El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala. 
Providencia:	Auto - 2ª instancia – 13 de marzo de 2017
Proceso: 		 Penal – Confirma liquidación de costas por concepto de expensas y agencias en derecho 
Radicación Nro. :	  	 66001 60000 35 2013 01367 02
Condenados: 		 DIEGO FERNANDO JIMÉNEZ Y ADRIANA PATRICIA PINZÓN GÓMEZ
Magistrado Sustanciador: 	 MANUEL YARGAZARAY BANDERA

Temas:			EXPENSAS. “[E]l recurrente reclama por concepto de expensas el pago de la suma de $ 1.398.877 por los tiquetes aéreos que tuvieron que sufragar para poder asistir a las vistas públicas programadas en las siguientes fechas: el 29 de octubre de 2.013, el 8 de noviembre de 2.013, el 18 de diciembre de 2.013 y el 15 de enero de 2.015.(…) Pero un análisis de los documentos aportados por el recurrente para acreditar el pago de tales emolumentos nos indican que estamos en presencia de comprobantes de pagos que ni siquiera cumplen con los requisitos exigidos por el artículo 617 del estatuto tributario para ser considerados como facturas de venta, sino de simples y meras reservas de los vuelos programado para las fechas aducidas por el recurrente, pero en momento alguno con tales documentos se demostraba que en verdad se hayan cancelado los costos de los correspondientes tiquetes aéreos. Por lo tanto, la Sala, acompañando lo resuelto y decidido por el A quo, es de la opinión que los documentos aportados por el recurrente solo demostraban el fenómeno de la reserva y que en ningún momento los mismos podían tener el carácter de comprobantes de pago o de facturas de compraventa de un servicio.”. LIQUIDACIÓN DE AGENCIAS EN DERECHO. “[E]n lo que corresponde a la tasación de las agencias en derecho, vemos que el A quo si cumplió a cabalidad con las directrices consagradas en el # 4º del articulo 366 C.G.P. ya que para determinar el monto de dichas costas acudió a los actos administrativos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura en los cuales se reglamentó la forma de cómo se deben tasar los honorarios de los abogados. Es más, la suma tasada por el Juez de primer nivel por concepto de honorarios profesionales se debe considerar como ajustada si nos atenemos a que estábamos en presencia de un caso de escasa complejidad, ya que el proceso se terminó de manera abreviada, en el cual prácticamente las victimas llevaba todas las de ganar, puesto que ya existía una sentencia en la que se declaró la responsabilidad criminal de los hoy reos, la cual por ministerio de la ley es fuente de responsabilidad civil.  Finalmente, en lo que corresponde a los reclamos que hacen los apelantes respecto a que sus honorarios profesionales deben corresponder a la suma de 12 s.m.m.l.v. según lo contratado con la sociedad Indega S.A., considera la Colegiatura que no son correctas dichas reclamaciones porque según el acuerdo que en tales términos los Letrados recurrentes pactaron con la sociedad de marras, se tiene que las erogaciones que a la sociedad les correspondía efectuar no era por las gestiones que sus apoderados adelantasen de manera específica en un asunto en concreto, en atención a que tales pagos corresponderían a aquellas gestiones que de manera genérica se iban a efectuar respecto de investigaciones que se tramitarían por delitos relacionados con la adulteración o falsificación de productos embotellados por “Indega” S.A. en diversas ciudades del país. En resumidas cuentas, considera la Sala que no le asiste la razón a los reproches del apelante, y en consecuencia la providencia opugnada debe ser confirmada.”.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA

Pereira, trece (13)   de marzo del dos mil diecisiete (2.017)
Acta No. 221
Hora: 9:20 a.m. 
Condenados: DIEGO FERNANDO JIMÉNEZ y ADRIANA PATRICIA PINZÓN GÓMEZ
Delito: Imitación o simulación de alimentos, productos o sustancias
Rad. # 66001 60000 35 2013 01367 02
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto en contra de providencia que aprobó la liquidación de expensas y agencias en derecho
Decisión: Confirma providencia confutada

ASUNTO A DECIDIR:

Procede la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a desatar el recurso de apelación que de manera subsidiaria fue interpuesto por los apoderados judiciales de la Industria Nacional de Gaseosas S.A. “Indega”, en contra de la providencia adiada el 18 de noviembre del 2.016, proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, en virtud de la cual se aprobó la liquidación de las costas, expensas y agencias del derecho, realizadas en esas mismas calendas por parte de la Secretaría del Juzgado A quo. 

