El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente. 
El contenido total y fiel debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala. 
Providencia:  	Auto – 2ª instancia – 14 de noviembre de 2017 
Proceso: 			Penal – Confirma negativa de libertad condicional
Radicación Nro. :	  		50001 3104 002 2008 00150 01
Procesado: 			JORGE FERNANDO GUAYABO PACHÓN
Magistrado Sustanciador: 	 MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Tema: 			NIEGA LIBERTAD PROVISIONAL POR GRAVEDAD DE LA CONDUCTA DELICTUAL. [E]s claro para este Juez Colegiado que aunque el A-quo no mencionó en su decisión la valoración que sobre la gravedad de la conducta delincuencial cometida por el señor JORGE FERNANDO GUAYABO PACHÓN, había realizado el juez que lo condenó en la sentencia, tal estimación si se dio y allí, como ya se vio, se dejó claro que la misma era grave y merecía un reproche social, lo que implica que los argumentos esgrimidos por el juez de ejecución de penas al respecto son válidos y tienen su génesis, tal como lo señala la jurisprudencia, en las consideraciones que al respecto hizo el Juez de conocimiento en su laudo condenatorio. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL  PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

Magistrado Ponente
MANUEL YARZAGARAY BANDERA

INTERLOCUTORIO DE SEGUNDA INSTANCIA

Pereira, catorce (14) de noviembre de dos mil diecisiete (2017)
Hora: 9:40 a.m.
Aprobado Acta No. 1226

Radicación No.:                      	50001 3104 002 2008 00150 01	
Procedente:	Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira	
Contra:  	Jorge Fernando Guayabo Pachón 	
Delito:  	Homicidio Agravado	
Decisión:	Se confirma el auto impugnado	

ASUNTO 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el Defensor del sentenciado JORGE FERNANDO GUAYABO PACHÓN, contra la decisión adoptada por el Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira,  del 10 de julio de 2017, por medio de la cual le negó el subrogado de libertad condicional.

ANTECEDENTES PROCESALES 

El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Villavicencio en sentencia calendada el 3 de diciembre de 2008, condenó a JORGE FERNANDO GUAYABO PACHÓN a la pena principal de 226 meses de prisión, al ser declarado penalmente  responsable del delito de homicidio agravado, negándole la suspensión condicional de la ejecución de la pena, razón por la cual se encuentra privado de la libertad desde el 5 de octubre de 2007. La verificación de la ejecución de la sanción actualmente le corresponde al Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira.

Desde el 23 de mayo de 2011, por parte de los distintos Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad que han tenido el proceso, se le ha venido reconociendo redención de pena al sentenciado que con la suma del tiempo físico que lleva privado de la libertad arroja un total de 140 meses de prisión.

En el mes de julio del año 2016, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio-Meta, le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria contra el cual no se interpuso recurso alguno.

El 10 de julio de los corrientes, el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira negó la solicitud hecha por la unidad de defensa de que se le concediera la libertad condicional como mecanismo sustitutivo de la pena, decisión que fue recurrida por el defensor  dentro del término para tal cosa.

El 20 de septiembre de 2017, el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, le concedió permiso al señor GUAYABO PACHÓN para trabajar. 

AUTO    IMPUGNADO

Como ya se anunció, se trata del auto interlocutorio proferido el 10 de julio de 2017 por parte del Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad local, por medio del cual se le negó al condenado JORGE FERNANDO GUAYABO PACHÓN la libertad condicional reclamada. 

Argumenta el A quo en su auto que si bien es cierto que el sentenciado ya cumplió el requisito objetivo, esto es, haber cumplido las 3/5 partes de la sentencia, además de evidenciarse un adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario, y demostrar arraigo social y familiar, aun sobrevive lo que respecta a la gravedad de la conducta cometida.

Aduce el A quo, que el señor JORGE FERNANDO GUAYABO PACHÓN, no es merecedor de la libertad condicional dada la gravedad de la conducta, toda vez que la forma como se ejecutó la misma, esto es en coparticipación criminal y haciendo uso de arma cortopunzante con la que le causaron la muerte a una persona solo por apoderarse de sus pertenencias y dinero, son comportamientos altamente censurables desde todo punto de vista por cuanto dejan ver que existe de su parte un irrespeto total por los bienes de los otros, incluyendo el más preciado de todos, esto es la vida.

De esa manera, consideró el A-quo que la valoración de la conducta punible por la cual fue condenado JORGE FERNANDO GUAYABO PACHÓN, se mantiene incólume, pues la misma no se ha degradado con el paso del tiempo, y que si bien es cierto él cumple con los demás requisitos exigidos por la ley, estos son concurrentes y no excluyentes, lo que quiere decir que debe ser satisfechos en su totalidad.
LA ALZADA 

Después de hacer algunas precisiones en torno a la concepción de lo que es la libertad condicional y analizar los requisitos que la ley tiene para que una condenado pueda acceder a ella, señala que esa valoración de la conducta punible que hace el juez de ejecución de penas, debe estar sometida y ser acorde a los términos en que esa gravedad de la conducta haya sido valorada por parte del juez de conocimiento en la sentencia condenatoria, como sustento de esta afirmación cita un aparte de la sentencia C-757 de 2014.

Con base en ese argumento, solicita el libelista que sea revocada la decisión adoptada por el Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad local y en consecuencia se le conceda a su representado la libertad condicional. 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

Competencia.

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 34, numeral 6º de la Ley 906 de 2004, esta Corporación es competente para resolver la alzada impetrada el abogado del sentenciado JORGE FERNANDO GUAYABO PACHÓN contra la decisión asumida por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira el pasado 10 de julio.

Planteamiento jurídico.

El problema jurídico se circunscribe a establecer si en el presente asunto se vulneró alguna garantía constitucional por parte del A-quo al negar el beneficio de la libertad condicional al condenado JORGE FERNANDO GUAYABO PACHÓN por considerar que la gravedad de la conducta punible por él cometida no permite que se conceda tal beneficio. 

Solución.

Analizado el auto que dio origen a la controversia hoy sometida a estudio se colige que el Sr. Juez A quo, negó el mecanismo sustitutivo de la pena de libertad condicional por considerar que la manera cómo sucedieron los hechos delictuales en que incurrió el procesado revisten una gran gravedad y merecen el mayor reproche social, pues con su actuar el procesado, de una manera que demuestra un total irrespeto por los bienes jurídicos de los demás ciudadanos, le quitó la vida, en compañía de otras personas, a un hombre solo para quitarles sus bienes y dinero. 

Con base en lo que antecede y frente a la valoración de la gravedad de la conducta que puede hacer el juez de ejecución de penas con el fin de conceder beneficios liberatorios a los procesados, como lo es la libertad condicional, es menester recordar que ello está establecido en el artículo 64 del C.P. como un beneficio altivo a la pena de prisión intramural, que el Estado le otorga a un condenado en la última fase de su condena, para que continúe este con el cumplimiento de la misma pero en libertad. Es por ello, que para hacerse acreedor a tal prerrogativa, el sentenciado debe cumplir tanto con los requisitos de tipo objetivo como subjetivo estipulados en el mencionado artículo, siendo los primeros, haber cumplido a la fecha de la solicitud las tres quintas (3/5) partes de la pena y tener un adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión, y el  segundo, el demostrar un arraigo familiar y social; pero adicional a ello, la norma también previó un requisito adicional y es el de la valoración de la gravedad de la conducta delictual del procesado, por parte del juez de ejecución de penas, por cuanto no todos los delitos afectan de la misma manera al conglomerado social, sin que con ello se quiera decir que este funcionario está realizando un nuevo juicio jurídico del comportamiento del condenado que se pueda traducir en una violación del principio de non bis in ídem. De allí que sea de valía recordar lo dicho de tiempo atrás por parte de la Corte Constitucional frente al tema:

 “(…) En los mismos términos, cuando la norma acusada dice que la libertad condicional podrá concederse previa valoración de la gravedad de la conducta, no significa que el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad quede autorizado para valorar la gravedad de la conducta. Lo que la norma indica es que dicho funcionario deberá tener en cuenta la gravedad del comportamiento punible, calificado y valorado previamente en la sentencia condenatoria por el juez de conocimiento, como criterio para conceder el subrogado penal.   (…)

En atención a lo anterior, la Corte Constitucional declarará exequible la expresión ‘previa valoración de la gravedad de la conducta punible’, contenida en el artículo 5º de la Ley 890 de 2004, que modificó el artículo 64 del Código Penal, pero para garantizar su correcta aplicación, la condicionará a que se entienda que la valoración que hace el Juez de Ejecución de Penas y Medidas d Seguridad debe estar acorde con los términos en que haya sido evaluada la gravedad de la conducta en la sentencia condenatoria, por parte del juez de la causa”.

Postura que fuera reiterada posteriormente por parte de esa misma Corporación en la sentencia C-757 de 2014, en donde señaló: 

“(…) Las valoraciones de la conducta punible que hagan los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad para decidir sobre la libertad condicional de los condenados debe tener en cuenta todas las circunstancias, elementos y consideraciones hechas por el juez penal en la sentencia condenatoria, sean éstas favorables o desfavorables al otorgamiento de la libertad condicional.”

Y más recientemente en la sentencia T- 019 de 2017, donde se dijo: 

“Al momento de estudiar los subrogados penales consagrados en la legislación, constituye una orientación para el juez el régimen de excepciones señalado en la ley, en la medida en que estas son un tamiz a efectos de verificar la gravedad de la conducta. Es así como tendrá relevancia las circunstancias y consideraciones efectuadas por el juez penal en la sentencia condenatoria, sean estas favorables o desfavorables al condenado, lo anterior, siguiendo el precedente de la Corporación en cuanto a que debe valorarse la conducta punible.

(…)

Asimismo, deberá el juez de conocimiento tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 64 del Código Penal, modificado por el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014, norma que consagra que el juez previa valoración de la conducta punible, concederá la libertad condicional a quien haya cumplido los siguientes requisitos: 1) que la pena impuesta sea privativa de la libertad; 2) que el condenado haya cumplido las 3/5 partes de ella;  3) que su buena conducta en el sitio de reclusión permita colegir al funcionario judicial que es innecesario seguir ejecutando la pena y 4) que se demuestre arraigo familiar y social, en la medida en que le resulte más favorable. Se agrega que la valoración de la conducta punible tendrá en cuenta el contenido de la sentencia condenatoria tanto en lo favorable como en lo desfavorable [52], lo que puede motivar la decisión que se adopte en uno u otro sentido.”

De esa manera, es evidente que tanto la Ley como la jurisprudencia han aceptado que el juez de ejecución de penas tenga en cuenta la gravedad de la conducta punible de un condenado, a fin de poder establecer si este es o no merecedor, desde todo punto de vista, de poder disfrutar del subrogado penal de la libertad condicional, pero limitando dicha valoración a lo que al respecto haya dicho el Juez de conocimiento al momento de proferir sentencia condenatoria. 

En ese orden de ideas, le asiste razón al defensor del señor GUAYABO PACHÓN al señalar tal tópico en su apelación, por cuanto al hacerse una lectura de la decisión adoptada por el Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad local, no se avizora que para hablar sobre la gravedad de la conducta delictual por él cometida, tal fallador acudiera a lo dicho frente al tema en la sentencia proferida en su contra por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Villavicencio-Meta, lo que a simple vista podría considerarse suficiente para revocar la decisión de instancia, sin embargo, es necesario indicar que revisado el fallo proferido por el Togado que emitió la sentencia en contra de GUAYABO PACHÓN, se encontró que si abordó el tema de la gravedad de la conducta desplegada por el procesado, diciendo: 

“En este orden de ideas, tenemos entonces que la naturaleza y manera como se desarrolló el ilícito atentatorio contra el principal derecho constitucional como es la vida, por lo que es evidente que el mismo reviste suma gravedad, pues se segó la vida a un indefenso ciudadano, aprovechando la confianza que este había depositado en uno de sus agresores, con quien se recuerda los unía una relación sentimental de pareja y por ello jamás llegó a pensar de la intención homicida que se había flagrado en su contra con sus demás compinches entre ellos el aquí acusado JORGE FERNANDO GUAYABO PACHÓN, lo cual denota la existencia de sentimientos mezquinos, insolidarios e indolentes, sin respeto por la vida humana, por lo que esta clase de delitos y la forma como ocurrieron los lamentables hechos merecen un reproche social; (…)”  subraya fuera de texto.

Así las cosas, es claro para este Juez Colegiado que aunque el A-quo no mencionó en su decisión la valoración que sobre la gravedad de la conducta delincuencial cometida por el señor JORGE FERNANDO GUAYABO PACHÓN, había realizado el juez que lo condenó en la sentencia, tal estimación si se dio y allí, como ya se vio, se dejó claro que la misma era grave y merecía un reproche social, lo que implica que los argumentos esgrimidos por el juez de ejecución de penas al respecto son válidos y tienen su génesis, tal como lo señala la jurisprudencia, en las consideraciones que al respecto hizo el Juez de conocimiento en su laudo condenatorio. 

Acorde con estas razones, la Corporación ratificará lo resuelto por el Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, en cuanto negó  la petición de libertad condicional realizada por el sentenciado JORGE FERNANDO GUAYABO PACHÓN.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Pereira, en Sala de Decisión Penal,

RESUELVE 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión proferida el 10 de julio de 2017 por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, por medio del cual se le negó la libertad condicional al señor JORGE FERNANDO GUAYABO PACHÓN, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. 

SEGUNDO: Devolver la actuación al Juzgado de origen, para que continúe con la ejecución de la sentencia.

TERCERO: Contra esta decisión no procede recurso alguno.

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado