TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES

Pereira, noviembre dieciocho de dos mil nueve.
Acta Nº 0123 de nov. 18/09.
Hora: 3:00 p.m.

Tema: Solamente hay lugar a conceder el beneficio de incrementos pensionales por personas a cargo cuando se cumplen los siguientes requisitos: (i) Disfrutar de una pensión concedida con base en el Acuerdo 049 de 1990 u otro cuerpo legal que contemple los incrementos pensiónales y (ii) Cumplir actualmente con todos los requisitos exigidos por la norma que contemple los aumentos de la mesada pensional, pero además que se satisfagan desde la vigencia del cuerpo legal que los establecía. La carga demostrativa de los mismos le compete enteramente al interesado en obtenerlos, para lo cual se puede valer de los diferentes medios de prueba señalados en la Ley, siempre que sean idóneos.

En la fecha y hora señaladas, la Sala de Decisión Laboral de esta Corporación, salvo el magistrado Hernán Mejía Uribe quien manifestó su impedimento para conocer del presente asunto, se constituye en audiencia pública con el fin de resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida por la señora Jueza Tercera  Laboral de esta capital, el 17 de abril de 2009, dentro del proceso ordinario que adelanta el señor BERNARDO GALLEGO FRANCO en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.

En deliberación consignada en el acta de la referencia se aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado Ponente, que corresponde a la siguiente:

SENTENCIA

Por intermedio de apoderado judicial, pretende el señor Gallego Franco que se declare que le asiste el derecho al incremento del 14% de la pensión mínima por tener a cargo a su compañera permanente y, consecuentemente, pretende que se condene al ente demandado al pago del mismo desde el momento en el cual se le reconoció su pensión de vejez, con la correspondiente indexación, los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas procesales.

El fundamento de dichos pedidos está constituido por los siguientes hechos:

Relata el promotor del litigio, que el Instituto de Seguros Sociales le reconoció pensión de vejez, mediante Resolución 01962 de 1990; que en la misma le reconocieron incrementos pensionales por su cónyuge quien falleció, destaca que convive en unión marital de hecho con la señora Aleida Rodríguez de Rincón, quien no desempeña labor alguna, por lo que depende económicamente de él.

Finalmente informa que agotó la reclamación administrativa.

Mediante auto del 31 de julio del año 2008, se admitió la demanda y se ordenó correr traslado a la parte accionada, la que allegó respuesta manifestándose respecto a los hechos, aceptando como ciertos los alusivos al carácter de pensionado y a la reclamación administrativa efectuada, manifestando respecto a los restantes que no le constan, oponiéndose a las pretensiones y proponiendo como excepciones de fondo las de:, “Inexistencia de la obligación demandada”, “Inexistencia de norma que reconozca el derecho al pago del incremento pensional por personas a cargo” y “Prescripción”.

Agotada la etapa conciliatoria y evacuadas las demás etapas de la audiencia de que trata el artículo 77 del Estatuto Procesal Laboral y la Seguridad Social, se procedió al decreto de las pruebas, las que se evacuaron en las subsiguientes audiencias y una vez concluido el período probatorio, se dictó el fallo respectivo, en el cual se negó la prestación reclamada por el actor, al encontrar que de la prueba testimonial recaudada, se desprende una situación bastante particular, que es que para la fecha en la cual el actor se encontraba haciendo vida con la actual compañera, aún percibía los incrementos pensionales por su cónyuge a cargo, lo que interpreta la a-quo, en virtud del principio de la buena fe consagrado en el artículo 83 de la Constitución, no como una intención de defraudar al ISS, sino que, simplemente, consiste en que el actor, para las calendas en que supuestamente ya se encontraba conviviendo con su actual compañera, aún vivía con su cónyuge y, sólo tiempo después de haber fallecido ésta, se inició la relación marital con la actual. Todos estos aspectos le restan credibilidad al testimonio practicado en la segunda audiencia de trámite, lo que deja sin sustento probatorio las pretensiones de la parte actora.

Dicha decisión no fue objeto de recurso, pero al ser totalmente adversa a los intereses del pensionado, la Jueza a-quo dispuso su consulta, por lo que se remitieron las diligencias a esta Sala, donde se surtió el trámite propio de la instancia.

Se decide lo pertinente con fundamento en las siguientes,  

CONSIDERACIONES

Competencia.

Este Juez Colegiado es competente para resolver la consulta dispuesta por la Jueza a-quo, en virtud de los factores territorial y funcional, de conformidad con los artículos 5, 15 lit b ord. 3 y 69, todos del Compendio Adjetivo Laboral y de la Seguridad Social.

Cuestión previa.

Antes que nada, observa esta Colegiatura que el proceso se adelantó con el lleno de las garantías constitucionales y legales partes en litigio, blindándose en todo momento el debido proceso y el derecho de defensa de los sujetos procesales. 

Problema jurídico.

Corresponde abordar a esta Sala, una vez  más, el tema de los incrementos pensionales, siendo pertinente reiterar los presupuestos indispensables para su aplicación y la carga probatoria que le compete al pensionado interesado en obtenerlos.

Se tiene que los incrementos pensionales solicitados encuentran consagración en los Acuerdos 224 de 1966, con la modificación adosada por el 029 de 1985 (art. 39), siendo los requisitos para su aplicación en la actualidad, demostrar la convivencia –en el caso de que se pidan por el cónyuge o el compañero permanente- y la dependencia económica. Pero además de lo anterior y teniendo en cuenta que con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, dichos Acuerdos anteriores salieron del ordenamiento, se torna indispensable que los presupuestos que el mismo establece se hayan iniciado a cumplir desde antes de la entrada en rigor de dicha normatividad -1º de abril de 1994- y que, en la actualidad, se sigan cumpliendo, pues en virtud del carácter retrospectivo de la Ley, no se podrían desconocer situaciones consolidadas bajo la vigencia de otra premisa normativa. De ahí pues que se subraye la importancia de que los presupuestos exigidos para generar los incrementos pensionales, deban estarse cumpliendo desde antes del cambio legislativo.

Partiendo de dicha base, esta Colegiatura ha decantado –en forma pacífica- como presupuestos para acceder a los incrementos pensionales: (i) Que la pensión de vejez o de invalidez de que se disfrute, tenga como fundamento jurídico el Acuerdo 049 de 1990 u otra norma que establezca tales incrementos (Acuerdo 224 de 1966 como en el caso) y (ii) que todos los presupuestos que establece la norma se cumplan desde antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y se cumplan en la actualidad. La carga probatoria de los mismos le corresponde enteramente al interesado, para lo cual puede valerse de cualquiera de los medios probatorios regulados en la Ley, siempre que, lógicamente, sean idóneos para tal fin.

Allegando lo dicho al caso concreto, se observa que la prueba que se trajo al infolio por la parte actora –declaración de Maria Aleida Gallego García fl. 30-, al ser comparada con la documental arrimada al proceso en uso de las facultades oficiosas del fallador, resulta poco concluyente respecto al tiempo de convivencia de la pareja y el momento de formación de la misma, pues si bien refiere que la misma se formó desde hace 16 años, la documental allegada por el ISS –fls. 35 a 65- evidencia que el actor para la fecha en que supuestamente ya vivía con la actual compañera, percibía los incrementos pensionales por tener a cargo a su cónyuge, quien falleció en el año 1993. Esta situación deja sin credibilidad a la versión de la testigo, desvirtuando totalmente su dicho y dejando, de paso, totalmente empañado el panorama en lo que a la fecha de iniciación de la convivencia del demandante con su actual compañera permanente se refiere.

Tal incertidumbre probatoria acarrea como consecuencia, la pérdida de sustento de las pretensiones de la demanda, pues no existe la acreditación de los supuestos exigidos por la ley para acceder a los incrementos, carga de la prueba que, al tenor de lo dispuesto en el canon 177 del C.P.C., le incumbía únicamente al interesado, que en este caso no es persona distinta al señor Bernardo Gallego Franco.

Así las cosas, la única decisión viable en este caso, es la de absolver al ISS de lo pretendido, tal como lo hizo la Jueza a-quo, por lo que la decisión consultada habrá de confirmarse.

Costas en esta sede no se causaron, por conocerse en consulta.

En mérito de lo discurrido, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Confirmar la sentencia revisada.

Sin costas en el recurso.

Decisión notificada en estrados.

No siendo otro el objeto de esta audiencia se da por terminada y en constancia se suscribe el acta por quienes intervinieron.

Los Magistrados,

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES

			
					        
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON		    	 HERNÁN MEJÍA URIBE
	   IMPEDIDO

CONSUELO PIEDRAHITA ALZATE
Secretaria