PRINCIPIOS DE INMUTABILIDAD DE LAS PROVIDENCIAS JUDICIALES/ Funcionario carece de competencia para modificar su propio fallo judicial

“(…) después del pronunciamiento de la sentencia, la Jueza de primer nivel ya había perdido competencia para hacer cualquier tipo de pronunciamiento que de manera directa o indirecta implicara la modificación o alteración de lo resuelto y decidido en el fallo de 1ª instancia, siendo lo único que le competía el decidir si concedía o no el recurso de apelación o su declaratoria de desierto.” 

MOTIVACIÓN DE PROVIDENCIAS JUDICIALES/ Ausencia de argumentación de las decisiones judiciales genera irregularidad que afecta el derecho al debido proceso de las partes  

“(…) se hace necesario adicionar la absoluta ausencia de motivación del proveído confutado, lo cual también ha conllevado con la violación del debido proceso, puesto que la Jueza de primer nivel en ningún momento le ofreció una explicación razonable y plausible a las partes del porqué como consecuencia de la declaratoria de extinción de la acción penal ya no era posible conceder un recurso de apelación que ya había sido interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de una providencia susceptible de ese medio de impugnación, ni de qué manera las consecuencias de la declaratoria de prescripción podrían retrotraerse para afectar actuaciones procesales que se habían surtido conforme al debido proceso.”

Citas: Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, sentencia de 21 de febrero de 2007 -rad. 25799- y de 23 de septiembre de 1998 -rad. 10341-.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

MANUEL YARZAGARAY BANDERA

AUTO INTERLOCUTORIO DE SEGUNDA INSTANCIA

Pereira, diecinueve (19) de Agosto de dos mil dieciséis (2016)
Hora: 09:55 
Aprobado por Acta No: 731 del 19 de agosto de 2016

Radicación:	66001 60 00058 2009 00178 01	
Acusado:	LIBARDO MORENO QUIGUANAS	
Delito:	Lesiones personales culposas en concurso homogéneo	
Asunto: 	Recurso de Queja	
Procede:	Juzgado Tercero Penal Municipal de Conocimiento Pereira	
Decisión:	Decreta nulidad parcial de la actuación procesal	

VISTOS:

Se procede a decidir lo concerniente al recurso de queja interpuesto por el apoderado de las víctimas en contra del proveído adiado el 25 de mayo hogaño proferido por parte del Juzgado 3º Penal Municipal de esta localidad, con funciones de conocimiento, mediante la cual, además de sobreseer el procedimiento por haber operado el fenómeno de la prescripción, no concedió el recurso de apelación interpuesto por el Letrado en referencia en contra de la sentencia proferida por ese estrado judicial en las calendas del primero de abril de 2016, en cuya virtud fue absuelto el señor LIBARDO MORENO QUIGUANAS de los cargos imputados por parte de la Fiscalía por incurrir en la comisión de los delitos de lesiones personales culposas.   

ANTECEDENTES:

Luego de tramitarse las etapas del proceso penal en contra del señor LIBARDO MORENO QUIGUANAS, por el delito de lesiones personales culposas en accidente de tránsito, según hechos ocurridos el día 23 de enero de 2009 en los cuales resultará lesionado el señor EDGAR ANTONIO VERGARA, la Jueza Tercera Penal Municipal dicta fallo absolutorio el día 1º de abril de los corrientes, decisión contra la cual se alzó el apoderado de la víctima quien sustentó dentro del término legal el recurso de apelación, en cuyo trámite intervinieron como no recurrentes tanto el apoderado judicial del encartado como el representante de la Fiscalía. 

Surtido los traslados para la sustentación del recurso de apelación y hacer uso del derecho de réplica, se tiene que la Jueza de Conocimiento al momento de determinar la concesión de la alzada, mediante providencia del día 25 de mayo de 2016, contrario a lo esperado, decidió no conceder el recurso de apelación impetrado por el señor representante judicial de la víctima y en su defecto declaró la extinción de la acción penal de la actuación adelantada en contra del señor LIBARDO MORENO QUIGUANAS, debido a que para el momento del anuncio del sentido del fallo ya había operado el fenómeno de la prescripción. 

Como consecuencia de la declaratoria del fenómeno prescriptivo, la Jueza de primer nivel procedió a no conceder el recurso de apelación que con antelación ya había sido interpuesto y sustentado de manera oportuna por parte del apoderado de las víctimas en contra de la sentencia absolutoria, la cual implícitamente termino siendo revocado.

DEL RECURSO:

En contra de dicha decisión, la Defensa interpuso recurso de reposición y en subsidio de queja el que sustentó de la siguiente forma: 

Después de realizar un recuento fáctico de los hechos génesis del proceso penal y una sinopsis del decurso actuarial de la causa, manifiesta que una vez la señora Jueza A quo profirió la sentencia absolutoria, sobre la cual se interpuso el recurso de apelación, le terminó la competencia funcional, con lo cual, lo único que le autorizaba la legalidad era remitir las diligencias al Tribunal para que se surtiera el recurso de alzada, pero profiere un acto ineficaz por medio del cual se decreta la prescripción de la acción penal lo que conllevó a la denegación del recurso de apelación.

Como argumento conclusivo sostiene que de haber operado el fenómeno prescriptivo, la providencia está viciada de nulidad por no poderse proferir ninguna actuación con posterioridad a la operancia del fenómeno prescriptivo.

Con ello solicita se revoque el auto por medio del cual se decretó la prescripción de la acción penal y se denegó el recurso de apelación   

De manera subsidiaria solicitó a esta Colegiatura se decrete la nulidad de la sentencia proferida el 1 de abril de 2016.  

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:
 
Factor de competencia:

Es competente esta Sala para emitir pronunciamiento en torno al recurso invocado, por los factores objetivo territorial y funcional, a voces de los artículos 34 y 179 literales A, B, C y D de la Ley 906 de 2004. 

Problema jurídico planteado:

Corresponde a la Corporación determinar cómo problema jurídico el siguiente: 
¿Se presentó violación al principio de inmutabilidad de la sentencia por parte de la A quo al proferir con posterioridad al fallo de fondo una providencia en la cual decretó el cese de procedimiento por haber operado el fenómeno extintivo de la prescripción de la acción penal?
 
Solución: 

De proemio la Sala advertirá que fue errada la decisión de la Jueza Tercera Penal Municipal de esta localidad, con funciones de conocimiento, al proferir una decisión con posterioridad a la expedición de una sentencia en la cual de contera implícitamente implicó la revocatoria de dicho fallo, puesto que con tal decisión se vulneró uno de los principios basilares que hacen parte del debido proceso como lo es el principio de la inmutabilidad de la sentencia por parte del Juez que la profirió, lo que en opinión de la Colegiatura ha viciado de nulidad la actuación procesal acorde con la hipótesis consagrada en el artículo 457 C.P.P. por socavar las bases estructurales del debido proceso.

Para llegar a la anterior conclusión se debe tener como punto de partida que el artículo 29 Constitucional enmarca un plexo de los principales derechos que conforman ese grupo de garantías que han sido conocidas como Debido Proceso, entre las que se encuentra el principio de la inmutabilidad e irreformabilidad de la sentencia por parte del mismo Juez que la profirió. 

La finalidad perseguida por este principio es la de procurar la credibilidad y la seguridad jurídica que emanan de las decisiones con las cuales se finiquita una actuación procesal, las que tienen fuerza vinculante tanto para el Juez como para las partes, razón por la que al Juzgador le está vedado revocar su propio fallo una vez que el mismo ha sido emitido. 

Pero es de anotar que dicho principio admite una serie de excepciones en virtud de las cuales el Fallador de Instancia puede subsanar aquellos involuntarios yerros en los que haya incurrido al momento de proferir el fallo siempre y cuando el acto de corrección no vaya a afectar o mutar la estructura o esencia de la sentencia o la ratio decidendi de la misma. Por ello tradicionalmente se ha establecido que los equívocos susceptibles de corrección, serían los siguientes: a) El error aritmético; b) El error en el nombre del procesado; y c) La omisión sustancial en la parte resolutiva de un tema tratado en la parte motiva del fallo.

Sobre este principio y las excepciones que le caben al mismo, de antaño la Corte se ha expresado de la siguiente manera:

“En virtud del principio de irreformabilidad de las sentencias consagrado en el artículo 211 del estatuto procesal penal, esta clase de decisiones judiciales no son susceptibles de ser modificadas ni revocadas por el órgano que las ha proferido, salvo que contengan un error aritmético, una imprecisión en el nombre del procesado, o una omisión sustancial en la parte resolutiva, en cuyos eventos la norma lo autoriza para hacer la enmienda o adición respectiva, oficiosamente o a instancia de los sujetos procesales…”.

La anterior línea de pensamiento se ha mantenido vigente como bien se desprende del siguiente precedente jurisprudencial:

 “Pues bien, constituye principio procesal universalmente reconocido que las providencias que le ponen fin a un proceso, no pueden ser modificadas por quienes las profirieron. Así lo establece el estatuto procesal penal que rige el caso (Ley 600 de 2000).

(…)

Sin embargo, cuando en dichas providencias se incluyen algunos errores u omisiones formales, que no afectan en su esencia o sustancia la decisión tomada, se permite que el funcionario que la dictó entre a hacer las correcciones necesarias, bien de oficio o a solicitud de parte. 

La finalidad del procedimiento de corrección de las sentencias es, en palabras del profesor Redenti, “... la simple rectificación de un desliz material involuntario (lapsus calami)”. En concepto del mismo profesor, esa corrección se diferencia de la reforma de la providencia en desarrollo de los recursos que caben contra ella, en cuanto que, en el evento de la corrección «la sentencia rectificada persiste sustancialmente en firme, semper eadem: en el segundo caso, se tendrá por otra sentencia, que servirá para determinar con su propia autoridad la suerte de la impugnada».

El sistema procesal penal que rige el caso sólo consagra en el ya citado artículo 412 mecanismos de corrección para remediar errores meramente formales en la elaboración de las sentencias que, como ya se advirtió, no pueden afectar la esencia de lo ya pronunciado. 

Así, estipula la norma que el juez podrá aclarar errores aritméticos, o del nombre de las personas a que se refiere la sentencia, y adicionar la misma por omisiones sustanciales en la parte resolutiva……..”.

Aspecto que es importante tener en cuenta es que en el estatuto procesal penal vigente, Ley 906 de 2.004, no se consagró de manera expresa el principio de la inmutabilidad e irreformabilidad de la sentencia como tradicionalmente acontecía en otros estatutos procesales penales abrogados. Pero tal omisión o silencio del legislador no quiere decir que dicho principio no haga parte de los procesos que se rigen por el sistema penal acusatorio, lo cual es una falacia puesto que tan lamentable error u olvido en el que incurrió el legislador hermenéuticamente puede ser enmendado con la aplicación de los principios de integración, consagrado en el artículo 25 C.P.P. y de coexistencia, los que avalan o autorizan para que el Juzgador o Interprete en aquellos eventos no regulados por el C.P.P. pueda acudir a otros estatutos procesales, en especial la Ley 600 de 2.000, que consagran tales materias preteridas, siempre y cuando no se opongan a la estructura del proceso penal de corte acusatorio.

Entre los estatutos procesales que por vía de remisión podrían suplir las falencias que aquejan a la Ley 906 de 2.004 en lo que atañe con el principio de inmutabilidad e irreformabilidad de la sentencia, encontramos la Ley 600 de 2.000 y el Código de Procedimiento Civil, los cuales de manera expresa si consagran el plurienunciado principio de la siguiente manera:

«Artículo 412 C.P.C. Irreformabilidad de la sentencia. 

La sentencia no es reformable ni revocable por el mismo juez o sala de decisión que la hubiere dictado, salvo en caso de error aritmético, en el nombre del procesado o de omisión sustancial en la parte resolutiva.

Solicitada la corrección aritmética, o del nombre de las personas a que se refiere la sentencia, la aclaración de la misma o la adición por omisiones sustanciales en la parte resolutiva, el juez podrá en forma inmediata hacer el pronunciamiento que corresponda».

«Artículo 309, Ley 600 de 2.000.  Aclaración. 

La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Con todo, dentro del término de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte, podrán aclararse en auto complementario los conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o que influyan en ella».

De todo lo antes expuesto, válidamente la Sala puede concluir que a pesar de ser un hecho cierto que en el actual Código de Procedimiento Penal no fue consagrado de manera expresa el principio de inmutabilidad e irreformabilidad de la sentencia, ello no quiere decir que ese precepto superior haya sido excluido del ordenamiento jurídico, porque tal omisión u olvido del legislador válidamente puede ser enmendado según lo ordenan otras bases de aplicación jurídica como la de integración y de coexistencia, al acudir a lo que al respecto consagran tanto la Ley 600 del 2.000 como el Código de Procedimiento Civil. 

Al aplicar lo anterior al caso en estudio del contenido de la actuación procesal se  desprende que con fecha 1º de abril del año en curso, la Jueza Tercera Penal Municipal, después de haber tramitado toda la etapa de juicio -en el proceso adelantado en contra de LIBARDO MORENO QUIGUANAS por el presunto punible de lesiones personales culposas - profirió sentencia en la cual no encontró mérito para atribuir responsabilidad penal al señalado por la Fiscalía, sentencia contra la cual - ante la inconformidad por parte del representante de víctimas - fue sujeta al recurso de apelación que se interpuso y sustentó en debida manera y en tiempo oportuno. 

Pero con posterioridad, una vez surtidas las fases procesales de la sustentación del recurso y del ejercicio del derecho de réplica por parte de los no recurrentes, cuando se esperaba que se procedería al análisis relacionado con la concesión o no del recurso, contra todos los pronósticos la A quo en las calendas del 25 de mayo de los corrientes procedió a proferir una providencia en la cual, además de declarar la extinción de la acción penal por haber operado el fenómeno de la prescripción decidió no conceder el recurso de apelación que en forma oportuna había sido interpuesto y sustentado en contra del fallo confutado. 

Es de anotar que uno de los efectos procesales que en la presente actuación generó el cese de procedimiento es que de manera implícita fue revocado el fallo que con antelación había proferido la Jueza de primer nivel el cual perdió absoluta y total vigencia ya que como consecuencia de la declaratoria de extinción de la acción penal se cayó por su propio peso al quedarse sin sustentos que lo cimentaran al mundo jurídico.

Para la Sala con lo acontecido se incurrió en una flagrante vulneración del aludido principio de la inmutabilidad de la sentencia, puesto que una vez proferido el fallo de primer nivel, la Jueza de Conocimiento había perdido competencia para modificarlo ya sea directamente o de manera indirecta como bien aconteció en el subexamine con la expedición de una providencia cuyos efectos consistieron en dejar sin efecto lo resuelto y decidido en una sentencia que se había tornado en inmodificable por parte del funcionario que la expidió. 

A lo anterior, se hace necesario adicionar la absoluta ausencia de motivación del proveído confutado, lo cual también ha conllevado con la violación del debido proceso, puesto que la Jueza de primer nivel en ningún momento le ofreció una explicación razonable y plausible a las partes del porqué como consecuencia de la declaratoria de extinción de la acción penal ya no era posible conceder un recurso de apelación que ya había sido interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de una providencia susceptible de ese medio de impugnación, ni de qué manera las consecuencias de la declaratoria de prescripción podrían retrotraerse para afectar actuaciones procesales que se habían surtido conforme al debido proceso.

Para la Sala, acompañando los reproches formulados por el apelante, como consecuencia de la aplicación del aludido principio de la inmutabilidad, después del pronunciamiento de la sentencia, la Jueza de primer nivel ya había perdido competencia para hacer cualquier tipo de pronunciamiento que de manera directa o indirecta implicara la modificación o alteración de lo resuelto y decidido en el fallo de 1ª instancia, siendo lo único que le competía el decidir si concedía o no el recurso de apelación o su declaratoria de desierto.

Por lo tanto al tener ocurrencia una serie de irregularidades sustanciales que han vulnerado las bases estructurales del debido proceso, puesto que se reitera se vulneraron los postulados de los principios de motivación de las providencias judiciales y de inmutabilidad de las sentencias por parte de quien las pronuncio, a la Sala no le queda otra opción diferente que la de decretar la nulidad de la presente actuación procesal a partir de la expedición de la providencia del 25 de mayo de los corrientes, y por ello una vez en firme el presente proveído se regresará el expediente a la Jueza de conocimiento quien deberá continuar el trámite normal del recurso de alzada. 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal,

RESUELVE:

PRIMERO: Decretar la nulidad de la presente actuación procesal a partir de la expedición de la providencia del 25 de mayo de los corrientes, en la cual se cesó procedimiento por operar la extinción de la acción penal como consecuencia del fenómeno de la prescripción.

Segundo: Como consecuencia de lo anterior se ordena devolver la actuación al Juzgado de origen para que se tomen los correctivos necesarios y se continúe con el trámite normal del recurso interpuesto por el apoderado de la víctima.

TERCERO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE:

MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado