El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso.
El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala.
Providencia:		Sentencia  – 2ª instancia – 27 de abril de 2018
Proceso:			Acción de Tutela – Entrega insumos sin orden médica – Confirma parcialmente
Radicación Nro. :		2018-00009-01
Accionante: 		Nueva EPS
Accionado:		Juzgado Segundo Civil Municipal de Dosquebradas y otro
Magistrado Ponente: 	DUBERNEY GRISALES HERRERA

Temas: 			AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS E INSUMOS RECLAMADOS SIN ORDEN MÉDICA Y LA CONFIGURACIÓN DE UN HECHO NOTORIO / ENTREGA DE INSUMOS Y OTROS / CONFIRMA PARCIALMENTE EL FALLO - Cuando se carece de documento que permita colegir, técnica o científicamente, la necesidad de lo que reclama un usuario, es necesario la intervención del juez constitucional con miras a impartir la orden que corresponda.

La CC ha considerado que los pacientes cuyas patologías conllevan síntomas, efectos y tratamientos que configuran hechos notorios ; como es el caso de las personas que han sido diagnosticados con pérdida del control de sus esfínteres; la solución suele ser paliativa y se circunscribe al uso de pañales desechables para hacer menos gravosa una perturbación funcional, difícilmente reversible.

Al efecto, en un caso similar a este asunto, señaló “(…) si bien los pañales no fueron ordenados por el médico tratante, la jurisprudencia de esta Corporación ha entendido que la necesidad de los mismos para quien padece incontinencia, ‘es un hecho notorio’  que no necesita de una orden médica que respalde la necesidad del suministro  (…)” .

Por lo anterior, el juez de tutela para procurar la atención médica de un paciente y velar por la protección de sus derechos fundamentales a la vida digna, debe valorar cada caso en concreto, y de ser necesario, prescindirá de la prescripción médica para procurarle el acceso a una prestación que necesita, pues, de lo contario, serían funestas las consecuencias para mitigar el daño ocasionado por la ausencia del elemento pretendido, no puede ello ser un obstáculo para amparar la aludida garantía constitucional.
(…)
Por lo tanto, como en el sub lite el agenciado necesita el suministro de esos insumos, se expedirá la respectiva orden. Sin embargo, como faltan pruebas que determinen la cantidad, calidad y frecuencia requeridas, se dispondrá que el médico tratante, las precise previamente.

Así las cosas, atendiendo las premisas legales y jurisprudenciales anotadas, estima esta Sala que se han vulnerado los derechos fundamentales invocados, ya que la entidad accionada, por el hecho de la afiliación y por hacer parte del sistema que debe garantía del derecho a la salud (Ley 1751), es la encargada de que los servicios se presten con eficiencia, continuidad y calidad, sin que pueda alegarse ningún tipo de exclusión (Artículo 15). Además que para el caso, la negativa en la entrega de los pañales y demás elementos es inaceptable, dada la condición de persona de especial protección constitucional que tiene el actor.

De otro lado, como de los documentos allegados al presente trámite se extrañan las órdenes del médico tratante relacionadas con la carga con mayor frecuencia de la bala de oxígeno, puesto que es insuficiente para los tres (3) meses que se provee, es inviable acceder a esta pretensión, en atención a que no se trata de un hecho notorio. Pese a esto, sí se dispondrá que la entidad accionada realice la evaluación correspondiente para establecer si debe modificarse la frecuencia de carga y, en caso de ser así, la efectúe tal como lo disponga su galeno tratante. Criterio que de vieja data expuesto la CSJ  y que esta Corporación ha acogido en sus decisiones . 

Por  último,  no  comparte  la  Sala  el  argumento planteado en la impugnación, para que se tengan en cuenta los gastos en que incurrió la agenciante para el mejoramiento de vivienda y el  incremento del consumo de energía, por cuanto se trata de circunstancias ajenas al servicio de salud, tienen un carácter estrictamente económico, de tal suerte que el amparo es improcedente en este aspecto en particular.

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA DE DECISIÓN CIVIL –FAMILIA – DISTRITO DE PEREIRA
DEPARTAMENTO DEL RISARALDA

		Asunto			: Sentencia de tutela en segunda instancia
		Accionante (s)		: Juan Nepomuceno Ramírez González
		Agente oficiosa	: María Eugenia Ramírez Pulgarín
		Accionado (s) 		: Nueva EPS 
		Litisconsorte (s)	: Audifarma SA
		Radicación		: 2018-00009-01 
		Temas			: Salud - Tercera edad - Servicio de salud sin órdenes médicas
		Despacho de origen	: Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira
Magistrado Ponente	: Duberney Grisales Herrera
Acta número		: 98 de 09-04-2018

Pereira, R., nueve (9) de abril de dos mil dieciocho (2018).

1.	EL ASUNTO POR DECIDIR

La impugnación formulada dentro de la acción constitucional referida, luego de surtida la actuación de primera instancia, sin avistar nulidades que la invaliden.

2.	LA SÍNTESIS FÁCTICA

Se relató que el accionante de 92 años padece “(…) EPOC, HTA, HIPOTIROIDISMO, ERC IIIB, HPB, SECUELAS ECV PERMANENTES, NEUMONÍA, FRAGILIDAD Y ER:3 (…)”; el médico tratante ordenó “(…) HOSPITALACIÓN EN CASA, OXÍGENO PERMANENTE E INHALADOR BUDESONIDA + F (…), sin que la EPS haya prestado las asistencias, así como tampoco ha entregado los pañales, pañitos y crema antipañalitis requeridos, ni autorizado el servicio de enfermera y/o cuidador solicitados desde el 06-12-2017 (Folios 2 a 5, cuaderno No.1).

3.	LOS DERECHOS INVOCADOS 

Se estiman vulnerados los derechos a la salud en conexidad con vida digna y el mínimo vital (Folio 2, cuaderno Nº.1).

4.	LA PETICIÓN DE PROTECCIÓN
Pretende que se ordene al accionado (i) Suministrar pañales, pañitos, crema antipañalitis, guantes y jeringas; (ii) Entregar el inhalador “Budesonida + F, autorizado con orden No.98101886; (iii) Recargar la bala de oxígeno con la frecuencia debida; (iv) Autorizar el servicio de enfermera o cuidador; y, (v) Brindar la atención integral (Folio 4, cuaderno No.1).

5.	RESUMEN DE LA CRÓNICA PROCESAL

Con providencia del 05-02-2018 se admitió, se vinculó a quien estimó pertinente, se decretó medida provisional para la entrega del medicamento “Budesonida + F”, entre otros ordenamientos (Folio 7, ibídem). Fueron notificados los extremos de la acción (Folios 8 a 10, ibídem). Contestó Audifarma SA (Folio 11 a 15, ibídem). Se profirió sentencia el 16-02-2018 (Folios 16 a 21, ib.) y como fuera impugnada por la parte actora, fue remitida a este Tribunal (Folio 29, ib.).

Con el fallo se concedió parcialmente el amparo constitucional y se ordenó a la Nueva EPS prestar el servicio de auxiliar de enfermería domiciliaria, previa valoración médica, y el tratamiento integral, porque consideró en riesgo la salud y vida del accionante que es una persona de especial protección constitucional (Folios 16 a 21, ib.). 

Se quejó  la agente oficiosa del actor, porque la sentencia opugnada carece de análisis en lo que respecta a los gastos en que se incurrió para adecuar la habitación donde su progenitor será atendido; además, sobre la carga del oxígeno que ha originado el incremento de energía en el inmueble; la entrega del medicamento “Budesonida + F”, y los insumos requeridos (Pañales, pañitos, cremas, entre otros) (Folios 26 a 27, ib.). 

6.	LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA DECIDIR

6.1.	La competencia funcional. Esta Corporación está facultada en forma legal para desatar la controversia puesta a su consideración, por ser la superiora jerárquica del Juzgado que conoció en primera instancia (Artículo 32 del Decreto 2591 de 1991).

6.2.	El problema jurídico a resolver. ¿Es procedente confirmar, modificar o revocar la sentencia del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, que tuteló parcialmente los derechos del accionante, conforme al escrito de impugnación. 

6.3.	Los presupuestos generales de procedencia

6.3.1.	La legitimación en la causa
Por activa se cumple porque el señor Juan Nepomuceno Ramírez González está afiliado al régimen contributivo en salud, a través de la Nueva EPS (Folio 11, ib.).

La señora María Eugenia Ramírez Pulgarín está legitimada para promover este amparo en favor de su agenciado, dada la debilidad manifiesta por su avanzada edad y sus padecimientos actuales “ACV ISQUÉMICO TALÁMICO IDO, NEUMONÍA SCA TIPO I, HIPOTIROIDISMO, EPOC IRU” (Folios 7 a 9, disco compacto visible a folio 1, ib.); encuadra la situación en lo dispuesto por la doctrina sobre el tema, al justificar la figura en comento, cuando hay “(…) severas dificultades de movilización, por edad y/o por condiciones de salud, todo lo cual torna verosímil la imposibilidad física para ejercer por sí mismo la defensa de sus derechos fundamentales (…)”.

Y por pasiva, la Nueva EPS, porque es la entidad encargada de brindar los servicios de salud. Respecto de Audifarma SA es el proveedor de los servicios farmacéuticos de la accionada.

6.3.2.	La subsidiariedad e inmediatez 

La jurisprudencia tiene establecido que (i) La subsidiariedad o residualidad, y (ii) La inmediatez, son exigencias generales de procedencia de la acción, indispensables para conocer del fondo las solicitudes de protección de los derechos fundamentales.

Este último supuesto está satisfecho, pues la acción se presentó dentro de los seis (6) meses siguiente a los hechos violatorio, que es el plazo general, fijado por la doctrina constitucional, pues la órden del medicamento “Budesonida + F” , como la prestación del servicio de enfermería datan del 08-11-2017 y 23-11-2017 (Folios 2 y 10, disco compacto obrante a folio 1, ib.) y la tutela se presentó el 02-02-2018 (Folio 6, ib.).

Respecto a la subsidiariedad debe indicarse que la acción es viable siempre que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, de tal manera que no se sustituyan los mecanismos legales ordinarios. Esta regla tiene dos (2) excepciones que guardan en común la existencia del medio judicial ordinario: (i) La tutela transitoria para evitar un perjuicio irremediable; y (ii) La ineficacia de la acción ordinaria para salvaguardar los derechos fundamentales del accionante. 

En el sub examine, el accionante no cuenta con otro mecanismo diferente a esta acción para procurar la defensa de los derechos invocados. Por consiguiente, como este asunto supera el test de procedencia, puede examinarse de fondo.

6.4.	El derecho a la salud como fundamental 

A la luz del artículo 49 de la CP, el Estado tiene la obligación de garantizar a todas las personas “(…) el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud (...)”. La CC en su jurisprudencia reconoció el carácter fundamental del derecho a la salud, en el que señala que toda persona tiene el derecho constitucional a que se le garantice el acceso efectivo a los servicios que requiera; esto es, servicios indispensables para conservar su salud, cuando se encuentre prometida gravemente su vida, su integridad personal, o su dignidad. 

Así también lo entendió el legislador, al expedir la Ley 1751 que regula el derecho fundamental a la salud y lo estableció como un derecho autónomo e irrenunciable, que enmarca entre otros los principios de universalidad, equidad, eficiencia. Por ende, la acción de tutela continúa siendo un medio judicial idóneo para defenderlo.

6.5.	La protección especial para adultos mayores y personas de las tercera edad  

El amparo del derecho a la salud del Estado, es especial cuando se trata de personas en condiciones de debilidad por factores como la edad, una discapacidad física o mental, pertenencia a comunidades indígenas o minorías étnicas, religiosas, condición de pobreza o indigencia, género, o hallarse privado de la libertad.

En este caso el actor podría calificarse como adulto mayor o de la tercera edad, pues si bien, la doctrina ha discurrido sin constancia sobre el tema, en cualquiera de las dos condiciones:

...el Estado deberá protegerlas en razón de que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, pues se ven obligadas a "afrontar el deterioro irreversible y progresivo de su salud por el desgaste natural del organismo y consecuente con ello al advenimiento de diversas enfermedades propias de la vejez, razón por la cual se deberán garantizar todos los servicios relativos a salud que ellos requieran.

En virtud de ello, esta Corte ha estimado que el derecho a la salud de estos sujetos, es un derecho fundamental que reviste mayor importancia por el simple hecho de tratarse de personas de la tercera edad, como consecuencia de la situación de indefensión en que se encuentran...

En todo caso, el criterio último adoptado, es el objetivo basado en la superación de la expectativa de vida, según certificación del DANE, al que debe añadirse, dice la Corte, que: "(...) la consagración del presente criterio objetivo, fue concebido a modo de presunción es decir que admite prueba en contrario, por tanto NO CONSTITUYE LA ÚNICA VÍA PARA CONCRETAR LA PROTECCIÓN NI QUE POR EL SIMPLE HECHO DE CUMPLIR CON LA EDAD REQUERIDA pudiera obtener lo que quisiera mediante acción tutela (...)". (Las versalitas son propias de esta decisión).

6.6.	Los requisitos para la autorización de los servicios e insumos excluidos del Plan Obligatorio de Salud (POS), hoy Plan de Beneficios en Salud (PBS)

Conforme al derecho fundamental a la salud, las entidades prestadoras de salud y al Estado, les corresponde brindar a sus usuarios una cobertura tal, que la prevención, tratamiento, recuperación o atenuación, según el caso, de las diferentes patologías que los aquejan y sus correspondientes efectos, tenga respaldo en la materialización de la prestación de dichos servicios, y no en meras expectativas carentes de fundamento práctico.
 
Es así, que cuando el médico tratante considera que un paciente requiere la prestación de servicios médicos, la realización de procedimientos o el suministro de medicamentos e insumos, sin que estén o no incluidos en el PBS, la entidad prestadora está en la obligación de proporcionárselos.

Sin embargo, en este último evento, se deben verificar una serie de reglas, establecidas por la Corte: “(…) (i) la falta del servicio médico vulnera o amenaza los derechos a la vida y a la integridad personal de quien lo requiere; (ii) el servicio no puede ser sustituido por otro que se encuentre incluido en el plan obligatorio; (iii) el interesado no puede directamente costearlo, ni las sumas que la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio se encuentra autorizada legalmente a cobrar, y no puede acceder al servicio por otro plan distinto que lo beneficie; y (iv) el servicio médico ha sido ordenado por un médico adscrito a la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio a quien está solicitándolo (…)”

Así las cosas, el juez de tutela deberá verificar en cada contexto particular si se cumplen estos presupuestos, para que una vez comprobados pueda ordenarse a la EPS la prestación de los servicios asistenciales.

6.7.	Autorización de servicios e insumos reclamados sin orden médica y la configuración de un hecho notorio. 

Cuando se carece de documento que permita colegir, técnica o científicamente, la necesidad de lo que reclama un usuario, es necesario la intervención del juez constitucional con miras a impartir la orden que corresponda.

La CC ha considerado que los pacientes cuyas patologías conllevan síntomas, efectos y tratamientos que configuran hechos notorios; como es el caso de las personas que han sido diagnosticados con pérdida del control de sus esfínteres; la solución suele ser paliativa y se circunscribe al uso de pañales desechables para hacer menos gravosa una perturbación funcional, difícilmente reversible.

Al efecto, en un caso similar a este asunto, señaló “(…) si bien los pañales no fueron ordenados por el médico tratante, la jurisprudencia de esta Corporación ha entendido que la necesidad de los mismos para quien padece incontinencia, ‘es un hecho notorio’ que no necesita de una orden médica que respalde la necesidad del suministro (…)”.

Por lo anterior, el juez de tutela para procurar la atención médica de un paciente y velar por la protección de sus derechos fundamentales a la vida digna, debe valorar cada caso en concreto, y de ser necesario, prescindirá de la prescripción médica para procurarle el acceso a una prestación que necesita, pues, de lo contario, serían funestas las consecuencias para mitigar el daño ocasionado por la ausencia del elemento pretendido, no puede ello ser un obstáculo para amparar la aludida garantía constitucional.

6.8.	Las exclusiones en el tratamiento al usuario 

También debe entenderse que a la luz de la precitada ley, el derecho fundamental a la salud debe garantizarse a través de: "(...) la prestación de servicios y tecnologías, estructurados sobre una concepción integral dela salud, que incluya su promoción, la prevención, la paliación, la atención de la enfermedad y rehabilitación de sus secuelas (…)", esto es, las exclusiones son solo aquellas expresamente mencionadas en el artículo 15, además el 3º de la misma Ley, dispone: "(...) a todos los agentes, usuarios y demás que intervengan de manera directa o indirecta, en la garantía del derecho fundamental a la salud (…)”.

7.	EL ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO
7.1.	El derecho a la salud 

De acuerdo con la aludida normativa y jurisprudencia, considera la Sala que deberá confirmarse parcialmente la sentencia de primera instancia venida en impugnación, por cuanto carece de pronunciamiento frente a las pretensiones relacionadas con el suministro de pañales, pañitos, cremas y la bala de oxígeno.

Empero, hay que decir que fue atinada la decisión del despacho de primera sede al imponer a la EPS la orden de entregar la “BUDESONIDA + F”, prestar el “SERVICIO DE ENFERMERÍA”, y brindar la atención integral, ante la amenaza y vulneración de los derechos del actor, debido a la negligencia con la que ha actuado para cumplir cada una de las órdenes dispuestas por los profesionales de la salud desde el 08-11-2017 y el 23-11-2017 (Disco compacto visible a folio 1, ib.).

A estas alturas se tiene que el mentado medicamento, aun cuando fue autorizado en cumplimiento a la medida provisional decretada el 05-02-2018, está pendiente de entrega (Folio 5, este cuaderno); y, respecto del servicio de enfermería, está claro que todavía no se ha designado el profesional encargado, según información de Juan Roberto Ramírez Pulgarín, hijo del actor (Folio 5, ibídem), actividad insuficiente como para considerar superado el agravio de los derechos fundamentales, puesto que la obligación es garantizar el acceso efectivo a los servicios requeridos, que para este caso se causaría con la autorización y materialización de las asistencias médicas.

Así las cosas, se confirmará la providencia opugnada; advirtiendo que la medida provisional decretada para la entrega de la medicina “BUDESONIDA + F”, se impondrá de manera definitiva (Folio 7, cuaderno No.1).

7.2.	La entrega de insumos sin orden médica 

Adicionalmente, con el petitorio de amparo se pretende que se ordene a la accionada autorizar y suministrar los pañales desechables, cremas y pañitos, sin que medie orden médica que así lo acredite. 

Explica la agenciante que el 06-12-2017 solicitó a la EPS accionada la entrega de esos elementos, pero la negó con oficio GREC-DRM-3165-17 del 07-12-2017 en el que se expuso “que ante los insumos no es posible al ser una tecnología no financiada con cargo a la UPC” (Folio 2, cuaderno No.1).

Ahora, si bien algunos de los servicios médicos que no hacen parte del plan de beneficios en 
salud (PBS), como acontece con los solicitados por el actor, la Sala considera que se cumplen los requisitos jurisprudenciales previamente referidos para ordenar la entrega por esta vía constitucional, por las siguientes razones: 

(i) El suministro de los pañales desechables son una prioridad para sobrellevar “la incontinencia urinaria” que actualmente padece (Hecho notorio); (ii) El suministro de este insumo está excluido del POS (Artículos 130, Resolución 005521 de 2013, y 132, Resolución 6408 de 2016); y (iii) Tampoco se cuestionó la capacidad económica de la parte actora para costear este servicio. Además, (iv) No puede pasarse por alto que el agenciado es una persona de especial protección constitucional (92 años de edad), en estado de debilidad manifiesta con ocasión del “ACV ISQUÉMICO TALÁMICO IDO, NEUMONÍA SCA TIPO I, HIPOTIROIDISMO, EPOC IRU”, y la “incontinencia” que padece (Disco compacto visible a folio 1, ibídem), afecta su calidad de vida. 

Por lo tanto, como en el sub lite el agenciado necesita el suministro de esos insumos, se expedirá la respectiva orden. Sin embargo, como faltan pruebas que determinen la cantidad, calidad y frecuencia requeridas, se dispondrá que el médico tratante, las precise previamente.

Así las cosas, atendiendo las premisas legales y jurisprudenciales anotadas, estima esta Sala que se han vulnerado los derechos fundamentales invocados, ya que la entidad accionada, por el hecho de la afiliación y por hacer parte del sistema que debe garantía del derecho a la salud (Ley 1751), es la encargada de que los servicios se presten con eficiencia, continuidad y calidad, sin que pueda alegarse ningún tipo de exclusión (Artículo 15). Además que para el caso, la negativa en la entrega de los pañales y demás elementos es inaceptable, dada la condición de persona de especial protección constitucional que tiene el actor.

De otro lado, como de los documentos allegados al presente trámite se extrañan las órdenes del médico tratante relacionadas con la carga con mayor frecuencia de la bala de oxígeno, puesto que es insuficiente para los tres (3) meses que se provee, es inviable acceder a esta pretensión, en atención a que no se trata de un hecho notorio. Pese a esto, sí se dispondrá que la entidad accionada realice la evaluación correspondiente para establecer si debe modificarse la frecuencia de carga y, en caso de ser así, la efectúe tal como lo disponga su galeno tratante. Criterio que de vieja data expuesto la CSJ y que esta Corporación ha acogido en sus decisiones. 

Por  último,  no  comparte  la  Sala  el  argumento planteado en la impugnación, para que se 
tengan en cuenta los gastos en que incurrió la agenciante para el mejoramiento de vivienda y el  incremento del consumo de energía, por cuanto se trata de circunstancias ajenas al servicio de salud, tienen un carácter estrictamente económico, de tal suerte que el amparo es improcedente en este aspecto en particular. 

8.	LAS CONCLUSIONES 

En armonía con las premisas expuestas en los acápites anteriores (i) Se confirmará parcialmente la sentencia objeto de recurso; (ii) Se impondrá de manera definitiva la medida provisional decretada el 05-02-2018; (iii) Se adicionará un numeral para ordenar a la Nueva EPS, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo, autorice y entregue al accionante los pañales desechables, pañitos y cremas antipañalitis que requiere, previa  valoración médica que al efecto se realice, para precisar la cantidad y periodicidad.

(iv) Se negará el amparo en relacionado con la recarga más frecuente de la bala de oxígeno; pero (v) Se ordenará hacer una valoración de la necesidad de la recarga. Este servicio solo podrá ser negado si se evidencia que es innecesario para mantener o mejorar la condición de salud actual del accionante; y (vi) Se declarará improcedente el amparo respecto del pago de la remodelación de una de las habitaciones del inmueble del actor y el incremento del consumo del servicio de energía.

En mérito de los razonamientos jurídicos hechos, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala decisión Civil - Familia, administrando Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F a l l a:

1.	CONFIRMAR parcialmente la sentencia del 16-02-2018 del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira. 

2.	IMPONER de manera definitiva la medida provisional decretada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito local el 05-02-2018, para la entrega del medicamento “Budesonida + F”.

3.	ADICIONAR un numeral para ordenar a la Nueva EPS, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo, (i) autorice y entregue al accionante los pañales desechables, pañitos y cremas antipañalitis que requiere, previa valoración médica que al efecto se realice, para precisar la cantidad y periodicidad; y (ii) Realice la evaluación por galeno adscrito sobre la necesidad de una recarga más frecuente de la bala de oxígeno. Este servicio solo podrá ser negado si se evidencia que es innecesario para mantener o mejorar la condición de salud actual del accionante.

4.	NEGAR el amparo respecto de la recarga de la bala de oxígeno.

5.	DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela en torno al reconocimiento y pago de los gastos asumidos por la agenciante con ocasión de la remodelación de una de las habitaciones del inmueble y el incremento del consumo del servicio de energía.

6.	NOTIFICAR esta decisión a todas las partes, por el medio más expedito y eficaz.

7.	REMITIR este expediente, a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese,

DUBERNEY GRISALES HERRERA
M A G I S T R A D O

EDDER JIMMY SÁNCHEZ C.		JAIME ALBERTO SARAZA N.
	M A G I S T R A D O 				M A G I S T R A D O

DGH / ODCD /LSCL/ 2018