SALA DE DECISIÓN LABORAL
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES
Pereira, Enero veintidós de dos mil nueve.

Acta Nº 003 de Enero 22 de 2009.

Siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), la Sala de Decisión Laboral de esta Corporación se constituye en audiencia pública con el fin de resolver la apelación propuesta por la apoderada judicial del actor, contra la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral de esta capital, el pasado 23 de octubre, dentro del proceso ordinario que adelanta la señora MARTHA ESTELA RINCON MENESES en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - Seccional Risaralda.

En deliberación consignada en el acta de la referencia se aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado Ponente, que corresponde a la siguiente:

SENTENCIA

Contando con la asesoria de mandataria judicial, pretende la actora que se le declare como beneficiaria de los incrementos pensionales del 14% y 7% por tener a su cónyuge e hijos menores a cargo y, consecuentemente, pretende que se condene al ISS al pago de esas sumas, debidamente indexadas más las costas procesales.

Como sustento fáctico de estas pretensiones, se expuso lo siguiente:

Manifiesta la representante judicial, que a su prohijada se le reconoció pensión de invalidez mediante la Resolución No. 007604 de 2006; que convive en unión marital de hecho con el señor Luís Alberto Acevedo Echavarria, con quien comparte techo, lecho y mesa desde 1.982 y, además, vela por su sostenimiento. 

De dicha unión se procrearon dos hijos que aún son menores de edad. 

Mediante auto del 18 de enero del año anterior, se admitió la demanda y se ordenó correr traslado a la parte accionada, la que allegó respuesta por medio de procurador judicial quien se pronunció respecto a los hechos en forma conjunta, manifestando que no le constaban y se opuso a las pretensiones. Propuso como excepciones de mérito las de “Inexistencia de la obligación demandada”, “Inexistencia de norma que reconozca el derecho al pago del incremento pensional por personas a cargo”, “Prescripción”, “Ausencia de causa jurídica configurada en la falta de legitimación por activa y falta de prueba del parentesco”, “Ausencia de prueba del estado civil que permita atribuir un régimen jurídico especial, en consecuencia ausencia de legitimación por activa” y “No hay prueba de las calidades alegadas por el demandante”. 

Se adelantó la audiencia de que trata el artículo 77 del Estatuto Procesal Laboral, sin que se lograra la composición temprana del pleito, por lo que se prosiguió con el trámite de tal acto público, sin adoptarse medidas de saneamiento, ni modificarse las bases de hecho del proceso. Se decretaron las pruebas que interesaron a las partes, las cuales consistieron en documentales y testimoniales.

Finalizado como estaba el debate probatorio, se emitió la decisión que puso fin a la primera instancia, en la que se negaron las pretensiones al encontrar que la pensión de invalidez otorgada a la promotora del pleito tuvo como sustento jurídico la Ley 100 de 1993 y la 860 de 2003, sistemas normativos que no contemplan tales adendas a la mesada pensional.
  
La apoderada de la parte actora apeló la decisión, al estimar que el artículo 31 de la Ley 100 de 1993 permite la aplicación de normas del anterior sistema pensional –Acdo. 049 de 1990- a los asuntos regulados por la nueva normatividad, en donde deben entenderse incluidos los incrementos pensionales.

Se remitieron las diligencias a esta Sala donde se dio el trámite de segunda instancia.

Se decide lo pertinente con fundamento en las siguientes,  

CONSIDERACIONES

Competencia. 

Radica en esta Sala en virtud de la unión de los factores territorial y funcional.

Problema jurídico.

El debate se enfoca a establecer la aplicabilidad de los incrementos pensionales en los asuntos regulados por la Ley 100 de 1993, en virtud de la permisión que al efecto, en el entender de la censora, hace el artículo 31 de este cuerpo legal.

Lo primero que esta Sala debe decir, es lo tocante a que dichos incrementos no fueron objeto de regulación específica en ninguno de los cánones de la Ley 100 de 1993 y sus posteriores reformas, lo que de entrada lleva a afirmar que en los asuntos regulados por estos volúmenes de normas no son aplicables los tales.

Sin embargo, se ha decantado que en virtud del principio de condición más beneficiosa y bajo el cumplimiento de ciertos presupuestos, es posible aplicarlos a pensiones concedidas bajo la vigencia del régimen legal actual.

Esos requisitos han sido decantados suficientemente por esta Sala, concluyéndose que es necesario la reunión de tres presupuestos básicos: (i) Que la pensión de la cual se disfruta, tenga como fundamento jurídico el Acuerdo 049 de 1990 o cualquier otra normatividad que establezca tales adiciones a la mesada pensional; (ii) que los requisitos que exige la norma para otorgar tal prestación, se encuentran cumplidos a plenitud y (iii) que los tales se vengan cumpliendo en vigencia del régimen legal que consagra los incrementos.

Ya la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado sobre el tema de los incrementos del artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990 y su aplicabilidad, apoyado entre otras, las siguientes consideraciones:

“Pues bien, en primer lugar es menester aclarar que después de lo expuesto por la Sala en la sentencia de instancia que rememora la censura, se reexaminó el tema y en casación del 27 de julio de 2005 radicación 21517 que le sirvió al Tribunal de apoyó para soportar su decisión, por mayoría se definió que los incrementos por personas a cargo previstos en el artículo 21 del Acuerdo 049 aprobado por el Decreto 0758 de 1990, aún después de la promulgación de la Ley 100 de 1993 mantuvieron su vigencia, para quienes se les aplica el mencionado Acuerdo del ISS por derecho propio o transición, siendo este el criterio que actualmente impera, oportunidad en la cual se sostuvo:

‘Cuando a los beneficiarios de un régimen de transición se les reconoce que las normas propias para su caso son las contenidas en el régimen anterior, quiere decir ello que todos sus derechos pensionales se derivan de la regulación vigente antes de entrar en aplicación las nuevas disposiciones. El axioma es sencillo: Si a los beneficiarios de pensiones de vejez se les aplica un régimen anterior vigente, es todo en su conjunto y no solamente, como se pretende, una parte de la normatividad que venía rigiendo. Y está premisa es valida para todos los trabajadores que se hallan cobijados por las disposiciones del acuerdo 049 de 1990 y su decreto reglamentario.

En el caso presente, el beneficiario, por la <transición> de la Ley 100 de 1993, es sujeto del régimen contenido en el acuerdo ISS 049 de 1990, aprobado por el decreto 758 del mismo año en concordancia con las normas que lo complementan.

El recurrente buscó convencer a esta corporación que el artículo 21 del acuerdo 049 de 1990 desapareció, en razón a que fue omitida su mención dentro de las normas derogadas. Para resolver la dubitativa interpretación, acudiremos al Art. 21 del Código Sustantivo del Trabajo que consagra los principios de favorabilidad y de inescindibilidad de las normas. Esto nos conduce a que en caso de conflicto o duda sobre la aplicación de una norma, prevalece la más favorable al trabajador y que la que se adopte debe aplicarse en su integridad” (negrillas para destacar)..

No puede entonces, en aras de la favorabilidad, separarse apartes de distintos cuerpos normativos y crear una tercera norma, pues ello va en contra de la teoría del conglobamento (inescindibilidad), que aboga por una aplicación completa del cuerpo normativo que resulte más favorable para el trabajador o el afiliado al sistema de seguridad social.   

Entonces, si alguien es beneficiario del régimen de transición y por tanto sus prestaciones de carácter pensional tienen como fundamento el Acuerdo 049 de 1990, cumpliendo los presupuestos señalados allí podrá acceder a los incrementos pensionales.

Se descarta que los mismos puedan ser aplicados en forma irrestricta en las prestaciones pensionales concedidas con base en la Ley 100 de 1993, pues las prestaciones requieren una consagración legal, lo que no ocurre, dado que, se itera, en ninguno de los cánones de esta regulación legal se dice nada respecto a los incrementos pensionales.

En cuanto a lo referido por el artículo 31 de la mencionada ley, encuentra esta Sala que éste permite la aplicación de ciertos aspectos del Acuerdo 049 de 1990, como lo es por ejemplo, el momento de causación y disfrute de la pensión de vejez (art. 13), mas no es posible traer del derogado régimen legal prestaciones que el legislador no consagró en el nuevo sistema pensional.

Resulta evidente –en síntesis- la perentoriedad de que la gracia pensional de la cual disfruta la persona que aspira a percibir los incrementos pensionales, debe tener como fundamento el Acuerdo 049 de 1990.

En el presente caso, dicha situación no ocurrió toda vez que, tal como se desprende de la Resolución No. 007604 de 2006 –fl. 6- la pensión de invalidez que se concedió a la promotora del litigio, tuvo como sustento jurídico las leyes 100 de 1993 y 860 de 2003, en las cuales, se reitera, no se establece nada respecto a tales adendas a la mesada pensional.  Al no encontrar la pensión de la que disfruta la iniciante de este trámite judicial, afincamiento en el Acuerdo 049 de 1990, resulta inadmisible la aplicación de alguno de sus cánones, máxime que ello atentaría contra el principio de inescindibilidad, pues con el proceder pretendido por la recurrente se generaría una lex tercia, esto es una mixtura entre las normas de la Ley 100 de 1993 y el referido acuerdo, situación vedada por el legislador.

Resulta claro entonces, que las pretensiones expuestas por la parte actora no tienen vocación de prosperidad por lo que la sentencia que se revisa atina al negarlas y, por tanto, merece la confirmación por parte de esta Colegiatura.

Costas en esta instancia a cargo de la parte apelante.

En mérito de lo discurrido, la Sala de decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

Confirmar la sentencia revisada.

Costas en esta sede a cargo de la parte recurrente.

Decisión notificada en estrados.

No siendo otro el objeto de esta audiencia se da por terminada y en constancia se suscribe el acta por quienes intervinieron.

Los Magistrados,

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES

						
	
ILDEFONSO MUÑOZ CARDONA		     HERNÁN MEJÍA URIBE

LINA MARÍA ARBELÁEZ GIRALDO
Secretaria