REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

MANUEL YARZAGARAY BANDERA

AUTO INTERLOCUTORIO DE SEGUNDA INSTANCIA

Pereira, veintisiete (27) de mayo de dos mil dieciséis (2016)
Hora: 8:50 a.m.
Aprobado por Acta # 460 del 27 de mayo de 2016

Radicación:	66170-6000066-2014-01116-01	
Acusados:	ÓSCAR ZAPATA LONDOÑO	
Delitos:	Receptación	
Asunto: 	Apelación auto que imprueba preacuerdo	
Decisión:	Confirma	

VISTOS:

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por la Delegada Fiscal y la Defensa del acusado ÓSCAR ZAPATA LONDOÑO, contra el auto proferido el día 26 de abril hogaño por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Dosquebradas, en virtud del cual en la audiencia de verificación de preacuerdo la Juez A quo improbó la negociación realizada entre el Procesado y el Ente Acusador en el proceso que se sigue en su contra por la conducta punible de Receptación.
ANTECEDENTES:

Se reiteran los supuestos fácticos ya relatados en auto del 1 de junio de 2015 por esta Corporación de la siguiente manera: 
“La génesis de los hechos investigados se extractan del encuadernado en donde se da cuenta que el día 09 de Junio del año  inmediatamente anterior agentes con funciones de Policía judicial acuden a verificar una información sobre la presunta comisión del delito de receptación en el inmueble ubicado en la carrera 16 frente al No. 75ª-08 del barrio Júpiter de la Municipalidad de Dosquebradas, donde encuentran las partes de un vehículo que había sido reportado como hurtado el día anterior en la ciudad de Medellín, procediendo al registro de la propiedad, encontrando en su interior partes de vehículos denunciados como hurtados en hechos ocurridos en las ciudades de Medellín, Caicedonia y Tuluá, procediendo a la captura de los Sres. MARCO ANTONIO NIÑO SARRIA y OSCAR ZAPATA LONDOÑO.” 

LA ACTUACIÓN PROCESAL:

Se reitera la actuación procesal ya relatada en auto del 1 de junio de 2015 por esta Corporación y se ahondará con la actuación desplegada con posterioridad a ella, quedando de la siguiente manera: 

“Una vez se hace la captura de los aquí enjuiciados se les realizan las audiencias preliminares el día 10 de junio de 2014 ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de la ciudad de Dosquebradas, en donde se declara legal el registro y allanamiento, el procedimiento de captura, la legalidad de los elementos incautados, la Fiscalía les informa sobre los cargos que corren en su contra por la presunta participación en la materialización del ilícito de receptación, cargos que no fueron aceptados por los imputados y se les impone medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.

El delegado de la Fiscalía presenta escrito de acusación en contra de los dos presuntos responsables el ocho de agosto de 2014, audiencia que se lleva a cabo ante la Juez Penal del Circuito de Dosquebradas -quien asume como jueza  de conocimiento- el día 30 de enero de 2015 
La audiencia preparatoria se inicia el 12 de mayo de la presente anualidad, en la que luego de presentar cada una de las partes intervinientes las pruebas que pretende hacer valer, la Sra. Defensora hace la solicitud de la exclusión del dictamen pericial contenido en un informe y un CD respecto a los celulares incautados a sus defendidos en el procedimiento de captura, por considerar que lo que allí se realizó fue una búsqueda selectiva en base de datos y no se siguió por parte del Ente Acusador los parámetros establecidos en el artículo 244 del C.P.P. solicitud que es negada por la Sra. Juez A quo en cuya contra se interpuso y sustentó en debida forma por la Defensa un recurso de apelación.” 

La Sala mediante proveído del 23 de febrero del año que avanza revocó la decisión adoptada por la jueza de primer nivel y como consecuencia de ello ordenó la exclusión de la prueba inicialmente decretada en favor de la Fiscalía –informe de fecha 27 de agosto de 2014, suscrito por el investigador del CTI Heriberto Gallego Méndez- por lo que una vez devuelto el encuadernado al juzgado de origen, éste dando curso a la actuación señaló fecha para llevar a cabo la audiencia de juicio oral la cual no ha podido iniciarse tras múltiples aplazamientos para intentar celebrar un preacuerdo.

