel incurrió en una contradicción, porque si para la deducción de los mismos se fundamentó en un precedente jurisprudencial del Consejo de Estado cuyos lineamientos establecían que era necesario la acreditación de la perdida de la capacidad laboral, y al no estar demostrado ese evento en el proceso puesto que la víctima no cumplió con la carga probatoria que le correspondía, resultaba ilógico que se pregonará en contra del tercero civilmente responsable condenas al pago de perjuicios morales.

Asimismo argumentó la apelante que la A quo se equivocó cuando exoneró de toda responsabilidad al llamado en garantía, ya que lo acontecido si hacia parte de las coberturas que amparaba la póliza de seguros, en atención a que la conducta del empleado de Transportes Saferbo S.A. no fue otra diferente que la de procurar la mitigación del riesgo o su disminución. 

LAS RÉPLICAS:

Durante el termino para argumentar como no recurrentes, los apoderados del Procesado y del llamado en garantía, prácticamente al unisonó manifestaron su deseo de declinar del ejercicio de dicho derecho en atención a que ambos se encontraban conformes con el contenido del fallo impugnado.

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

- Competencia:

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de una providencia de 1ª instancia, que según las voces del artículo 105 C.P.P. subrogado por el artículo 88 de la Ley 1.395 de 2.010, su naturaleza jurídica es similar a la de una sentencia, proferida por un Juzgado Penal Municipal que hace parte de este Distrito Judicial, la Sala Penal de Decisión de esta Colegiatura es la competente para resolver la presente alzada, según las voces del # 1º del artículo 34 C.P.P.  

Asimismo no se avizora la ocurrencia de ningún tipo de irregularidad sustancial o irrespeto de las garantías fundamentales que le asisten a los sujetos procesales que de manera negativa pueda incidir para que la Sala se abstenga de desatar el presente recurso de apelación y en su defecto proceda a decretar oficiosamente la nulidad de la actuación procesal.

- Problemas Jurídicos: 

Acorde con los argumentos esgrimidos por los apelantes en las sustentaciones de las alzadas y de lo alegado por parte de los no recurrentes, la Sala es del criterio que nos han sido planteados los siguientes problemas jurídicos:

¿Fueron cuantificados de manera correcta el monto de los perjuicios morales reconocidos en favor de las víctimas, o si por el contrario el quantum de los mismos debió tasarse en una suma superior?
 
¿Las lesiones infligidas en la humanidad de la víctima EDISON CORTES GIRALDO cumplían o no con los presupuestos para ser consideradas como daños a la vida de relación que ameritaban su resarcimiento por tal rubro?

¿Se cumplían con los presupuestos necesarios para que La Previsora S.A. Compañía de Seguros, en su calidad de llamado en garantía resarciera los perjuicios por cuya indemnización resultó condenada Transportes Saferbo S.A. en su condición de asegurada?  

¿Estuvo atinada la Jueza de primer nivel al no anular el contrato de compraventa del vehículo de placas TKC-928 suscrito entre la Sra. MARTHA PATRICIA MEZA SANÍN y la Sociedad Transportes Saferbo S.A.?

 - Solución:

1) Los cargos relacionados con la tasación del monto de los perjuicios morales reconocidos en favor de las víctimas. 

Mediante el presente cargo, los recurrentes expresan su inconformidad con lo resuelto y decidido por la Jueza de primer nivel respecto de la declaratoria de responsabilidad civil de los demandados para que resarcieran los perjuicios morales como la tasación de los mismos, siendo el escenario común en el que coinciden los recurrentes el relacionado con la aplicación de un precedente jurisprudencial emanado del Consejo de Estado, el que le sirvió de referente a la Jueza de primer nivel para proferir la decisión objeto de las sendas de alzada, en contra de la cual los apelantes han expresado su inconformidad en los siguientes términos: a) La apoderada del tercero civilmente responsable, ha argumentado que la Jueza de primer nivel al proferir una condena por el resarcimiento de los perjuicios morales, ha actuado de manera ilógica al contradecir lo que en verdad se quiso decir en ese precedente jurisprudencial, porque si para la tasación de los perjuicios morales se requería de la acreditación de la perdida de la capacidad laboral del agraviado, es obvio que si la víctima no acreditó tal circunstancia no procedía la declaratoria de responsabilidad para la indemnización de ese tipo de perjuicios; b) El portavoz de las victimas ha expuesto que ese precedente jurisprudencial por provenir de un área ajena a la del derecho penal, no era aplicable al caso en examen, máxime cuando existían precedentes emanados de la Corte Suprema de Justicia que establecían los criterios que se deben tener en cuenta para la tasación de los perjuicios materiales.

Al parecer la sentencia del 18 de agosto del 2.014. Rad. # 19971172-01-3170 de la Sección 3ª del Consejo de Estado.

Como punto de partida para resolver la anterior controversia, la Sala acudirá a los preceptos consignados en el artículo 230 de la Carta, los cuales nos indican que a la Jurisprudencia se le encomendó la misión de fungir como criterio auxiliar de la actividad judicial, por lo tanto las decisiones tomadas por las Altas Cortes válidamente se pueden erigir como fuentes subsidiarias del derecho, por lo que en la gran mayoría de las circunstancias esos precedentes jurisprudenciales deben ser acatados o  tenidos en cuenta por los Jueces al momento de resolver casos similares o afines, para de esa forma evitar una vulneración del derecho a la igualdad y del principio de confianza.

Es de anotar que en los eventos en los que el precedente jurisprudencial provenga de otra jurisdicción o de algunas de las especialidades de la jurisdicción ordinaria, el mismo será aplicable siempre y cuando tenga algún tipo de relación o afinidad con el tema en estudio. Así tenemos que en casos de delitos relacionados con el estado civil, es válido traer a colación precedentes de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que hagan acotación sobre el estado civil de las personas. También sucedería en los delitos contra la administración pública, en especial en todos aquellos relacionados con la contratación estatal, puesto que es válido acudir a precedentes del Consejo de Estado en los cuales se traten temas relacionados sobre la naturaleza del contrato, su extinción, subrogación, etc… que han suscitado el debate penal. 

Igual situación acontecería en el tema de la responsabilidad civil extracontractual, en especial con todo aquello que tiene que ver con la tasación de los perjuicios morales, puesto que el fallador de instancia bien puede acudir a los lineamientos jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado, los cuales válidamente se pueden aplicar en otras jurisdicciones, porque se trata de un mismo asunto que operaria a modo de común denominador: La responsabilidad civil extrapatrimonial, el cual ha sido tratado por una jurisdicción especial.

Lo antes expuesto nos hace concluir que en un principio no le asiste la razón a los reproches del apoderado de las victimas quien clamaba por la no aplicación del precedente jurisprudencial emanado del Consejo de Estado que le sirvió de fundamento a la A quo para la tasación de los perjuicios morales, puesto que, reitera la Sala, por tratase de una temática similar a la tratada en el incidente de reparación integral, eventualmente procedería la aplicación de dicho precedente.

Decimos que eventualmente dicho precedente podría ser aplicado, porque si bien es cierto que el mismo establece una serie de criterios que deben ser tenidos en cuenta para la tasación de los perjuicios morales acorde con la pérdida de la capacidad laboral del agraviado, para la Sala esas pautas solo deben ser aplicadas es para la evaluación de los perjuicios morales objetivados, mas no para los perjuicios morales subjetivados.  

Para llegar a la anterior conclusión, se hace necesario tener en cuenta que los perjuicios morales se dividen en “objetivados y subjetivados. Los primeros son de contenido patrimonial, mientras que los segundos afectan a la persona en esferas distintas a aquel……”.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del doce (12) de diciembre de 2.005.  Radicación # 24011. M.P. ALFREDO GÓMEZ QUINTERO.

Es de anotar que la característica esencial de los perjuicios morales subjetivados es su imposibilidad de cuantificación económica, pues se está en presencia de algo tan intangible y etéreo como lo es el dolor, la aflicción, la tristeza, el sufrimiento que la comisión del hecho dañoso le ha generado a una persona. Por ello para la tasación de esa clase de perjuicios, una vez que los mismos hayan sido demostrados, tanto la Jurisprudencia como la Doctrina le han dado cierto margen de acción a los Jueces, lo que ha sido denominado como arbitrio judicial, en virtud del cual el Juez, además de realizar un análisis desde la perspectiva de la víctima, debe ponderar, acorde con los postulados que orientan el principio de estricta proporcionalidad la naturaleza y gravedad del daño, lo cual le permitirá cuantificar a cuánto ascendería en dinero el dolor que este le ha causado a las víctimas del injusto.

Es de anotar que el concepto de víctima se debe entender acorde con la definición consagrada en el artículo 132 C.P.P.

Pero en los eventos en que el daño subjetivo trasciende la esfera interna de la víctima para de esa forma generar consecuencias patrimoniales que afectan la capacidad productiva o laboral de la persona, ahí estaríamos en presencia de los ya aludidos perjuicios morales objetivados, los cuales si son susceptibles de ser cuantificados económicamente.  

Frente a lo anterior, respecto a esta modalidad de daño moral, la Doctrina se ha expresado de la siguiente manera: 

“Consiste en el menoscabo patrimonial sufrido como consecuencia del trauma síquico causado por el delito. Es el mismo dolor moral del que acabamos de hablar pero solamente cuando tiene consecuencias materialmente dañosas de posible valoración económica. Es el caso, comúnmente citado, del profesional que moralmente deprimido por el delito, abandona o descuida sus actividades habituales que le proporcionaban lícitas ganancias, cuya evaluación es posible y la reparación económica perfectamente realizable………..”.

ARENAS, ANTONIO VICENTE: Comentarios al Nuevo Código Penal. Tomo I. Parte General, paginas # 573 y 574. 3ª Edición. 1.981. Editorial Temis.

Al aplicar lo anterior al caso en estudio, se puede concluir que la Jueza A quo se equivocó con la aplicación del precedente jurisprudencial traído a colación, puesto que al pretender la acreditación de la pérdida de la capacidad laboral del agraviado como requisito para la cuantificación de los perjuicios morales, erróneamente a la indemnización de los perjuicios morales subjetivados reclamados por la víctima se le dio un tratamiento de perjuicios morales objetivados, los cuales, como bien se dijo en párrafos anteriores, por ser susceptibles de cuantificación, si podían ser demostrados por ese medio de conocimiento, lo que no acontecería con el daño moral subjetivado por las razones ya expuestas con antelación.

Con base en lo anterior, la Sala concluye que para la cuantificación del daño moral subjetivado, siempre y cuando se haya demostrada la ocurrencia del mismo, solo bastaba con acudir a los criterios del arbitrio judicial, el cual a su vez debe ser respetuoso de los postulados del subprincipio de la estricta proporcionalidad, sin la necesidad de tener en cuenta los criterios de un precedente jurisprudencial que no tendría cabida en el caso en estudio, pues reiteramos dichos lineamientos  solo procedería en los eventos relacionados con la cuantificación de los perjuicios morales objetivados.  

En el caso en estudio se tiene que la A quo, como atinadamente lo arguyó en su alzada la apoderada del tercero civilmente responsable, se contradijo así misma al actuar de espaldas respecto de la razón de ser del precedente jurisprudencial que le sirvió de fundamento para su decisión, ya procedió a condenar a los incidentados a cancelar las sendas sumas equivalentes a 6 y 3 s.m.l.v. por concepto de perjuicios morales subjetivados ocasionados al ofendido EDISON CORTES GIRALDO como a su Sra. madre LUZ DELLY GIRALDO; pero para la Sala, acompañando en parte los reclamos del representante de las víctimas, dichas sumas de dinero, al aplicar los postulados del aludido principio de la estricta proporcionalidad, el cual en estos escenarios nos aconseja que para la tasación de los perjuicios morales subjetivados se debe tener en cuenta la gravedad y la connotación del daño, existiendo de esa forma una especie de relación de causalidad entre la  relevancia del daño y quantum  dado a los mismos, por lo que entre más grave sean los daños mayor será el valor de los perjuicios a resarcir.

El cual la Sala es de la opinión que no tendría cabida en el presente asunto.

En el caso en estudio, la Sala es de la opinión, al igual que lo aludido por el recurrente, que los perjuicios morales subjetivados tasados por la A quo en nada se compadecen con el dolor infringido al agraviado, el cual por reflejo afectó a su madre, si tenemos en cuenta que el hecho dañoso le generó un periodo de incapacidad médico legal definitiva de 50 días con secuelas, de carácter transitorias, de perturbación funcional del miembro superior izquierdo.  

Por lo tanto, la Colegiatura, aplicando los criterios del arbitrio judicial, es de la opinión que la cuantificación de una indemnización adecuada y proporcional al daño causado a los ofendidos debe ser la equivalente a 15 y 7 s.m.l.v. los cuales tanto el Procesado de otrora como los terceros civilmente responsables les correspondería resarcir por perjuicios morales subjetivados respectivamente al ofendido EDISON CORTES GIRALDO y a la Sra. LUZ DELLY GIRALDO.

Los salarios mínimos mensuales corresponderían a los que estaban vigentes para la fecha de los hechos, los que para el año 2.008 equivalían a la suma de $461.500,00.

Siendo así las cosas, la Sala modificará el fallo opugnado en el sentido que las sumas de dinero que el declarado penalmente responsable, HUVER ARREDONDO TORO, como la Sra. MARÍA PATRICIA MEZA SANÍN y la sociedad Transportes Saferbo S.A. los cuales fueron vinculados en calidad de terceros civilmente responsables, les tocaría resarcir a los Sres. EDISON CORTES GIRALDO y LUZ DELLY GIRALDO por concepto de daño moral subjetivado, respectivamente correspondería a la suma de dinero equivalente a 15 y 7 s.m.l.v.
 
2º) Los cargos relacionados con la negativa de indemnizar los perjuicios fisiológicos infringidos a la víctima EDISON CORTES GIRALDO.

Otro de los temas que fue objeto de la inconformidad expresada por el portavoz judicial de las víctimas, tiene que ver con la negativa de la Jueza de primer grado de condenar a los incidentados a indemnizar los perjuicios fisiológicos que la comisión del reato le causó al joven EDISON CORTES GIRALDO, quien en sentir del apelante sufrió un severo daño en su vida de relación, porque se vio privado de ejercer una serie de actividades que le eran placenteras, tales como jugar fútbol, relacionarse con otras personas, reunirse con sus amigos, etc.  

A fin de poder resolver el presente problema jurídico, la Sala acorde con lo debatido y probado en el incidente de reparación integral, hará un breve estudio de lo que debe ser entendido como perjuicios fisiológicos y qué tipo de daños a la integridad física de una persona tendrían las características para que los mismos puedan detentar las condiciones de daños a la vida de relación.

En un principio tenemos que los perjuicios fisiológicos o daños a la vida de relación se podrían denominar como aquellos que están relacionados con la mengua o la privación que sufre la víctima para llevar a cabo de manera definitiva una serie de actividades que hacen placentera la existencia de los seres humanos. 

Sobre el concepto de esta clase de perjuicios, y su diferencia con los morales, la Doctrina especializada ha dicho lo siguiente:

“Es de recordar que mientras que los perjuicios morales consisten en el dolor físico sufrido por la víctima, los perjuicios fisiológicos consisten en la pérdida de la integridad física o mental que le permiten a la víctima disfrutar de una existencia plena y placentera. No sobra advertir que la jurisprudencia civil y administrativa pacíficamente, en Colombia, admiten esta forma autónoma de indemnización, la cual puede coexistir con los perjuicios materiales y morales……”.

Tamayo Jaramillo, Javier: La indemnización de perjuicios en el proceso penal, paginas # 156 y 157. 2ª edición, 2.003. Editorial Legis. (Negrillas fuera del texto original).

Los anteriores conceptos nos estarían indicando que no toda lesión o daño que sufra la víctima de manera automática puede ser considerada como perjuicios fisiológicos, puesto que se hace necesario que tales lesiones tengan la capacidad, la entidad o la gravedad suficiente como para poder afectar de manera definitiva la vida de relación del agraviado, para de esa forma constituirse como una especie de barrera que le impida u obstaculice llevar a cabo ciertas actividades que conlleven la placentera relación con otras personas. Así tenemos por vía de ejemplo: a) La celebridad que le fascina acudir a reuniones sociales, tales como cocteles, fiestas, etc… que son conocidos como socialite, que como consecuencia de una cicatriz en el rostro le genera un trauma que repercuta para que se sienta imposibilitado de acudir a ese tipo de reuniones que le gustaban tanto; b) Los padres cuya razón de ser era la de pasar  tiempo con sus hijos ayudándolos en su proyecto de vida, y se les priva de ese placer o esa alegría con el asesinato de su prole; c) La joven promesa de un deporte, vg. Fútbol, beisbol, boxeo, que ante la amputación de uno de sus miembros sufre la frustración de no poder ejercer la actividad deportiva que se había tornado en la razón de su existencia. 

Sobre lo anterior, a fin de ofrecer mayor claridad, la doctrina especializada ha dicho de la siguiente manera: 

“El objeto de la tutela jurídica de este rubro del perjuicio lo constituye no ya el dolor causado por el hecho dañino, sino «la perdida de la facultad de realizar actividades placenteras de la vida» que, como se enuncia, tiene por lo demás las características de trascender en el tiempo al daño moral. Procede este rubro de perjuicio cuando la situación derivada del hecho dañino «muestra el cierre de muchas posibilidades futuras truncadas prematuramente, que no alcanzan a resarcirse en la forma tradicional, o sea con el pago de unos perjuicios materiales y morales. No; (sic) el perjuicio sufrido va mucho más allá, como lo destacó la sentencia del 6 de mayo de 1.993, que reivindica el derecho a la vida con todas sus expectativas, esperanzas y proyectos», para que se indemnice entonces a una persona que queda «privada de la alegría de vivir en igualdad de oportunidades con sus semejantes».

Es así que no es extraño que el campo de aplicación del daño fisiológico lo constituya el de daños físicos sobre la persona, tales como el de las personas que quedan inválidas, que pierden alguno de sus órganos, o que en general, sufren alguna lesión física. En todos estos eventos la lesión física supone la pérdida de oportunidad en el goce de la vida y la privación de vivir en igualdad de condiciones que los congéneres…….”.  

Henao, Juan Carlos: El Daño, paginas # 270 y 271. 2ª reimpresión de la 1ª edición, 2.007. Ediciones Universidad Externado de Colombia. (Negrillas fuera del texto original).

Tomado lo antes expuesto como punto de referencia, tenemos que al descender al caso subexamine, se tiene que el agraviado sufrió un daño en su integridad física que le ocasionó una incapacidad médico legal definitiva de 50 días con secuelas, de carácter transitorias, de perturbación funcional del miembro superior izquierdo, lo que en sentir del apoderado de las victimas le impidió la práctica del deporte del futbol, el cual se había constituido en uno de los placeres propios de la vida de relación del ofendido.

