REDENCIÓN Y REBAJA DE PENA/ Aplicación ultraactiva de la norma más favorable/ Excepcionalmente juez de conocimiento puede resolver sobre beneficios, permisos o subrogados, en virtud del principio de proporcionalidad y del derecho a la libertad
“(…) por aplicación del principio de favorabilidad en la modalidad de la ultraactividad se toman los artículos originales, es decir, sin la modificación de la ley 1709 de 2.014, como quiera que los hechos tuvieron ocurrencia el 13 de febrero de 2012, mucho antes de la entrada en vigencia de la referida ley (…) los cuales son más beneficiosos a los intereses del Procesado que las reformas que a los mismos introdujo a la aludida ley 1709 de 2.014. 

“Las razones por las cuales considera la Sala que el Juez de Conocimiento de manera excepcional puede reconocer redenciones punitivas en los casos ya aludidos, son una aplicación de los postulados que orientan el principio de proporcionalidad, en virtud del cual, se le da preponderancia al derecho fundamental de la libertad, así sea de manera provisional, el que se erige como una medida idónea y necesaria como reemplazo y paliativo de los rigores de las condiciones de reclusión propias de la prisión intramural.” 
Cita: Corte Constitucional, sentencia T- 286 de 2011. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA
 
INTERLOCUTORIO DE SEGUNDA INSTANCIA

Pereira, trece (13) de enero de dos mil dieciséis (2016)          
Hora: 11:55 p.m.
Aprobado Acta # 006

Radicación # 66001-60-00035-2012-00832-02 
Procedente: Juzgado 2º Penal del Circuito de Pereira
Procesado: RODRIGO GARCÍA URREA
Delito: Tentativa de acto sexual violento  
Decisión: Confirma auto confutado 

ASUNTO: 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada del sentenciado RODRIGO GARCÍA URREA, en contra de la decisión adoptada mediante auto de fecha 30 de octubre de 2015 proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta ciudad, en el cual negó al encausado la solicitud de redención pena y posterior concesión del subrogado de la prisión domiciliaria.

ANTECEDENTES PROCESALES: 

El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, mediante fallo del 9 de septiembre de 2014, condenó al señor RODRIGO GARCÍA URREA a la pena de 64 meses de prisión, al declararlo penalmente responsable de la comisión del reato de acto sexual violento con circunstancia de agravación en grado de tentativa, decisión que fue objeto de apelación por parte de la Defensa, motivo por el cual se encuentran las diligencias en este Despacho en aras de desatar la alzada propuesta.

Mediante memorial suscrito por la Letrada, se solicitó ante el Juez de Conocimiento la redención de pena por estudio y trabajo del señor GARCÍA URREA y consecuentemente con ello se estudiará la posibilidad de sustituir la prisión intramural por domiciliaria al considerar que se cumplían los requisitos para ello, encontrando soporte además en decisión radicada bajo el # 36408 del 9 de mayo de 2011. Para tal efecto, solicitó requerir al Establecimiento Penitenciario y Carcelario Las Mercedes de Cartago, donde se halla recluido su representado, expedir los respectivos certificados de estudio y conducta. 

Mediante interlocutorio del 30 de octubre de 2015, la Jueza 2ª Penal del Circuito de esta localidad, negó las peticiones, por considerar que no se cumplían con los requisitos para ello en atención a que los beneficios deprecados son otorgados únicamente a personas condenadas, calidad que no ostentaba RODRIGO GARCÍA URREA por no encontrarse en firme la decisión que lo declaraba penalmente responsable. Indica que los imputados, acusados y condenados también tienen la posibilidad de realizar trabajos a fin de obtener a futuro una disminución en su pena pero dichas actividades serán reconocidas por el Juez a quien la ley ha atribuido la función de garantizar la vigilancia y ejecución de la pena, sustenta su decisión en los artículos 82, 97 a 99 y 102 de la Ley 65 de 1993 y sentencia T # 286 de 2011. 

La apoderada presenta recurso de apelación en contra de la decisión ante la negatoria de la solicitud y en sustentación adiada el 11 de noviembre de 2015, solicita al fallador de 2ª  instancia requerir a la cárcel Las Mercedes de Cartago, para que expida los certificados de redención y conducta que le han sido negados al señor RODRIGO GARCÍA URREA bajo el pretexto de no estar condenado y posterior a ello acceda a la petición de sustitución de la pena de prisión intramural por domiciliaria. Translitera también apartes de la sentencia T-286 del 9 de mayo de 2011 y los artículos 82 y 97 de la Ley 65 de 1993. 

Aduce que los artículos mencionados confieren al Juez de Ejecución de Penas la facultad de conceder la redenciones por estudio o trabajo a quienes se encuentren condenados, sin hacer distinción si se encuentra o no en firme la decisión ya que se trata de un beneficio de que gozan quienes se encuentren privados de la libertad sin distinción si es indiciado o condenado. 

Infiere asimismo, que cuando la normatividad bajo estudio separa el término detenidos de condenados, permiten deducir que a todos ellos se les está reconociendo los derechos que adquieren desde su ingreso a la privación de la libertad independiente de su situación jurídica, permitiéndoles acceder al proceso de resocialización, a tener un proyecto de vida y a redimir su pena para reintegrarse a la sociedad como seres productivos.

Finalmente solicita revocar la decisión tomada por la Jueza de primer nivel y en consecuencia ordenar al Establecimiento Penitenciario Las Mercedes de Cartago, expedir los certificados de redención y conducta a su patrocinado para que le sean reconocidos y, adicional a ello se le sustituya la pena de prisión intramural por domiciliaria de conformidad con lo reglado en el artículo 38 B de la Ley 1709 de 2014.

CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 34, numeral 1º de la Ley 906 de 2004, esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación impetrado por la apoderada del sentenciado RODRIGO GARCÍA URREA contra la decisión asumida por el Juzgado 2º Penal del Circuito de Pereira, únicamente frente a la negación de conceder la redención de pena y posterior sustitución de la pena de prisión intramural por domiciliaria.

Lo anterior a que como se advirtió en el acápite anterior, en este Despacho reposa la alzada interpuesta contra la sentencia condenatoria proferida por ese Juzgado contra el señor GARCÍA URREGO, que persigue fines distintos a los que aquí se analizarán. 

El problema jurídico que se le plantea a la Sala se encuentra descrito en la tesis del disenso propuesta por la Dra. MARÍA CRISTINA SIERRA MARÍN como apoderada del señor GARCÍA URREA y la misma consiste en establecer si la decisión de la jueza de primer nivel se encuentra ajustada a la legalidad o contrario a ello, deba revocarse para enderezar el camino de la decisión reconociendo la redención de la pena y sustituyendo la prisión intramural deprecada a pesar de no estar en firme la decisión de condena contra su patrocinado.

SOLUCIÓN:
 
De proemio, la Sala debe ser enfática en recordar que si la ley impone unas cargas a los encausados para acceder a los beneficios, permisos o subrogados, los señores Jueces no pueden desconocer dichos presupuestos legales ya que acorde al artículo 230 de nuestra Constitución Política consagra el apego de las decisiones judiciales a la normatividad –ello hace parte del Estado de Derecho-, por ello las legislaciones en todos los campos judiciales no son facultativas en el operador judicial para acogerlas o no.

Por ello, en aras de analizar si por parte del reprochado penal se cumplen o no con los requisitos exigidos para acceder a lo pedido, nos remitiremos a lo consagrado en el Código Penitenciario y Carcelario específicamente los artículos objeto de censura, empecemos:
“ARTICULO 82. REDENCION DE LA PENA POR TRABAJO. El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por trabajo a los condenados a pena privativa de libertad.
A los detenidos y a los condenados se les abonará un día de reclusión por dos días de trabajo. Para estos efectos no se podrán computar más de ocho horas diarias de trabajo.
El juez de ejecución de penas (…)”
“ARTICULO 97. REDENCION DE PENA POR ESTUDIO. El Juez de Ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por estudio a los condenados a pena privativa de la libertad.
A los detenidos y a los condenados se les abonará un día de reclusión por dos días de estudio.
(…)”
“ARTICULO 99. REDENCION DE LA PENA POR ACTIVIDADES LITERARIAS, DEPORTIVAS, ARTISTICAS Y EN COMITES DE INTERNOS. Las actividades literarias, deportivas, artísticas y las realizadas en comités de internos, programados por la dirección de los establecimientos, se asimilarán al estudio para efectos de la redención de la pena, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto dicte la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
“ARTICULO 102. RECONOCIMIENTO DE LA REBAJA DE PENA. La rebaja de pena de que trata este título será de obligatorio reconocimiento de la autoridad respectiva, previo el lleno de los requisitos exigidos para el trámite de beneficios judiciales y administrativos.” Negrillas extra texto
De suma importancia es resaltar que por aplicación del principio de favorabilidad en la modalidad de la ultraactividad se toman los artículos originales, es decir, sin la modificación de la ley 1709 de 2.014, como quiera que los hechos tuvieron ocurrencia el 13 de febrero de 2012, mucho antes de la entrada en vigencia de la referida ley -20 de enero de 2014-, los cuales son más beneficiosos a los intereses del Procesado que las reformas que a los mismos introdujo a la aludida ley 1709 de 2.014. 
Del articulado se puede colegir a priori y sin mayor elucubración que por regla general es en cabeza del juez encargado de la vigilancia y el cumplimiento de la pena en quien recae el deber de reconocer la redención a que los inculpados tengan derecho por conceptos de trabajo, estudio o labores de enseñanza, redención que se hará de la totalidad del tiempo en que el reprochado penal la desarrolló sin que tenga alguna incidencia su situación jurídica, es decir, sin distinción de la calidad de imputado, acusado o sentenciado que presente, por ello a juicio de esta Colegiatura el articulado incluye tanto a los procesados como a los condenados, garantizando de ese modo que se les compute por parte del Juez de Ejecución de Penas, una vez ejecutoriada la sentencia, el total del tiempo en que se desplegaron determinada actividad.
Dicha situación es corroborada por la mencionada sentencia T- 286 de 2011, cuando indica que todas las personas privadas de la libertad tienen derecho a realizar trabajos o estudios dentro del penal en búsqueda de resocialización pero sobre todo con el fin reducir en el futuro su pena, situación que debe ser resuelta por el Juez de Ejecución de Penas previo el cumplimiento de los requisitos establecidos para ello, compartiendo en ese sentido la Sala, la postura adoptada por la jueza de primer nivel con base en la referida sentencia:
 
“Ahora bien, teniendo en cuenta la finalidad del desarrollo de una labor en calidad de interno/na en un Centro Penitenciario, también es importante advertir que la razón principal que ocupa a la persona en diversas tareas, es la posibilidad que tiene de obtener una rebaja en la pena. Y en este contexto, le corresponderá al juez competente (Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad), determinar en casos específicos si hay lugar o no a la solicitud de reducción de la pena, previa certificación del director de la cárcel”

 	(…)

En definitiva, no es legítimo denegar las solicitudes elevadas por los internos/as, cuya situación jurídica es la de sindicado/da, bajo el argumento de que no son sujetos de tratamiento penitenciario, pues en ciertas circunstancias, como son (i) la disponibilidad y (ii) el permiso otorgado por el director del centro de reclusión para desarrollar una labor, en atención a la conducta del interno, gravedad del delito, entre otros aspectos, un procesado tiene la posibilidad de que se le otorgue la gracia de desarrollar un trabajo para obtener la redención de la pena a futuro; evento que tendrá que ser valorado por el juez competente, y una vez se reúnan los requisitos legales exigidos, para estudiar la solicitud de reducción de la pena por trabajo y/o estudio.

(...) 

En resumen, el tratamiento penitenciario está predominantemente dirigido a las personas que se encuentran condenadas a pagar una pena, sin embargo, el INPEC tiene el deber de brindar una atención integral a todos los internos sin importar la situación jurídica de quienes se encuentren en los centros de reclusión, en su calidad de sindicados/as o condenados/as”

Hasta aquí se tiene entonces que el señor RODRIGO GARCÍA URREA fue condenado el 9 de septiembre de 2014 por parte del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, decisión que fue apelada por su defensora sin que a la fecha se haya desatado la alzada propuesta por lo que sentencia no se encuentra en firme.

Dicha situación hace que en el reprochado penal no recaiga la calidad de condenado o que se encuentre en fase de ejecución de penas, sin que sea posible reconocerle anticipadamente el derecho que tiene a redimir su pena, pues como se entrevé debe ser el juez que vigile el cumplimiento de la misma el encargado de pronunciarse sobre tal petición teniendo en cuenta eso sí, como ya se dijo, todo el tiempo que ha dedicado a resocializarse a través de estudio o trabajo ya sea bajo la condición de imputado, acusado o sentenciado, pues tal distinción se tomará en cuenta únicamente para no excluir de tal reconocimiento a todas y cada una de las personas recluidas en determinado centro carcelario.  

Ahora, como bien lo aludimos en párrafos preliminares, lo anterior es la regla general, porque en opinión de la Sala el Juez de Conocimiento, en aquellos eventos en los cuales el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad aún no ha adquirido competencia, de manera excepcional puede de manera provisional reconocerle al Procesado redenciones de penas a fin de verificar si se encuentra en presencia del fenómeno de la pena cumplida, el cual a su vez se erige como causal de libertad caucionada de los procesados, acorde con las hipótesis consagradas en el # 2º del artículo 365 de la Ley 600 de 2.000. Asimismo, el Juez de Conocimiento, de manera excepcional, puede actuar de igual forma en la hipótesis de la prisión domiciliaria consagrada en el artículo 38G C.P. (adicionado por el artículo 28 de la ley 1.709 de 2.014).

Las razones por las cuales considera la Sala que el Juez de Conocimiento de manera excepcional puede reconocer redenciones punitivas en los casos ya aludidos, son una aplicación de los postulados que orientan el principio de proporcionalidad, en virtud del cual, se le da preponderancia al derecho fundamental de la libertad, así sea de manera provisional, el que se erige como una medida idónea y necesaria como reemplazo y paliativo de los rigores de las condiciones de reclusión propias de la prisión intramural. 

Al aplicar lo anterior al caso en estudio, observa la Sala que si bien es cierto en un principio le asiste la razón a la A quo, porque por regla general son a los Jueces encargados de la ejecución y la vigilancia de la pena quienes tendrían la competencia en todo aquello que tiene que ver con el escenario de la redenciones punitivas por trabajo y estudio, también es cierto, como bien lo pudo demostrar la Colegiatura, que los Jueces de Conocimiento en ciertas hipótesis de manera excepcional pueden de manera provisional llevar a cabo redenciones de penas, a fin de verificar si el Procesado puede hacerse o no merecedor del subrogado de la prisión domiciliaria según lo reglado en el artículo 38G C.P. o de la libertad provisional caucionada, acorde con lo establecido en el # 2º del artículo 365 de la Ley 600 de 2.000. 

Siendo así, las cosas, la Sala revocará el proveído confutado, a fin que la Jueza de primer nivel verifique, luego de llevar a cabo de manera provisional las redenciones punitivas a las que el Procesado tendría derecho por estudio o trabajo, si se encuentra dentro de algunas de las hipótesis que le permitan disfrutar de la libertad provisional caucionada o de la prisión domiciliaria.

Ahora, frente a la petición de la recurrente, en el sentido de ordenar al Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Mercedes de Cartago, donde se haya interno su representado, considera la Sala que le asiste razón como quiera que el encausado debe llevar el control del tiempo que ha laborado o estudiado para que posteriormente –si eventualmente llegase a confirmar la sentencia- ante el Juzgado de Ejecución de Penas, presente nuevamente la solicitud de redención, por lo que se ordenará a dicho Establecimiento que a través de la junta respectiva, bajo la responsabilidad del Subdirector o el funcionario que designe el Director, expedir las correspondientes certificaciones.

Así las cosas, se revocará la decisión adoptada por la señora Jueza Segunda Penal del Circuito de esta ciudad que negó la petición de redención de pena y posterior sustitución de prisión intramuros por domiciliaria al señor RODRIGO GARCÍA URREA, en consecuencia se le ordenará al Establecimiento de Reclusión Las Mercedes de Cartago, expedir las certificaciones que por estudio o trabajo merezca el reprochado penal.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Pereira, en Sala de Decisión Penal,

RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR la providencia proferida el 30 de octubre de 2015 por parte del Juzgado 2o Penal del Circuito de Pereira, y en consecuencia se le ordenará a la Jueza de primer nivel verificar, luego de llevar a cabo de manera provisional las redenciones punitivas a las que el Procesado RODRIGO GARCÍA URREA tendría derecho por estudio o trabajo, si se encuentra dentro de algunas de las hipótesis que le permitan disfrutar de la libertad provisional caucionada o de la prisión domiciliaria, según lo regulado en el artículo 38G C.P. y # 2º del artículo 365 de la Ley 600 de 2.000. 

SEGUNDO: ORDENAR al Establecimiento Penitenciario y Carcelario Las Mercedes de Cartago, expedir las certificaciones que por estudio o trabajo merezca el señor RODRIGO GARCÍA URREA.

TERCERO: Contra esta decisión no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE:

MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ
Secretaria