El 17 de noviembre de 2015 la Delegada Fiscal radicó ante el juzgado de conocimiento el acta donde constaba el preacuerdo a que había llegado con el Defensor del señor ÓSCAR ZAPATA LONDOÑO, el cual una vez sometido a verificación fue objeto de improbación por la jueza de primera instancia, en contra de la decisión tanto la Fiscal como la Defensa interpusieron sendos recursos de apelación. 

EL AUTO IMPUGNADO:

Como se dijo anteriormente se trata de la decisión tomada por la Sra. Jueza 1º Penal del Circuito de Dosquebradas, en la cual no aprobó el preacuerdo sometido a verificación, por considerar que se vulneraba el principio de legalidad de las penas por haberse desconocido las reglas consagradas para la dosificación ya que la pena aplicable para el cómplice del delito de receptación con circunstancia de mayor punibilidad es de 59 meses y 16 días de prisión y no de 50 meses partiendo del cuarto mínimo como erradamente se preacordó.

Agrega asimismo que la Fiscalía no enteró claramente a las víctimas del preacuerdo celebrado, y ello no es una formalidad porque el Ente Acusador debe garantizar que se repare a las víctimas respecto de los perjuicios económicos que sufrieron con el delito sin necesidad de esperar hasta el incidente de reparación integral.   

LA ALZADA:

La Delegada Fiscal como sujeto recurrente, argumenta que el preacuerdo estuvo ajustado a la legalidad tal como lo exigen los últimos referentes jurisprudenciales. Agrega que con antelación enteró a las víctimas del preacuerdo celebrado con el Procesado ÓSCAR ZAPATA LONDOÑO, que una de ellas manifestó no tener interés en el proceso porque la aseguradora ya le respondido por el vehículos, las demás también fueron enteradas pero son renuentes a asistir al Despacho y la última actúa a través de la representante que se encuentra presente en la audiencia. 
La Defensa como sujeto recurrente, señala que la tasación de la pena está dentro del marco legal toda vez que fue respetuosa de lo dispuesto en el art. 3 de la ley 890 de 2004 el cual otorga al Fiscal la posibilidad de fijar la sanción a imponer pudiendo apartarse del sistema de cuartos en tratándose de la celebración de preacuerdos.
Indica asimismo que sólo existen dos motivos para improbar un preacuerdo, el primero, nulidad por vicios de consentimiento y segundo por violación de garantías o derechos fundamentales y que en este asunto no se presenta ninguno de ellos; recuerda que el preacuerdo tiene efectos vinculantes no solo para las partes sino también para el juez quien únicamente puede inmiscuirse a efectos de garantizar derechos fundamentales, trae a colación el proveído de la Corte de fecha 25 de febrero de 2016 radicado # 84228 donde se previno a la judicatura para que en lo sucesivo se abstuviera de improbar preacuerdos indicando a la Fiscalía la forma como debía preacordar con el acusado, especialmente en el tema de la punibilidad. 
Finalmente aduce que la Fiscalía cumplió con la obligación que le asiste de informar el preacuerdo a las víctimas y éstas fueron renuentes a involucrarse en el proceso más aún cuando ya algunas fueron indemnizadas por las compañías de seguro, y agrega que la víctima no constituye un requisito indispensable para que se apruebe el preacuerdo aduciendo que ya tendrán la oportunidad de reclamar lo que les corresponde en el incidente de reparación integral. Solicita se revoque decisión A quo y en su lugar se acoja al preacuerdo celebrado.
La apoderada de la víctima como no recurrente, plantea que la Fiscalía faltó a la verdad cuando manifiesta que informó a las víctimas sobre el preacuerdo, ya que nunca fueron citados para la celebración del mismo y que sólo tuvieron conocimiento de él cuando se acercaron al Despacho Fiscal solicitando copia de toda la actuación y allí se enteraron del preacuerdo ya celebrado, siendo informados en ese instante de la fecha para someterlo a verificación. 
Arguye que en materia de preacuerdos y negociaciones la Fiscalía tiene la carga ineludible de vincular a las víctimas dejando expresa constancia de las pretensiones en el acta y resalta que dichas negociaciones son improcedentes en delitos como el aquí investigando hasta tanto se haya reintegrado por lo menos el 50% del valor de incremento patrimonial percibido y se asegure el recaudo del remanente, situación que según la apoderada de las víctimas no se ha cumplido. Solicita confirmar la decisión proferida por la Jueza A quo.

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

Competencia:

Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el numeral 1º del artículo 34 del C.P.P. es la competente para resolver la presente alzada, en atención a que estamos en presencia de un recurso de apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de un auto proferido en primera instancia por un Juzgado Penal del Circuito que hace parte de este Distrito judicial.

De igual manera no se encuentra irregularidad procesal que haga cortapisa al análisis de fondo y en su lugar se deba declarar la nulidad de la actuación.  

Problema Jurídico:

Del sustento del recurso por los recurrentes - Defensa y Fiscalía-, y la intervención de la no recurrente a juicio de la Sala se desprende el siguiente problema jurídico: 

¿Se cumplían o no con los presupuestos necesarios para que la Judicatura no le impartiera aprobación a un preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y la Defensa del Procesado ÓSCAR ZAPATA LONDOÑO, en el cual el procesado admitía su responsabilidad criminal en la comisión del delito de Receptación, a cambio que la Fiscalía variara el grado de participación de coautor a cómplice y partiera del cuarto mínimo de la pena a imponer? 

SOLUCIÓN

En aras de desarrollar el problema jurídico puesto a consideración de la Sala, se torna imperioso retomar el análisis que en anteriores oportunidades ha realizado esta Colegiatura respecto de los controles que debe ejercer el Juez de Conocimiento al momento de verificar la legalidad de alguno de los mecanismos de terminación abreviada de los procesos, acorde a lo establecido en la legislación procesal penal vigente como de la línea jurisprudencial trazada por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.  

De acuerdo a lo anterior y con el fin de reiterar sin extenderse en lo ya ampliamente dicho por esta Sala en anteriores asuntos de similar consideración, se concluye entonces que el juez de conocimiento al momento de verificar la legalidad de una de las formas de terminación abreviada del proceso – por allanamiento a cargos, preacuerdo o negociación, debe velar por que se cumplan los siguientes aspectos:

1)	Que el acto procesal de terminación abreviada del proceso no esté afectado por ningún tipo de vicios del consentimiento e igualmente que el encausado al momento de allanarse a los cargos o de preacordar con la Fiscalía, lo haya hecho de manera voluntaria, libre, espontánea y con consciencia de lo que hacía; todo ello con el debido acompañamiento y asesoría de un profesional del Derecho. 

2)	Que el preacuerdo o la negociación sean respetuosos de los fines que filosóficamente justifican su existencia, así como de los postulados que orientan el Derecho Premial.

3)	El Preacuerdo o la negociación debe ser respetuoso de los postulados que orientan el Principio de Legalidad. Lo cual quiere decir que no puede existir duda alguna sobre la adecuación típica de la conducta punible objeto del convenio. Igualmente en aquellos casos en los cuales se haya tasado la pena, esta debe obedecer los principios y las funciones que la rigen así como las reglas de dosimetría punitiva según lo expuesto por la Corte en la Sentencia 24531.

4)	Que exista un mínimo probatorio que desvirtué la presunción de inocencia que le asiste al procesado y que por ende se cumplan los requisitos que son necesarios para poder proferir una sentencia condenatoria.

5)	Verificar si: a) Existe alguna limitación, constitucional o legal, que condicione la celebración del acuerdo suscrito entre la Fiscalía y la Defensa, como acontece en la hipótesis del reintegro consagrada en el artículo 349 C.P.P. b) La existencia de alguna prohibición en lo que tenga que ver con la concesión de beneficios o contraprestaciones a favor del procesado, como sucede en aquellos casos que de secuestro o extorsión, o cuando el sujeto pasivo sea un menor de edad víctima de un delito sexual; c) Como consecuencia de la contraprestación, acorde con lo reglado en el artículo 351 C.P.P. el procesado resulta siendo beneficiario de más de un beneficio. 

6)	La coherencia que debe haber entre el núcleo fáctico de la formulación de la imputación y la calificación jurídica de los hechos, los cuales a su vez se constituyen en el norte que deben ser tenidos en cuenta por las partes respecto de los hechos y delitos que son objeto del preacuerdo o del allanamiento a cargos. El tema objeto de control de legalidad por parte del Juez de Conocimiento, lo constituyen las premisas fácticas y jurídicas, es decir los hechos jurídicamente relevantes y su correspondiente calificación jurídica, que fueron plasmadas ya sea en la formulación de la imputación o en el escrito de acusación.

A modo de complemento del anterior requisito, en lo que tiene que ver con la contraprestación que la Fiscalía le debe conceder a la Defensa como consecuencia de preacuerdo, en caso que esta implique el reconocimiento de una circunstancia modificadora de los limites punitivos que de una u otra forma repercutan en la tipicidad de la conducta, esta Colegiatura ha sido de la opinión que debe haber un mínimo probatorio que a modo de discusión o controversia permita inferir, sin necesidad de certeza, sobre la posible o probable existencia de ese evento.

Es de anotar que los argumentos basilares que han sostenido la línea de pensamiento que en tal sentido ha sostenido esta Colegiatura son los siguientes:   

“Es perfectamente posible que las partes acuerden el reconocimiento de una atenuante, como lo es la circunstancia a la que se contrae el artículo 56 del estatuto punitivo, sin que para ello se tenga que sostener que debe existir plena prueba a ese respecto.

Lo que se acaba de decir tiene su lógica, en cuanto si en verdad se tuviera plena demostración del referido instituto en el caso concreto, lo que procedería no es un preacuerdo, sino simple y llanamente la concesión de la diminuente punitiva por derecho propio.

Es entendido que aquello que se preacuerda es lo que no está plenamente demostrado y por lo mismo es una ganancia de la parte que accede a ello a cambio por supuesto de admitir su culpabilidad. 

Lo dicho guarda armonía con lo que sucede con el principio de oportunidad, porque para que éste opere, al menos debe existir un principio probatorio en cuanto a la existencia del ilícito; de no ser así, no tiene sentido dar aplicación a la figura y lo que corresponde es la preclusión.

Obviamente, también hay lugar a ciertas y determinadas concesiones punitivas por vía de una negociación, no obstante que exista prueba plena al respecto. Pero esto sucede en el caso de las agravaciones punitivas, porque es sabido que una de las formas de preacordar es precisamente la eliminación de un agravante cuando por supuesto está debidamente demostrado, o al menos existe un principio de prueba al respecto y se presume que el ente acusador intentará demostrar su existencia en juicio.

Ahora bien, que así sea, es decir, que solo se negocie lo que está en duda respeto a las atenuantes punitivas, o aquello otro que posea un respaldo probatorio serio como en el caso de las agravantes, no significa que a partir de allí todo sea factible de negociarse, porque hay lugar a sostener que una de las reglas que orientan el tema de las terminaciones anormales del proceso, es que NO SE PUEDE TRANSAR LO INTRANSABLE, y es aquí donde radica la imposibilidad de acceder a lo pretendido por las partes en conflicto. Se explica:

Decir que no se puede transar o transigir lo intransable o intransigible, significa que existen unos parámetros objetivos que no se pueden variar sin romper la realidad procesal. Sería el caso, por ejemplo, que se pretendiera decir, contra toda lógica, por vía de una negociación, que se entienda que el material alucinógeno incautado no era cocaína sino marihuana o viceversa. O que no obstante saberse que la víctima falleció, se entienda igualmente en forma absurda que se está ante unas simples lesiones.

Como se aprecia, existen unos límites inamovibles que no pueden ser fuente de negociación….”.

(…) La posibilidad de negociar no significa que a cualquier acusado se le pueda cobijar con cualquier beneficio, porque, repetimos, se requiere al menos un principio probatorio que haga viable esa opción en cuanto la atenuante que se propone pueda llegar a existir y su procedencia esté librada a un debate en juicio oral. 

Podría hacerse incluso un paralelo con lo que acontece, por ejemplo, con la ira e intenso dolor, que como se sabe es otra atenuante punitiva, acerca de la cual se ha dicho que poseen dos elementos: uno objetivo y otro subjetivo. Se requiere que al menos la parte objetiva –no así la subjetiva- esté presente para que se haga viable el preacuerdo. Como quien dice que si ni siquiera los elementos básicos de la ira se dan en un caso concreto, la negociación estaría llamada al fracaso…”.

Reiterado lo anterior y tomado como marco conceptual en el caso bajo estudio, se tiene que la inconformidad tanto de la Fiscalía como de la Defensa se fundamentan en la no aprobación del preacuerdo por parte de la Jueza A quo, quien basó su negativa al considerar que existe una indebida dosificación punitiva en el presente asunto al haberse omitido las reglas que rigen el sistema de cuartos de movilidad para escoger la pena definitiva a imponer, aunado a que la Delegada Fiscal no tuviera en cuenta a las víctimas para llevar a cabo la negociación a sabiendas que éstas sufrieron un detrimento patrimonial con el actuar desplegado por el procesado, lo que en sentir de la Sala implicaba que se debía cumplir con el requisito del reintegro como condición de procesabilidad para la aprobación del preacuerdo.

Acorde con lo anterior, la Sala inicialmente verificará si en el presente asunto se satisfizo el cumplimiento del requisito de la condición de procesabilidad para la aprobación del preacuerdo e igualmente si el mismo es respetuoso de los fines filosóficos perseguidos con esa modalidad de terminación abreviada de los procesos penales en atención a que en el evento que ello no se haya dado, las demás peticiones se quedarían sin sustento.   

Sobre este tópico vale decir que revisada minuciosamente la actuación se encontró que existió una total desidia y negligencia por parte de la Delegada Fiscal frente a la actuación que debía desplegar tendiente a que las personas que habían salido perjudicadas con el actuar criminoso desplegado por el señor ÓSCAR ZAPATA LONDOÑO fueran reparadas económicamente de los perjuicios acaecidos, lo anterior obedece que en el cuaderno allegado a esta instancia por la Fiscalía lo único que se halló fueron constancias dejadas a los señores JUAN JOSÉ OCAMPO VÉLEZ, SILVIO ANTONIO MEJÍA VARGAS y JAMES ARTURO VINASCO RIVAS, en las cuales les informaba las fechas que  había señalado el Juzgado Primero Penal del Circuito de Dosquebradas para llevar a cabo la audiencia de verificación de preacuerdo, pero nunca fueron citados para adelantar la negociación con el Procesado como legalmente correspondía.

Dicha situación pudo ser corroborada fácilmente por la Sala no sólo con las manifestaciones absueltas por la Delegada Fiscal en la audiencia de preacuerdo sino con lo esbozado allí mismo por la Dra. LUZ NÉLIDA MUÑOZ MORA, representante de una de las víctimas, quien fue enfática en contar que la Fiscal mintió al decir que los enteró e involucró en la celebración del preacuerdo cuando por su parte únicamente tuvo conocimiento de él al ser informada de la fecha en que se celebraría la audiencia para que éste fuera sometido a verificación de la Judicatura, y que solamente le fue entregado cuando solicitó al Despacho Fiscal copia de toda la actuación, situación que a todas luces deja mucho que desear del Ente Acusador por el desprestigio que su actuar causa a la administración de justicia contrariando no solo las finalidades de la negociación sino el verdadero compromiso que en ellos se debe asumir con las víctimas. 

Con lo acontecido en el presente asunto, en el que el preacuerdo prácticamente se llevó a cabo de manera clandestina por la Fiscalía, se contrariaría uno de los fines que deben ser respetados por las partes al momento de la celebración de esta clase de negociaciones como lo es el aprestigiamiento de la administración de justicia, cuya reputación quedaría en tela de juicio cuando el Ente Acusador decide por sí y ante sí, a fin de garantizar una exitosa negociación con la Defensa, desconocer los derechos que según lo reglado en los artículos 11 y 137 C.P.P. le asisten a las víctimas para intervenir en un proceso penal, entre los cuales se encuentra el más básico de ellos como lo es el derecho a ser escuchados u oídos, sin que su opinión se constituya en veto, tanto en la etapa de formulación de la acusación como en los eventos de terminación abreviada de los proceso penales. 