ANTECEDENTES:

Acorde con lo consignado en la actuación procesal, se tiene establecido que los ahora reos DIEGO FERNANDO JIMÉNEZ y ADRIANA PATRICIA PINZÓN GÓMEZ, en las calendas del 13 de febrero del 2.014 fueron condenados por parte del Juzgado 3º Penal del Circuito de esta localidad a la pena de 45 meses de prisión y a pagar una multa equivalente de 270 s.m.l.m.v. como consecuencia de haber sido encontrados penalmente responsables de incurrir en la comisión del delito de imitación o simulación de alimentos, productos o sustancias, según hechos acaecidos el 22 de Marzo de 2013, calendas en las cuales se realizó una diligencia de allanamiento y registro en la primera planta de un inmueble ubicado en la Calle 69B # 26-25 de la ciudadela Cuba, lugar que era utilizado por los ahora condenados para reenvasar en botellas vacías las bebidas gaseosas de la marca Coca Cola y Postobón. 
SINOPSIS DE LA ACTUACIÓN PROCESAL:

­	Se inició un proceso penal por la presunta comisión del delito de imitación o simulación de alimentos, productos o sustancias, el cual, como consecuencia de la aprobación de un preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y la Defensa, finalizó mediante sentencia adiada el 13 de Febrero del 2014 emanada del Juzgado 3º Penal del Circuito de Pereira en la que fue declarada la responsabilidad criminal del Sr. DIEGO FERNANDO JIMÉNEZ y la Sra. ADRIANA PATRICIA PINZÓN GÓMEZ. 

­	Una vez ejecutoriado el fallo condenatorio y dentro de los términos de ley, el apoderado judicial de la víctima industria nacional de gaseosas S.A. procedió a impetrar el correspondiente incidente de reparación integral en contra de los declarados penalmente responsables DIEGO FERNANDO JIMÉNEZ y ADRIANA PATRICIA PINZÓN GÓMEZ.

­	El 6 de Agosto del 2015, el Juzgado 3º Penal del Circuito de Pereira resolvió el incidente de reparación integral promovido por el apoderado judicial de la víctima en contra de los procesados DIEGO FERNANDO JIMÉNEZ y ADRIANA PATRICIA PINZÓN GÓMEZ. En dicha providencia fue declarada la responsabilidad civil de los accionados como consecuencia de los perjuicios irrogados a la víctima Industria Nacional de Gaseosas S.A. por la comisión del delito de imitación o simulación de alimentos, productos o sustancias, quienes de manera solidaria fueron condenados a pagar la suma de $2.195.540.oo por lo siguiente: 

a)	Únicamente 2 de los documentos aportados como tiquetes aéreos contaban con respaldo del respectivo comprobante de pago o factura, estos son los fechados el 4 de Septiembre del 2014 y el 9 de Septiembre del 2014, por consiguiente se consideró viable sólo el reconocimiento de los 2 mencionados tiquetes por $695.540.oo.
b)	Respecto del reconocimiento de las indemnizaciones por concepto de perjuicios morales, se expresó que estas no podían ser satisfechas, por cuanto no hubo claridad de la vulneración al prestigio de la marca y no se aportaron pruebas que mínimamente allegaran en grado de convencimiento el detrimento a la imagen que esta emana, máxime cuando el argumento de reclamo del perjuicio tratado se dirigió a la Industria Nacional de Gaseosas S.A. y no a la imagen de Coca Cola como tal. En virtud de lo anterior, el A quo acudió al arbitrio judicial para tasar esos perjuicios, bajo la óptica de la discrecionalidad, en la suma de dinero equivalente a $1.500.000.oo, por el daño que pudo sufrir la imagen de la empresa víctima.

-	En contra de dicha decisión se alzó el apoderado de las víctimas, siendo esa apelación desatada por esta Colegiatura mediante fallo del  20 de Mayo del 2016, en el que se confirmó la providencia opugnada en todo lo que tenía que ver con la decisión de no acceder a condenar a los otrora Procesados DIEGO FERNANDO JIMÉNEZ y ADRIANA PATRICIA PINZÓN GÓMEZ a resarcir a las victimas la suma de $400.000.000,oo por concepto de lucro cesante. De igual forma se revocó tal providencia  en todo aquello que correspondía con las condenas impuestas a los reos para que indemnicen a las víctimas con el pago de la suma de $695.000,oo por concepto de daño emergente; y finalmente se ordenó que las costas fueran liquidadas secretarialmente de conformidad con el trámite reglado en el artículo 366 C.G.P. 
 
-	Una vez en firme la decisión de 2ª instancia, por Secretaría se procedieron a liquidar las costas, acto este que fue aprobado mediante providencia adiada el 18 de noviembre del 2.016, en contra de la cual el apoderado de las víctimas interpuso un recurso principal de reposición y uno subsidiario de apelación, siendo desatado el recurso horizontal por auto del 16 de diciembre del 2.016, en el cual no se revocó el provisto cuestionado y se concedió el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria. 

LA PROVIDENCIA IMPUGNADA:

Se trata de la providencia expedida el 18 de Noviembre del 2016 por el Juzgado 3º Penal del Circuito de Pereira, en la cual  se le imprimió aprobación a las costas procesales del incidente de reparación integral, las cuales fueron tasadas en la suma global de $2.074.448.oo, {2 s.m.m.l.v. del año 2.016} por concepto de expensas y agencias en derecho, según los siguientes montos: $1.378.908 por agencias en derecho, y $695.540,oo por expensas. 

Como se dijo en párrafos anteriores, dicha decisión fue objeto de un recurso de reposición que fue resuelto mediante auto adiado el 16 de diciembre del 2.016, en la cual el A quo mantuvo en firma el auto recurrido al exponer los siguientes argumentos:

•	Las agencias en derecho fueron tasadas de manera correcta acorde con las directrices emanadas del Consejo Superior de la Judicatura, a lo que se debería aunar que el recurrente en momento alguno adujo a la actuación prueba alguna que justificará un pago por tales emolumentos en la suma de $11.609.710,ooo

•	En materia de expensas, el recurrente solo pudo acreditar probatoriamente con 2 comprobantes de pagos los viajes que tuvo que hacer a esta ciudad para intervenir en la actuación procesal. Mientras que los otros documentos exhibidos solo correspondían a reservas aéreas, las cuales no se pueden asimilar a recibos de pagos.

LA ALZADA:

Alega el recurrente para expresar su inconformidad con lo resuelto y decidido por el A quo que para la tasación de las agencias en derecho no se tuvo en cuenta la existencia de un   certificado de honorarios, en el cual la empresa víctima reconoce a M&P ABOGADOS la suma de $11.609.710.oo por los servicios jurídicos prestados al representarlos en el transcurso del proceso.

De igual forma manifestó el recurrente que el A quo no tuvo en cuenta para la tasación de los honorarios las directrices del 366 C.G.P. ya que desconoció la gestión adelantada por los representantes de las víctimas a partir del 22 de marzo de 2.013, calendas en las cuales se llevó a cabo la diligencia de allanamiento y registro.

En lo que tiene que ver con las expensas, afirmó el recurrente que ellos pudieron demostrar con los documentos del caso las erogaciones que por vía aérea implicaron los desplazamientos de los letrados a las diferentes audiencias que se programaron en el proceso, los cuales corresponderían a un total de 6 tiquetes por un valor de $1.398.877.oo.

Con base en lo anterior, solicita el recurrente que se revoque el auto confutado y en consecuencia se condene solidariamente  a la Sra. ADRIANA PATRICIA PINZÓN GÓMEZ y al Sr. DIEGO FERNANDO JIMÉNEZ al pago de agencias en derecho y expensas por la suma de $13.008.587.oo.

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

- Competencia:

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de una providencia de 1ª instancia proferida por un Juzgado Penal del Circuito que hace parte de este Distrito Judicial, la Sala Penal de Decisión de esta Colegiatura es la competente para resolver la presente alzada, según las voces del # 1º del artículo 34 C.P.P. en consonancia con el # 5º del articulo 366 C.G.P.

-	Problema  Jurídico:

Acorde con la tesis de la discrepancia propuesta por el apelante, considera la Colegiatura que de la misma se desprende el siguiente problema jurídico:

¿Fue tasada en debida forma por parte del A quo la condena en costas por concepto de expensas y agencias en derecho, que le correspondería asumir a la parte vencida en el incidente de reparación integral? 

- Solución:

Para poder determinar si le asiste o no la razón a los reclamos formulados por el apelante, como punto de partida la Sala tendrá en cuenta los criterios plasmados en los # 8º y 4º de los artículos 365 y 366 C.G.P. que deben ser tenidos en cuenta al momento de la tasación de las expensas y agencias en derecho. 

Así tenemos que acorde con las normas antes enunciadas, en materia de expensas el criterio a ser tenido en cuenta tiene que ver con acreditación de la causación de las mismas; mientras que para las tasación de las agencias en derecho se debe de tener en cuenta son las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura en consonancia con factores tales como: la naturaleza, calidad y duración de la gestión llevada a cabo por el Letrado, la cuantía del proceso, su complejidad, etc… lo cual en momento alguno puede incidir para exceder los topes máximos de las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura.

En el caso subexamine vemos que el recurrente reclama por concepto de expensas el pago de la suma de $ 1.398.877 por los tiquetes aéreos que tuvieron que sufragar para poder asistir a las vistas públicas programadas en las siguientes fechas: el 29 de octubre de 2.013, el 8 de noviembre de 2.013, el 18 de diciembre de 2.013 y el 15 de enero de 2.015.
Pero un análisis de los documentos aportados por el recurrente para acreditar el pago de tales emolumentos nos indican que estamos en presencia de comprobantes de pagos que ni siquiera cumplen con los requisitos exigidos por el artículo 617 del estatuto tributario para ser considerados como facturas de venta, sino de simples y meras reservas de los vuelos programado para las fechas aducidas por el recurrente, pero en momento alguno con tales documentos se demostraba que en verdad se hayan cancelado los costos de los correspondientes tiquetes aéreos. Ello se debe a que por el simple hecho que una persona haya efectuado una reserva de un vuelo, no quiere decir que dicho acto necesariamente conlleve a la compra del correspondiente tiquete que le permita viajar, debido a que la reserva, como su nombre lo indica, implica es apartar un cupo en el avión para una fecha determinada. 

Por lo tanto, la Sala, acompañando lo resuelto y decidido por el A quo, es de la opinión que los documentos aportados por el recurrente solo demostraban el fenómeno de la reserva y que en ningún momento los mismos podían tener el carácter de comprobantes de pago o de facturas de compraventa de un servicio. 

Ahora, en lo que corresponde a la tasación de las agencias en derecho, vemos que el A quo si cumplió a cabalidad con las directrices consagradas en el # 4º del articulo 366 C.G.P. ya que para determinar el monto de dichas costas acudió a los actos administrativos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura en los cuales se reglamentó la forma de cómo se deben tasar los honorarios de los abogados.
Es más, la suma tasada por el Juez de primer nivel por concepto de honorarios profesionales se debe considerar como ajustada si nos atenemos a que estábamos en presencia de un caso de escasa complejidad, ya que el proceso se terminó de manera abreviada, en el cual prácticamente las victimas llevaba todas las de ganar, puesto que ya existía una sentencia en la que se declaró la responsabilidad criminal de los hoy reos, la cual por ministerio de la ley es fuente de responsabilidad civil. 

Finalmente, en lo que corresponde a los reclamos que hacen los apelantes respecto a que sus honorarios profesionales deben corresponder a la suma de 12 s.m.m.l.v. según lo contratado con la sociedad Indega S.A., considera la Colegiatura que no son correctas dichas reclamaciones porque según el acuerdo que en tales términos los Letrados recurrentes pactaron con la sociedad de marras, se tiene que las erogaciones que a la sociedad les correspondía efectuar no era por las gestiones que sus apoderados adelantasen de manera específica en un asunto en concreto, en atención a que tales pagos corresponderían a aquellas gestiones que de manera genérica se iban a efectuar respecto de investigaciones que se tramitarían por delitos relacionados con la adulteración o falsificación de productos embotellados por “Indega” S.A. en diversas ciudades del país.

En resumidas cuentas, considera la Sala que no le asiste la razón a los reproches del apelante, y en consecuencia la providencia opugnada debe ser confirmada.

Finalmente, y como quiera que al recurrente no se le dio la razón la alzada interpuesta, acorde con lo consignado en el artículo 365 C.G.P. se condenará en costas a dicho sujeto procesal, las cuales deberán ser liquidadas por la Secretaría del A quo según lo prevé el procedimiento consagrado en el artículo 366 C.G.P.  

Como anotación final, quiere la Sala hacer un llamado de atención al A-quo toda vez que revisado este asunto se constató que a pesar de que en la sentencia de segunda instancia proferida por esta Colegiatura el 20 de mayo de 2016, se dispuso en el numeral 4º condenar en costas al recurrente, tal liquidación no se realizó y por tanto no se cobraron las costas procesales correspondientes; por ende, se le solicita al señor Juez Tercero Penal del Circuito local, que en lo sucesivo este más atento a este tipo de asuntos. 

En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de Decisión Tribunal Superior de Pereira, 

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia emitida el 18 de Noviembre del 2016 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, en el cual se liquidaron las costas del proceso.

SEGUNDO: CONDENAR al apelante al pago de costas. 

TERCERO. Declarar que contra de la presente decisión no procede recurso alguno. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MANUEL YARZAGARAY BANDERA
                      Magistrado

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ
                Magistrado