Pero si tenemos en cuenta, acorde con las citas doctrinales traídas a colación en los párrafos anteriores, que la naturaleza o razón de ser de los perjuicios fisiológicos radican en la frustración que sufre una persona ante la pérdida definitiva o absoluta de la integridad física o mental que le impiden llevar a cabo una vida de relación, por regla general es obvio que una persona que padeció unas secuelas de carácter transitorias no ha sufrido una pérdida de carácter definitiva de las oportunidades que le permitan tener una vida de relación, puesto que una vez superado el carácter de transitoriedad de dichas secuelas, puede proseguir con el disfrute de las actividades que le eran propias de su proyecto de vida. 

A lo anterior, se hace necesario adicionar que en muchas ocasiones un daño en la integridad física que genera un periodo de incapacidad médico legal transitorio o secuelas de igual carácter eventualmente podrían generar perjuicios fisiológicos, pero en esos eventos hay que analizar en conjunto la actividad de la víctima con la naturaleza de las lesiones y el periodo de incapacidad médico legal. Así tenemos por vía de ejemplo el caso de la modelo que tuvo un accidente que le generó secuelas de deformidad física que de manera provisional le afectan el rostro, lo cual, por temor a que le vean su deformidad, le impide tener relaciones sociales con otras personas. 
 
Luego, la Sala es de la opinión que como consecuencia de la naturaleza transitoria de las secuelas que se le dictaminó al ofendido, las mismas carecían de la suficiente relevancia y connotación como para generar un daño en su vida de relación, puesto que, reiteramos, en ningún momento se le cerró de manera definitiva las puertas para el disfrute de los placeres propios de su proyecto de vida, a los cuales bien podía acceder una vez hubiera superado el periodo de convalecencia propio de la naturaleza de las secuelas físicas de carácter transitorio. 

Lo antes expuesto nos estaría indicando que no le asiste la razón a los reproches que el apoderado de las victimas ha formulado en contra del fallo opugnado, puesto que la frustración que sufrió la víctima durante el periodo en el que estuvo convaleciente para no poder practicar su deporte favorito es algo más bien propio de un daño moral subjetivado que de uno fisiológico, si partimos de la base, como bien lo anotamos en párrafos anteriores cuando distinguimos ambos perjuicios, que el daño moral se caracteriza por el sufrimiento o el dolor, sea este físico o psicológico que el delito le causa a la víctima. Lo que en efecto aconteció en el presente asunto con el ofendido como consecuencia de esa supuesta aflicción o frustración que lo embargó de no poder practicar su deporte preferido. 

Siendo así las cosas, la Sala concluye que en el presente asunto la A quo estuvo atinada al no acceder a las pretensiones de la víctima para que se le reconocieran unas indemnizaciones por concepto de perjuicios fisiológicos.

3º) La obligación del llamado en garantía a pagar los perjuicios por los cuales fue condenado a resarcir el tercero civilmente responsable.
 
La apoderada judicial de la sociedad Transportes Saferbo S.A. la cual fue vinculada a la presente actuación en calidad de tercero civilmente responsable, expresó su inconformidad con la decisión de la A quo de desvincular a La Previsora S.A. Compañía de Seguros, porque en su sentir lo acontecido si hacia parte de las coberturas a las cuales la compañía aseguradora se había comprometido asumir como consecuencia de la suscripción de un contrato de seguros.

Para poder determinar si le asiste o no la razón a la recurrente, la Sala como punto de partida tendrá en cuenta que en efecto para la época de los hechos entre las sociedades Transportes Saferbo S.A. y La Previsora S.A. Compañía de Seguros, suscribieron un contrato de seguros de automóviles consignados en la póliza # 1017673, en virtud de la cual la aseguradora asumía la obligación de amparar y sufragar las indemnizaciones ocasionadas por una serie de riesgos, entre los cuales se encontraban los relacionados por la responsabilidad civil extracontractual por la muerte o lesiones a una persona.

Pero es de anotar que la obligación por ese amparo no era absoluta, puesto que en ese contrato se estipularon una serie de eventos riesgosos que se encontraban excluidos y que por ende no eran objeto de amparo, entre los cuales descollan los siguientes: 

•	Muerte, lesiones o daños a bienes de terceros causados por el remolque cuando no se encuentre enganchado al remolcador asegurado.

•	La modificación del uso del vehículo asegurado sin previo aviso de la compañía.

•	Culpa grave del conductor.

A lo anterior se hace necesario anotar que en materia contractual, para verificar si algunas de las partes han incumplido con las estipulaciones del contrato, el norte a seguir es lo reglamentado en las leyes civiles o comerciales en los casos de los contratos típicos, o en su defecto las cláusulas del contrato, las cuales son ley para las partes.

En el caso en estudio se tiene que el conductor del rodante en desatención de las prohibiciones consagradas en el inciso artículo 72 del Código Nacional de Tránsito y Transporte, decidió remolcar a otro vehículo automotor, modificando de esa forma el uso del vehículo asegurado el cual no era otro diferente que el de transportar encomiendas. Asimismo, al infringirse flagrantemente las disposiciones que regulan el remolque de vehículos, es obvio que el Procesado de otrora había incurrido en una conducta que se podría asimilar a la culpa grave.

La cual establece: “Solamente se podrán remolcar vehículos por medio de una grúa destinada a tal fin. En caso de una urgencia, un vehículo varado en vía urbana podrá ser remolcado por otro vehículo, sólo para que despeje la vía…”.

Tal situación es indicativa que por parte del conductor del vehículo afiliado a la Sociedad Transportes Saferbo S.A. y esta, se incurrió en una serie de comportamientos que estaban por fuera de la cobertura de los riesgos pactados con La Previsora S.A. Compañía de Seguros, por lo que la compañía aseguradora no estaba llamada a responder por el llamamiento en garantía, lo que a su vez deja sin fundamento todo lo dicho por la apelante en la alzada.

Siendo así las cosas, la Sala concluye que la A quo estuvo acertada en la determinación tomada en el fallo confutado, cuando decidió absolver de cualquier tipo de responsabilidad civil extracontractual a la Sociedad La Previsora S.A. Compañía de Seguros.

4º) La inconformidad del apoderado de las víctimas por la decisión de la A quo de no anular el contrato de compraventa del vehículo de placas TKC-928 suscrito entre la Sra. MARTHA PATRICIA MEZA SANÍN y la Sociedad Transportes Saferbo S.A.

El apoderado de las victimas disiente de la decisión tomada por la Jueza de primer nivel al no ordenar la nulidad de los actos jurídicos relacionados con la venta del vehículo automotor implicado en el accidente, el cual según el sentir fue efectuado por la Sra. MARTHA PATRICIA MEZA SANÍN de mala fe y con la intención de evadir su responsabilidad, puesto que ella actuó a sabiendas de la existencia de una orden que prohibía la venta de ese rodante. 

A fin de determinar si le asiste la razón o no a los reproches del recurrente, se debe tener en cuenta que en materia de delitos culposos, cuando los mismos son cometidos por naves, aeronaves, vehículos automotores o por cualquier unidad montada sobre ruedas, acorde con las voces de los artículos 100 del C.P. y del C.P.P. existe una modalidad especial del comiso, en virtud del cual el bien o el instrumento con el cual se perpetró el delito se constituye en prenda o garantía de la víctima o agraviado de la futura indemnización de los perjuicios que se les haya irrogado, por eso tales bienes pueden ser susceptibles de la medida cautelar de la suspensión del poder dispositivo reglamentada en el artículo 83 C.P. la cual es una medida cautelar real que no opera por ministerio de la ley, como al parecer lo quiere hacer ver el recurrente, puesto que se requiere que la misma sea decretada mediante pronunciamiento judicial. 

En el caso en estudio, se tiene que luego de una revisión del expediente contentivo de la presente actuación procesal, no se avizora ningún tipo de decisión en la cual se hayan ordenado la práctica de medidas cautelares sobre el vehículo de placas TKC-928. Es más, si analizamos la certificación expedida el 11 de octubre del 2.013 por parte de la Secretaria de Transporte y Transito de Itagüí, no se observa que sobre ese rodante gravite medida cautelar alguna. 

Lo antes expuesto nos indicaría que acorde con la realidad procesal, al no existir ningún tipo de medida cautelar sobre el rodante de placas TKC-928, su propietaria válidamente podía llevar a cabo, sin restricción alguna, cualquier tipo de negociación sobre ese rodante sin importar que el mismo se encontrara implicado en la comisión de un delito culposo.

Por lo tanto, concluye la Sala, contrario a los reclamos del apelante, que la Jueza de primer nivel procedió correctamente cuando decidió no acceder a sus pretensiones nulitatorias.

- Conclusiones:

Como conclusión de todo lo antes expuesto, la Sala confirmará parcialmente el fallo confutado en todo aquello que fue tema de impugnación, pero lo modificará en lo que tiene que ver con el reconocimiento de los perjuicios morales fallados en favor de los Sres. EDISON CORTES GIRALDO y LUZ DELLY GIRALDO, los cuales corresponderán, respectivamente, a las sumas de dinero equivalentes a 15 y 7 s.m.l.v. 

Finalmente, y como quiera que a la apoderada de la sociedad Transportes Saferbo S.A. no se le dio la razón en su alzada,   acorde con lo consignado en el artículo 365 C.G.P. se condenará en costas a dicho sujeto procesal, las cuales serán liquidadas por la Secretaría del A quo según lo prevé el procedimiento consagrado en el artículo 366 ibídem.

Mientras que en lo que corresponde con el apoderado de las víctimas, como quiera que parcialmente se le dio la razón a los reproches formulados en contra del fallo confutado, la Sala lo absolverá del pago de costas en sede de 2ª instancia.

En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de Decisión Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: Confirmar parcialmente en todo aquello que fue objeto de impugnación el contenido de la providencia adiada el 28 de junio de los corrientes, proferida por el Juzgado 3º Penal Municipal de esta localidad, con funciones de conocimiento, en el cual fue resuelto un incidente de reparación integral promovido por la representación de las víctimas en contra del otrora Procesado HUVER ARREDONDO TORO, la Sra. MARÍA PATRICIA MEZA SANÍN, la sociedad Transportes Saferbo S.A. y la sociedad La Previsora S.A. Compañía de Seguros, la cual fue llamada en garantía. 
 
SEGUNDO: Modificar el fallo confutado en el sentido que las sumas de dinero que por concepto de perjuicios morales subjetivados le correspondería resarcir de manera solidaria al declarado penalmente responsable, HUVER ARREDONDO TORO, la Sra. MARÍA PATRICIA MEZA SANÍN y la sociedad Transportes Saferbo S.A. a los Sres. EDISON CORTES GIRALDO y LUZ DELLY GIRALDO, correspondería a la respectiva suma de dinero equivalente a 15 y 7 s.m.l.v.

TERCERO: Condenar en costas a la sociedad Transportes Saferbo S.A. las cuales serán liquidadas por la Secretaría del A quo acorde con el procedimiento consagrado en el artículo 366 del C.G.P. De igual forma se absolverá a las víctimas del pago de tales rubros. 

CUARTO: Declarar que contra de la presente decisión por el monto de las cuantías de lo reclamado no procede el recurso de casación, salvo que la inconformidad lo sea por otra razón diferente que la pecuniaria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ
Magistrado