El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso. 
El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala.
Providencia:		Sentencia – 2ª instancia – 30 de agosto de 2017
Proceso:                		Penal – Confirma sentencia condenatoria y niega subrogado
Radicación Nro. :	  	66017 60 00 066 2012 00280 01
Procesado:   		JUAN CARLOS PAVA CASTRO
Magistrado Ponente: 	JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ

Temas: 			LESIONES PERSONALES DOLOSAS / NIEGA SUBROGADO. [A]l estar probado el antecedente que presenta el procesado, correspondiente a la condena que le impuso el juzgado 1º penal municipal de Dosquebradas mediante sentencia del 25 de abril de 2012, donde fue sentenciado a la pena principal de 25 meses y 9 días de prisión, por la conducta de hurto calificado, en medio de la cual se causaron las lesiones que dieron origen al presente proceso, al examinarse las circunstancias en que  resultò afectada la integridad personal de la señora Morales, quien  era una mujer indefensa que fue atacada de manera artera por el acusado con un arma blanca, sufriendo un grave lesionamiento, no se puede hacer ningún pronóstico favorable sobre los “antecedentes personales” del acusado, que demuestran un alto grado de insensibilidad frente a la protección de los derechos de sus congéneres, (…) En consecuencia la Sala estima que no hay lugar a reconocer el subrogado reclamado por el recurrente en favor de su representado. En atención a las anteriores consideraciones, esta Sala confirmará parcialmente la decisión de primera instancia, modificando lo atinente a la pena que deberá descontar el señor Juan Carlos Pava Castro. 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA
SALA DE DECISIÓN PENAL
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ

Proyecto aprobado mediante acta Nro. 868 del treinta (30) de agosto de dos mil diecisiete (2017)
Pereira, cinco (5) de septiembre de dos mil diecisiete (2017)
Hora: 10:49 a.m. 

Radicación	66170 60 00 066 2012 00280 01 	
Procesado	Juan Carlos Pava Castro 	
Delitos	Lesiones personales dolosas 	
Juzgado de conocimiento 	Segundo Penal Municipal de Dosquebradas  	
Asunto 	Recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia del 22 de octubre de 2012	

1. ASUNTO A DECIDIR

Se procede a resolver lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por el defensor del procesado Juan Carlos Pava Castro, contra la sentencia proferida por la juez segunda penal municipal de Dosquebradas, mediante la cual lo condenó a la pena de 43 meses y 22.5 días de prisión y multa de 33.25 smlmv al haber sido hallado responsable del delito de lesiones personales dolosas, subsumidas en el tipo sancionatorio del artículo 115, inciso 2º del C.P. 

2. ANTECEDENTES

2.1 El supuesto fáctico del escrito de acusación es el siguiente: 

El 10 de Febrero dé 2012 siendo las 20:30 horas la señora LUZ STELLA MORALES GRISALES se desplazaba sola por la Avenida Los Molinos entre calles 34 y 35, cuando sintió que una persona venía corriendo, le haló la ropa y la tiró al suelo, procedió a ingresarla a un lote baldío, la señora LUZ STELLA gritó para pedir auxilio y el sujeto con la cacha de un arma cortopunzante la golpeó en el ojo izguierdo, procediendo a halarle el bolso gue llevaba, ella se resistió y él lo haló fuerte y lo rompió, le empezó a dañar la ropa y le decía gue la iba a violar, al ver que  la señora LUZ STELLA botaba sangre por su herida salió corriendo por el lote; la señora LUZ STELLA salió y solicitó ayuda, de inmediato la ciudadanía llamó a la policía, la central de radio se comunicó con la patrulla motorizada Vicom 11 compuesta por los patrulleros GIRALDO y VELASQUEZ, quienes hicieron presencia en el lugar de los hechos, donde la señora LUZ STELLA les proporciona las características de vestir del sujeto que le hurtó y la lesionó, los policiales ingresan al lote y luego de la búsqueda encuentran al sujeto quien viste conforme lo manifestó la víctima, le hallan en su poder el bolso de la señora LUZ STELLA, el cual es de color rosado y blanco y en cuyo interior se encuentra un celular marca Nokia 1110, $10.000 pesos en efectivo y los documentos personales de la víctima y también le encuentran el arma cortopunzante con la cual causó la lesión en la cara de la víctima, motivo por el cual fue aprehendido y a quien se identificó como JUAN CARLOS PAVA CASTRO, se le leyeron sus derechos suscribió el acta de buen trato, siendo dejado a disposición de la URI en Pereira para lo pertinente: el Fiscal URI compulsó copias para que se investigara la conducta punible de lesiones personales dolosas dada la gravedad de las mismas, anexando copia del informe de captura en flagrancia y de la denuncia de la lesionada LUZ STELLA MORALES GRISALES donde informa las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que resultó lesionada; se envió a la víctima al Médico Legista y le dictaminó una incapacidad definitiva de 60 días y como secuelas: Deformidad física que afecta el rostro de carácter permanente, perturbación funcional de órgano de la visión de carácter permanente, perturbación funcional de órgano del sistema nervioso central de carácter permanente y perturbación psíquica de carácter permanente.”

2.2 La audiencia de formulación de imputación se adelantó ante el Juzgado Primero Penal Municipal de Dosquebradas, acto en el cual la FGN le comunicó cargos al señor Pava Castro por el delito de lesiones personales dolosas previsto en los artículos 111, 112 inciso 2°, 113 inciso 2° y 2°, 114 inciso 2° y 115 inciso 2° del CP, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 117 Ibídem. El procesado aceptó la imputación. No se solicitó medida de aseguramiento en su contra (folios 6 a 7).

2.3 El Juzgado Segundo Penal Municipal de Dosquebradas asumió el conocimiento de la presente causa. La audiencia de individualización de pena se celebró el 3 de octubre de 2012 (folio 14 a 15). La sentencia fue proferida el 22 de octubre de 2012 (folio 23 a 28). 

2.4 El defensor del procesado apeló la sentencia de primer grado. 

3. IDENTIDAD DEL PROCESADO

Se trata de Juan Carlos Pava Castro, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 1.039.686.571 de Puerto Berrio Antioquia, nacido el 9 de enero de 1989 en Samaná Caldas, hijo de Dora Elice y Delfín. 

4. SOBRE LA DECISIÓN IMPUGNADA

4.1 La juez de primera instancia fundamentó su decisión de la siguiente manera: 

•	El comportamiento atribuido al señor Juan Carlos Pava Castro se adecua a los artículos 111, 112 inciso 2°, 113 inciso 2° y 3°, 114 inciso 2° y 115 inciso 2° del CP, con el aumento previsto en la ley 890 de 2004 y en concordancia con lo expuesto en el artículo 117 del CP.

•	El procesado aceptó de manera libre, espontánea y consciente la imputación que le formuló la FGN por el delito de lesiones personales dolosas. 

•	Hizo referencia a la pena que prevé cada uno de los tipos penales aludidos y al aumento de la sanción, según el artículo 14 de la ley 890 de 2004. 

•	En el proceso de dosificación de la pena tuvo en cuenta el concepto de unidad punitiva que establece el artículo 117 del C.P. y en tal virtud se consideró que la conducta punible de mayor entidad era la establecida en el artículo 115, inciso 2º del C.P., o sea “Perturbación psíquica”, que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14 de la ley 890 de 2004, tiene prevista una pena que oscila entre 48 y los 162 meses de prisión. 

•	Teniendo en cuenta que la FGN no allegó copia de la sentencia a la que se hizo alusión, la A quo consideró que era viable no tener en cuenta los antecedentes penales del acusado, por lo cual partió del mínimo del primer cuarto de pena (48 meses), que aumentó en dos meses más, con base en lo previsto en el artículo 31 del CP, quedando la sanción en 50 meses de prisión, a la cual le hizo una reducción del 12.5% en consideración al allanamiento a cargos por parte del encartado y al pronunciamiento de la CSJ de fecha 11 de julio de 2011, radicado 38285, fijando la pena en 43 meses y 22.5 días de prisión. También impuso como pena accesoria la inhabilitación para el ejercicio de los derechos y funciones públicas por un lapso igual al de la pena principal. 

•	La multa fue tasada bajo los mismos criterios de la pena de prisión, fijando la misma en 33.25 SMLMV.

•	No le fue concedido el subrogado de ejecución condicional de la pena al acusado teniendo en cuenta que no cumplía con el factor objetivo del artículo 63 del CP. 

5. SOBRE EL RECURSO PROPUESTO

5.1 Defensor (Recurrente)

•	La FGN le comunicó cargos a su prohijado el 31 de agosto de 2012 por el delito de lesiones personales dolosas previsto en los artículos 111, 112 inciso 2°, 113 inciso 3°, 114 inciso 2° y 115 inciso 2° del CP. Aunado a ello el ente investigador adujo que debía tenerse en cuenta el artículo 137 (sic) de esa codificación, en lo relativo al principio de unidad punitiva.

•	La imputación se hizo por el delito que comportaba la pena más grave que era la prevista en el artículo 115 inciso 2° del CP. Sin embargo en la sentencia se hizo un aumento de 2 meses por un concurso de conductas punibles, sin que se especificara si ese concurso era homogéneo o heterogéneo, por lo que consideró que la funcionaria de primera instancia había vulnerado el  principio de congruencia establecido en el artículo 448 del CPP, ya que se  condenó a su representado por un delito que no fue objeto de acusación.

•	En cuanto a la rebaja por el allanamiento a la imputación señaló que en la audiencia preliminar la delegada de la FGN le había ofrecido al procesado una disminución de pena del 37.5% si aceptaba cargos, conforme al criterio que tenía para ese entonces la SP del TS de Pereira. Sin embargo, en la sentencia solamente se hizo una detracción punitiva del 12.5%, siguiendo lo dispuesto en  CSJ SP 11 de julio de 2012, radicado 38285, con lo cual se vulneraron los derechos de defensa y el debido proceso de su representado, ya que se le había ofrecido un descuento de pena mayor en la audiencia preliminar, lo que lo motivó para aceptar el cargo formulado.

•	En el presente caso no sería procedente decretar la nulidad de la actuación, ya que la juez de primer grado realizó la audiencia del 447 del CPP y anunció el sentido del fallo condenatorio, con lo cual avaló lo acontecido ante el juez de control de garantías en lo relativo a la rebaja de pena que se ofreció al imputado. 

•	En la citada audiencia manifestó que el procesado estaba siendo investigado por la conducta de hurto calificado por la violencia, que además comportaba circunstancias de agravación, por lo cual no era posible que con base en los mismos hechos se le imputara la conducta de lesiones personales.

•	Igualmente pidió que se examinara lo relativo a las condiciones de marginalidad y extrema pobreza del procesado, que adujo la defensa, con base en un informe social que se presentó en la citada audiencia.

•	Al haberse negado al sentenciado el subrogado de la condena de ejecución condicional de la pena, la A que debió pronunciarse respecto a la viabilidad de conceder otros mecanismos “sustitutivos de detención preventiva”. 

•	A su modo de ver la juez segunda penal municipal de Dosquebradas desconoció el contenido del artículo 446 del CPP al no referirse a las solicitudes que se formularon la audiencia de IPS (artículo 447 del CPP). 

•	Solicitó que se revoque o se modifique la decisión recurrida en lo que es materia de impugnación.

•	De manera subsidiaria, el recurrente pide que de considerarse procedente la declaratoria de nulidad de la actuación, la misma sea decretada a partir de la lectura de la sentencia.

5.2 Delegada FGN (No recurrente)

•	Hizo referencia a los hechos materia de investigación y a los cargos que le fueron comunicados al señor Juan Carlos Pava Castro, señalando que de conformidad con lo enunciado en el artículo 117 del CP sobre el principio de la “unidad punitiva” se debía aplicar en este caso la pena correspondiente a la conducta de mayor gravedad, que era la de  perturbación psíquica de carácter permanente. 

•	No se le imputó al acusado ningún concurso de conductas punibles, ya que solo se aplicó el criterio de la unidad punitiva. 

•	La investigación por las lesiones personales dolosas atribuidas al acusado se tramitó cuando ya estaba vigente la ley 1453 de 2011. 

•	Para el 31 de agosto de 2012 cuando se formuló imputación al encartado, ya estaba vigente el precedente jurisprudencial donde se otorgaba la rebaja del 12.5% dentro de los casos donde operaba la flagrancia. Sin embargo, la FGN le ofreció al encartado una disminución de pena del 37.5%, si aceptaba cargos, ya que los hechos acontecieron antes del proferimiento de esa decisión, y por lo tanto se debe reconocer dicha diminuente al señor Pava Castro. 

•	Consideró que la negación de subrogados penales fue acertada teniendo en cuenta la modalidad y la gravedad de la conducta atribuida al procesado, aunado al daño físico y psicológico que sufrió la víctima. 
6. CONSIDERACIONES LEGALES

6.1 Competencia

Esta Colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004.

6.2 Problemas jurídicos a resolver: De conformidad con la argumentación de la defensa, se debe examinar el grado de acierto de la decisión de primer grado en los tres aspectos relevantes que fueron objeto del recurso así: i) lo referente al proceso de la tasación de la pena efectuado por la A quo, quien aumentó en dos meses la pena impuesta al acusado, considerando que se presentaba un evento de concurso de conductas punibles; ii) lo relativo a la disminución del 12.5% sobre la pena que se hizo en la sentencia de primera instancia, pese a que la FGN le había ofrecido al procesado una reducción del 37.5% en la audiencia preliminar si se allanaba al cargo formulado; y iii) lo atinente a la omisión por parte de la falladora, quien no se pronunció sobre tres aspectos puntuales: 1) la presunta violación del principio del non bis in ídem; 2) el reconocimiento de la circunstancia de marginalidad y pobreza extrema conforme a lo previsto en el artículo 56 del CP a favor del encartado; 3) el reconocimiento de los demás “mecanismos sustitutivos de la detención preventiva” (sic). 

6.3 Primer problema jurídico 

6.3.1 De conformidad con el registro de la audiencia de formulación de imputación celebrada el 31 de mayo de 2012, ante el Juzgado Primero Penal Municipal de Dosquebradas, se presentaron las siguientes actuaciones: 

6.1.2 El delegado de la FGN le comunicó cargos al señor Juan Carlos Pava Castro como autor a título de dolo del delito de lesiones personales dolosas, que subsumió en el tipo sancionatorio del artículo 115, inciso 2º del C.P. (perturbación psíquica de carácter permanente), con base en lo dispuesto en el artículo 117 del C.P. que establece el principio de unidad punitiva así: “Si como consecuencia de la conducta se produjeren varios de los resultados previstos en los artículos anteriores, sólo se aplicará la pena correspondiente al de mayor gravedad”. 
6.1.3 La imputación jurídica por esa conducta que comporta una pena de prisión de 48 a 162 meses y una multa de 36 a 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes, se basó en el contexto fáctico mencionado en la audiencia preliminar, según el cual: “...el hoy indiciado Pava Castro en forma dolosa, excediéndose en la violencia e intimidación que ya ejercía sobre la víctima, y ante el pedido de auxilio de esta, la golpeó con la cacha del arma cortopunzante que exhibía, causándole daño en el cuerpo y en la salud de la señora Morales Grisales, que le generaron 60 días de incapacidad definitiva para trabajar y como secuelas deformidad física que afecta el rostro de carácter permanente, perturbación funcional del órgano de la visión  de carácter permanente, perturbación funcional de órgano del sistema nervioso central permanente de carácter permanente y  perturbación psíquica de la lesionada de carácter permanente (...) además de presentar en la actualidad un trastorno por estrés postraumático, evidenciando alteraciones en el estado anímico, psicológico, afectivo, comportamental y requiere según el psiquiatra forense tratamiento psicológico...”. 

6.1.4 Igualmente se desprende del citado registro, que se le manifestó al procesado que si aceptaba el cargo formulado se le haría una rebaja del 37.5% de la pena a imponer, siguiendo el criterio que tenía esta Corporación para ese entonces.

6.1.5 La juez con función de control de garantías luego de realizar las advertencias legales, e indicarle que en caso de allanarse a la imputación las penas le serían reducidas conforme al artículo 351 del CPP, interrogó al acusado sobre la comunicación de cargos realizada por el ente acusador y el señor Pava Castro manifestó que los aceptaba. 

6.1.6 De lo anteriormente expuesto se deduce que en el caso del señor Juan Carlos Pava Castro, el delegado de la FGN hizo referencia al contenido del artículo 117 del C.P., referente al concepto de unidad punitiva, que precisamente existe para no dar aplicación a las normas sobre concurso de conductas punibles previstas en el artículo 31 del CP, cuando se presentan varios resultados contra el bien jurídico de la integridad personal que se puedan subsumir en los tipos sancionatorios correspondientes a los artículos 112 y siguientes del estatuto punitivo, lo que tiene efectos en el proceso de dosificación de la pena. 
6.1.7 Esa situación fue reconocida por el representante de la FGN en el escrito que allegó como sujeto procesal no recurrente, por lo cual se puede concluir que en el caso sub lite, la juez de conocimiento actuó correctamente al aplicar el artículo 117 del C.P., para seleccionar como conducta de mayor gravedad el tipo sancionatorio del artículo 115 inciso 2° del CP, con base en el cual fijó el marco punitivo inicial sobre la sanción que debía imponer al procesado, pero se equivocó al hacer alusión a la figura del concurso de conductas punibles, que no era aplicable al presente caso en virtud de la ficción legal que establece el criterio de unidad punitiva, que viene a corresponder precisamente al contenido de esa expresión.

Por lo tanto no resultaba procedente que la A quo hiciera alusión al artículo 31 del CP que regula lo concerniente a la fijación de la pena para el caso de concurso de delitos, para efectos de incrementar la pena fijada al procesado por la violación del artículo 115, inciso  2º del C.P. en 2 meses de prisión y 2 SMLMV, por lo cual se modificará el fallo de primer grado en ese aspecto específico. 

6.2 Segundo problema jurídico

6.2.1 Como ya se advirtió, el censor considera que dentro del presente asunto se debió reconocer al acusado un descuento del 37.5% de la pena por su allanamiento voluntario a cargos, respetando de esta manera el ofrecimiento realizado por el delegado de la FGN en el desarrollo de la audiencia de formulación de imputación. 

6.2.2 Como se dijo en el apartado 6.1.4 de esta providencia en el momento en el que la FGN le comunicó cargos al señor Pava Castro, se le indicó que en el caso de allanarse la imputación por el delito que le fue atribuido de violación del artículo 115, inciso 2º del C.P. en modalidad dolosa, se le reconocería una reducción de la pena del 37.5%, con base en los pronunciamientos emitidos por esta Colegiatura para esa fecha. 

6.4.3 Según el registro de la citada audiencia, la juez con función de control de garantías informó al señor Pava Castro, que si aceptaba el cargo formulado, su pena sería reducida conforme al artículo  351 del CPP, sin especificar el porcentaje concreto de esa rebaja.
6.4.4 En el caso se debe tener en cuenta que los hechos ocurrieron el 10 de febrero de 2012, cuando ya estaba rigiendo la ley 1453 del  24 de junio de 2011, que fue promulgada en la misma fecha, cuyo artículo 57 (parágrafo) modificó el artículo 301 de la ley 906 de 2004, (aplicable a los casos de flagrancia), en los siguientes términos: “La persona que incurra en las causales anteriores sólo tendrá ¼ del beneficio de que trata el artículo 351 de la ley 906 de 2004” 

6.4.5 Sin embargo, es necesario recordar que a partir de la expedición de esa norma se generaron diversas interpretaciones sobre el alcance de la disposición antes citada, entre ellas la que acogió mayoritariamente esta Sala Penal, que correspondía precisamente  a una reducción del 37.5% de la pena para quienes se avenían a la imputación en la audiencia preliminar.

6.4.6 Como bien se sabe, la discusión referida fue zanjada por la Sala de CP de la CSJ, en una decisión posterior al fallo de primera instancia, según el precedente contenido en la sentencia CSJ SP del 11 de julio de 2012, radicado 38285 , en la cual se expuso lo siguiente:

“(…) 

Conforme con lo anterior, la persona que haya sido capturada en flagrancia tendrá derecho a las siguientes rebajas de penas progresivas según el momento en que se allane a los cargos formulados:

Rebajas punitivas por aceptación de cargos

Audiencia de formulación
Art. 351	Rebaja original
½ (50%)	Rebaja actual
12.5 % (1/4 de la mitad)	
Audiencia preparatoria
Art.356 N.5	1/3 (33.3%)	8.33% (1/4 de la tercera parte)	
Audiencia juicio oral
Art. 367	1/6 (16.6%)	4.16% (1/4 de la sexta parte)	

(...) Huelga señalar que dichas rebajas se harán efectivas luego de individualizarse la respectiva sanción…”.

6.4.7 En el caso en estudio se advierte que la sentencia de primera instancia se profirió el 22 de octubre de 2012, es decir luego de que se conociera el precedente de la SP de la CSJ citado con antelación, y que al individualizar la pena, la funcionaria de primer grado sólo le reconoció al incriminado la detracción punitiva del 12.5% referida en ese fallo.

6.4.8 Sin embargo, no se debe olvidar que aunque la audiencia preliminar se adelantó el 31 de agosto de 2012, cuando ya había sido proferida la decisión CSJ SP del 11 de julio de 2012 radicado 38285, lo real es que el delegado de la FGN le ofreció al imputado una rebaja del 37.5% de la pena, siguiendo el criterio que había adoptado esta Colegiatura antes de que a SP de la CSJ se pronunciara al respecto, situación que determinó que el imputado se allanara a los cargos por la conducta punible contra la integridad personal que se le formularon en ese acto.

6.4.9 Por lo tanto se considera que no le asistió razón a la funcionaria de primer grado al reducir la pena al procesado en un 12.5%, y no un 37.5%, que era el porcentaje establecido para esa época por esta Colegiatura, que en todo caso no estaba basado en la inaplicación del artículo 57 de la ley 1453 de 2011, sino en el criterio que se tenía sobre la manera de entender esa norma, posición que subsistió hasta que la Sala Penal de la CSJ, fijó su posición sobre el asunto en los términos antes enunciados. 

6.4.10 Por lo anterior, se considera consistente el argumento del defensor del procesado para solicitar la modificación del fallo de primera instancia, en lo relativo a la fijación de la pena que se debe imponer al procesado, lo que obliga a modificar el plus punitivo.

6.4.11 En ese orden de ideas y para no defraudar la expectativa del procesado en relación con el porcentaje de disminución de pena que le ofreció el delegado de la FGN a cambio de su aceptación de cargos con base el criterio de esta Corporación que fue mencionado anteriormente, se hará un nuevo ejercicio de dosificación punitiva, en estos términos:

•	Con base en el marco punitivo adoptado por el fallador de primer grado que partió del mínimo del primer cuarto de pena para la conducta descrita en el artículo 115 inciso 2º del CP, se partirá de 48 meses de prisión y de 36 SMLMV para la pena de multa, ya que como se dijo en el apartado 6.1.7. no resultaba procedente el incremento de los dos meses de prisión ni de los 2 SMLMV, realizado por la A quo, ya que el artículo 117 del C.P. excluye la aplicación de la fórmula de concurso de conductas punibles prevista en el artículo 31 ibídem. 

•	Respetando el marco punitivo del cual partió la juez  de primer grado, esa sanción de 48 meses de prisión y la pena de multa acompañante serán reducidas en un 37.5%.

En consecuencia la pena definitiva que debe descontar el procesado se fija en 30 meses de prisión y 22.5 SMLMV.

6.5 Tercer problema jurídico 

6.5.1 De conformidad con lo expuesto por el abogado que representa los intereses del señor Juan Carlos Pava, la señora juez de conocimiento omitió realizar un pronunciamiento de fondo frente a tres situaciones concretas a las que él hizo alusión durante la audiencia prevista en el artículo 447 del CPP, estos son: i) la valoración del principio del non bis in ídem; ii) el reconocimiento de la circunstancia de marginalidad y pobreza extrema conforme a lo previsto en el artículo 57 del CP a favor del encartado; y iii) el reconocimiento de los mecanismos sustitutivos de la detención preventiva. 

6.5.2 Sobre esos aspectos es oportuno señalar que durante la audiencia de individualización de pena y de lectura de sentencia, realizada el 3 de octubre de 2012, el defensor del señor Juan Carlos Pava Castro adujo lo siguiente: 

6.5.2.1 El 31 de agosto de 2012 ante la juez de control de garantías se hizo referencia a las condiciones personales del acusado. En esa esa oportunidad la delegada de la FGN señaló que se trataba de una persona de 23 años, analfabeta, e indicó que pertenecía a una familia proveniente de Samaná Caldas, que fue víctima del desplazamiento provocado por un grupo subversivo el 2 de diciembre de 2005. Aunado a ello el procesado había presenciado la muerte violenta de su padre, hecho que se presentó el 1 de diciembre de 2005. 

Atendiendo lo informado por la defensa, el acusado es un trabajador informal y desempleado. Sin embargo aclaró que el señor Pava Castro contaba para la fecha de esa audiencia con un trabajo acorde con sus condiciones pues no tenía ilustración, y se desempeñaba como empleado de la fábrica de arepas “San Alejo Pavas” (presentó certificado laboral), donde trabaja desde el 14 de mayo de 2012, es decir desde el momento en que obtuvo la libertad luego de ser condenado por el delito de hurto calificado y agravado que dio origen a esta actuación. 

El investigado sólo tiene ese antecedente por el delito de hurto calificado y agravado del que se desprendieron las presentes diligencias, por el cual ya fue condenado por el Juzgado Primero Penal Municipal de Dosquebradas (presentó certificación expedida por la secretaría de ese despacho, en la que consta que los hechos por los que fue procesado el señor Pava acontecieron el 10 de febrero de 2012, por los cuales fue sentenciado a 25 meses 9 días de prisión y se le concedió el subrogado de la condena condicional ya que indemnizó a la víctima.) 

6.5.2.2 Sobre la fijación de la pena y la concesión del subrogado de la condena condicional, solicitó que se reconociera al procesado una rebaja del 37.5% por su allanamiento a cargos, conforme a la oferta que se le hizo en la audiencia preliminar por el delegado de la FGN, con lo cual al partir del mínimo del primer cuarto de pena, la sanción quedaría en 30 meses de prisión, con lo cual se cumpliría el factor objetivo del artículo 63 del C.P. En lo relativo al examen del factor subjetivo para conceder el subrogado, consideró que lo relativo a la modalidad y la gravedad de la conducta ya había sido valorado cuando se dictó la sentencia contra el procesado por el delito de hurto calificado y agravado y que en este caso se estaría juzgando el delito medio o fin, ya que el propósito del autor era el de cometer un hurto. 

6.5.2.3 Igualmente expuso que con la imputación realizada por la FGN se podría estar violando el principio del non bis in ídem, ya que el hurto fue calificado por la violencia ejercida sobre las personas, conducta que se está juzgando nuevamente y no se podía responsabilizar al procesado por la conducta contra la integridad personal ya que la FGN no imputó simultáneamente todos los delitos a su representado. 

6.5.2.4 Para la concesión del subrogado previsto en el artículo 63 del C.P. solicitó que no se tuviera en cuenta la prohibición contenida en el artículo 68A del C.P. en razón del antecedente que presentaba el procesado, ya que la presente sentencia tuvo origen en los mismos hechos y el señor Pava ha venido observando buena conducta con posterioridad y no ha vuelto a delinquir. 

6.5.2.5 Finalmente solicitó que se examinara la situación personal del acusado con el fin de que le fuera reconocida la condición de marginalidad, ignorancia y pobreza extrema prevista en el artículo 56 del CP, que no justificaba su actuación pero le podía significar una rebaja adicional a su pena. Para el efecto expuso: i) que se trataba de joven campesino, quien desde el año 2005 debió abandonar su entorno debido a un desplazamiento provocado por la guerrilla, lo cual fue certificado por la Procuraduría General de la Nación; ii) allegó un estudio sociofamiliar realizado el 24 de abril de 2012 por una trabajadora social, donde se considera que el procesado puede estar en circunstancias de marginalidad o de extrema pobreza; y iii) que el hecho de no contar con un trabajo fijo pudo haber incidido en la ejecución de la conducta. 

6.6 Sobre estos temas adyacentes del recurso de apelación, se hacen las siguientes manifestaciones:

6.6.1 En lo relativo al tema relacionado con la presunta vulneración del principio del non bis in ídem derivada del hecho de que el procesado fue sentenciado por el delito de hurto calificado y agravado del cual se desprendió el presente proceso en razón de la violencia ejercida contra la víctima, se debe tener en cuenta que del contexto fáctico del escrito de acusación se desprende que la presente actuación se originó en la compulsa de copias que se hizo el fiscal adscrito a la URI, para que se investigara la conducta contra la integridad personal de la señora Luz Estella Morales Grisales, que comportaba la afectación de un bien jurídico distinto al del patrimonio económico, por lo cual no quedaba subsumido en el tipo de hurto calificado agravado ya referido por el cual fue sentenciado el señor Pava Castro.

Además se debe recordar que en el caso sub examen se presentó una terminación anticipada del proceso ante el libre e informado allanamiento a cargos del señor Pava Castro por la violación del artículo 115 del C.P. en modalidad dolosa, por lo cual no resulta posible que el recurrente enfoque esa parte de su argumentación a controvertir el juicio de adecuación típica efectuado por la FGN, frente a esta conducta punible que fue aceptada por el incriminado en un acto que fue avalado por la juez que asumió la función de control de garantías en virtud de la competencia que le otorga el artículo 131 del CPP, ya que precisamente la conducta procesal del señor Juan Carlos Pava de avenirse al cargo formulado por la FGN, constituyó una renuncia al juicio oral y por ende a la controversia sobre los medios de prueba de que disponía el ente acusador, pues ese avenimiento a la imputación comportaba la aceptación tanto de los hechos como de su calificación jurídica, lo cual viene a ser consecuencia del principio de congruencia entre acusación y sentencia que establece el artículo 448 del CPP.

6.6.2 Como consecuencia de lo expuesto anteriormente hay que manifestar que en casos como el presente donde medió el consentimiento del procesado frente a la imputatio facti y la imputatio iuris, el interés para recurrir la sentencia condenatoria se encuentra limitado, como consecuencia del principio de legitimación de la impugnación, que fue examinado en CSJ SP del 3 de septiembre de 2014, radicado 33.409, donde se manifestó lo siguiente:

“(…) 

1.2.- En aplicación de estas directrices, la doctrina y la jurisprudencia penal han entendido que el sujeto procesal carece de interés para recurrir en casación cuando la sentencia impugnada satisface integralmente sus pretensiones, bien porque acoge sus posturas defensivas, o porque se dicta en total correspondencia con los acuerdos que ha realizado dentro de los marcos de la justicia consensuada, y que tampoco tiene interés para hacerlo cuando siendo la decisión desfavorable es consentida por el afectado CSJ AP, 16 Jul 2001, Rad. 15488 y CSJ AP, 20 Oct. 2005, Rad. 24026.

Por esto tiene establecido que la limitación al derecho a controvertir los aspectos aceptados o concertados con la Fiscalía, se erige en garantía de seriedad del acto consensual y expresión del deber de lealtad que debe guiar las actuaciones de quienes intervienen en el proceso penal, única manera de que el sistema pueda ser operable, pues de permitirse que el implicado continúe discutiendo ad infinitum su responsabilidad penal, no obstante haber aceptado libre y voluntariamente  los cargos válidamente imputados, el propósito político criminal que  justifica el sistema de lograr una rápida y eficaz administración de justicia a través de los allanamientos, acuerdos y negociaciones con la Fiscalía, y de obtener ahorros en las funciones de investigación y juzgamiento, se tornaría irrealizable.” (Subrayas fuera del texto).

6.6.3 A su vez, en la sentencia CSJ SP del 3 de septiembre de 2014, radicado 33409, se manifestó lo siguiente:

“(…) 

1.5.- En el caso que se estudia, en la audiencia preliminar de imputación el indiciado aceptó libre y voluntariamente los cargos que le formuló la Fiscalía por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, en la modalidad de “llevar consigo”, definido por el inciso segundo del artículo 376 del Código Penal, modificado por la Ley 890 de 2004. 

Esto significa que reconocía la realización de la conducta típicamente antijurídica que le fue imputada, que admitía la responsabilidad por dicho delito, que aceptaba que se le condenara por el mismo, y que renunciaba al derecho de tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado e imparcial;  también, a la garantía de no autoincriminarse, a la facultad de presentar pruebas en su favor y a controvertir las evidencias recaudadas y las que eventualmente el órgano acusador pudiera allegar en su contra; así como a discutir el fallo en relación con los aspectos unilateral y voluntariamente admitidos, es decir, su responsabilidad penal por los cargos que le fueron imputados, careciendo, por tanto, de interés jurídico para impugnar las sentencias por estos motivos, pero manteniendo la posibilidad de controversia, aunque circunscrita eso sí, a las decisiones que tienen que ver con la pena, la forma de su ejecución, y eventualmente, la indemnización de perjuicios..”. (Subrayas fuera del texto original)

6.6.4 Lo anterior permite inferir que el recurso propuesto por la defensa en lo que respecta a la presunta vulneración al principio del non bis in ídem no está llamado a prosperar, ya que como se señaló el acusado optó por renunciar a un juicio oral a través del cual su defensor podría hecho valer sus pretensiones en tal sentido, frente a la conducta que fue subsumida en la norma de prohibición del artículo 115 inciso 2º del C.P., en atención a la narrativa del escrito de acusación, donde se hace referencia a los actos de violencia física que sufrió la víctima cuando pedía auxilio en el momento en que transcurría el hurto, siendo golpeada por el procesado con la cacha del arma cortopunzante que esgrimía, lo que le generó entre otras consecuencias, una perturbación psíquica de carácter permanente. 

En consideración a lo anterior, esta Sala concluye que no le asiste razón al recurrente en este aspecto puntual. 

6.7 Ahora bien frente al reconocimiento de la circunstancia diminuente de pena prevista en el artículo 56 del C.P., debe decirse inicialmente que aunque este tema no fue decidido en la sentencia de primera instancia, resulta procedente hacer las siguientes consideraciones:

6.7.1 Esta Corporación mediante providencia del 16 de agosto de 2016, M.P. Manuel Yarzagaray Bandera, hizo referencia al tema del reconocimiento de las atenuantes punitivas previstas en el artículo 56 del CP. Sobre el tema se dijo lo siguiente: 

“(…)

Las circunstancias atemperantes consagradas en el artículo 56 C.P. operaban dentro de una doble condición: a) En el ámbito de la punibilidad, se constituyen como factores que modifican de manera genérica los límites punitivos de las sanciones penales; b) En el plano de la tipicidad, al fungir como una especie de dispositivo amplificador del tipo por consignar una serie de nuevas circunstancias modales que repercuten en la conducta descrita en el tipo penal. 

En lo que tiene que ver con la primera de las aludidas duales condiciones, se podría decir que la causal de atenuación punitiva consagrada en el artículo 56 C.P., regula una serie de hipótesis que repercuten drásticamente en la disminución del ámbito de la punibilidad de los delitos perpetrados bajo el influjo de las mismas. Entre dichas hipótesis se encuentra el estado de marginalidad extrema, el cual se caracteriza porque la persona a quien se le achaca la presunta comisión de un delito, lo haya perpetrado como consecuencia de cualquier tipo de circunstancias o de eventos que incidan para que se encuentre apartado o alejado de la Sociedad, o que no se encuentre integrado y por ende no haga parte de la misma, lo que de una u otra forma incide para que no pueda comprender o asimilar en debida forma el injusto penal.

Pero es de anotar que no basta con que estén demostradas las circunstancias de marginalidad, ignorancia o pobreza extrema que aquejan al procesado, porque para la procedencia de la atemperante punitiva se requiere o exige la acreditación de una relación de causalidad entre la comisión del delito y la ocurrencia de dichas circunstancias, o sea que el delito sea perpetrado como consecuencia del influjo de esas situaciones de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas.

Frente a la procedencia de los anteriores requisitos, la Corte ha expuesto lo siguiente:

“Advierte la Sala que para la demandante es suficiente afirmar que la condición de drogadicto del acusado lo ha hecho una persona marginal y que por ello procede la atemperante. Lo primero que desapercibe es que la viabilidad de esta atenuante está condicionada en la hipótesis aducida a “profundas situaciones de marginalidad”, grado superlativo de los supuestos en que procedería, sobre los que no se detiene el libelo.

Por lo demás, el Tribunal, con minuciosidad y detenimiento, resaltó que los argumentos aducidos por la impugnante pretenden encontrar en la circunstancia de ser Vargas Rivas drogadicto, la marginalidad propia del precepto en cita, con lo cual descarta aplicar la rebaja de pena, observando que aquél vive con su progenitora y realiza trabajos de diversa índole, contexto que repudia los conceptos que para el legislador posibilitan la rebaja punitiva, con  fundamento en un aspecto que entonces no concurre, como lo propuso la impugnante, por el sólo hecho de su drogadicción.

De ahí que la casacionista, salvo afirmarlo, no agrega argumentos que evidencien, más allá de las manifestaciones realizadas al momento de la captura, su absoluta y extrema falta de integración social, más aún, su exclusión del sistema social y la información con que se cuenta no es evidencia de ello.

Supuestos como los propios de este caso, imponen distinguir cuando hay circunstancias que pueden afectar en cierta medida el desempeño de un individuo en la sociedad, de aquellas que evidencian profundas situaciones de marginalidad determinantes o influyentes en forma directa en la ejecución de la conducta punible, distinción más que imperiosa en orden a aplicar positivamente dentro del marco legal la atenuante de pena, sin que quepan asimilaciones como la reclamada por la libelista, de que partiendo de unas manifestaciones plasmadas en un informe de policía al momento de la captura, se esté dentro de los parámetros de la norma 56 del C.P…..” .( subrayas fuera del texto original ) 

6.7.2 Asimismo se es necesario manifestar que quien alegue en su favor las circunstancias de atenuación punitiva reguladas en el artículo 56 C.P. tiene la carga probatoria de demostrar que el encausado se encontraba en extremas condiciones de marginalidad y que las mismas incidieron en la comisión del delito.

6.7.3 Los deberes relacionados con la carga probatoria que le correspondía asumir a la defensa para procurar en favor de su representado la aplicación del artículo 56 del C.P., vienen a ser una consecuencia del principio de la incumbencia probatoria, sobre el cual se ha expresado la SP de la CSJ  de la siguiente manera:

“Se tiene, de esa manera, que en el proceso penal no es posible trasladar la carga de la prueba de responsabilidad al acusado, pues no le corresponde a él desplegar actividades dirigidas a demostrar su ajenidad en el ilícito. Por el contrario, el Estado soporta el deber de acreditar la culpabilidad del procesado, protegido hasta el fallo definitivo por la presunción de inocencia, la cual, para ser desvirtuada, se insiste, exige la convicción o certeza, más allá de toda duda, basada en el material probatorio que establezca los elementos del delito y la conexión del mismo con el autor. 

(…)

Lo que sí le es dado al procesado es oponerse a las pruebas que la Fiscalía trae para desvirtuar su inocencia, actividad que corresponde a un acto propio del derecho de defensa a través del cual puede, incluso, explicar o justificar su conducta. Si opta por ese camino, declinando el derecho a guardar silencio, asume el deber de acreditar esas explicaciones, de manera que si, por ejemplo, propone una coartada, debe procurar para la actuación los medios de prueba que acrediten su ubicación a la hora de los hechos, en un lugar diferente al de la ejecución, ya que la simple manifestación de ausencia, resultaría insuficiente para desvirtuar la imputación que le haga la Fiscalía como autor o partícipe de la ilicitud. Igual diligencia se le exigirá si frente a la acusación propone la existencia de causales eximentes de responsabilidad, pues debe emplearse en demostrar los supuestos de hecho que las actualizan. La Fiscalía, por su parte, procurará negar la existencia de esas circunstancias.

En todos esos eventos, se activa el principio general de la incumbencia probatoria, de conformidad con el cual le corresponde al interesado probar el supuesto de hecho de las normas que establecen el efecto jurídico que persigue, sin que ello signifique trasladar la carga probatoria de responsabilidad o fijar cargas dinámicas en torno a ese tópico…”.

6.7.4 Sobre este tema, la pretensión del defensor se sustentó en el informe social realizado por la trabajadora social Blanca Iris Murillo A. (folio 9 a 11 cuaderno anexos), del cual se desprende lo siguiente:

•	El procesado cuenta con un núcleo familiar compuesto por su madre y tres hermanas, pues su padre murió de manera violenta el 1 de diciembre de 2005 por hechos atribuidos a un grupo subversivo. 

•	Vivió hasta los 17 años en la vereda Raudales del municipio de Samaná Caldas, donde se desempeñó como jornalero.

•	Luego del homicidio de su padre, el procesado y su familia se fueron a vivir a Medellín, y se presentaron como desplazados ante la Procuraduría General de la Nación. En el año 2009 se radicaron en Manizales, donde fueron reportados ante la UAO.

•	Durante su permanencia en esas ciudades el señor Pava Castro se desempeñó como albañil, de manera informal.

•	Posteriormente el señor Pava se fue a vivir a Dosquebradas donde labora en una fábrica de arepas a cambio de su estadía. 

•	Los oficios en los que se ha desempeñado el acusado nunca le han permitido obtener ingresos que superen 1 SMLMV, por lo cual no ha podido satisfacer sus necesidades propias y las de su madre a quien le colabora económicamente. 

•	La profesional que realizó el estudio sociofamiliar consideró: i) que el analfabetismo del procesado sólo le han permitido acceder a trabajos informales, por lo que no puede asegurar su congrua subsistencia, aunado a su encarcelamiento y estigmatización social, lo que lo ubica en situación de marginalidad; ii) se encuentra en situación de pobreza extrema, ya que no posee ingresos ni aspira a vinculaciones laborales estables y garantes; iii) se encontraba en situación de desplazamiento por la muerte de su padre y no se pueden descartar presuntas represalias en su contra; iv) no recibe ningún auxilio pese a su situación de desplazamiento; y v) sus redes familiares no reciben ingresos para ofrecerle la satisfacción de sus necesidades básicas.

6.7.5 Para la Sala las situaciones referidas en el citado informe sociofamiliar, no conducen al reconocimiento en favor del procesado de la diminuente punitiva establecida en el artículo 56 del CP, por lo siguiente: 

•	Una parte de ese informe se centra en situaciones posteriores al delito como el encarcelamiento del procesado, ya que el estudio se hizo cuando estaba privado de su libertad en la cárcel “La 40” de esta ciudad y se entiende que ese estado de reclusión se originó en la sentencia que se le impuso por la conducta de hurto calificada agravado.

•	De lo expuesto por el abogado del acusado y de lo plasmado en el informe sociofamiliar, se deduce que el señor Pava Castro ha ejercido diferentes actividades laborales, con las cuales incluso le colaborado económicamente a su familia. 

•	Pese a que se manifiesta que el acusado es analfabeta, no se cuenta con prueba alguna que permita inferir que el investigado presenta con algún tipo de limitación física o mental que le impidan desempeñar alguna actividad laboral. 

•	El poco conocimiento académico que tiene y sus condiciones sociales y familiares no le ha impedido laborar como jornalero, albañil o prestar sus servicios en una fábrica de arepas. 

•	El señor Pava Castro tampoco se encontraba apartado o alejado de su entorno familiar ni social, prueba de ello son las manifestaciones realizadas por la trabajadora social en el sentido de que tiene un grupo familiar y que para el momento en el que realizó ese estudio el acusado laboraba a cambio de que se le brindara estadía en la casa de un familiar. Incluso en la solicitud de audiencia de IPS derivada de su allanamiento a cargos por el delito contra la integridad personal del cual fue víctima la señora Luz Estella Morales Grisales, se menciona que el señor Pava vive en la calle 50 No.15 A-24, lo que indica que tenía una residencia fija, lo que lleva a descartar su estado de marginalidad, que en lo esencial fue sustentado por la trabajadora social en situaciones posdelictuales.

•	Debe entenderse que el hecho de que el señor Pava Castro se encontrara en situación de desplazamiento desde el año 2005, si bien es cierto le otorgaba un status de protección por parte de las autoridades, no significaba una patente de corso para cometer conductas punibles como el hurto calificado por la violencia y las lesiones que le causó a la señora Morales, que fuera de una incapacidad para trabajar por sesenta (60) días le produjeron cuatro graves secuelas que fueron referidas así en el escrito de acusación: “deformidad física que afecta el rostro de carácter permanente; perturbación funcional de órgano de la visión de carácter permanente, perturbación funcional de órgano del sistema nervioso central de carácter permanente y perturbación psíquica de carácter permanente”, que le generaron a la víctima: “trastorno de estrés postraumático, evidenciando alteraciones en el estado anímico, psicológico, afectivo, comportamental y requiere según el psiquiatra forense, tratamiento psicológico “. 

6.7.6 Todas esas situaciones llevan a esta Corporación a concluir que con el estudio referido, no se demostró que el señor Pava Castro se encontraba dentro de las circunstancias previstas en el artículo 56 del CP, al momento de cometer el hurto y lesionar gravemente a la víctima, por lo cual no existe evidencia que demuestre un nexo de conexidad entre la conducta contra la integridad personal que aceptó y su presunta condición de marginalidad que en buena parte fue sustentada en un hecho posterior como su reclusión por haber cometido el delito de hurto calificado por el cual fue sentenciado a la pena de 25 meses y 9 días de prisión por el juzgado 1º penal municipal de Dosquebradas, por los mismos hechos que dieron origen a esta investigación.

6.8 Finalmente se debe agregar que en la sentencia de primera instancia se manifestó que en virtud del texto vigente del artículo 63 del C.P., el procesado no reunía el requisito objetivo previsto en esa norma ya que la pena impuesta superaba los tres años de prisión, por lo cual la juez de conocimiento consideró que no resultaba necesario referirse al componente subjetivo de esa norma.

6.8.1 Sin embargo al reducirse la pena a 30 meses de prisión en virtud de lo dispuesto en esta decisión se observa que el acusado si satisface ese requisito, máxime su ese límite objetivo fue ampliado a cuatro (4) años.
Sin embargo se presentan dos situaciones relacionadas con el subrogado en mención así: 

i) Con base en la redacción original del artículo 63 del C.P., el procesado no cumple el requisito previsto en el numeral 2º de esa norma, dada la gravedad de la conducta de lesiones personales dolosas de la cual fue víctima la señora Luz Estella Morales Grisales, en atención a la significativa afectación de su integridad personal a la cual se hizo referencia en el escrito de acusación cuyos apartes relevantes fueron citados en el apartado 6.7.5 de esta decisión.

ii) De plantearse que el acusado tiene derecho a ese beneficio por aplicación favorable del texto actual del artículo 63 del C.P., en virtud de la reforma introducida por el artículo 29 de la ley 1709 de 2014, se debe tener en cuenta que aunque el tipo sancionatorio de lesiones personales con perturbación psíquica de carácter permanente no aparece dentro del listado de delitos para los cuales se encuentra restringido el beneficio de la condena condicional, conforme al artículo 68 A del C.P., lo real es que el numeral 3º del artículo 63 del C.P., restringe la concesión de ese subrogado al indicar que “Si la persona condenada tiene antecedentes penales por delito doloso dentro de los cinco (5) años anteriores, el juez podrá conceder la medida cuando los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado sean indicativos de que no existe necesidad de ejecución de la pena “

Y sobre ese punto hay que manifestar que al estar probado el antecedente que presenta el procesado, correspondiente a la condena que le impuso el juzgado 1º penal municipal de Dosquebradas mediante sentencia del 25 de abril de 2012, donde fue sentenciado a la pena principal de 25 meses y 9 días de prisión, por la conducta de hurto calificado, en medio de la cual se causaron las lesiones que dieron origen al presente proceso, al examinarse las circunstancias en que  resultò afectada la integridad personal de la señora Morales, quien  era una mujer indefensa que fue atacada de manera artera por el acusado con un arma blanca, sufriendo un grave lesionamiento, no se puede hacer ningún pronóstico favorable sobre los “antecedentes personales” del acusado, que demuestran un alto grado de insensibilidad frente a la protección de los derechos de sus congéneres, concepto que de acuerdo a la SP de la CSJ se entiende así:
“(…)

La personalidad del procesado, en su fijación, tendrá que relacionarse con lo que es él, en sí, en su conducta individual o familiar o social, en sus características forma de vida (oficios, artes o profesiones lícitas) y en sus condicionamientos comportamentales, que permitan confiar, fundadamente, en que resulta más provechoso para él y la colectividad sustraerle de la reclusión que efectivizar, en un medio carcelario, la pena privativa de la libertad impuesta”.

Pues bien, precisado que el concepto de personalidad que emplea el legislador en los casos anotados es el que está al alcance del sentenciador y de los sujetos procesales, y que se infiere de distintos factores como lo son la conducta ejecutada, las circunstancias que la rodearon, los motivos determinantes, el comportamiento social y familiar etc, es del caso recordar que el doctor ALIRIO DE JESUS TOBON es un profesional del derecho que logró ocupar la posición de fiscal seccional en la ciudad de Medellín, y estando en el ejercicio del cargo obtuvo de una persona la suma de ocho millones de pesos a cambio de la libertad de su hermano, hecho que ante la contundencia de las pruebas recaudadas fue admitido por el implicado.

(…)”

En consecuencia la Sala estima que no hay lugar a reconocer el subrogado reclamado por el recurrente en favor de su representado.

7. En atención a las anteriores consideraciones, esta Sala confirmará parcialmente la decisión de primera instancia, modificando lo atinente a la pena que deberá descontar el señor Juan Carlos Pava Castro. 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Dosquebradas el 22 de octubre de 2012, mediante la cual se condenó al señor Juan Carlos Pava Castro por el delito de lesiones personales dolosas. 
SEGUNDO: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia recurrida, en el sentido de que la pena que debe descontar el señor Juan Carlos Pava Castro, es de 30 meses de prisión y multa de 22.5 SMLMV, sin que el procesado tenga derecho al subrogado de la condena de ejecución condicional.

TERCERO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso de casación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado

MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado