El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso.
El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala.

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA DE DECISIÓN CIVIL –FAMILIA – DISTRITO DE PEREIRA
DEPARTAMENTO DE RISARALDA
	
		Asunto			: Sentencia de tutela en primera instancia
Accionante		: Javier Elías Arias Idárraga
Accionado (s)			: Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira
Vinculado (s)		: Bancolombia SA y otros
Radicación		: 2018-00209-00 (Interna No.209)
		Temas			: Procedibilidad – Inmediatez
		Magistrado Ponente	: Duberney Grisales Herrera
Acta número		: 166 de 17-05-2018

Pereira, R., diecisiete (17) de mayo de dos mil dieciocho (2018).

1.	EL ASUNTO POR DECIDIR

El amparo constitucional de la referencia, adelantadas las debidas actuaciones con el trámite preferente y sumario, sin que se evidencien causales de nulidad que los invaliden.

2.	LA SÍNTESIS FÁCTICA

Manifestó el actor que en la acción popular No.2014-00165-00, el Juzgado accionado no aplica los artículos 5º y 84, Ley 472 y 8º y 42, CGP, y se niega a informar a la comunidad a través de la página web de la Rama Judicial (Folio 1, este cuaderno). 

3.	LOS DERECHOS INVOCADOS

Considera se vulneran los artículos 13 y 83, CP (Folios 2, este cuaderno).

4.	LAS PETICIONES DE PROTECCIÓN

Solicita que (i) Se ordene aplicar los artículos 84, Ley 472 y 13, 29, y 83, CP; (ii) Se Valore la sentencia “2017-52” del Tribunal Superior Sala Civil Familia de Manizales; (iii) Se aporte copia de las tutelas que presentó contra el Juzgado accionado; y, (iv) Se informe la acción que debe agotar para ejercer su derecho (Folio 2, este cuaderno).

5.	EL RESUMEN DE LA CRÓNICA PROCESAL

En reparto ordinario del 02-05-2018 se asignó a este Despacho, con providencia del 03-05-2018 se admitió, se ordenó vincular a quienes se estimó conveniente y se dispuso notificar a la partes, entre otros ordenamientos (Folios 13 y 14, ibídem).Fueron debidamente enterados los extremos de la acción (Folios 15 a 17, ibídem). 

Contestaron la Procuraduría General de la Nacional, Regional Antioquia (PGNRA) (Folios 18 y 19, ibídem), la Alcaldía de Medellín (Folios 24 y 25, ib.), el Procurador 2 Judicial II para asuntos civiles de Bogotá (Folios 30 y 31, ib.), la Personería Municipal de Medellín (Folios 34 y 35, ib.) y el Juzgado accionado arrimó las copias requeridas (Folios 32 a 33 y 42 a 45, ib.).

6.	LA SINOPSIS DE LAS RESPUESTAS

La PGNRA solicitó su desvinculación por inexistencia de amenaza o vulneración de derechos fundamentales, pero coadyuva las pretensiones del actor (Folios 18 y 19, ibídem). La Alcaldía de Medellín invocó la falta de legitimación en la causa por pasiva por cuanto las actuaciones del Juzgado accionado son ajenas a sus funciones; y, tampoco existe acción u omisión vulneradora de las garantías constitucionales (Folios 24 a 25, ib.). 

El Procurador 2 Judicial II para asuntos civiles de Bogotá anotó que es procedente que el aviso a la comunidad se surta a través del portal web de la Rama Judicial (Folios 30 y 31, ib.); y, la Personería Municipal de Medellín alegó falta de violación de derechos fundamentales y competencia, ya que son otras las entidades encargadas de resolver el asunto popular (Folios 34 y 35, ib.).

7.	LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA DECIDIR

7.1.	La competencia. Este Tribunal es competente para conocer la acción en razón a que es el superior jerárquico del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira.

7.2.	El problema jurídico a resolver. ¿El Juzgado accionado, ha vulnerado o amenazado los derechos fundamentales del accionante, según lo expuesto en el escrito de tutela?

7.3.	Los presupuestos generales de procedencia

7.3.1.	La legitimación en la causa

Se cumple la legitimación por activa dado que el actor instauró la acción popular No.2014-00165-00 donde se reprocha la falta al debido proceso. Y por pasiva, el Juzgado accionado, porque es la autoridad que conoce el juicio.

7.3.2.	Las sub-reglas de análisis en la procedibilidad frente a decisiones judiciales

Desde la sentencia C-543  de  1992,  que examinó en constitucionalidad, los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, declarados ajustados a la Carta, inicia la línea jurisprudencial en torno a la tutela contra providencias judiciales, que ha evolucionado hasta una re-definición dogmática entre 2003 y 2005, básicamente sustituyó la expresión “vías de hecho” por la de “causales genéricas de procedibilidad” y ensanchó las causales especiales, pasando de cuatro (4) a ocho (8).  En el mismo sentido Quiroga Natale.

Ahora, en frente del examen que se reclama en sede constitucional, resulta de mayúscula trascendencia, precisar que se trata de un juicio de validez y no de corrección, lo que evidencia que son dos planos de estudio diversos, entonces, mal puede mutarse en constitucional lo que compete al ámbito legal, ello se traduce en evitar el riesgo de convertirse en una instancia más, que iría en desmedro de la naturaleza excepcional del instrumento protector.  Así lo explicó la Colegiatura constitucional.

Los requisitos generales de procedibilidad, explicados en amplitud en la sentencia C-590 de 
2005 y reiterados en la consolidada línea jurisprudencial de la CC (2017) son: (i) Que el asunto sea de relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance del afectado; (iii) Que se cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) Que la irregularidad procesal tenga un efecto directo y determinante sobre la decisión atacada; (v) Que el actor identifique los hechos generadores de la vulneración y que; (vi) De ser posible, los hubiere alegado en el proceso judicial en las oportunidades debidas; (vii) Que no se trate de tutela contra tutela.

De otra parte, como requisitos o causales especiales de procedibilidad, se han definido los siguientes: (i) Defecto orgánico, (ii) Defecto procedimental absoluto, (iii) Defecto fáctico, (iv) Error inducido, (v) Decisión sin motivación, (vi) Defecto material o sustantivo; (vii) Desconocimiento del precedente; y, por último, (viii) violación directa de la Carta.  Un sistemático recuento puede leerse en la obra de los doctores Catalina Botero Marino y Quinche Ramírez.

7.3.3.	La inmediatez  de la acción de tutela 

Según constante jurisprudencia de nuestro máximo Tribunal Constitucional, y también de la CSJ (Sala de Casación Civil), la inmediatez en la protección, que implica la tutela, conlleva entender que el remedio judicial requiere aplicación urgente, por lo que quien actúa en ejercicio de la tutela, debe usarla en forma oportuna.  Significa lo dicho que el juez no está obligado a atender una petición cuando el afectado injustificadamente, por desidia o desinterés, ha dejado pasar el tiempo para elevarla, la inmediatez es consustancial a la protección que brinda la mencionada acción como defensa efectiva de los derechos fundamentales.

Oportuno resulta, evocar con relación a la prontitud que debe acompañar el reclamo para la protección de los derechos, que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el transcurso de un lapso mayor a seis meses para resolver amparos excede el principio de plazo razonable. Habida consideración de la significación del principio de inmediatez, ha concluido nuestro Alto Tribunal, que la “OPORTUNIDAD”, es un requisito de procedibilidad esencial para el ejercicio del amparo constitucional. Así mismo lo ha señalado la CSJ, que en recientes providencias reiteró: 

… [D]escendiendo al caso de autos, concluye la Corte que la solicitud de resguardo carece del requisito de inmediatez, habida cuenta de que entre la fecha de expedición de la sentencia criticada y de su corrección, esto es, 2 y 12 de septiembre de 2014, por medio de la cual el Tribunal encartado accedió a la pretensión de los accionantes -disponiendo que la misma sería satisfecha por equivalencia-, y la de interposición de la demanda que nos ocupa, 9 de abril de 2015, transcurrió un lapso que supera el de seis (6) meses fijado por la consistente jurisprudencia de esta Corporación, como razonable y proporcional para que las personas afectadas en sus prerrogativas básicas ejerzan esta acción constitucional; sin que la parte accionante hubiera alegado ni menos demostrado motivo alguno que justifique tan notoria tardanza. (Sublínea de esta Sala).

Sin embargo de lo razonado, es menester acotar que el mencionado plazo no es absoluto, sino que se entiende como razonable para la interposición de la acción de amparo, pues más allá de ese término, lo que en realidad lo determina son: (i) Si existió o no un motivo válido que justifique la inactividad de los accionantes; (ii) Si la inactividad injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; y, (iii) Si existe un nexo causal entre el ejercicio oportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados.

Los aspectos acabados de reseñar, fueron precisados en una decisión del 2006 de la CC, con apoyo en un precedente anterior de 2003.  En sentencia de 2010 la Corte amparó los derechos, al estimar que para el caso particular que examinó, la razonabilidad del plazo cubría algunos años, en tratándose de “vías de hecho” judiciales.  En este sentido puede consultarse la síntesis doctrinal que hace el profesor Quinche R..

Nuestro órgano de cierre en la especialidad constitucional, ratificó el pensamiento traído en su larga línea jurisprudencial, y resaltó las razones que fundamentan el factor “inmediatez” como presupuesto de procedibilidad, así explicó:

4.6. En suma, si bien la acción de tutela puede interponerse en cualquier tiempo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que el afectado debe interponer la acción de tutela dentro de un término razonable y cercano a la circunstancia que ha causado la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales respecto de los cuales reclama la protección constitucional. No obstante, en el evento en que se verifique que este presupuesto no se cumple, el juez de tutela deberá analizar las circunstancias que rodearon la radicación tardía de la acción de tutela y verificar si la amenaza o la vulneración que originaron la acción de amparo ha sido continua y permanece en la actualidad. (La sublínea es de este Tribunal).

8.	EL CASO CONCRETO MATERIA DE ANÁLISIS

Dado que los requisitos generales de procedibilidad son concurrentes, esto es, incumplido uno, se torna inane el examen de los demás, menos podrían revisarse los supuestos especiales, el análisis que sigue se concentrará en la inmediatez, porque es el elemento que se echa de menos y resulta suficiente para el fracaso del amparo, pues la acción de tutela debe interponerse dentro de un término razonable y cercano a la circunstancia que ha causado la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales respecto de los cuales se reclama la protección constitucional.

Ahora bien, antes de continuar con la verificación del mentado presupuesto de procedencia, precisa esta Magistratura resaltar que el amparo tutelar solo cuestiona que el Juzgado accionado no se arrogue de manera oficiosa la labor de avisar a la comunidad sobre la existencia del asunto popular radicado al No.2014-00165-00, en desatención de los principios de publicidad, economía, celeridad e impulso oficioso de que tratan los artículos 5º y 84, Ley 472 y 8 y 42, CP.

Así las cosas, la queja está orientada a rebatir la validez de las actuaciones de la a quo que hayan resuelto sobre dicha carga procesal; por lo tanto, el análisis de procedencia debe centrarse en el auto proferido el 28-03-2017, pues fue con él que se atuvo a lo resuelto por el superior y dispuso la publicación del aviso a costa del accionante (Folio 26, PDF “Javier Elías–primera parte” del CD visible a folio 32, este cuaderno), recurrido en reposición, mas se mantuvo incólume con auto del 21-06-2017 (Folios 3 a 9, PDF “Javier Elías-parte dos” del CD, ibídem).

Importa relievar que ha insistido en sus pedimentos con escritos radicados los días 11-07-2017, 25-08-2017, 25-10-2017, 21-11-2017, 06-04-2018 y 27-04-2018 (Folios 10, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 24 y 25, PDF “Javier Elías-parte dos” del CD, ib.), pero la a quo  con autos fechados los días 23-08-2017, 25-10-2017, 01-12-2017, y 08-05-2018 se limitó a reiterarle la obligación de asumir los costos necesarios para la publicación a la comunidad (Folios 11, 12, 18, 19 y 21 PDF “Javier Elías-parte dos” del CD, y 43 a 45, ib.).

Desde esta perspectiva es claro que esta tutela carece de inmediatez, puesto que se interpuso (02-05-2018) por fuera del plazo de los seis (6) meses fijado por la jurisprudencia- como tiempo razonable, ya que han transcurrido, aproximadamente, más de diez (10) meses desde que se resolvió el recurso.

Es cierto que conforme a la doctrina, el juez de la causa debe tener flexibilidad en la aplicación de este principio, pero a ese tenor, se debe probar o alegar, que medió causa alguna de fuerza mayor o caso fortuito que impidiera a la actora gestionar, su defensa a través de esta acción con mayor celeridad sin desconocer la inmediatez;  circunstancias que no fueron expuestas ni probadas en el trámite. 

En ese contexto, la presente tutela es son improcedente toda vez que se incumple uno (1) de los siete (7) requisitos generales de procedibilidad, como lo es el de la inmediatez. 

9.	LAS CONCLUSIONES 
				
Con  fundamento  en  las  consideraciones  expuestas  se  declarará improcedente el amparo 
por faltar el presupuesto de la inmediatez.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil -Familia, administrando Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A,

1.	DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela formulada por el señor Javier Elías Arias Idárraga contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, conforme lo expuesto en la parte motiva.

2.	REMITIR este expediente, a la CC para su eventual revisión, de no ser impugnada.

3.	ORDENAR el archivo del expediente, surtidos los trámites anteriores.

Notifíquese,

DUBERNEY GRISALES HERRERA
M A G I S T R A D O

EDDER JIMMY SÁNCHEZ C.		JAIME ALBERTO SARAZA N.
	M A G I S T R A D O 				M A G I S T R A D O  
DGH/ODCD/LSCL 2018