Es de anotar que las finalidades de los preacuerdos, consagradas en el artículo 348 C.P.P. se erigen en el norte a seguir, y por ende deben ser respetadas por las partes, desde el primer momento en el que la Fiscalía decide negociar con la Defensa, por lo que un preacuerdo, como el del caso en estudio, que no sea respetuoso de esas directrices y lineamientos está destinado al fracaso, como bien lo ha destacado la Corte de la siguiente manera:

“El fin de los preacuerdos, así lo enseña el mencionado precepto, es humanizar la actuación procesal y la pena; obtener pronta y cumplida justicia; activar la solución de los conflictos sociales que genera el delito; propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto y lograr la participación del imputado en la definición de su caso, en armonía con los principios constitucionales y fines perseguidos con el sistema procesal penal de tendencia acusatoria.  

Tales lineamientos no son solamente un catálogo de buenas intenciones, sino que deben verse reflejados en los términos, alcance, aplicación y efectos del preacuerdo; su cumplimiento no se satisface con la sola mención del contenido de la norma que los consagra, ni con la cita vacua y apenas formal de una u otra de las finalidades previstas en la norma.  

Aun cuando, naturalmente, un preacuerdo elaborado de manera prolija y rigurosa debería expresar de manera precisa sus finalidades, lo relevante es que de su contenido material se deriven elementos de juicio que permitan ver de qué manera se concreta y aprestigia el valor justicia, en qué forma se consigue la humanización de la pena, cómo con el preacuerdo en verdad se soluciona el conflicto social generado por el delito y se provee eficazmente a la reparación integral de los perjuicios ocasionados por este, o, en fin, de qué manera con esta modalidad de la justicia premial el procesado logra participar en la definición del caso.
   
Dicho lo anterior, lo que se observa en el caso presente es que el fiscal Charris Bravo, aparte de enunciar las finalidades reseñadas en el artículo 348 de C. de P. P., mencionó que el monto de la pena se compadecía con la gravedad del comportamiento, reiteró que una de las finalidades de los preacuerdos es humanizar la pena, y que con los puntos del preacuerdo la administración de justicia y la administración pública salían aprestigiadas. 

 (:::)

Así las cosas, se tiene que -aunque de manera superficial y escasamente desarrollada- el entonces fiscal hizo referencia a la finalidad del preacuerdo, cual sería, en líneas generales, el aprestigiamiento de la justicia y de la administración pública, así como la humanización –sin especificar qué fue lo que se humanizó mediante el preacuerdo. 

De manera, entonces, que esta particular conducta atribuida por la fiscalía al hoy procesado no se configura, pues la mención de la finalidad del preacuerdo, aun cuando bien deficiente, se deduce del escrito. Pero lo relevante, insiste la Corte, no es que en casos como este se enuncie la finalidad del preacuerdo, a través de la expresa mención de alguna, varias o todas las finalidades que consagra el artículo 348 de la Ley 906 de 2004, sino que tales propósitos  asomen de manera implícita de los propios términos del preacuerdo.  

Esto último evidentemente no ocurrió en el caso presente, pues, paradójicamente, el aprestigiamiento de la justicia es la finalidad de los preacuerdos que aquí más salió lesionada. Ello es así porque el preacuerdo en estudio no configura otra cosa que el desconocimiento y la burla a cualquier intento de solucionar el asunto de manera justa, en la medida en que se desarrolló sobre una sumatoria de improcedentes beneficios que desconocieron la gravedad de los hechos objeto de acusación, y sus nocivas consecuencias…..”. 

Aunado a lo anterior, se torna conveniente resaltar que con el delito de receptación, por el cual está siendo procesado el señor ZAPATA LONDOÑO, se causó un menoscabo en el patrimonio económico de las víctimas quienes evidentemente resultaron afectadas en ese aspecto como consecuencia del hurto de sus vehículos, por tanto y de conformidad con lo reglado en el art. 349 del C.P.P. y tal como lo expone la representante de la víctima Dra. LUZ NÉLIDA MUÑOZ MORA, el preacuerdo celebrado entre Fiscalía y Defensa sería totalmente improcedente hasta tanto el sujeto activo reintegrara por lo menos el 50% del incremento patrimonial obtenido, asegurando el recaudo del remanente, lo cual en el caso que ocupa nuestra atención no se ha presentado según lo expresado por la distinguida Letrada antes mencionada quien aseveró que sus representados no fueron ni siquiera citados por la agencia fiscal para que expresaran su opinión o pretensiones sobre la negociación del que tan solo se les informó como se dijo antes, la fecha de la audiencia en que iba a ser sometido a verificación.  

Por lo tanto si estamos en presencia de un delito pluriofensivo, como lo es la receptación, ya que además de afectar el interés jurídico de la administración de justicia también aqueja el del patrimonio económico, el de contera le genera jugosas ganancias a quienes se dedican a desguazar vehículos hurtados para luego vender sus partes en el mercado negro, es obvio que los Procesados deben de haber obtenido algún tipo de incremento en su patrimonio como consecuencia del ejercicio de su actividad criminal, por lo que se tornaba necesario el previo cumplimiento del requisito del reintegro, el cual según nos lo indica el artículo 349 C.P.P. se erige como circunstancia de procedibilidad que necesariamente debe cumplirse como requisito para la aprobación del preacuerdo, como bien lo ha destacado de vieja data la Corte de la siguiente manera:

“En primer lugar, vale destacar que la previsión contenida en el artículo 349 de la Ley 906 de 2004 constituye un acto de obligatorio cumplimiento para aquellos delitos que llevan inmersos el provecho económico, en tanto que de acuerdo con la inteligencia de la norma permite concluir que el pluricitado reintegro, así como también el asegurar el recaudo del remanente, constituye un acto de procedibilidad para perfeccionar el “preacuerdo o la negociación”.

(:::::)
 
En tales condiciones, resulta diáfano predicar que en los preacuerdos y negociaciones entre la fiscalía y el imputado o acusado, según el caso, surge indispensable dar cabal cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 349 de la Ley 906 de 2004, en tanto que el presupuesto del reintegro constituye motivo de procedibilidad para culminar con la terminación abreviada del proceso.

(:::::)

Así, no hay duda que la citada irregularidad condujo a la  trasgresión del debido proceso, habida cuenta que el acuerdo celebrado entre la Fiscalía y el procesado no se regló lo referido al reintegro por parte de Martínez Castillo del 50 por ciento del valor equivalente al incremento patrimonial percibido por su actividad delincuencial y, cómo se aseguraría el recaudo del remanente, presupuesto imperativo de procedibilidad, máxime cuando éste aceptó que por emitir las providencias prevaricadoras recibió a cambio dinero, aspecto en el que también el propio acusado puede colaborar, sabiendo que él en contubernio con otras personas traficaron con la justicia en unos quinientos expedientes aproximadamente…….”.

Lo anterior ratifica entonces, que contrario a lo expresado por el señor Defensor, el reintegro pecuniario de que trata el artículo 349 ejusdem sí se convierte en un requisito de procesabilidad para la aprobación y el perfeccionamiento de la negociación de manera que no habiéndose cumplido dicho requisito en el presente asunto, la Sala es del criterio que el preacuerdo no llenaba las exigencias necesarias para su aprobación, lo que de contera releva a la Colegiatura de realizar el análisis respecto al tema de la dosificación.  
 
En resumidas cuentas, considera la Sala con base en las razones antes aludidas, que el preacuerdo puesto a consideración de la A quo no era susceptible de ser aprobado, como atinadamente lo determinó la señora Jueza Primera Penal del Circuito de Dosquebradas, quien despachó desfavorablemente el pedido de la Defensa y el Ente Acusador. 

Ante tal situación, la Sala concluye que al no asistirle razón a la tesis de discrepancia propuesta por los recurrentes en la alzada, se ha de confirmar la providencia confutada.

En mérito de lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el proveído proferido en la audiencia celebrada el 26 de abril de la presente anualidad, en virtud de la cual el Juzgado Primero Penal del Circuito de Dosquebradas, improbó el preacuerdo pactado entre la Fiscalía General de la Nación y la Defensa del señor ÓSCAR ZAPATA LONDOÑO, en el proceso adelantado en su contra por el delito de receptación.

SEGUNDO: Devolver el encuadernado al Despacho de origen para que se continué con el trámite de la actuación. 

Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso alguno. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado