El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente. 
El contenido total y fiel debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala. 
Providencia:	Auto  – 2ª instancia – 15 de septiembre de 2017 
Proceso: 					Penal – Declara infundado impedimento
Radicación Nro. :	  	 66001 60 00 0000 2016 00019 01
Procesado: 		 VÍCTOR EDWIN MENDEZ Y OTRO
Magistrado Sustanciador: 	 JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Tema: 			IMPEDIMENTO INFUNDADO. [E]sta Sala considera que con la decisión adoptada por el Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Pereira al aprobar el preacuerdo en mención no se puede deducir que se afectaba la imparcialidad de ese funcionario al momento de emitir una decisión de fondo respecto a la prueba que en el juicio se allegue, en torno a demostrar tanto la ocurrencia de los hechos atribuidos como la responsabilidad de los demás ciudadanos que vienen siendo investigados por los mismos hechos. En ese orden de ideas, se hace necesario declarar infundado el impedimento planteado y se dispone que la actuación retorne al juzgado de origen para que se continúe con el trámite del proceso. 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
PEREIRA - RISARALDA
SALA PENAL
 
M P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Pereira, quince (15) de septiembre de dos mil diecisiete (2017)
Acta Nro. 951
Hora: 1:30 p.m.
1.	ASUNTO

Conoce la Sala del impedimento propuesto por el juez segundo penal del circuito especializado de Pereira, para continuar conociendo de la actuación correspondiente a la etapa de juicio, dentro del proceso que se adelanta contra los ciudadanos Víctor Edwin Méndez Sánchez y Eddison Andrés Cundar Andrade, por los delitos de concierto para delinquir agravado y otros. El mencionado juez sustenta su decisión en el hecho de haber proferido una sentencia anticipada por preacuerdo dentro del proceso radicado con el Nro. 66001 60 00 058 2013 00150, adelantado en contra de Carlos Andrés Bedoya Morales y otros, quienes veían siendo investigados por los mismos hechos delictivos. 

2. ANTECEDENTES

2.1 De conformidad con lo establecido en el escrito de acusación (folios 2 al 21), los señores Víctor Edwin Méndez Sánchez y Eddison Andrés Cundar Andrade, hacían parte de la organización criminal denominada “El Cofre”, la cual operaba en el corregimiento de Puerto Cadas, la cual estaba al mando de alias “Pirri”. 

De la información obtenida en la investigación se pudo establecer que los integrantes de esa banda criminal ejecutaban homicidios, portaban armas de fuego y se dedicaban a la comercialización de sustancias ilícitas. 

2.2 Las audiencias preliminares se llevaron a cabo los días 7, 8, 9, 10, 11 y 14 de febrero de 2014 ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías. La audiencia de formulación de imputación se celebró el día 8 de febrero de 2014, en la que la FGN le comunicó cargos a los señores Carlos Andrés Bedoya Morales, Cristian Mauricio Castaño Pérez, Edisson Andres Cundar Andrade, Víctor Edwin Méndez Sánchez, Bryan Leandro Agudelo Ramírez, y Yonatan Andrés García Mafla en los términos señalados en el acta obrante a folios 22 al 30. Los procesados no aceptaron la imputación. 

2.3 El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Pereira asumió el conocimiento de dicha causa, la cual estaba radicada con el Nro. 66001 60 00 0058 2013 00150. La audiencia de formulación de acusación se celebró en sesiones del 1º de julio (folio 31) y 1º de septiembre de 2014 (folio 46 a 47). La audiencia preparatoria se inició el 3 de marzo de 2015 (folio 48) y finalizó el 28 de septiembre de 2015. En ese último acto la FGN y los defensores de los señores Carlos Andrés Bedoya Morales, Yonatan Andrés García Mafla, Bryan Leandro Agudelo Ramírez, Cristian Mauricio Castaño Pérez y Ervin de Jesús García Mafla pusieron a consideración del juez de conocimiento un preacuerdo, el cual fue aprobado el día 2 de diciembre de 2015 (folio 52 y 53). En esa misma audiencia fue proferida la sentencia en contra de los mencionados ciudadanos, por parte del Dr. Luis Román Arcila Medina, quien para esa fecha era el titular de ese despacho. 

2.4 La FGN le puso en conocimiento al juez segundo penal del circuito especializado de Pereira, que el día 11 de febrero de 2016 se había generado el radicado 66001 60 00 000 2016 00019 como consecuencia de la ruptura procesal, con el fin de que se continuara con la investigación en contra de los señores Víctor Edwin Méndez Sánchez y Eddison Andrés Cundar Andrade, frente a quienes se realizó la audiencia preparatoria en sesiones del 2 de junio de 2016 (folio 66 a 67), 28 de julio de 2016 (folio 68), 12 de septiembre de 2016 (folio 72), 13 de diciembre de 2016 (folio 80) y 21 de marzo de 2017 (folio 82). Las actuaciones procesales referidas fueron adelantadas por el Dr. Diego Fernando López Valencia, quien para esas calendas fungía como juez segundo penal del circuito especializado de Pereira.

2.5 El Dr. Luis Román Ardila Medina en calidad de juez segundo penal del circuito especializado de Pereira, mediante auto del 1º de agosto de 2017 consideró que estaba incurso en la causal de impedimento prevista en el numeral 6 del artículo 56 del CPP, teniendo en cuenta que había proferido una sentencia anticipada por preacuerdo dentro del proceso radicado con el Nro. 66001 60 00 058 2013 00150, adelantado en contra de Carlos Andrés Bedoya Morales y otros, quienes veían siendo investigados por los mismos hechos delictivos, y en consecuencia dispuso la remisión de las diligencias al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado con base en lo dispuesto en el artículo 57 del CPP. 

2.6 A través de providencia del 9 de agosto de 2017 el juez primero penal del circuito especializado de Pereira no aceptó el impedimento en mención bajo las siguientes premisas: 

•	Si bien es cierto su homólogo profirió una sentencia condenatoria contra algunos coprocesados de la presente causa quienes celebraron un preacuerdo con el ente investigador, no hizo referencia los motivos por los cuales se configura la causal de impedimento del numeral 6 del art. 56 del CPP.

•	La aprobación del preacuerdo referido no configura una causal de impedimento, ya que frente aquella convención el juez de conocimiento sólo ejerce un control de legalidad, la cual se limita a la verificación de la voluntad de la aceptación por parte de los acusados. 
•	Finalmente adujo que en la decisión adoptada el 1º de diciembre de 2015 por el juez segundo penal del circuito especializado de esa ciudad, no se emitió ningún juicio de responsabilidad frente a los demás procesados, motivo por el cual declaró infundado el impedimento. 

3. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1 Esta Colegiatura debe pronunciarse sobre la situación planteada en atención a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 82 de la Ley 1395 de 2010, en concordancia con el artículo 34-5 del código de procedimiento penal. 

3.2 El artículo 57 de la Ley 906 de 2004 modificado por el artículo 82 de la Ley 1395 de 2010, señala lo siguiente: 

“Artículo 57. Trámite para el impedimento. Cuando el funcionario judicial se encuentre incurso en una de las causales de impedimento deberá manifestarlo a quien le sigue en turno, o, si en el sitio no hubiere más de uno de la categoría del impedido o todos estuvieren impedidos, a otro del lugar más cercano, para que en el término improrrogable de tres (3) días se pronuncie por escrito. 

En caso de presentarse discusión sobre el funcionario a quien corresponda continuar el trámite de la actuación, el superior funcional de quien se declaró impedido decidirá de plano dentro de los tres días siguientes al recibo de la actuación. 

Para tal efecto, el funcionario que tenga la actuación la enviará a la autoridad que deba resolver lo pertinente.”

3.3 El propósito de la referida norma es la de sustraer del conocimiento del asunto al funcionario judicial que se encuentre incurso en una de las causales de impedimento consagradas en el canon 56 del C.P.P., con el fin de salvaguardar la imparcialidad y transparencia que debe orientar el ejercicio de la función pública de administrar justicia, las cuales pueden verse afectadas por la estructuración de los eventos expresa y taxativamente señalados por el propio legislador.

3.4 Sobre esa figura jurídica, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en auto del 26 de enero de 2015, radicado 45233, expuso lo siguiente: 

“La institución de los impedimentos y las recusaciones constituyen un desarrollo del principio de imparcialidad de los jueces (art. 5 C.P.P./2004), así como también del principio de independencia de las decisiones judiciales (art. 228 Const. Pol.); pues permite que, de manera excepcional y por las situaciones previstas en la ley, un juez se aparte del conocimiento de un asunto para el cual es competente, por concurrir o sobrevenir circunstancias que puedan afectar el “imperativo de establecer con objetividad la verdad y la justicia”. Así las cosas, las razones para declarar y atender un impedimento son (i) excepcionales porque relevan al funcionario del deber legal de decidir todos los casos sometidos a su consideración, y (ii) taxativas porque no obedecen al capricho del interesado o del intérprete, sino a su expresa previsión por el legislador.

Pues bien, la situación que adujo el conjuez HERNÁN CORTÉS CORREA para declararse impedido en el trámite de la solicitud de cesación de la acción penal promovida contra WOLFANG OTTO GARTNER GALVIS, consiste en que éste ejerce funciones como Juez Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría y, en tal virtud, conoce de un proceso civil en el que aquél es apoderado de la parte demandante. Ello, continúa, podría acarrear que, a futuro, el funcionario judicial indiciado propusiera su impedimento para continuar con el conocimiento del asunto civil. Frente a tales razonamientos, la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira -integrada por conjueces-, se pronunció considerando que carecían de fundamento en una de las expresas causales previstas en el artículo 56 del C.P.P./2004.

La razón argüida por el conjuez en apoyo de su propósito de apartarse del asunto penal ya referido, se soporta en un hecho que bien puede tenerse por cierto a partir de las fotocopias que allegó (es parte en un proceso civil en el que el indiciado es el juez), y, al tiempo, en otro que, a todas luces, es meramente hipotético (el juez civil se podría declarar impedido). Tal y como lo sostuvo la Sala Penal del Tribunal, ninguna de esas circunstancias, ni la cierta ni la inferida, encajan en cualquiera de los 15 supuestos de hecho previstos en el artículo 56 procesal, por lo que mal puede decretarse la consecuencia jurídica perseguida por el interesado. Es más, la falta de adecuación de la situación invocada como peligrosa para la imparcialidad judicial, a una de las taxativas causas legales, fue reconocida por el mismo conjuez, por lo que resulta incomprensible la razón por la cual decidió impulsar el presente trámite.

A más de lo anterior, en la justificación de la circunstancia que pretende calificarse como impediente, se incluyó una mera conjetura o inferencia que, aun cuando se obviara el inexorable requisito de la taxatividad, tampoco permitiría la aprobación de esa manifestación; pues no se compadece con la naturaleza excepcional de los impedimentos, la cual presupone la existencia de un riesgo serio, cierto e inmediato a la independencia e imparcialidad judicial, y no eventos azarosos o inciertos. Menos aún, cuando ni siquiera se avizora que la ocurrencia de éstos pudiera configurar una causa legal de separación del asunto.”

3.4 Como ya se advirtió, en el caso objeto de estudio, el Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Pereira se declaró impedido para continuar con el trámite del proceso que se adelanta en contra de los señores Víctor Edwin Méndez Sánchez y Eddison Andrés Cundar Andrade, ya que previamente había avalado un preacuerdo y proferido la respectiva sentencia condenatoria en contra Carlos Andrés Bedoya Morales y otros, quienes veían siendo investigados por los mismos hechos delictivos. 

Ese funcionario invocó como causal de impedimento la prevista en el numeral 6 del artículo 56 del CPP, el cual dispone lo siguiente: 

“Artículo 56. Son causales de impedimento: 

(…)

6. Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se trata, o hubiere participado dentro del proceso, o sea cónyuge o compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de consaguinidad o civil, o segundo de afinidad, del funcionario que dictó la providencia a revisar.”

3.5 La Corte Suprema de Justicia Radicado 34186 de 2010 M.P. Yesid Ramírez Bastidas referente al tema de las nulidades dijo:    
“7… “Los Magistrados  recusados se pronunciaron en el proceso penal frente a una causal de nulidad que alegó el defensor, lo cual significa que si ahora deben decidir una nueva pero similar petición de nulidad propuesta por la misma parte, no se cumple el requisito referido a que la opinión debe haber sido emitida por fuera del proceso. 

8. La Corte ha sostenido que la ley, al consagrar dicha causal de impedimento, no autoriza la separación del proceso a quien haya brindado cualquier opinión, sino sólo aquella que por su naturaleza pueda comprometer los fines que pretende proteger, esto es, la imparcialidad de la administración  de justicia, como cuando ya se ha emitido un criterio serio y razonado sobre el asunto que ahora debe revisar. 

9. De tal manera que no quedan comprendidas dentro de la causal en cuestión, las opiniones contenidas en las decisiones que son producto de la actividad judicial propia de la condición de juez, al punto que no pueden ser invocadas como motivo para soportar la causal de reacusación a menos que estén referidas a aspectos que puedan ser considerados como sustanciales y definitorios, al asumir el conocimiento del asunto que ahora se le asigna para resolver  una determinada cuestión, por competencia. 

10. Como conclusión de lo expuesto se resalta por la Sala que la recusación de un funcionario, solamente es procedente cuando se demuestre nítidamente que el funcionario judicial se encuentra impedido. En caso contrario tales solicitudes no pueden prosperar como ocurren en el presente asunto.  La expresión “participado”, no debe tomarse en forma textual, literal ni aislada del contexto procesal penal, pues de aceptarse así, se llegaría a extremos que escapan a la finalidad de salvaguarda de la imparcialidad contenida en las normas relativas a los impedimentos y recusaciones.” (Subrayado fuera de texto).

3.6 En atención a la causal de impedimento antes mencionada, esta Sala considera que la aprobación del preacuerdo suscrito por Carlos Andrés Bedoya Morales, Yonatan Andrés García Mafla, Bryan Leandro Agudelo Ramírez, Cristian Mauricio Castaño Pérez y Ervin de Jesús García Mafla y la expedición de la sentencia condenatoria en su contra, no constituye per se causal para apartarse del conocimiento de las diligencias, lo que llevó al juez primero penal del circuito especializado de Pereira a declarar infundado la manifestación de impedimento realizada por su homólogo. 

Lo anterior, en consideración a que en la sentencia proferida por el Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Pereira no se analizaron de fondo los elementos materiales probatorios con los que supuestamente contaba la FGN para establecer la responsabilidad de los presuntos responsables de las conductas investigadas, es decir, que en ningún momento ese funcionario anticipó un juicio de valoración probatoria al momento de dictar fallo en contra de los señores Carlos Andrés Bedoya Morales, Yonatan Andrés García Mafla, Bryan Leandro Agudelo Ramírez, Cristian Mauricio Castaño Pérez y Ervin de Jesús García Mafla, luego de haber avalado el preacuerdo que estos ciudadanos suscribieron con la FGN.

3.7 En tal sentido vale la pena advertir que el Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Pereira no se refirió explícitamente a las pruebas o evidencias existentes. Simplemente se limitó a señalar que esos procesados habían aceptado voluntariamente los cargos por los cuales venían siendo investigados, a través de un preacuerdo. 

Aunado a lo anterior, en aquel pronunciamiento el funcionario no realizó manifestación alguna sobre la responsabilidad penal de los demás presuntos copartícipes, sobre quienes no hizo ninguna referencia en dicho proveído. 

3.8 En atención a lo anterior, esta Sala considera que con la decisión adoptada por el Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Pereira al aprobar el preacuerdo en mención no se puede deducir que se afectaba la imparcialidad de ese funcionario al momento de emitir una decisión de fondo respecto a la prueba que en el juicio se allegue, en torno a demostrar tanto la ocurrencia de los hechos atribuidos como la responsabilidad de los demás ciudadanos que vienen siendo investigados por los mismos hechos. 

En ese orden de ideas, se hace necesario declarar infundado el impedimento planteado y se dispone que la actuación retorne al juzgado de origen para que se continúe con el trámite del proceso. 

Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el impedimento propuesto el juez segundo penal del circuito especializado de Pereira. En consecuencia, la actuación se devolverá al juzgado de origen para los fines pertinentes.

SEGUNDO: Contra esta decisión no procede recurso alguno. 

TERCERO: Informar sobre la presente determinación a la juez primera penal del circuito especializada de esta municipalidad. 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado

MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado