El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente. 
El contenido total y fiel debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala. 
Providencia:  	Auto - 01 de septiembre de 2017 
Proceso: 			Penal - Define competencia
Radicación Nro. :	  		66001-6000-035-2014-03914-02
Procesado: 			MARCO ANTONIO MORALES CASTRO
Magistrado Sustanciador: 	 MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Tema: 			COMPETENCIA PARA RESOLVER SUSTITUCIÓN DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO. [E]l competente para resolver sobre las peticiones basadas tanto la Ley 1760 de 2015 como la Ley 1786 de 2016 y la sentencia C-221 de la Corte Constitucional, cuando dentro del proceso penal de quien invoca tal cosa ya se ha dictado sentido de fallo o sentencia de carácter condenatoria, y contra esta última se ha interpuesto recurso de apelación, quien debe decidir sobre ello  es el juez de primera instancia. Así las cosas, teniendo en cuenta que el Despacho que emitió la sentencia condenatoria en contra del señor MARCO ANTONIO MORALES CASTRO fue el Juzgado Tercero Penal del Circuito local, será entonces ese el competente para resolver la solicitud presentada por su defensor y que fuera la génesis del presente asunto.  

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

Magistrado  Ponente:
MANUEL YARZAGARAY BANDERA

AUTO INTERLOCUTORIO

Pereira, primero (1º) de 	septiembre de dos mil diecisiete (2017)
Hora: 3:30 p.m.            
Aprobado por Acta No. 881

Radicación:	66001-6000-035-2014-03914-02
Acusado:		Marco Antonio Morales Castro   
Delito:	Homicidio y porte de armas 
Asunto: 	Definición de Competencia
Procede:	Juzgado Tercero Penal del Circuito local  

VISTOS

Se pronuncia la Sala sobre la definición de competencias en relación con el asunto remitido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito local, ante la declaración de incompetencia que presentara el Juez Quinto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Pereira, para conocer de la solicitud de sustitución de medida de aseguramiento privativa de la libertad que presentara el defensor del señor MARCO ANTONIO MORALES CASTRO.

HECHOS Y ANTECEDENTES

El señor MARCO ANTONIO MORALES CASTRO en compañía del señor Joan Sebastián Echeverry Suárez fueron condenados el 20 de octubre de 2015 por parte del Juzgado Tercero Penal del Circuito a la pena principal de 480 meses de prisión por haberlos hallado responsables del delito de homicidio y porte de armas de fuego. Tal decisión fue apelada por los defensores de los procesados, correspondiéndole su conocimiento a este Despacho mediante reparto del 18 de noviembre de 2015, sin que hasta el momento se haya desatado el recurso. 

En virtud de la entrada en vigencia de la Ley 1760 de 2015 que fuera modificada por la Ley 1786 de 2016, el defensor del señor MORALES CASTRO, presentó ante los jueces de control de garantías solicitud para que a su representado se le concediera la sustitución de la medida de aseguramiento privativa de la libertad por una más benigna, razón por la que, siguiendo los lineamientos de esta Colegiatura para ese momento, le fue repartida al Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías local, quien fijó como fecha de realización de la audiencia de sustentación de la pedido el 31 de julio del año que transcurre; en la fecha señalada, se instaló la diligencia y antes de que el peticionario pudiera sustentar su pedido, el Juez señaló considerar que él no era competente para conocer de este asunto por cuanto a su parecer el procesado no se encuentra recluido en prisión como consecuencia de la imposición de una medida de aseguramiento, sino cumpliendo una pena privativa de la libertad que le fuera impuesta por un juez de categoría circuito al hallarlo responsable del delito que le endilgara la Fiscalía. En atención a ello, ordenó la remisión de la actuación para que fuera resuelta por el Despacho que lo condenó, esto es, el Juzgado Tercero Penal del Circuito local. 

Así las cosas, este asunto llegó al Juzgado del Circuito ya mencionado, cuya titular, mediante auto interlocutorio del 3 de agosto de este año determinó que ella no era competente para decidir lo pedido por la defensa de MARCO ANTONIO MORALES CASTRO, ya que con ocasión del proferimiento de la sentencia de constitucionalidad C-221 de 2017, la Sala Penal del Tribunal de Pereira, indicó que esa decisión no corresponde efectivamente a una causal de libertad por vencimiento de términos, sino a la causal de sustitución de medida de aseguramiento por vencimiento de términos. Aunado a ello, procedió a citar un aparte de la decisión adoptada por la Sala de Casación Penal de la C.S.J. dentro del radicado 49734 del 24 de julio de 2017, para con base en ello señalar, que tales pronunciamientos armonizados con los artículos 34 No. 8, 40, 153 y 154 No. 8 del C.P.P., dan a entender que la petición analizada debe ser resuelta por el juez de control de garantías. 

Por esas razones, la A-quo consideró que lo pertinente era remitir el asunto a la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira para que definan sobre la competencia para resolver lo pedido. 

CONSIDERACIONES

Competencia para conocer del asunto.

Esta Sala Penal es competente para definir la competencia planteada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia-Risaralda, en perfecto acatamiento del artículo 33, numeral 5 del Código de Procedimiento Penal 

El problema jurídico.

Dentro de este asunto debe determinar la Sala si el competente para decidir sobre la petición presentada por el defensor del procesado MARCO ANTONIO MORALES CASTRO con base en lo establecido en la Ley 1786 de 2016, es el Juez Quinto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías local o la Juez Tercera Penal del Circuito de Pereira dictó la sentencia de primera instancia que condenó a la procesada en mención. 

El caso concreto.

De acuerdo a lo dicho por el Juez Municipal como por la Juez Tercera Penal del Circuito, ambos de Pereira, al presentar sus argumentos del porqué consideran que no son competentes para resolver el pedido por el defensor del procesado, es deber de la Sala decir que si bien es cierto en el pasado dentro de este mismo tipo de asuntos, y ante la falta de claridad que existía sobre el tema ya referido, había sentado su posición asignando la competencia en cabeza de los Juzgados Penales Municipales, y afines, que cumplían funciones de control de garantías; sin embargo, tal postura debió de ser replanteada por cuanto en reciente pronunciamiento la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en providencia del 9 de agosto de 2017 dentro del proceso identificado como AP5052-2017 y con radicado 50861, zanjo el tema de la competencia para conocer y decidir sobre las solicitudes de sustitución de la medida de aseguramiento por alguna no privativa de la libertad, basadas en la Ley 1760 de 2015 que fuera modificada por la Ley 1786 de 2016; es por esa razón que esta Corporación en auto del 28 de agosto de este año, dijo:

“Como punto de partida, se hace necesario tener en cuenta que esta Colegiatura en el pasado reciente ha sido de la opinión consistente que esta clase de asuntos en los que se debatía todo lo relacionado con la sustitución de una medida de aseguramiento privativa de la libertad por otra no privativa de la libertad, como consecuencia del incumplimiento del plazo consagrado en el parágrafo 1º del articulo 307 C.P.P., era de competencia de los Juzgados Penales Municipales, y afines, que cumplían funciones de control de garantías, por lo que la 2ª instancia para resolver los recursos interpuestos en contra de lo decidido le correspondía a los Juzgados Penales del Circuito; pero en la actualidad esta Corporación debe variar su línea de pensamiento como consecuencia de una reciente decisión proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual se torna como precedente de obligatorio acatamiento, en la que al dirimir un conflicto de competencias zanjó el espinoso tema de la competencia para conocer sobre las mal llamadas peticiones de libertad provisional como consecuencia del incumplimiento de los plazos consagrados en el artículo 1º de la aludida Ley # 1.786 de 2.016, al establecerse que en aquellos eventos en los cuales se anunció el sentido del fallo o se profirió un fallo de 1ª instancia y el procesado se encuentra a la espera de que se defina su situación en sede de 2ª instancia, la competencia para resolver las peticiones de sustitución de medidas de aseguramiento le correspondería al Juzgado de Conocimiento que emitió la sentencia de primera instancia, de allí que ese Alto Tribunal indicara: 

“El anterior análisis normativo y jurisprudencial permite concluir lo siguiente:

(i)	El Juez con Funciones de Control de Garantías es competente, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° del artículo 154 y 317 de la Ley 906 de 2004para resolver la solicitud de prórroga de la medida de aseguramiento.

(ii)	La medida de aseguramiento tiene vigencia hasta el anuncio del sentido del fallo condenatorio o hasta la lectura de la sentencia, lo que dependerá de si el juez de conocimiento luego de anunciar el sentido del fallo realizó o no manifestación expresa acerca de la libertad del procesado, tal y como lo disponen los artículos 449, 450 y 451 de la Ley 906 de 2004.

(iii)	Si el acusado se encuentra restringido en su libertad en virtud de una medida de aseguramiento y en su contra se anuncia sentido del fallo condenatorio, de negársele cualquier beneficio liberatorio la privación de la libertad estará sujeta a lo señalado en el fallo que declara su responsabilidad penal y no en virtud de la medida cautelar personal, por cuanto sus efectos han cesado desde el anuncio del sentido del fallo o a partir de la lectura de la sentencia de condena.

(iv)	Como con el anuncio del sentido del fallo deja de surtir efectos jurídicos la medida de aseguramiento, es al Juez con Funciones de Conocimiento a quien le compete pronunciarse sobre la libertad del procesado, bien concediéndola ora restringiéndola, tal y como lo establecen los artículos 449, 450 y 451 de la Ley 906 de 2004.

(v)	En consecuencia, una vez pierde eficacia la medida de aseguramiento, el Juez con Funciones de Control de Garantías pierde competencia para pronunciarse acerca del derecho fundamental a la libertad y su restricción.”

Siendo así las cosas, como ya se dijo en párrafos anteriores, en acatamiento al precedente jurisprudencial emanado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, esta Corporación recogerá su anterior línea de pensamiento, y en consecuencia por ser el superior funcional del Juzgado que profirió la providencia apelada, acorde con lo establecido en el # 1º del articulo 34 C.P.P. sería la competente para resolver los sendos recursos de alzadas interpuestos por la Fiscalía y el Ministerio Público en contra del auto proferido el día 4 de julio de 2017 por parte del Juzgado Primero Penal del Circuito de esta localidad. “

A la luz de todo lo dicho hasta el momento, no queda duda entonces de que el competente para resolver sobre las peticiones basadas tanto la Ley 1760 de 2015 como la Ley 1786 de 2016 y la sentencia C-221 de la Corte Constitucional, cuando dentro del proceso penal de quien invoca tal cosa ya se ha dictado sentido de fallo o sentencia de carácter condenatoria, y contra esta última se ha interpuesto recurso de apelación, quien debe decidir sobre ello  es el juez de primera instancia. 

Así las cosas, teniendo en cuenta que el Despacho que emitió la sentencia condenatoria en contra del señor MARCO ANTONIO MORALES CASTRO fue el Juzgado Tercero Penal del Circuito local, será entonces ese el competente para resolver la solicitud presentada por su defensor y que fuera la génesis del presente asunto. 

Finalmente, quiere la Sala llamar la atención de la titular del Despacho con categoría circuito, a fin de que le aclare a los empleados a su cargo, que los conflictos de competencia deben ser remitidos a esta Colegiatura por intermedio de la Oficina de Apoyo al Sistema Penal Acusatorio y no de manera directa, como sucedió con el presente asunto, el cual llegó a este Despacho, junto con otros de competencia del Magistrado Jairo Ernesto Escobar Sanz, como si fueran unos simples oficios que informan sobre un trámite surtido dentro de un proceso, lo que ocasionó que no fueran atendidos dentro de un término prudencial; además del peligro que se corre de que los mismos se traspapelen o se pierdan afectando con ello el derecho al debido proceso de los solicitantes. 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Pereira,
RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR que la competencia para conocer y resolver sobre la sustitución de medida de aseguramiento pedida por el defensor del procesado MARCO ANTONIO MORALES CASTRO, recae sobre el Juzgado Tercero Penal del Circuito Pereira, por ser ese el Despacho que emitió la sentencia condenatoria en su contra.

SEGUNDO: ORDENAR, la remisión del expediente al Juzgado Tercero Penal del Circuito local, a fin de que su titular estudie y resuelva la petición en sede de primera instancia. 

Declarar que en contra de la presente decisión no procede recurso alguno.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

	
MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ
Magistrado