El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso.  El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la respectiva Secretaría.

TEMAS:	LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LA TIENE EL TITULAR DE LOS DERECHOS AFECTADOS / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / ESTÁN LEGITIMADAS LAS PARTES EN EL PROCESO O TERCEROS VINCULADOS AL MISMO.

Este tipo de amparos pueden ser propuestos personalmente, por intermedio de mandatario judicial con poder especial, o a través de cualquier persona, siempre y cuando el titular del derecho esté imposibilitado para ejercer su propia defensa. Al respecto la autorizada doctrina de la CC, constitutiva de precedente vertical, expresa: 

“Conforme con lo contemplado en el artículo 10 del Decreto–ley 2591 de 1991, la acción de tutela solo puede ser ejercida por la persona vulnerada o amenazada en sus derechos fundamentales…” (…)

También ha dicho la CSJ en lo atinente a la tutela contra actuaciones o providencias dictadas al interior de un proceso que “E]n el promotor del amparo debe existir un interés que legitime su intervención, el cual, tratándose de violaciones derivadas de actuaciones judiciales, radica en cabeza de quienes conforman alguno de los extremos de la litis o fueron tenidos o reconocidos como intervinientes”. De tal suerte que las decisiones de un juez, solo pueden ser atacadas por quienes intervinieron en el proceso, es decir, alguno de los extremos de la litis o los terceros, únicos facultados para controvertirlas, y, por contera para formular la acción de tutela.

De acuerdo con las premisas jurisprudenciales anotadas y sin necesidad de un exhaustivo examen del acervo probatorio, esta Corporación confirmará la decisión opugnada, puesto que el amparo constitucional se invoca para amparar derechos ajenos que se arrogó la asociación accionante sin justificación de índole alguna. 

Este es el primer requisito de procedibilidad de la acción de tutela, que exige que quien solicita el amparo constitucional se encuentre “legitimado en la causa” para presentar la solicitud de protección de sus derechos fundamentales.

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA DE DECISIÓN CIVIL –FAMILIA – DISTRITO DE PEREIRA
DEPARTAMENTO DEL RISARALDA

		Asunto			: Sentencia de tutela en segunda instancia
Accionante		: Asociación Garrido Abad
Accionado (s)		: Juzgado Promiscuo Municipal de La Virginia, R. y otros
Vinculado (s) 		: Héctor Darío Escobar Escobar propietario de la
   “Panadería y Cafetería - El aventino”
Procedencia		: Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia
Radicación		: 66400-31-89-001-2018-00697-02 
		Temas			: Improcedencia – Legitimación
		Magistrado Ponente	: Duberney Grisales Herrera
Acta número		: 22 de 29-01-2019

Pereira, R., veintinueve (29) de enero de dos mil diecinueve (2019).

1.	El asunto por decidir

La impugnación formulada por la parte actora dentro de la acción constitucional referida, luego de surtida la actuación de primera instancia, sin avistar nulidades que la invaliden, habida consideración de la asignación a este despacho, a partir del 21-01-2018, con ocasión de lo decidido por la Sala de Gobierno de la CSJ sobre los asuntos de la Magistrada Claudia María Arcila Ríos.

2.	La síntesis fáctica 

Se expresó que el 22-08-2018 el Juzgado accionado a solicitud de la organización Sayco y Acinpro, como prueba extraprocesal, practicó inspección judicial sobre la “Cafetería el Aventino” para verificar “(…) el uso de obras musicales representadas por la entidad solicitante (…)”, y los libros contables, sin previa citación de la contraparte, en contravía del artículo 189, CGP (Folios 1 a 5, cuaderno principal). 

3.	Los derechos invocados

El derecho a la reserva legal definido en el artículo 15 CP (Folio 1, cuaderno principal). 

4.	La petición de protección

Se deje sin efectos la prueba extraprocesal -inspección judicial- y se expidan copias con destino al Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda y a la Fiscalía General de la Nación (Folio 5, cuaderno principal).

5.	El resumen de la crónica procesal

El 31-08-2018 se admitió y se dispuso notificar a las partes, entre otros ordenamientos (Folio 11, ibídem). Fueron debidamente enterados los extremos de la acción (Folios 17 a 20, ibídem). Contestó la Organización Sayco y Acinpro (Folios 18 y 19, ibídem). El 14-09-2018 se emitió el fallo (Folios 31 a 33, ib.); y con proveído del 25-09-2018 se concedió la impugnación formulada por el actor (Folio 37, ib.). 

Ya ante este Tribunal, con decisión del 07-11-2018 se declaró la nulidad de lo actuado, porque no se hizo la vinculación del propietario del establecimiento de comercio “El aventino” (Folio 13, cuaderno No.2); retornado el asunto, el a quo con auto del 14-11-2018 corrigió el yerro advertido (Folio 46, cuaderno principal). El 21-11-2018 dictó nueva sentencia (Folios 55 a 57, ib.); y el 28-11-2018 se concedió la impugnación presentada por el accionante (Folio 68, ib.).  

La sentencia opugnada declaró improcedente el amparo al advertir la ausencia de legitimación por activa del accionante, puesto que no fue vinculado a las diligencias extraprocesales (Folios 55 a 57, ib.). 

El actor discrepa de esa decisión porque considera que en la inspección judicial sí hubo una ilegal exhibición de documentos contables, pues el señor que atendió la diligencia se negó a enseñarlos, mas luego fue obligado a hacerlo, pese a que no eran objeto de la diligencia. Exhorta por que se revoque el fallo de tutela, y en su lugar, se concedan sus pretensiones (Folios 62, ib.). 

6.	La fundamentación jurídica para resolver

6.1.	La competencia. Este Tribunal es competente para conocer la acción en razón a que es el superior jerárquico del Despacho que conoció en primera instancia (Artículo 32 del Decreto 2591 de 1991).

6.2.	El problema jurídico a resolver. ¿Es procedente confirmar, modificar o revocar la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, según la impugnación presentada por el actor? 

6.3.	Los presupuestos generales de procedencia

6.3.1.	La legitimación en la causa

Este tipo de amparos pueden ser propuestos personalmente, por intermedio de mandatario judicial con poder especial, o a través de cualquier persona, siempre y cuando el titular del derecho esté imposibilitado para ejercer su propia defensa. Al respecto la autorizada doctrina de la CC, constitutiva de precedente vertical, expresa: 

Conforme con lo contemplado en el artículo 10 del Decreto–ley 2591 de 1991, la acción de tutela solo puede ser ejercida por la persona vulnerada o amenazada en sus derechos fundamentales… 

Este es el primer requisito de procedibilidad de la acción de tutela, que exige que quien solicita el amparo constitucional se encuentre “legitimado en la causa” para presentar la solicitud de protección de sus derechos fundamentales. Dicha legitimación puede ser “por activa” o “por pasiva”. Por la primera exige que  el  derecho  cuya  protección se invoca sea un derecho fundamental propio y no, en principio, de otra persona…

Asimismo, en  antigua  y  reiterada  jurisprudencia  ha referido  con relación a este requisito de procedibilidad:
	
La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. Es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. Por tanto, cuando una de las partes carece de dicha calidad o atributo, no puede el juez adoptar una decisión de mérito y debe entonces simplemente declararse inhibido para fallar el caso de fondo.

La legitimación por activa es requisito de procedibilidad. Esta exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona… 

Adicionalmente, la legitimación en la causa como requisito de procedibilidad exige la presencia de un nexo de causalidad entre la vulneración de los derechos del demandante, y la acción u omisión de la autoridad o el particular demandado, vínculo sin el cual la tutela se torna improcedente. (La sublínea es de esta Sala).

Esta doctrina constitucional la comparte la CSJ y la ha reiterado en su jurisprudencia: “Ciertamente, aunque el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, establece que ‘cualquier persona’ puede acudir a la referida acción, no debe desconocerse, que a renglón seguido condiciona su legitimación a que ella sea la  ‘vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales’, no el de terceros, como así también se menciona en el artículo 86 de la Constitución Política, al decir que a tal mecanismo sólo puede acudir quien le hayan sido ‘vulnerados o amenazados’ aquellos (…)”.

También ha dicho la CSJ en lo atinente a la tutela contra actuaciones o providencias dictadas al interior de un proceso que “E]n el promotor del amparo debe existir un interés que legitime su intervención, el cual, tratándose de violaciones derivadas de actuaciones judiciales, radica en cabeza de quienes conforman alguno de los extremos de la litis o fueron tenidos o reconocidos como intervinientes”. De tal suerte que las decisiones de un juez, solo pueden ser atacadas por quienes intervinieron en el proceso, es decir, alguno de los extremos de la litis o los terceros, únicos facultados para controvertirlas, y, por contera para formular la acción de tutela.

De acuerdo con las premisas jurisprudenciales anotadas y sin necesidad de un exhaustivo examen del acervo probatorio, esta Corporación confirmará la decisión opugnada, puesto que el amparo constitucional se invoca para amparar derechos ajenos que se arrogó la asociación accionante sin justificación de índole alguna. 

En primer lugar, se tiene que no intervino ni fue objeto de la inspección judicial extraprocesal, solicitada por Sayco y Acinpro; y, en segundo lugar, se advierte que los hechos génesis del amparo cuestionan que en ese trámite se haya dispuesto la exhibición de documentos contables del establecimiento de comercio “Panadería y Cafetería El aventino”. Claro es que los derechos constitucionales, supuestamente, agraviados, son exclusivos del propietario del bien comercial, señor Héctor Darío Escobar Escobar, no de la Asociación Garrido Abad, como lo refiere en el amparo, por lo tanto, carece de legitimación por activa. 

Aunado a lo reseñado, debe decirse que es imposible predicar que actúa como apoderado judicial del señor Escobar Escobar, porque dejó de presentar el poder especial expreso, menos acreditó que se trate de una persona jurídica cuyo objeto principal sea la prestación de servicios jurídicos (Artículo 75, CGP), esto, en consideración a la añeja y reiterada jurisprudencia constitucional, en torno al apoderamiento en materia de tutela, que ha precisado los elementos que deben reunirse. 

Ni siquiera como su agente oficioso, dado que se incumplen los supuestos exigidos por el precedente constitucional. En el petitorio de amparo nada se alude sobre que actúa en dicha calidad ni que el titular del derecho esté imposibilitado para presentarlo por su propia cuenta. En consecuencia, también el amparo es improcedente porque el promotor carece de legitimación para representar al verdadero titular de los derechos fundamentales.

7.	LAS CONCLUSIONES 

Con fundamento en las consideraciones expuestas se confirmará la sentencia de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Risaralda, Sala de Decisión Civil - Familia, administrando Justicia, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

F A L L A,

1.	CONFIRMAR la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia 

2.	REMITIR este expediente, a la CC para su eventual revisión, de no ser impugnada.

3.	ARCHIVAR el expediente, previa anotaciones en los libros radicadores.

Notifíquese

DUBERNEY GRISALES HERRERA
M A G I S T R A D O

EDDER JIMMY SÁNCHEZ C.		JAIME ALBERTO SARAZA N.
      M A G I S T R A D O                                      M A G I S T R A D O