TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA CIVIL – FAMILIA

Pereira, dos de septiembre de dos mil nueve
Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López
Radicación 66170-31-03-001-2009-00112-01

Se decide por medio de esta providencia, el recurso de apelación oportunamente interpuesto por el señor Abel Galeano Marín, contra el auto de 13 de mayo del presente año, expedido por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas que resolvió rechazar la demanda que dicho ciudadano presentó contra Ana Adiela Carmona y Yineth Lorena Guapacha Carmona. 

El despacho mencionado en auto de 25 de marzo pasado, sin pronunciarse expresamente acerca de si admitía o no el libelo que para tramitar proceso ordinario había presentado dicho ciudadano, en lacónica providencia expresó:

“Antes de decidir si se asume o no el conocimiento de las presentes diligencias, recibidas del Juzgado de Familia de esta localidad, se requiere a la parte demandante para allegue (sic) la escritura No 1386 del 18 de abril de 2007 de la Notaría Tercera de Pereira, asimismo, para que indique la cuantía.”

Como la Secretaría informó al señor Juez a-quo, que un supuesto término de cinco días había transcurrido en silencio, puesto que en el auto referido no se señaló plazo alguno para el cumplimiento de la mencionada exigencia, dicho funcionario en el proveído contra el cual se ha levantado el actor, la rechazó. Determinación que fue objeto inicialmente del recurso principal de reposición, fundamentado en la aludida circunstancia; adicionalmente en que en la demanda sí se fijó la cuantía de las pretensiones, lo que se hizo en salarios mínimos, por lo que la misma era fácilmente determinable; y en que no cabía requerir que se trajera la prueba documental echada de menos ya que el artículo 77 del Código de Procedimiento Civil no reglamenta que con dicho escrito deba anexarse y bien puede incorporarse en el ciclo probatorio “porque es en la sentencia donde se debe analizar”.

Para resolver el recurso el Juzgado argumentó en cuanto el asunto de la cuantía, que el demandante “en ningún momento indicó la cantidad de los salarios mínimos, además, fue la juez de Familia quien indicó los salarios mínimos, que no aparecen indicados en la demanda.” Luego anotó que no había inadmitido la demanda ya que el documento exigido lo era “para decidir si se asumía o no el conocimiento de las diligencias, pero como se guardó silencio al respecto, no quedaba otro camino al Despacho que rechazar de plano la demanda”, porque a los Jueces Civiles del Circuito solo les corresponde conocer en primera instancia procesos cuyas pretensiones sean mayores a noventa salarios mínimos legales mensuales “aspectos que hasta ahora desconoce este estrado judicial para poder definir si le corresponde o no asumir el conocimiento del caso.” Por tanto, no repuso y concedió la apelación subsidiaria. 

En la sustentación surtida ante la Sala, el recurrente alude en síntesis a que si no se le concedió término para subsanar la demanda, “disponía de un término indefinido para arreglarla” o que al menos contaba con el previsto en la ley de desistimiento tácito “pero mientras tanto aún tengo la oportunidad de corregir el escrito introductor del proceso.” Y a que debe precisarse que para la admisión de demandas no deben exigirse sino los requisitos que manda la ley. Pide, en consecuencia, la revocación del auto protestado y en aras de remediar el defecto relativo a la cuantía afirma que ésta es mayor “y se estima superior a los sesenta millones de pesos.”

CONSIDERACIONES

Según los artículos 85 y 86 del Código de Procedimiento Civil, ante la presentación de una demanda el Juez tiene dos opciones: o la admite o la inadmite. Esto es lo que debió hacer el a-quo en este caso y puesto que al recibir el asunto del Juzgado de Familia del mismo Circuito no rehusó que fuera de su competencia, para lo cual habría tenido que proceder como dispone el artículo 148 ibídem, y solicitar que el conflicto resultante se despejara por la autoridad judicial correspondiente. 

De tal modo que hacer requerimientos como el formulado en el auto de 26 de abril pasado no era procesalmente aceptable, en razón de que el demandante espera que se le resuelva en alguno de los sentidos mencionados y no puede sorprendérsele después con que al incumplir una orden para cuya satisfacción ni siquiera se le dio término, y sin prevenírsele sobre las consecuencias adversas que le sobrevendrían en el evento de no obedecerlas, se le rechace su demanda. Por eso dice el citado artículo 85 que en los casos allí previstos la “declarará inadmisible”, lo que aquí no ocurrió. Es más, el propio Juez al resolver la reposición adujo que él no había inadmitido la demanda, pese a lo cual en vez de reparar el error y contra todo pronóstico, persistió en su desorientación e incoherencia procesales y desechó el libelo. 

En estas condiciones surge apropiada la conclusión de que como no existió auto inadmisorio, el rechazo no era oportuno porque presupuesto de éste era aquél, lo que viene a significar que haya de revocarse el auto apelado para que el Juzgado analice la demanda, evalúe juiciosamente si reúne o no los requisitos que consagran los artículos 75 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y se pronuncie en concreto sobre la admisión o inadmisión, y en este último caso, confiera el término legal para que se subsanen los defectos que encuentre y que sean expresamente señalados. 

A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, revoca   el auto de 13 de mayo del presente año, que dictado por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas rechazó la demanda ordinaria presentada por Abel Galeano Marín en contra de las señoras Ana Adiela Carmona León y Yineth Lorena Guapacha Carmona. 

Notifíquese y devuélvase al Juzgado de origen para que se proceda como se indicó en la parte motiva. Sin costas. 

Los Magistrados,

Fernán Camilo Valencia López

     Claudia María Arcila Ríos		Gonzalo Flórez Moreno