El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala. 

Procesados: 		Carlos Mario Orozco Arango y otros.   
Delito: 		Concierto para delinquir, estafa agravada y otros. 
Rad. No. 		66170-6000-000-2016-00026-03
Procede: 		Juzgado 5º Penal del Circuito de Pereira  
Magistrado Ponente: 	MANUEL YARZAGARAY BANDERA

TEMA:			ESTAFA Y CONCIERTO PARA DELINQUIR / VICTIMAS COMO PARTE EN EL PROCESO PENAL / DERECHO A INTERVENIR AÚN DESPUÉS DE LA FORMULACIÓN DE LA ACUSACIÓN / REVOCA / RECONOCE A UNP COMO VÍCTIMA   

En ese orden de ideas y a fin de lograr que la víctima haga efectivos esos derechos, a pesar de que hay unos que se deben evidenciar desde el mismo momento en que ocurre el delito tal como lo establece el literal e del artículo transcrito, su reconocimiento dentro del proceso penal como tal, se ha establecido en el artículo 340 del C.P.P. que señala que ello se lleve a cabo dentro de la audiencia de acusación, esto con el fin de que pueda ejercer, si así lo desea un papel activo dentro del proceso, por ejemplo solicitando la práctica de pruebas o deprecar por la aclaración del libelo acusatorio.
(…)
Sin embargo, es necesario indicar que la idea de realizar el reconocimiento formal de la víctima en la diligencia de acusación, tiene su origen en la posibilidad que se le ha otorgado, jurisprudencialmente, de ejercer un papel más activo dentro del proceso, para realizar ciertos actos como por ejemplo deprecar porque la Fiscalía aclare o precise los hechos consignados en el libelo acusatorio, pedir la práctica de pruebas, oponerse a las pedidas por la defensa, apelar ciertas decisiones del Juez Cognoscente que afecten sus intereses, entre otras. De tal suerte que si la presunta víctima llega de manera tardía a pedir que se le reconozca tal calidad dentro de un proceso, aunque ese reconocimiento se haga, el ejercicio de sus derechos se vería limitado especialmente si ello se da una vez instalado el juicio oral, pues tratándose de un procedimiento penal de fases preclusivas, no sería viable que como consecuencia del advenimiento de este interviniente al proceso se llegara a entorpecer el desarrollo de las fases procesales ni revivir las ya precluidas…
(…)
Bajo esa perspectiva, y teniendo en cuenta todo lo explicado en precedencia, la Colegiatura no entiende la negativa del señor Juez A quo de no reconocer a la UNP la calidad de víctima que reclama en este caso, pues de los argumentos dados para esa negativa, no hay ninguno que en realidad explique jurídicamente el por qué tal cosa no se podría dar, pues los representantes judiciales de dicha Entidad, dejaron muy claro desde un comienzo cuál de los procesados fue el que usó el nombre de la UNP para presentarse ante sus víctimas y generar confianza en ellos, lo cual nos indicaría, acorde con lo dicho con antelación, que la Entidad apelante, ya sea de manera directa e indirecta, en lo que atañe con su buen nombre, fama y prestigio ante la comunidad, si sufrió un eventual perjuicio como consecuencia de la presunta comisión de las conductas punibles endilgadas

 REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

MAGISTRADO PONENTE:
MANUEL YARZAGARAY BANDERA

AUTO DE SEGUNDA INSTANCIA

Aprobado Acta No. 622 del 27 de julio de 2018. H: 2:40 p.m. 

Pereira, treinta (30) de julio dos mil dieciocho (2018)
Hora: 8:57 a.m. 

Procesados: Carlos Mario Orozco Arango y otros.   
Delito: Concierto para delinquir, estafa agravada y otros. 
Rad. No. 66170-6000-000-2016-00026-03
Procede: Juzgado 5º Penal del Circuito de Pereira
Asunto: Apelación no reconocimiento calidad de víctima
Decisión: Revoca y reconoce calidad de víctima
	
VISTOS:

Decide la Sala el recurso de queja interpuesto por la Representante Judicial de la Unidad Nacional de Protección –UNP-, frente a la decisión proferida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito local, el 18 de mayo del año que transcurre, mediante la cual se abstuvo de reconocerle a esa entidad estatal la calidad de víctima dentro del proceso seguido en contra de los señores CARLOS MARIO OROZCO ARANGO, LEONARDO ANTONIO AGUIRRE GÓMEZ, JOSÉ ALEXÁNDER JARAMILLO MUÑOZ y WILSON GIANCARLO SANABRIA OSORIO, por incurrir en la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir en concurso heterogéneo con un concurso homogéneo de estafas y otros. 

ANTECEDENTES:

Después de varias denuncias presentadas en contra del señor JUAN PABLO AGUIRRE GÓMEZ, un grupo de funcionarios del CTI realizó un trabajo de análisis en el sistema SPOA, evidenciando que a este ciudadano le aparecían más de 40 anotaciones por delitos como estafa y abuso de confianza, estableciéndose que en 21 de ellas el modus operandi utilizado por los sujetos de las estafas eran idénticos. Dado lo anterior se unificaron las mismas a fin de llevar a cabo una investigación concentrada e integral, que permitió establecer la existencia de una organización delincuencial, de la que también hacían parte los señores CARLOS MARIO OROZCO ARANGO, LEONARDO ANTONIO AGUIRRE GÓMEZ, JOSÉ ALEXÁNDER JARAMILLO MUÑOZ Y WILSON GIANCARLO SANABRIA OSORIO, dedicada de manera permanente a la comisión de delitos como estafa, emisión y transferencia ilegal de cheques, simulación de investidura o cargo, entre otros, actividades que lograban llevar a cabo, haciéndose pasar por funcionarios públicos adscritos a entidades como la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el CTI, la DIAN u organismos de protección de Derechos Humanos.  

LA ACTUACIÓN PROCESAL:

1)	El 26 de julio de 2016 se solicitó ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías local, la expedición de órdenes de captura en contra de los señores JUAN PABLO AGUIRRE GÓMEZ, CARLOS MARIO OROZCO ARANGO, LEONARDO ANTONIO AGUIRRE GÓMEZ, LEONEL ANTONIO AGUIRRE GÓMEZ, JOSÉ ALEXÁNDER JARAMILLO MUÑOZ Y WILSON GIANCARLO SANABRIA OSORIO. 

2)	Expedidas las órdenes, a las mismas se le dieron cumplimiento el 28 de ese mismo mes y año, razón por la cual al día siguiente se realizaron ante el Juez Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Pereira, las audiencias de legalización de captura, formulación de imputación en contra de los señores JUAN PABLO AGUIRRE GÓMEZ, CARLOS MARIO OROZCO ARANGO, LEONARDO ANTONIO AGUIRRE GÓMEZ JOSÉ ALEXÁNDER JARAMILLO MUÑOZ Y WILSON GIANCARLO SANABRIA OSORIO, imputándoles cargos a todos ellos como presuntos coautores de los delitos de concierto para delinquir, al primero de ellos agravado y los demás como delito simple (art. 340 inc. 3 C.P.), estafa (art. 246), estafa agravada (art. 247 numeral 4) con las circunstancias de agravación punitiva contenida en el artículo 267 del Código Penal, emisión y transferencia ilegal de cheques (art. 248), falsedad en documento privado (Arts. 289 y 290) y simulación de investidura (art. 426), todas ellas en concurso de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 del C.P. 

Ninguno de los imputados aceptó los cargos, razón por la cual se siguió con la diligencia imponiéndoles medida de aseguramiento de detención domiciliaria a  JUAN PABLO AGUIRRE GÓMEZ, CARLOS MARIO OROZCO ARANGO, LEONARDO ANTONIO AGUIRRE GÓMEZ y JOSÉ ALEXÁNDER JARAMILLO MUÑOZ; respecto del señor WILSON GIANCARLO SANABRIA OSORIO, el despacho se abstuvo de imponer medida alguna. 

3)	El 21 de noviembre de 2016 la Fiscal 14 Seccional (E), presentó escrito de acusación en contra del señor JUAN PABLO AGUIRRE GÓMEZ, el cual le correspondió por reparto al Juzgado Séptimo Penal del Circuito local, quien fijó como fecha para la realización de la audiencia el 16 de enero de 2017; sin embargo, días antes, el 11 de enero de 2017, el Fiscal 14 Seccional allegó oficio informando el cambio del NUNC del proceso toda vez que mediante orden impartida el 29 de agosto de 2016 se había ordenado la ruptura de unidad procesal, quedando entonces la tramitada en contra de los señores JUAN PABLO AGUIRRE GÓMEZ, CARLOS MARIO OROZCO ARANGO, LEONARDO ANTONIO AGUIRRE GÓMEZ JOSÉ ALEXÁNDER JARAMILLO MUÑOZ Y WILSON GIANCARLO SANABRIA OSORIO, bajo el número único de radicación 661706000000201600026, a cargo de esa unidad de Fiscalía; con ello se allegó un escrito por medio del cual se adicionó al de acusación que ya se había presentado, incluyéndose los nombres de aquellos imputados que no se habían incluido en el primer libelo y describiendo la manera cómo la conducta de estos afectó a cada una de las personas que son reconocidas como víctimas dentro de este asunto. 

4)	Teniendo en cuenta lo anterior, el Despacho procedió a fijar nueva fecha para la audiencia de acusación quedando esta para el 23 de enero de 2017, fecha en la que no se llevó a cabo por solicitud de los defensores. Finalmente, la diligencia se instaló el 1º de febrero de este año, pero tampoco se hizo en debida forma porque antes de que el Fiscal pudiera presentar su acusación, el abogado JOHN JAIRO CASTAÑO CALDERÓN lo recusó y la señora Juez indicó que se debía declarar impedida para conocer del asunto toda vez que tiene una relación de consanguinidad con la Fiscal que actuó en las diligencias de control de garantías. Así las cosas, se dio por terminada la diligencia y se ordenó su remisión para el trámite del impedimento.  

5)	El 3 de febrero del presente año, el Juez Primero Penal del Circuito local, a quien le correspondía decidir sobre el impedimento de su homóloga, también se declaró impedido toda vez que ya había decido un tema relacionado con este asunto. En ese orden de cosas, el proceso pasó al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, quien mediante auto de ese mismo día, aceptó los impedimentos, asumió el conocimiento de la actuación y fijó como fecha para la audiencia el 15 de febrero de 2017.

6)	En la fecha atrás mencionada, la Jueza Segunda Penal del Circuito local, instaló la audiencia de acusación, sin embargo, antes de que el señor Fiscal pudiera dar lectura al escrito y formalmente acusar a los procesados, el abogado JOHN JAIRO CASTAÑO CALDERÓN pidió la palabra para nuevamente recusar al funcionario del Ente Acusador, situación respecto de la cual la A quo le indicó no ser competente para resolver sobre ese punto, pues tal cosa le correspondía a la Dirección Seccional de Fiscalías, ante quien se debía elevar tal manifestación. Aclarado el asunto, este mismo defensor, tomó nuevamente la palabra, para solicitar la nulidad del segundo escrito de acusación presentado el 11 de enero de 2017, por considerar que con él se vulneraba el debido proceso de sus representados, toda vez que se cambió la situación fáctica con relación al primer escrito, tal petición fue despachada desfavorablemente y contra ella se interpuso recurso de apelación, decisión que fuera confirmada por esta Sala, mediante auto del 31 de marzo de ese mismo año. 

7)	Una vez retornó el proceso al Despacho de origen, y después de varios aplazamientos imputables a algunos de los procesados, la audiencia de acusación por fin pudo llevarse a cabo, el 26 de mayo de 2017, fijándose como fecha de la preparatoria el 21 de junio de ese mismo año, sin que se pudiera realizar por cuanto solamente uno de los defensores estaba preparado para la diligencia. Así las cosas, la diligencia se realizó el 19 de julio de 2017, sin embargo a ella no asistió el abogado del señor JUAN PABLO AGUIRRE GÓMEZ, por lo cual y dadas las dilaciones constantes que se habían presentado en este asunto, la Jueza de caso decidió que la audiencia preparatoria para ese Procesado se realizaría el 28 de julio de 2017. 

8)	El 11 de agosto de 2017, día en que se debía continuar con la audiencia preparatoria respecto del señor JUAN PABLO, la defensa de este pidió un pequeño receso a fin de hablar con la Fiscalía y llegar a un acuerdo con el Ente Acusador; concedido el mismo, las partes le comunicaron a la Judicatura que había llegado a un acuerdo y que el Procesado de marras, aceptaría los cargos endilgados, lo cual él confirmó al ser interrogado sobre tal asunto. De esa manera, la falladora decretó la ruptura de la unidad procesal frente al asunto de los demás procesados, y prosiguió con la realización de la audiencia de individualización de pena y sentencia, escuchados todos los intervinientes se fijó como fecha para la notificación de la sentencia el 12 de septiembre de ese año. 

9)	En octubre 3 de 2017, habiéndose presentado un cambio en la titularidad del Juzgado Segundo Penal del Circuito local, la funcionaria que asumió el Despacho, se declaró impedida para seguir conociendo del proceso seguido en contra de todos los procesados, incluso para proferir la sentencia en contra del señor JUAN PABLO AGUIRRE, toda vez que ella había fungido como Jueza en audiencia preliminar realizada el 16 de julio de 2015 ante el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de esta ciudad. De esa manera el proceso pasó al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, para que se decidiera sobre el impedimento; sin embargo, la Jueza de ese Despacho también se manifestó impedida para resolver y conocer del asunto, por cuanto también había actuado como Juez de control de garantías de manera previa, esto es, el 12 de julio de 2017, pasando así el expediente al siguiente juzgado, esto es al Cuarto Penal del Circuito.

10)	La Jueza Cuarta Penal del Circuito local, admitió el impedimento y asumió el conocimiento del asunto mediante auto del 17 de octubre de 2017, sin embargo, después de varios aplazamientos de la audiencia de juicio oral y cuando esta por fin se había logrado instalar el 28 de febrero de 2018, el apoderado judicial del señor CARLOS MARIO OROZCO ARANGO, tomó la palabra antes de que se diera inició al mismo, manifestando que consideraba que la falladora debía declararse impedida para conocer de este proceso, por cuanto ella había analizado la carpeta de pruebas de la Fiscalía para establecer el monto de la pena a imponer a JUAN PABLO AGUIRRE GÓMEZ por su aceptación de cargos. Ante esto, la Juez Cuarta, consideró que efectivamente debía declararse impedida por cuanto ya se le había descubierto la prueba por parte de la Fiscalía, en el otro proceso. Así las cosas, remitió el expediente al Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira. 

11)	Finalmente, el Juzgado 5º Penal del Circuito local, mediante auto del 7 de marzo de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por su homóloga y asumió el conocimiento de la actuación, fijando como fecha para el inicio del juicio oral el 16 de mayo del año avante. 

12)	En la fecha arriba señalada, y antes de que se iniciara la práctica de la prueba, se presentó un apoderado judicial de la Unidad Nacional de Protección, solicitando se le reconozca a esa entidad la calidad de víctima dentro del presente asunto, petición que fuera negada por el A quo. Ante ello, el abogado petente, trató de interponer el recurso de apelación en contra de esa decisión, sin embargo el Juez consideró que el mismo no procedía y lo negó, razón por la cual el solicitante interpuso el recurso de queja, siendo este resuelto por parte de esta Colegiatura, mediante auto del 5 de junio de 2018, ordenándose se le concediera la alzada. 

13)	Dado la anterior decisión, el Despacho de conocimiento, nuevamente convocó a audiencia para el 29 de junio del año avante, a fin de permitirle al apelante exponer sus razones para no estar de acuerdo con la decisión. 

EL AUTO OPUGNADO:

Se trata de la decisión adoptada por parte del Juez Quinto Penal del Circuito de Pereira, en las calendas del 18 de mayo de 2018, por medio de la cual rechazó la solicitud que presentara un delegado de la Unidad Nacional de Protección, para que dicha entidad fuera reconocida como víctima dentro del presente asunto, por cuanto uno de los procesados, usando el nombre de esa unidad y haciéndose pasar por funcionario de la misma, se ganaba la confianza de incautos ciudadanos a quienes después engañaba.
Frente a esa petición, el Juez a quo, consideró que la Unidad de Protección (UNP) podría iniciar en contra de los aquí procesados y concretamente frente a quien usó el nombre de esa entidad,  acciones penales distintas a este proceso y por otro tipo de delitos por los que no se les acusó, por haber utilizado de manera mendaz el nombre de esa unidad, para presuntamente cometer algunas de sus fechorías, toda vez que por los delitos que se les acusó a los Procesados no se avizora que la UNP pueda decir que sus bienes jurídicos se hayan vulnerado. Aunado a ello, indicó el A quo que en el escrito de acusación la Fiscalía señaló vagamente que uno o varios de los procesados se hicieron pasar como funcionarios de la UNP, pero no se indica que con dichas acciones hubiesen afectado el nombre o el patrimonio de la misma. 

LA ALZADA:

La apoderada judicial de la UNP sustentó su inconformidad con lo decidido por el Juzgado A quo, argumentado para ello que: 

•	El señor CARLOS MARIO OROZCO, uno de los ahora procesados, en el pasado y tal como se señaló en la diligencia de petición de reconocimiento de la calidad de víctima, fue beneficiario entre los años 2014 a 2016 de medidas de protección por parte de la UNP, ello por cuanto él ostentaba la calidad de Defensor de DDHH y representante de víctimas del conflicto armado, en el municipio de Dosquebradas y todo el Eje Cafetero; pero él, aprovechando esa calidad de protegido de la Unidad, se hacía pasar por funcionario público de la misma para ganarse la confianza de sus víctimas, a quienes posteriormente estafaba, posición que reforzaba haciendo alarde de los elementos del esquema de seguridad que habían sido dispuestos para su protección. 

•	La UNP aunque no sea una víctima directa de los delitos endilgados a los Procesados, si tiene que ser reconocida como tal ya que con el accionar delincuencial de estos, y concretamente del señor CARLOS MARIO, sufrió un perjuicio indirecto y una afectación a su buen nombre. 

•	Afirma que no es cierto como lo dijo el A quo en su decisión, que se deba esperar a que se dé el debate probatorio y se desvirtúe la presunción de inocencia del señor OROZCO para establecer sin dubitación alguna quiénes son sus víctimas, toda vez que el artículo 132 del C.P.P. señala que tal calidad se puede reconocer dentro del proceso, independientemente del resultado del mismo. 

•	Por otra parte, considera que también resulta imprecisa la afirmación del A quo cuando dijo que dentro de los delitos que se le endilgaron al señor CARLOS MARIO, ninguno de ellos tenía un bien jurídico que se pueda relacionar con la UNP, ello por cuanto a él y sus demás compañeros de causa, se les acusó, entre otros reatos, por el de simulación de envestidura, y el bien jurídico que este protege es la Administración Pública, que es un bien colectivo y no personal, con cuya protección se pretende mantener la confianza de los ciudadanos en las entidades del Estado. De tal manera y sabiendo que el señor CARLOS MARIO usando su calidad de protegido de la UNP, se hizo pasar por funcionario de esta entidad del estatal para realizar sus estafas, lo que implica que al afectar el nombre de esa entidad también afectó a la administración pública. 

•	También alega que no se puede negar el reconocimiento de la calidad de víctima a la UNP porque no haya sufrido un detrimento patrimonial con el actuar delictual del señor OROZCO ARANGO, ya que sí existió un daño en su buen nombre, por cuanto, reitera, él se hizo pasar como funcionario de esa entidad para generar confianza en las personas a quienes estafaba.

•	Finalmente, señala que la participación de la UNP como víctima dentro del presente proceso en nada va a afectar el desarrollo del mismo, entre otras razones porque con ese reconocimiento no se está pretendiendo obtener una reparación económica sino simbólica o moral.  

Con base en todo lo anterior, la apelante solicitó que se revoque la decisión de primera instancia y en su lugar se le reconozca a la UNP la calidad de víctima dentro del presente asunto, concretamente en lo que atañe al señor CARLOS MARIO OROZCO ARANGO. 

La Fiscalía como no recurrente, señaló que efectivamente el señor CARLOS MARIO OROZCO ARANGO usó no solo los elementos que la UNP puso a su disposición en calidad de protegido para simular un cargo que no ostentaba, sino que además utilizó el nombre de la entidad para realizar sus estafas, por ende es resulta válido reconocerla como víctima dentro del presente caso. 

Los defensores de los Procesados como no recurrentes indicaron que no harían pronunciamiento alguno frente al pedido de la UNP por cuanto a ellos en nada los afectaba que a esa entidad se le reconociera la calidad de víctima. 

CONSIDERACIONES:

- Competencia:

La Sala se encuentra habilitada funcionalmente para desatar el recurso de queja interpuesta en contra de la decisión del juzgado mencionado, acorde con lo establecido en el numeral 1º del artículo 34 del C.P.P.

- Problema jurídico:

El problema jurídico a resolver por parte de la Sala, consiste en determinar ¿si en el presente asunto resulta viable reconocerle a la Unidad Nacional de Protección –UNP- la condición de víctima indirecta de los delitos endilgados al señor CARLOS MARIO OROZCO ARANGO, quien es uno de los acusados dentro de este proceso, de acuerdo a lo alegado por el representante jurídico de esa entidad?  

- Solución:

Para resolver el antes enunciado problema jurídico, es bueno empezar por recordar que acorde con lo reglado en el artículo 132 C.P.P. se debe entender como víctima, toda aquella persona, natural o jurídica, que de manera directa o indirecta ha sufrido un daño con la comisión de la conducta punible, de allí que la Corte Suprema de Justicia, dijera: 

“Por manera que para esta Corporación, siguiendo las voces del artículo 132 de la Ley 906 de 2004 y la jurisprudencia constitucional, víctima es (a) la persona natural o jurídica (b) que ha sufrido un daño, (c) individual o colectivo, (d) como consecuencia del delito. A su turno, el daño debe ser (a) real y concreto y (b) no necesariamente de contenido patrimonial…..”

Aunado a lo anterior, es necesario señalar que de acuerdo a lo establecido en el inciso final del artículo en mención, la calidad de víctima la adquiere la persona independientemente de que se capture o no al supuesto responsable de la conducta punible y por consiguiente no se haya individualizado para obtener reparación del mismo.

Siguiendo esa línea de pensamiento del reconocimiento de víctima del delito dentro del proceso, se tiene que el estatuto procesal penal en su art.11 establece cuáles son los derechos que le asisten a las víctimas.

“ARTÍCULO 11. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS. El Estado garantizará el acceso de las víctimas a la administración de justicia, en los términos establecidos en este código.

En desarrollo de lo anterior, las víctimas tendrán derecho:

a) A recibir, durante todo el procedimiento, un trato humano y digno;

b) A la protección de su intimidad, a la garantía de su seguridad, y a la de sus familiares y testigos a favor;

c) A una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o partícipe del injusto o de los terceros llamados a responder en los términos de este código;

d) A ser oídas y a que se les facilite el aporte de pruebas;

e) A recibir desde el primer contacto con las autoridades y en los términos establecidos en este código, información pertinente para la protección de sus intereses y a conocer la verdad de los hechos que conforman las circunstancias del injusto del cual han sido víctimas;

f) A que se consideren sus intereses al adoptar una decisión discrecional sobre el ejercicio de la persecución del injusto;

g) A ser informadas sobre la decisión definitiva relativa a la persecución penal; a acudir, en lo pertinente, ante el juez de control de garantías, y a interponer los recursos ante el juez de conocimiento, cuando a ello hubiere lugar;

h) A ser asistidas durante el juicio y el incidente de reparación integral, por un abogado que podrá ser designado de oficio;

i) A recibir asistencia integral para su recuperación en los términos que señale la ley;

j) A ser asistidas gratuitamente por un traductor o intérprete en el evento de no conocer el idioma oficial, o de no poder percibir el lenguaje por los órganos de los sentidos.”

En ese orden de ideas y a fin de lograr que la víctima haga efectivos esos derechos, a pesar de que hay unos que se deben evidenciar desde el mismo momento en que ocurre el delito tal como lo establece el literal e del artículo transcrito, su reconocimiento dentro del proceso penal como tal, se ha establecido en el artículo 340 del C.P.P. que señala que ello se lleve a cabo dentro de la audiencia de acusación, esto con el fin de que pueda ejercer, si así lo desea un papel activo dentro del proceso, por ejemplo solicitando la práctica de pruebas o deprecar por la aclaración del libelo acusatorio. 

Lo anterior no se traduce en que con anterioridad a ese estadio procesal la víctima se encuentre privada del ejercicio de sus derechos dentro del proceso, pues estos los puede hacer efectivos, como se viene diciendo, desde la ocurrencia del hecho criminal, tanto así que incluso debe ser tenida en cuenta en caso de que en la fase de indagación e investigación la Fiscalía determine que no existe mérito para continuar con el asunto y solicite su preclusión o decida archivar la investigación, de tal manera, la víctima puede ser parte activa en todas las fases del proceso si así lo desea, incluso antes de que el presunto responsable sea acusado formalmente, y es que así lo consagra también el art. 137 del Código de Procedimiento Penal, norma que hace visible el papel activo de la víctima dentro de todo el desarrollo del proceso penal. 

Para mayor ilustración sobre este tópico, dijo la Corte Constitucional en la sentencia C-516 de 2007, lo siguiente: 

 “Así, el artículo 137 del estatuto procesal establece que las víctimas del injusto, en garantía de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, tienen la potestad de intervenir en todas las fases de la actuación. Para el ejercicio de esos derechos no es obligatorio que las víctimas cuenten con representación legal, condición que se hace imperativa a partir de la audiencia preparatoria. Teniendo en cuenta que pese a esta declaración de principio, las normas que desarrollan la intervención de la víctima en el proceso no garantizaban de manera clara su efectiva participación en distintas fases de la actuación, la Corte Constitucional al ejercer control de constitucionalidad de estas disposiciones ha condicionado su exequibilidad a la garantía de intervención de las víctimas, en fases previas a la formulación de acusación y también posteriores a ella. Así ocurrió en la sentencia C- 209 de 2007, en la que mediante un fallo condicionado garantizó la efectiva intervención de la víctima en la práctica de pruebas anticipadas ante el juez de control de garantías (Art. 284.2); en la audiencia de formulación de imputación (Art. 289); en el trámite de una petición de preclusión por parte del fiscal (Art. 333); en los momentos en que se produce el descubrimiento, la solicitud de exhibición, exclusión, rechazo o inadmisibilidad de elementos materiales probatorios (Arts. 344, 356, 358 y 359); en las oportunidades para solicitar medidas de aseguramiento (Arts. 306, 316 y 342); en la audiencia de formulación de acusación (Art. 339); y en la audiencia preparatoria formulando solicitudes probatorias (art. 357, Cfr. sentencia C. 454 de 2006).

Lo anterior desvirtúa plenamente el planteamiento del demandante en el sentido que el reconocimiento de la condición de víctima en la audiencia de formulación de acusación la priva del ejercicio de su derecho a un recurso judicial efectivo, en fases anteriores. Resulta compatible con el modelo de procesamiento que adopta la Ley 906 de 2004, que la formalización de la intervención de la víctima se produzca en la audiencia de formulación de acusación, momento procesal en que así mismo se define la condición de acusado y se traba de manera formal el contradictorio entre acusación y defensa. El hecho de que sea en ese estadio de la actuación en el que se determina la calidad de víctima a fin de legitimar su intervención en el juicio y se reconozca su representación legal, si la tuviere, de ninguna manera significa su exclusión de etapas anteriores en las que bien puede intervenir acreditando sumariamente su condición de tal, como lo prevé el artículo 136, y lo ha reafirmado y precisado la jurisprudencia de esta Corte.”

Ahora bien, todo lo expuesto hasta el momento, no quiere traducirse en que con posterioridad a la audiencia de acusación se cierren las puertas y que no sea posible reconocerle calidad de víctima de un delito a una persona, natural o jurídica, que llegue tardíamente al proceso; pues hacer tal afirmación sería prácticamente cercenarle a los habitantes del territorio nacional la posibilidad de conocer la verdad y el poder acceder a la justicia y obtener la reparación de los daños que se les causaron con la conducta delictual. 

Sin embargo, es necesario indicar que la idea de realizar el reconocimiento formal de la víctima en la diligencia de acusación, tiene su origen en la posibilidad que se le ha otorgado, jurisprudencialmente, de ejercer un papel más activo dentro del proceso, para realizar ciertos actos como por ejemplo deprecar porque la Fiscalía aclare o precise los hechos consignados en el libelo acusatorio, pedir la práctica de pruebas, oponerse a las pedidas por la defensa, apelar ciertas decisiones del Juez Cognoscente que afecten sus intereses, entre otras. De tal suerte que si la presunta víctima llega de manera tardía a pedir que se le reconozca tal calidad dentro de un proceso, aunque ese reconocimiento se haga, el ejercicio de sus derechos se vería limitado especialmente si ello se da una vez instalado el juicio oral, pues tratándose de un procedimiento penal de fases preclusivas, no sería viable que como consecuencia del advenimiento de este interviniente al proceso se llegara a entorpecer el desarrollo de las fases procesales ni revivir las ya precluidas, solicitando, por ejemplo, exclusiones probatorias o practica de pruebas no descubiertas, puesto que finiquitadas la audiencia de acusación y la preparatoria, es obvio que para la víctima no existe la posibilidad ni de pedir pruebas ni de entrar a oponerse a la práctica de aquellas que fueran decretadas previamente. 

Aterrizando todo lo anterior al caso concreto, encuentra la Sala que tanto el Letrado que realizó la petición al A quo para que reconociera a la UNP como víctima dentro del presente asunto, como la profesional del derecho que sustentó el pasado 29 de junio la apelación, dejaron claro que ello lo hacían específicamente en lo que atañe a las conductas delictuales endilgadas al señor CARLOS MARIO OROZCO ARANGO, en especial aquellas relacionadas con el delito de simulación de investidura, por cuanto esta persona usó su calidad de protegido de esa entidad para hacerle creer y generar más confianza en algunos de los incautos ciudadanos que era timados por los Procesados, que él era funcionario de esa unidad. Igualmente, señalaron que no pretendían llegar a entorpecer el desarrollo del juicio oral que está por comenzar, y que tampoco tenían un interés económico en las resultas del proceso, pues el fin perseguido por la UNP es que se llegue a la verdad, aclarándose que el señor OROZCO ARANGO jamás ha sido funcionario suyo y que por ende sus actuaciones criminales nada tienen que ver con esa entidad del Estado. 

Bajo esa perspectiva, y teniendo en cuenta todo lo explicado en precedencia, la Colegiatura no entiende la negativa del señor Juez A quo de no reconocer a la UNP la calidad de víctima que reclama en este caso, pues de los argumentos dados para esa negativa, no hay ninguno que en realidad explique jurídicamente el por qué tal cosa no se podría dar, pues los representantes judiciales de dicha Entidad, dejaron muy claro desde un comienzo cuál de los procesados fue el que usó el nombre de la UNP para presentarse ante sus víctimas y generar confianza en ellos, lo cual nos indicaría, acorde con lo dicho con antelación, que la Entidad apelante, ya sea de manera directa e indirecta, en lo que atañe con su buen nombre, fama y prestigio ante la comunidad, si sufrió un eventual perjuicio como consecuencia de la presunta comisión de las conductas punibles endilgadas en contra de CARLOS MARIO OROZCO ARANGO.

Aunado a lo anterior, es necesario tener en cuenta que ninguna de las partes intervinientes en este asunto se opusieron al pedido de la UNP, ni siquiera la defensa del señor CARLOS MARIO OROZCO ARANGO, quien sería el único que eventualmente de llegarse a dar una sentencia condenatoria en su contra, podría verse afectado con el reconocimiento de esa entidad como víctima dentro de este proceso. 

Con todo lo dicho hasta acá, considera la Sala que no le asiste la razón al A quo, en negarle a la Unidad Nacional de Protección el reconocimiento de su calidad de víctima dentro del presente proceso, de tal manera que se habrá de revocar la decisión que adoptara el 16 de mayo de 2018 y su lugar se le reconocerá la condición de víctima dentro del presente asunto a la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN, aclarando que ello será solo en lo que respecta al señor CARLOS MARIO ARANGO OROZCO. 

En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR el auto proferido por el Juez Quinto Penal del Circuito de esta localidad el 18 de mayo de 2018, en la cual negó el reconocimiento como víctima dentro del presente asunto a la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior se le RECONOCE a la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN la calidad de víctima dentro del proceso seguido en contra de los señores CARLOS MARIO OROZCO ARANGO, LEONARDO ANTONIO AGUIRRE GÓMEZ, JOSÉ ALEXÁNDER JARAMILLO MUÑOZ Y WILSON GIANCARLO SANABRIA OSORIO; reconocimiento que está sujeto a las aclaraciones que se hicieron en la parte motiva de esta decisión.

TERCERO: ORDENAR la devolución del expediente al Juzgado Quinto Penal del Circuito para que se continúe con la actuación.  

Declarar que en contra de la presente decisión no procede recurso alguno.  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE:

MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado