REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

Magistrado Ponente

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

INTERLOCUTORIO DE SEGUNDA INSTANCIA

Pereira, martes quince (15) de octubre de dos mil trece (2013)
Hora: 14:37
Aprobado Acta No. 614

Radicación No.:	6600160 00 035 2009 01964 01	
Procedente:	JUZGADO SEXTO PENAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA	
Contra:	GERMAN MONTOYA OSORIO, MARGARITA VASQUEZ OSSA	
Delito:	FRAUDE PROCESAL	
Decisión:	PRECLUSIÓN -  CONFIRMA	

ASUNTO 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el representante de la víctima, contra la decisión proferida por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta ciudad, el día 20 de septiembre del año en curso, mediante la cual decretó la preclusión de la investigación seguida contra GERMÁN MONTOYA OSORIO y MARGARITA VÁSQUEZ OSSA por el delito de Fraude Procesal.

ANTECEDENTES FACTICOS Y PROCESALES  

Hechos.

Se desprende del escrito de preclusión que el día 12 de junio de 2009 el señor OCTAVIO ARCILA MURILLO presentó denuncia en contra de GERMÁN MONTOYA OSORIO y MARGARITA VÁSQUEZ OSSA por la presunta comisión del delito de FRAUDE PROCESAL, y como sustento de la misma expresó que entre él y el señor JOSÉ LUÍS MONTOYA se había celebrado un contrato de arrendamiento verbal sobre un local ubicado en el primer piso del bien inmueble identificado con la nomenclatura urbana carrera 15 # 27-25, acuerdo celebrado el 15 de junio de 1998 con un canon mensual de $130.000. Dicho contrató reinició con el señor DARÍO MONTOYA el 15 de noviembre de 2006 con un canon de $140.000, el cual se incrementó en el 2008 a $150.000 y a $160.000 en el año 2009. En junio de este mismo año se le notifica de una demanda de restitución de bien inmueble arrendado en la que figuraba como demandante el señor GERMÁN MONTOYA y se estipula que entre este y ARCILA MURILLO existía un contrato verbal de arrendamiento sobre el bien inmueble ubicado en la carrera 15 B calle 27 y 28 # 27-31 siendo los linderos diferentes a los que el denunciante relacionó en la demanda. Denota el denunciante que la señora MARGARITA VÁSQUEZ OSSA toma declaraciones extraproceso  a tres personas en la Notaria Segunda de esta capital y las mismas son utilizadas en la demanda. Y como aspectos determinantes del fraude establece que la demanda versa sobre un inmueble que él no ocupa, que el señor GERMAN MONTOYA no le ha arrendado nada, le cobran un valor que nunca ha pagado, un reajuste inexistente y que el contrato no inició el 29 de julio de 1999 – como se establece en la demanda civil, sino el 13 de junio de 1998. 

Solicitud de preclusión.

El ente acusador, una vez tuvo conocimiento de la denuncia realizó los actos urgentes y las investigaciones necesarias, para con fecha 25 de septiembre de 2012 radicar solicitud de preclusión de la investigación, cuya audiencia se realizó ante el Juez Sexto Penal del Circuito de esta ciudad el día 30 de noviembre de 2012, la cual soportó en que acorde a la descripción del tipo penal de Fraude Procesal establecido en el artículo 453 del Código Penal y a las indagaciones realizadas por dicha unidad de investigación se determinó que el papá del dueño de la casa  - José Luís Montoya- había arrendado el inmueble, debido a que el propietario del mismo – Germán Montoya- se encontraba residenciado en los E.E.U.U. lo que no descartaba que éste último le haya pedido a su progenitor encargarse del inmueble en cuestión por lo que nada de irregular hay que en un comienzo se celebrara el contrato con el padre del dueño y con posterioridad con el hermano de éste, porque ambos lo hacían a nombre del dueño. Por lo anterior considera el representante del ente acusador que lo denunciado como fraude procesal no era más que un mal entendido ya que al ser el señor GERMÁN MONTOYA el propietario del inmueble lo legitima para presentar la demanda, sin que se avizorara que el mismo haya engañado o inducido en error al funcionario judicial. Por lo cual solicita con fundamento en el numeral cuarto del artículo 332 del C.P.P. se declare la preclusión de la investigación por el adelantada en contra de GERMÁN MONTOYA OSORIO y MARGARITA VÁSQUEZ OSSA por la presunta comisión del delito de FRAUDE PROCESAL, debido a la atipicidad del hecho investigado. 

Al correrle el traslado de la petición al representante de la supuesta  víctima este manifiesta que se opone a la prosperidad de la solicitud ya que es falso que el inmueble tenga varias nomenclaturas; al señor ARCILA no se le arrendó la totalidad del inmueble, había errores en la nomenclatura, en los linderos y hay errores en las declaraciones extraproceso que se hicieron para allegarlos al juicio, se alegó como causal de terminación del contrato el subarriendo, cuando esta causal –infiere el interlocutor- debe constar por escrito y el contrato de arrendamiento del local había sido de tipo verbal. Agrega el togado que hubo un error de la identificación del bien en la sentencia y que las escrituras hablan de los linderos de todo el inmueble, pero no respecto del espacio que se le arrendó a su prohijado, por lo que infiere que se realizó un montaje para sacar al inquilino del local arrendado.

Otorgada la palabra al defensor de los señalados indica que hay unos problemas entre un arrendador y un arrendatario pero ninguna situación que le concierna a la justicia penal, y el descontento del apoderado de la víctima se centra en lo que se dio en el trámite del proceso civil, en donde el juez no notó ninguna irregularidad, ni que se le diera manejo inadecuado al trámite probatorio, por lo cual no exista indicio o prueba que señalara la materialización de la conducta ilícita.

La Dra. Margarita Vásquez -señalada en las diligencia- aduce que no se puede confundir asuntos civiles con el derecho penal, y que no sabe si existe una acción temeraria al pretender sacar provecho con  una acción penal sobre un asunto que se encuentra en trámite ante el Tribunal, por lo que solicita al denunciante parar sus actuaciones que no conducen a nada.    
 
Decisión A quo.

El día 20 de septiembre de 2013 el señor Juez sexto Penal del Circuito de esta ciudad realiza audiencia en la cual se pronuncia frente a la pretensión de la Fiscalía y determina que a la misma le asiste razón y por lo mismo decretaba la preclusión de la investigación, en razón a que ninguna de las conductas punibles por las que fueron denunciados los investigados – entre muchos otros- y fue solo por una actitud irresponsable dedujo una serie de delitos en los que incurrieron estas personas. Agrega el A quo que no es esa la forma de resolver un litigio ya que lo único que se busca es obtener por la vía penal lo que no se pudo por la vía civil y en las actuaciones adelantadas por los señalados no se avizoraba un fraude procesal ya que no se indujo en error para obtener un provecho, la demanda fue presentada por la apoderada del propietario del bien inmueble, temas que fueron presentados como excepciones previas y tampoco se observaba en qué forma los testimonios sirvieran para inducir en error al funcionario judicial ya que sobre los mismos se había realizado una afirmación infundada y carente de soporte fáctico porque siendo los testigos familiares del propietario del bien inmueble, dicha condición hacia que se hubieran podido enterar del contrato entre demandante y demandado. De manera adicional ordenó el juez A quo compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigara al señor OCTAVIO ARCILA MURILLO – por el presunto delito de falsa denuncia. 

Impugnación.

El apoderado de la presunta víctima adujo como tesis de su recurso que dentro del proceso de lanzamiento no se practicó inspección judicial para determinar si esas direcciones anotadas en la demanda correspondían o no al inmueble que el señor JOSÉ OCTAVIO ARCILA ocupaba, tampoco se habían llamado a declarar a testigos que adujeron que el contrato de arrendamiento no era con el señor GERMÁN sino con otro pariente del mismo. Ataca la providencia emanada dentro del proceso civil por haberse fundamentado en formalismos – sin entrar a establecer el recurrente a cuales se refería- mas no en pruebas realmente captadas con las que se acreditara  que el inmueble arrendado correspondía al que se presentó en la demanda. Solicita que en esta instancia se practiquen las pruebas que no se practicaron dentro del proceso civil. Con fundamento en lo anterior, instó al Tribunal a revocar la decisión de primera instancia y ordenar la continuación de la investigación. 

La Fiscalía como no recurrente solicita se confirme la decisión ya que los delitos denunciados por el señor OCTAVIO no tuvieron real cabida en el mundo jurídico respecto de lo penal, y fue con el objeto de no hacer entrega del local, que el denunciante recurre a la justicia penal para buscar que se le reconocieran unos derechos que le fueron negados en el Juzgado Civil. Añade que el señor Juez Civil realizó un pronunciamiento de las excepciones en donde corroboró que las partes que acudieron al proceso eran realmente las llamadas a acudir en el litigio, por ello no se encuentran razones para proseguir con la investigación penal.      

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia.

Por mandato legal derivado de los artículos 34-1 y 178 (modificado por el artículo 90 de la Ley 1395/10), resuelve la Colegiatura el asunto planteado por el recurrente dentro del marco delimitado por el objeto de la impugnación. 

Problema jurídico.

El asunto que concita la atención de la Sala se enmarca en la censura formulada por el representante de la víctima frente a la decisión tomada por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira, del cual surge el siguiente problema jurídico: ¿ Se cumple con los requisitos necesarios para proferir preclusión de la investigación, acorde con la causal consagrada en el numeral cuarto del artículo 332, referente a la atipicidad de la conducta frente al tipo penal investigado?

Solución.

La preclusión de la investigación es una de las modalidades de terminación anormal del proceso, en virtud de la cual se puede concluir una actuación mediante un acto procesal diferente la de la sentencia, con el mismo efecto de cosa juzgada.

Acorde con las innovaciones que el constituyente le imprimió al sistema procesal penal mediante el Acto legislativo 03 de 2002  modificatorio del Art. 250.5 Constitución Política, le fue concedida a la Fiscalía General de la Nación la titularidad de la acción penal, y en virtud de tal competencia fue legitimada para solicitar ante los jueces, la preclusión de la investigación, cuando según lo dispuesto en la Ley no hubiese mérito para acusar.    

Es por ello que la Ley de procedimiento penal vigente -906 de 2004- determinó de manera genérica, seis causales por las cuales se puede solicitar esa culminación del ejercicio a la acción penal, unas de forma especial por parte del ente investigador como titular para accionar el poder punitivo del estado, otras por la defensa, las victimas y el ministerio público.

En lo que respecta a la causal de preclusión objeto del presente pronunciamiento, se tiene que el Fiscal Delegado ancló su petición en la causal cuarta del artículo 332 de la Ley 906 de 2004, relacionada con “la atipicidad del hecho investigado” causal esta que opera en aquellos eventos en los cuales la Fiscalía después del análisis de los elementos materiales de prueba y la evidencia física recolectada determina que la conducta por la cual son investigados los sujetos activos de la indagación no se adecua a lo descrito en el código sustantivo penal, por lo cual ve inocuo el adelantamiento de las investigaciones con el fin de accionar la jurisdicción penal.

Para el caso en concreto verifica esta colegiatura que las tesis de alzada propuestas por el representante judicial de la supuesta víctima no tienen asidero jurídico, y contrario a ello estima que la decisión del A quo se encuentra enmarcada dentro de la legalidad de la justicia penal. Para llegar a dicha conclusión realizatremos análisis  del tema de discordia planteada en el recurso de alzada de la siguiente manera:

Como primer punto no puede desconocer esta Sala que sí existió un contrato de arrendamiento en donde el señor OCTAVIO ARCILA MURILLO fungió como arrendatario, ello se extracta de la propia manifestación hecha por la presunta víctima en la denuncia, en donde determina una supuesta fecha inicial del contrato de arrendamiento – fecha que es anterior a la determinada en la demanda de restitución del bien inmueble-, el problema que saca a relucir el togado que lo representa es relacionado con aspectos inherentes a los datos de dicho contrato descritos en la demanda civil tales como duplicidad de direcciones, inconcordancia de los linderos existentes entre la demanda y la vivienda arrendada y el cobro de un interés no existente.

Es procedente desechar la prosperidad de cada uno de los item relacionados por el togado recurrente en bloque debido a que estos tuvieron ocasión de ser discutidos en su legalidad ante el juez de la jurisdicción civil, quien, después de un análisis de los mismos,  bajo los postulados de la valoración en conjunto y la sana critica determinó con matiz de acierto que las supuestas inconsistencias pregonadas por la defensa dentro de la acción civil no tenían vocación de prosperidad.

Otro aspecto que hay que dilucidar es la posibilidad de prosperidad de una acción penal con posterioridad a las resultas de un proceso de otra jurisdicción y para esta Sala aun cuando la respuesta no puede llegar a una rotunda negación, la puerta para que se configure la falsedad es muy delicada ya que debe notarse que las confrontaciones en los despachos civiles dan lugar a que cada parte en ciertos eventos tengan sus propias elucubraciones tanto fácticas como jurídicas y es el juez de conocimiento quien en uso de sus facultades legales debe desentrañar la verdad procesal para así brindar la protección requerida. De ese análisis es posible esclarecer si efectivamente alguna de las partes hizo uso arbitrario de su derecho con el fin de tratar de inducir en error a ese funcionario, ya sea por presentación de medios de prueba tachados y declarados falsos o cualquier otra artimaña que ejerza suficiente poder de engaño en el director del proceso.  

El mismo rigor de apreciación – para efectos de verificar la existencia de un fraude procesal- se le debe dar tanto al libelo introductorio de la demanda como a los escritos de contestación y las pruebas que cada parte desee allegar como soporte de sus alegaciones.  En el caso en cuestión es un hecho demostrado en el proceso civil que el señor GERMAN MONTOYA OSORIO es el propietario del inmueble objeto de la litis, también que las personas que ejercieron ese poder de administración se presentaron en la demanda como familiares del propietario – hecho que no fue desvirtuado por el demandando- lo cual nos lleva a concluir que no puede pensarse en que el señor MONTOYA OSORIO desee hacer incurrir en error al señor Juez Civil con el objeto de proteger su propiedad. 

A modo de repaso es pertinente indicarle al recurrente varios aspectos a saber: i) que la jurisdicción penal no es la instancia adecuada ni procedente para atacar una sentencia de la jurisdicción civil, ya que para ello existe el recurso de alzada y otra especialidad que define si la sentencia se adoptó en legal manera; ii) la descripción de los linderos dentro de un contrato de arrendamiento no versa sobre el bien a arrendar si el mismo se encuentra dentro de otro bien inmueble de mayor amplitud, pues es precisamente el bien inmueble general el que corre con la carga y el que se ve afectado en sus atributos, ya sea de manera parcial o total, iii). El ardid de no ser la dirección del inmueble arrendado compatible con el de la demanda – aun cuando fue discutida en el proceso civil – esa identificación se realiza teniendo en cuenta los datos plasmados en la escritura de propiedad del bien y los registros de la oficina pública que lleva ese control, lo que fue uno de los supuestos de hecho para que el juez civil se pronunciara dentro del desarrollo de las excepciones presentadas por el demandando en el decurso de la acción civil.       
 
En lo referente a la compulsa de copias para que la Fiscalía investigue la actuación del denunciante frente a un supuesto delito de Falsa denuncia, como nada se argumentó al respecto en el recurso de alzada, esta Colegiatura en respeto al principio de limitación no abordará el tema, además dicha decisión nace por la potestad otorgada al Juez conforme las Leyes penales y disciplinarias para ordenar la investigación de hechos que presuma transgreden los citados ordenamientos.    

Como conclusión de lo antes expuesto esta Célula judicial determina que los fundamentos de la alzada no tiene vocación de prosperidad, motivo por el cual se confirmará en su totalidad la decisión del señor Juez Sexto Penal del Circuito tomada el día 20 de septiembre del año en curso, mediante la cual declaró la preclusión de la investigación en contra de los señores GERMÁN MONTOYA OSORIO y MARGARITA VÁSQUEZ OSSA por la presunta comisión del delito de FRAUDE PROCESAL.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

RESUELVE 

PRIMERO. CONFIRMAR  la  decisión  proferida  en  audiencia  del  20  de  septiembre  de  2013 por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira, por medio de la cual declaró la preclusión de la investigación en contra de los señores GERMÁN MONTOYA OSORIO y MARGARITA VÁSQUEZ OSSA por la presunta comisión del delito de FRAUDE PROCESAL y ordenó compulsar copias ante la Fiscalía General de la Nación para que el señor JOSÉ OCTAVIO ARCILA  sea investigado por la presunta comisión del delito de FALSA DENUNCIA.

SEGUNDO. ORDENAR la devolución  de las diligencias al Juzgado de origen.

TERCERO. Contra esta decisión no procede recurso alguno; las partes quedan notificadas en estrados.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado

LUZ STELLA RAMIREZ GUTIERREZ
Magistrada

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ
Secretario