El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso.
El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala.
Providencia:	Sentencia  – 2ª instancia – 21 de junio de 2018
Proceso:    	Acción de Tutela- Confirma 
Radicación Nro. :		 2018-00456-01
Accionante: 		Coomeva EPS SA
Accionado:	 Dirección Documental de Colpensiones y otro
Magistrado Ponente: 	  DUBERNEY GRISALES HERRERA

Temas: 		          DERECHO DE PETICIÓN / PROCEDENCIA DE TUTELA / RESPUESTA INCOMPLETA / CONFIRMA /  Precisa el Alto Tribunal Constitucional: “Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de petición se vulnera si no existe una respuesta oportuna a la petición elevada. Además, que  ésta debe ser de fondo. Estas dos características deben estar complementadas con la congruencia de lo respondido con lo pedido. Así, la respuesta debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición. Esto no excluye que además de responder de manera congruente lo pedido se suministre información relacionada que pueda ayudar a una información plena de la respuesta dada.”. Esta doctrina ha sido consolidada a lo largo de las diversas decisiones del Alto Tribunal constitucional.
(…)
De entrada advierte esta Sala que el fallo venido en impugnación será confirmado, porque contrario a lo afirmado por la accionada, aún continúa la vulneración al derecho fundamental de petición, debido a que la respuesta fue incompleta.

De acuerdo al acontecer fáctico, esta Sala evidencia que con el oficio BZ2018_4760063 del 26-04-2018 se dejó de remitir toda la documentación requerida por el actor, sin justificación alguna (Folios 53 a 57, cuaderno No.1). En efecto, se omitió adjuntar la copia de los actos administrativos de los señores Dolly Rivera Chávez, Fabio Molina Castaño, Luz Stella Giraldo Parra, Amparo Forero Gutiérrez, Carmen Victoria Cruz Díaz y Fernando Sosa Murillo (Folios 25 a 28, ibídem).

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA DE DECISIÓN CIVIL –FAMILIA – DISTRITO DE PEREIRA
DEPARTAMENTO DEL RISARALDA

		Asunto				: Sentencia de tutela en segunda instancia
Accionante			: Coomeva EPS SA
Accionado 			: Dirección Documental de Colpensiones
Vinculado (s)			: Dirección de Acciones Constitucionales de 
				: Colpensiones y otros
Radicación			: 2018-00456-01 
		Temas				: Derecho de petición -Subreglas
		Procedencia				: Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira 
		Magistrado Ponente		: Duberney Grisales Herrera
Acta número			: 218 de 21-06-2018

Pereira, R., veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018).

1.	EL ASUNTO POR DECIDIR

La impugnación formulada dentro de la acción constitucional referida, luego de surtida la actuación de primera instancia, sin avistar nulidades que la invaliden.

2.	LA SÍNTESIS FÁCTICA

Refirió la parte actora que el 03-01-2018 requirió a la accionada copias de varios actos administrativos y el 21-02-2018 complementó su pedimento conforme al requerimiento que se le hiciera, sin que a la fecha de la radicación de este amparo haya recibido la respuesta (Folios 1 a 8, cuaderno No.1).

3.	EL DERECHO INVOCADO

Se estima vulnerado el derecho de petición (Folios 1, cuaderno No.1). 

4.	LA PETICIÓN DE PROTECCIÓN

Solicitó: (i) Tutelar el derecho fundamental; y, (ii) Ordenar a la accionada que responda el derecho de petición (Folio 7, cuaderno No.1).

5.	LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL

Con providencia del 19-04-2018 se admitió, se vinculó a quienes se estimó conveniente y se dispuso notificar a las partes, entre otros ordenamientos (Folio 31, ibídem). Fueron notificados los extremos de la acción (Folios 32 a 38, ibídem). Se profirió sentencia el 03-05-2018 (Folios 39 a 41, ibídem) y como fuera impugnada por la parte accionada, fue remitida a este Tribunal (Folio 73, ib.).

El fallo opugnado concedió el amparo constitucional y ordenó responder de fondo la petición, porque se consideró vulnerado el derecho fundamental de petición (Folios 39 a 41, ib.). 

La entidad accionada señaló que dio contestación con el oficio BZ2018_4760063 del 26-04-2018; pidió desestimar las pretensiones, y en su lugar, declarar improcedente la acción por carencia actual de objeto por el hecho superado. Adjuntó copia de la respuesta y la constancia de envío (Folios 50 a 57, ib.).

6.	LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA RESOLVER

6.1.	La competencia funcional. Esta Sala especializada está facultada en forma legal para desatar la controversia puesta a su consideración, por ser la superiora jerárquica del Despacho que conoció en primera instancia.

6.2.	El problema jurídico a resolver. ¿Es procedente confirmar, modificar o revocar la sentencia del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira? 

6.3.	Los presupuestos generales de procedencia de la acción 

6.3.1.	La legitimación en la causa

Está legitimada por activa la parte accionante porque formuló el derecho de petición (Folios 10 a 18 y 20 a 29, ib.). En el extremo pasivo, la Dirección Documental de Colpensiones porque dio respuesta a la petición (Folios 19, y 43 a 56, ib.). Diferente es respecto de las demás dependencias de Colpensiones, toda vez que no les compete atender el requerimiento hecho por la actora; en consecuencia, se adicionará el fallo para declarar improcedente la acción en su contra.

6.3.2.	La inmediatez y la subsidiariedad

El artículo 86 de la Constitución Política, regula la acción de tutela como un mecanismo para la protección inmediata de los derechos fundamentales de toda persona, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública; empero, dispone que este mecanismo “(…) solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.”. 

Nuestra Corte Constitucional tiene establecido que (i) La subsidiariedad o residualidad, y (ii) La inmediatez, son exigencias generales de procedencia de la acción, condiciones indispensables para el conocimiento de fondo de las solicitudes de protección de derechos fundamentales. 

En lo tocante a la inmediatez, se halla cumplida, dado que el derecho de petición y su complementación fueron recibidos por la accionada el 03-01-2018 y 21-02-2018 (Folios 9 y 20, ib.) y el amparo instaurado el 18-04-2018 (Folio 30, ib.), esto es, dentro del plazo de los seis (6) meses fijado por la jurisprudencia constitucional. 

En cuanto a la subsidiariedad debe indicarse que la acción es viable siempre que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, de tal manera que no se sustituyan los mecanismos legales ordinarios. Esta regla tiene dos (2) excepciones que guardan en común la existencia del medio judicial ordinario: (i) la tutela transitoria para evitar un perjuicio irremediable; y (ii) La ineficacia de la acción ordinaria para salvaguardar los derechos fundamentales del accionante. En el sub examine, la parte actora no cuenta con otro mecanismo diferente a esta acción para procurar la defensa de su derecho petición.

6.4.	El derecho fundamental de petición en materia pensional

Tiene dicho de manera reiterada la jurisprudencia constitucional, que el derecho de petición exige concretarse en una pronta y oportuna respuesta de la autoridad ante la cual ha sido elevada la solicitud, sin importar que sea favorable a los intereses del peticionario, debe ser escrita y en todo caso cumplirá “con ciertas condiciones: (i) oportunidad; (ii) debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y congruente con lo solicitado; y (iii) ser puesta 
en conocimiento del peticionario, so pena de incurrir en la violación de este derecho fundamental”.

De ahí que se vulnera este derecho cuando (i) la entidad deja de emitir una respuesta en un lapso que, en los términos de la Constitución, se ajuste a “pronta resolución”, (ii) la supuesta respuesta se limita a evadir la petición, o carece de claridad, precisión y congruencia, (iii) o no se comunique la respuesta al interesado. Además la falta de competencia de la autoridad a quien se formuló, no le exonera del deber de responder.

Precisa el Alto Tribunal Constitucional: “Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de petición se vulnera si no existe una respuesta oportuna a la petición elevada. Además, que  ésta debe ser de fondo. Estas dos características deben estar complementadas con la congruencia de lo respondido con lo pedido. Así, la respuesta debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición. Esto no excluye que además de responder de manera congruente lo pedido se suministre información relacionada que pueda ayudar a una información plena de la respuesta dada.”. Esta doctrina ha sido consolidada a lo largo de las diversas decisiones del Alto Tribunal constitucional.

Hay que acotar que el derecho de petición fue reglado por el legislador a través de la Ley 1755 del 30-06-2015, con efectos a partir de esa fecha, valga decir, la de su promulgación. 

7.	EL CASO CONCRETO MATERIA DE ANÁLISIS

De entrada advierte esta Sala que el fallo venido en impugnación será confirmado, porque contrario a lo afirmado por la accionada, aún continúa la vulneración al derecho fundamental de petición, debido a que la respuesta fue incompleta.

De acuerdo al acontecer fáctico, esta Sala evidencia que con el oficio BZ2018_4760063 del 26-04-2018 se dejó de remitir toda la documentación requerida por el actor, sin justificación alguna (Folios 53 a 57, cuaderno No.1). En efecto, se omitió adjuntar la copia de los actos administrativos de los señores Dolly Rivera Chávez, Fabio Molina Castaño, Luz Stella Giraldo Parra, Amparo Forero Gutiérrez, Carmen Victoria Cruz Díaz y Fernando Sosa Murillo (Folios 25 a 28, ibídem).
8.	LAS CONCLUSIONES 

En  armonía  con  las  premisas  expuestas  en  los  acápites anteriores (i) Se confirmará la sentencia de primera instancia; (ii) Se modificará su numeral 1º respecto de la dependencia encargada de responder el derecho de petición; y, (iii) Se adicionará para declarar improcedente el amparo frente a las demás autoridades vinculadas.

En mérito de los razonamientos jurídicos hechos, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala decisión Civil - Familia, administrando Justicia, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

F A L L A,

1.	CONFIRMAR  la  sentencia  opugnada, por las razones expuestas anteriormente.

2.	MODIFICAR su numeral primero en el sentido de que la encargada de responder el derecho de petición, es la doctora Liliana Gutiérrez Garzón, en calidad de Directora Documental de Colpensiones.

3.	ADICIONAR un numeral para DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo frente a la Gerencia y las Direcciones de Acciones Constitucionales, de Atención y Servicio, y de Administración de Solicitudes PQRS de Colpensiones, por carecer de legitimación.

4.	NOTIFICAR esta decisión a todas las partes, por el medio más expedito y eficaz.

5.	REMITIR este expediente, a la CC para su eventual revisión.

Notifíquese,

DUBERNEY GRISALES HERRERA
M A G I S T R A D O

EDDER JIMMY SÁNCHEZ C.	        JAIME ALBERTO SARAZA N.
	M A G I S T R A D O 				 M A G I S T R A D O
 								               DGH/ODCD/LSCL