TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA
Sala de Decisión Civil Familia

Magistrado Ponente: 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS

Pereira,  dieciséis (16) de diciembre de dos mil quince (2015)

Acta No. 609 de 16-12-2015.
Expediente 66001-31-10-002-2015-00768-01

I. Asunto

Decide la Sala la impugnación presentada por la apoderada judicial del señor ÁNGEL CUSTODIO ZAPATA GALVIS, frente a la sentencia proferida el 29 de octubre del año que avanza por el Juzgado Segundo de Familia de Pereira, dentro de la acción de tutela promovida por el impugnante contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.

II. Antecedentes

1.	El actor por intermedio de abogada, promovió el amparo constitucional, al considerar que la entidad accionada le vulnera sus derechos fundamentales de petición, y la seguridad social.   En consecuencia, solicita se protejan sus derechos y se ordene a la accionada que en un término perentorio considerado por este despacho, proceda a dar respuesta de fondo a la solicitud de reconocimiento y pago por reajuste pensional.

2.	En sustento de sus pretensiones, la togada expone que en representación del señor Ángel Custodio Zapata Galvis, el día 26 de agosto del año que corre, presentó ante Colpensiones solicitud de reconocimiento y pago por reajuste pensional, sin que la administradora haya dado respuesta a su petición. 

3.	A la tutela se le dio el trámite legal. Notificada la entidad accionada, guardó silencio.

III. El fallo Impugnado

1.	Previas citas jurisprudenciales y legales, el juez de primer grado denegó el amparo constitucional, bajo el sustento de que la entidad accionada cuenta con un término de cuatro (4) meses para resolver de fondo y como la solicitud de reajuste pensional se elevó el 26 de agosto del presente año, todavía no ha fenecido el término para proferir la respuesta, que en el caso concreto se vence el 25 de diciembre hogaño.

2.	El fallo fue impugnado por la abogada del accionante, fundamentando que la norma aplicable a la Administradora de Pensiones, para notificar la decisión de la pensión de sobrevivientes, es el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015, que la interpretación de la sentencia SU-975 de 2003 invocada por la a quo, debe hacerse desde la óptica de la prenombrada ley, pues lo que se busca con la petición, es que se informe por parte de la entidad lo que se necesita para resolver, en qué momento responderá de fondo a la petición y porqué no es posible contestar antes, toda vez que el reconocimiento de las prestaciones de materia pensional que tienen destinación de 4 meses están excluidas las que se consideran de reajuste pensional.

Por todo ello, solicita se conceda la acción constitucional en favor del señor Ángel Custodio Zapata Galvis y en contra de Colpensiones, ordenando a ésta última que expida el respectivo acto administrativo que resuelva de fondo su solicitud de reconocimiento y pago por reajuste pensional. 

IV. Consideraciones de la Sala

1.	Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, puedan reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados de violación por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares, en los casos previstos por el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.

Este mecanismo de protección, es de carácter residual y subsidiario porque solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Cuando se trata de una acción de tutela interpuesta para lograr el reconocimiento del derecho a la pensión, la Corte, en principio, se ha limitado a proteger el derecho de petición.  La jurisprudencia ha considerado que en estos casos, en principio, lo que se protege es que la administración resuelva pronta y diligentemente la solicitud. Así las cosas, ante la acción de tutela de una persona que ha solicitado su pensión sin recibir oportuna respuesta, la Corte ha tutelado el derecho de petición con respecto a las pensiones y el derecho al mínimo vital en pensiones, estableciendo plazos específicos para estos trámites, que de no ser cumplidos, vulneran el derecho a la seguridad social en materia pensional por conexidad con el derecho fundamental de petición o el derecho fundamental al mínimo vital.  La Corte ha establecido tres reglas:

(a)	La administración cuenta con 15 días hábiles para responder todas las solicitudes en materia pensional, incluidas las de reajuste, en cualquiera de las siguiente hipótesis: (i) que el interesado haya solicitado información sobre el trámite o los procedimientos relativos a la pensión; (ii) que la autoridad pública requiera para resolver sobre una petición de reconocimiento, reliquidación o reajuste un término mayor a los 15 días, situación de la cual deberá informar al interesado señalándole lo que necesita para resolver, en qué momento responderá de fondo a la petición y por qué no le es posible contestar antes; y (iii) que se haya interpuesto un recurso contra la decisión dentro del trámite administrativo.

(b)	La administración cuenta con 4 meses calendario para dar respuesta de fondo a las solicitudes en materia pensional, contados a partir de la presentación de la petición, con fundamento en la aplicación analógica del artículo 19 del Decreto 656 de 1994. En los casos en que se trate de pensión de sobrevivientes, la administración cuenta con un plazo máximo de 2 meses calendario, a partir de la presentación de la petición, para dar respuesta de fondo (artículo 1º de la Ley 717 de 201).

(c)	La administración cuenta con 6 meses para adoptar todas las medidas necesarias tendientes al reconocimiento y pago efectivo de las mesadas pensionales, ello a partir de la vigencia de la Ley 717 de 2001.

La Corte Constitucional en sentencia T-562 de 2008, con ponencia del Magistrado Jaime Araujo Rentería, clarificó:

“(…) En otras palabras, en materia pensional los operadores de pensiones, sean públicos o privados, cuentan con un término máximo de 4 meses para resolver de fondo las peticiones relacionadas con reconocimiento de pensión o reajuste, revisión o reliquidación de las mismas, a fin de que dentro de dicho término realicen las gestiones necesarias para resolver de manera efectiva o adecuada las solicitudes. Sin embargo, dentro de los 15 días siguientes a la presentación, el mismo operador debe comunicar al peticionario la información que éste haya solicitado en torno a los trámites a seguir para la resolución de su solicitud, solicitarle las pruebas que requiera para tal efecto o, si es del caso, que necesita de un término mayor de 15 días para responder.(…)”

Cualquier desconocimiento injustificado de dichos plazos legales, en cualquiera de las hipótesis señaladas, implica la vulneración del derecho de petición en materia pensional.  (ver al respecto las sentencias T-170-00, T-1166-01, T-001-03, T-325-03, SU-975-03 y T-200-05, entre otras).

V. El caso concreto

De acuerdo al escrito de tutela, se tiene que el señor Ángel Custodio Zapata Galvis, por intermedio de abogada, presentó el día 26 de agosto de 2015 ante la Gerencia Nacional de Reconocimiento de – Colpensiones-, solicitud de reconocimiento y pago por reajuste pensional, que al momento de presentación del amparo constitucional –10-09-2015- no le había sido brindada respuesta alguna a su pedido, sin que a la fecha se tenga conocimiento que la misma hubiera tenido ocasión, por lo que de dar aplicación a la jurisprudencia en cita, el término con que contaba la Administradora de Pensiones (15 días), se encuentra más que vencido, conculcando así el derecho fundamental de petición del accionante.  

Bajo dichas premisas, se revocará el fallo de primera instancia y en su lugar se amparará el derecho fundamental de petición del señor Ángel Custodio Zapata Galvis y se ordenará a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones que por intermedio de su Gerencia Nacional de Reconocimiento, de respuesta a la petición relacionada con la solicitud de reconocimiento y pago por reajuste pensional. 

VI. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Primero:	REVOCAR la sentencia proferida el 29 de octubre de 2015 por el Juzgado Segundo de Familia de Pereira en el asunto de la referencia y en su lugar TUTELAR el derecho fundamental de petición del señor ÁNGEL CUSTODIO ZAPATA GALVIS, vulnerado por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, de conformidad con los motivos anteriormente expuestos.

Segundo: ORDENAR a la Gerencia Nacional de Reconocimiento de la Administradora Colombiana de Pensiones, que en el término de diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a emitir respuesta a la solicitud de reliquidación pensional elevada por el accionante el 26 de agosto de 2015. 

Tercero:	Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992).

Cuarto:	Remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cúmplase y notifíquese

Los Magistrados,

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO            CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS